Una victoria y algunas mentiras: la paralización del ATC y la gestión de residuos de Vandellós I

La paralización del Almacén Temporal Centralizado (ATC) en Villar de Cañas ha disparado una serie de declaraciones cargadas de mentiras, como los costes de enviar los residuos a Francia y la catástrofe que supone para el parque nuclear español. En este artículo repasamos las condiciones del acuerdo entre ambos países.

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Ecologistas en Acción
20 jul 2018 16:00

En el peliagudo debate sobre la gestión de los residuos de alta actividad se usan a menudo los residuos de la central de Vandellós I (Tarragona) como chantaje para forzar la construcción de una instalación centralizada, tipo Almacén Temporal Centralizado (ATC). La paralización de los trámites para licenciar el ATC de Villar de Cañas (Cuenca) ha disparado una serie de artículos y declaraciones llenos de falsedades, como que estos residuos que están en Francia nos cuestan ahora 74.000 € diarios. Se ha llegado incluso a afirmar que nos vemos obligados a enviar residuos a Francia por no contar con esta instalación en España. Ante esta situación, hemos hecho la consulta a nuestro compañero Paco Castejón, físico nuclear, sobre por qué los medios están resaltando en sus informaciones el importe de "la multa que Francia cobra a España por guardar residuos radioactivos" y queremos que nos explique qué significa todo esto. 

La primera pregunta es obligada, ¿por qué tenemos residuos nucleares en Francia?

Son necesarias varias puntualizaciones para atajar estas falsedades. La primera es que los residuos de Vandellós I, los de Francia, eran especiales porque contenían plutonio militar, apto para fabricar bombas nucleares. Esta central nuclear de tecnología francesa se construye para generar suficiente material fisible para hacer la bomba atómica española. Esta desventurada aventura se olvida con la Moratoria Nuclear de 1984 y la firma del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) en 1989. A raíz de la firma de este tratado, España no podía almacenar ni manipular esos residuos, por estar sometidos a salvaguardas. Consecuentemente, se firmó un acuerdo con Francia, cuyos términos son secreto militar, para que este país se hiciera cargo del plutonio y devolviera los residuos, una vez reprocesados, a España. Son, pues, los residuos de Vandellós I, y no otros, los enviados a Francia para reprocesar.

La paralización de los trámites para licenciar el ATC de Villar de Cañas (Cuenca) ha disparado una serie de artículos y declaraciones llenos de falsedades.

¿Por qué pagamos una multa? 

Aunque los términos del tratado son secretos, hemos podido ir conociendo las condiciones, entre las que figura la cantidad a depositar como fianza por día que el país vecino almacene el material radiactivo de Vandellós I. Esta fianza se ha actualizado, que no pagado, desde los 58.000 € diarios antes de 2010 hasta los 74.603,14 actuales en diversos acuerdos entre la empresa española ENRESA y la francesa AREVA, que hoy se ha convertido en ORANO. Incluso se ha mentido diciendo que se ha estado pagando desde 2012, por más que desde el movimiento aninuclear mantuviésemos otra cosa: lo cierto es que desde el 1 de enero de 2012 hasta el 1 de julio de 2017 no se ha contabilizado un solo euro en concepto de fianza. Cuando España disponga de una instalación adecuada, estos residuos ya vitrificados y sin el plutonio volverán para ser almacenados en esa instalación. Entonces Francia devolverá el dinero depositado por España, al cual se le habrán restado únicamente los gastos de almacenamiento de estos residuos. 

¿Por qué no vuelven a Vandellós I o en su defecto a Vandellós II? 

En la actualidad existen varios Almacenes Temporales Individualizados (ATIs), pero no pueden acoger los residuos de Vandellós I porque están destinados a almacenar únicamente los de cada central, incluyendo Vandellós II. Por cierto que, ante el retraso del ATC, todas las centrales tienen ya ATIs o planes para construirlos.

¿Necesitamos entonces construir un ATC? 

El dictamen sobre Villar de Cañas no afecta a los residuos enviados a Francia. Por todo ello, el ATC no sólo no es urgente, sino que no es necesario en vista de los ATIs construidos o en proceso de construcción. Empeñarse en construirlo es una insensatez que duplicaría el coste de la gestión de los residuos de alta actividad. 

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