Energía nuclear
De minas y posibles accidentes: impactos ambientales del ciclo nuclear en Portugal II

Este artículo viene de la primera parte.

En Quercus, la asociación portuguesa que ha seguido más de cerca el problema nuclear, y en especial la central de Almaraz y sus núcleos regionales más cercanos, como Castelo Branco y Portalegre, y por los motivos ya enumerados, nos hemos unidos a las exigencias de organizaciones nacionales y europeas de poner fin a la nuclear, especialmente a Almaraz. Esta central, localizada a unos 100 kilómetros de la frontera y junto al río Tajo, sigue siendo un peligro en potencial para la región transfronteriza e ibérica, dado que ya ha sobrepasado su periodo normal de funcionamiento y, no obstante, ha visto su actividad extendida por 10 años más, hasta 2020. A pesar de todos los incidentes que han ocurrido en esta central, y de su larga vida (ya casi 40 años), el conjunto de empresas que la explotan pretenden, con la connivencia del gobierno español, prolongar aún más su funcionamiento, hasta el 2030 por lo menos. Esto es inaceptable.

Después de que el ejecutivo español se haya mostrado favorable al proyecto presentado por Iberdrola, Endesa y Naturgy, las propietarias de Almaraz, de construir un Almacén Temporal Individualizado (ATI) para los residuos nucleares que esta produzca. Asimismo, el gobierno puede autorizar, o desautorizar, que la central continúe funcionando, lo que haría de Almaraz uno de los mayores peligros para toda la Península Ibérica y para Europa. Es un hecho la pasividad de los distintos gobiernos portugueses con este asunto en el pasado, y resulta crucial que los gobernantes actuales se muestren firmes en su defensa de los intereses nacionales junto con España, afirmando claramente que Portugal debe ser consultado sobre todo lo que tenga que ver con Almaraz. Y, en especial, que digan de forma inequívoca que nuestro país no quiere que la central siga funcionando más allá del 2020 y que debe ser cerrada, a más tardar, en dicha fecha.

A pesar de todos los incidentes que han ocurrido en esta central, y de su larga vida (ya casi 40 años), el conjunto de empresas que la explotan pretenden, con la connivencia del gobierno español, prolongar aún más su funcionamiento, hasta el 2030 por lo menos. Esto es inaceptable.

Más recientemente, y también en España, surgió en Retortillo, a apenas 40 kilómetros de la frontera, un proyecto de apertura de una mina de uranio a cielo abierto, que supondría un serio riesgo para el medioambiente y las poblaciones peninsulares. A semejanza del caso reciente del ATI de Almaraz, una vez más el gobierno español ignoró las quejas del gobierno y pueblo portugueses. Es pues necesario que el proyecto de Retortillo sea suspendido y se realice una evaluación del impacto ambiental transfronterizo que proteja los derechos de los ciudadanos de Portugal y España, y que finalmente el gobierno español no autorice la explotación de la mina.

No hay duda de que estas posiciones están legitimadas por todo el apoyo por parte de la ciudadanía portuguesa, como demuestra su alta movilización. Es cierto que se trata de una población concienciada acerca de los problemas medioambientales, y resulta fundamental que siga siendo proactiva en la defensa de los recursos naturales. Solo así conseguiremos ser fuertes en nuestra exigencia del cierre de las centrales nucleares, por todos los riesgos que estas suponen. De esta forma, no se dará opción alguna a la fisión nuclear, contrario al principio de precaución y que no significa una auténtica solución energética de futuro, dados sus impactos medioambientales y sobre las cualidades de vida de la población global.

Traducción de Raúl Sánchez Saura.