Ecologismo
La transición energética está fracasando y la culpa es del sector privado

Si queremos lograr el objetivo de 1,5 grados, debemos reconocer que el modelo del mercado que ha dominado hasta ahora la política de transición energética no funciona

Investigador y activista

Investigadora del Transnational Institute (TNI)

10 oct 2023 07:00

Desde hace decenios, los gobiernos y la industria de la energía nos han hecho creer que el mercado y la inversión privada llevarán a cabo la transición energética. Pero esta promesa está lejos de materializarse. El sistema energético mundial aún depende en gran medida de los combustibles fósiles, y la inversión privada en fuentes de energía renovables no se ha acelerado al ritmo necesario.

Los líderes mundiales que se reunirán esta semana en la Cumbre Internacional sobre Clima y Energía en Madrid, organizada por la Agencia Internacional de Energía (AIE), tienen que afrontar la realidad: la descarbonización fracasará a menos que se nacionalice el sistema energético.

La opinión dominante, promovida por la AIE y otros actores, es que la inversión privada y el libre mercado están allanando el camino hacia un futuro energético limpio. Se nos ha dicho que el papel de los gobiernos es proteger a los inversores y facilitar el flujo de capital. En un entorno de mercado propicio, la transición tomará impulso inevitablemente y los combustibles fósiles pasarán a ser un fenómeno del pasado –o eso es lo que nos quieren hacer creer–.

Es difícil entender cómo alguien puede describir el estado de la transición energética como prometedor cuando el consumo de carbón, petróleo y gas sigue aumentando

Pero esta narrativa no podría estar más alejada de la realidad –se basa en una serie de mitos peligrosos–. Un informe recientemente publicado por el Transnational Institute y los Sindicatos por la Democracia Energética (TUED), que intenta desmitificar este discurso, señala: la transición energética liderada por el mercado ha fracasado. Es difícil entender cómo alguien puede describir el estado de la transición energética como prometedor cuando el consumo de carbón, petróleo y gas sigue aumentando. Los combustibles fósiles aún representan el 82 por ciento del consumo energía en el mundo. El consumo mundial de carbón en 2022 alcanzó el nivel más alto registrado hasta la fecha y, para 2023, se prevé que el consumo mundial de petróleo aumente a un promedio de 2,2 millones de barriles por día.

Sin embargo, no podemos desconocer que la inversión en energías renovables está creciendo. El más reciente informe de la AIE sobre el progreso de la energía limpia hace referencia a “avances notables en el último año”. De hecho, en 2022 la inversión en energías limpias aumentó casi un 15 por ciento, en comparación con 2021. Pero, si analizamos con detenimiento los datos de la AIE, tan solo 3 de los 50 componentes necesarios para la transición energética están encaminados a lograr la estrategia de cero neto para 2050.

La mayor parte de la inversión en energía limpia es contrarrestada por la creciente demanda de energía

Además, los más optimistas que se han enfocado en el auge de las energías renovables tienden a ignorar que la mayor parte de la inversión en energía limpia es contrarrestada por la creciente demanda de energía. Si bien la capacidad de generación de energía renovable a nivel mundial aumentó a una cifra récord de 340 GW en 2022, en los últimos años el sistema de electricidad se ha ampliado a un ritmo de alrededor de 300 GW por año, socavando gran parte del progreso hacia la energía limpia. Actualmente estamos experimentando una expansión energética, en lugar de una transición energética.

En verdadero progreso en relación con la transición energética está teniendo lugar a nivel de los gobiernos, y no del sector privado, que están liderando este proceso. Los fondos públicos (incluidos los hogares) representaron el 60 por ciento del total de la financiación climática a nivel mundial en el período 2019-2020. Contrario a lo que plantea la ideología centrada en el mercado, las instituciones públicas suelen financiar sectores de la transición que conllevan un mayor riesgo que los actores privados. Así, el sector público está liderando el desarrollo de tecnologías más alejadas de la comercialización, como por ejemplo desarrollos para energía mareomotriz o el almacenamiento de energía térmica.

Hasta ahora no ha existido realmente un libre mercado de energía renovable, y es muy poco probable que llegue a existir. Por el contrario, las energías renovables son un sector que ha sido financiado mediante subsidios públicos. Cuando Alemania y China, dos gobiernos que lideran la transición energética, retiraron los subsidios a los proveedores de energías renovables, las consecuencias fueron nefastas. En Alemania, por ejemplo, las inversiones para energías renovables disminuyeron un 46 por ciento en 2015. Y entre 2017 y 2018, las inversiones en energías limpias en China se redujeron un 38 por ciento (y las inversiones en energía solar disminuyeron un 53 por ciento).

La transformación tecnológica y económica que necesitamos, no será posible sin planificación y coordinación públicas

Si queremos lograr el objetivo de 1,5 grados, debemos reconocer que el modelo del mercado que ha dominado hasta ahora la política de transición energética no funciona. Necesitamos políticas alternativas. La transformación tecnológica y económica que necesitamos, y a la que ha instado reiteradamente el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas, no será posible sin planificación y coordinación públicas. Los gobiernos deben tomar la iniciativa y allanar el camino, aprovechando el conocimiento y las necesidades de los trabajadores del sector energético y de los usuarios de energía para desarrollar estrategias realmente impulsadas por la gente. Para citar las palabras del secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres: “las tecnologías de energía renovable, como el almacenamiento en baterías, deben ser consideradas bienes públicos esenciales, disponibles gratuitamente a nivel mundial”.

Esto significa la propiedad pública del sector energético con rendición de cuentas y participación democráticas. Significa inversión pública directa en la transición energética, con un nivel de ambición y urgencia proporcional a la escala de la crisis a la que nos enfrentamos. Significa, también, reconocer el papel que desempeña la energía como una necesidad básica social a través de un enfoque de bienes públicos mundiales, que prioriza la equidad, la justicia y el acceso a la energía sobre el lucro privado. Sin esta mentalidad, un futuro sin carbono será tan solo un sueño inalcanzable.

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