Desastres ambientales
Repsol deja sin sustento a miles de pescadores en la costa peruana

Miles de pescadores artesanales han perdido su medio de vida por culpa del desastre ecológico ocasionado por el vertido de casi 12.000 barriles de petróleo acontecido el pasado 15 de enero en las costas de Ventanilla durante la descarga de crudo en la refinería La Pampilla, propiedad de Repsol situada en la provincia constitucional del Callao, adyacente a la ciudad peruana de Lima.

La empresa petrolera sigue sin reconocer su responsabilidad en la catástrofe y se ha limitado a ofrecer canastas de víveres para las familias afectadas, bonos de 500 soles (118 euros) y el empleo de los trabajadores del mar en las labores de saneamiento, lo cual suscitó la indignación de muchos. “No me van a mandar a limpiar las playas porque ya tengo suficiente con que me hayan quitado el trabajo como para ir a la playa donde el olor es insoportable y exponer mi salud y mi vida”, protesta Jesús Cristian Israel Reyes, buzo extractor de 28 años que faenaba las aguas de Bahía Blanca.

Son más de 1.400 hectáreas de mar y costa afectados por una mancha oleosa que las corrientes han empujado más allá del Callao, hasta los distritos de Chancay y Huacho, situados a unos 50 kilómetros del origen del derrame. El crudo ha impactado gravemente en áreas naturales protegidas como los Islotes de Pescadores y la Zona Reservada de Ancón, lugares donde imperan las prácticas sostenibles de pesca y el turismo estival se deleita con el paisaje y las recetas marinas. Asimismo, los informes de Naciones Unidas revelan diversas falencias en la estrategia de saneamiento del litoral y señalan que pasarán de seis a diez años antes de que los ecosistemas se restauren, lo cual siembra la incertidumbre en el futuro de un sector que se siente agraviado por Repsol y desamparado por unas autoridades públicas que actuaron con demora y de manera errática. 

Los trabajadores subcontratados por Repsol se juegan la salud para limpiar el vertido en la costa peruana

Ramón P. Yelo

Petróleo

Derrame de petróleo Los trabajadores subcontratados por Repsol se juegan la salud para limpiar el vertido en la costa peruana

Ramón P. Yelo

La compañía petrolera carece de equipos de contención y ha delegado el saneamiento del desastre en empresas locales que contratan personal eventual sin la experiencia, la formación o el equipamiento necesario

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Los beneficios de Repsol ocultan graves impactos sociales y ecológicos

El pasado viernes, 18 de febrero, la compañía transnacional informó de que habían retirado el 98% del material contaminante, mas estos datos resultan inverosímiles dado que el Ministerio de Ambiente anunció recientemente que el aspecto de las playas y de los islotes no se corresponde con las afirmaciones de la empresa y ya que diversos sectores de costa, como Santa Rosa o Bahía Blanca, reciben escasa o ninguna atención por parte de los equipos de limpieza. Alejandro Miguel Huaroto se dedica a la pesca artesanal en Puerto Pachacútec y, tras el desastre, ha centrado sus actividades en el rescate de fauna y en la vigilancia de las tareas de saneamiento: “Estamos supervisando todas las áreas y hemos encontrado varias zonas contaminadas que permanecen abandonadas, por lo que enviamos las coordenadas a las autoridades para que vayan a limpiar”. 

“No me van a mandar a limpiar las playas porque ya tengo suficiente con que me hayan quitado el trabajo como para ir a la playa donde el olor es insoportable y exponer mi salud y mi vida”, protesta un pescador

A los testimonios de los pescadores sobre las carencias de las operaciones de restauración ecológica impulsadas por Repsol, se suman los reportes emitidos por la compañía y desmentidos por los organismos públicos peruanos sobre la verdadera magnitud del derrame, así como la insistencia de la empresa en achacar el incidente a un supuesto oleaje anómalo provocado por la explosión del volcán Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai o, más recientemente, a las maniobras ejecutadas por el Mare Doricum, el buque italiano destinado al transporte de grandes cantidades de crudo, en el momento de la descarga. Al respecto de dicha versión de los hechos, se tiene constancia de las ocho cartas de protesta enviadas por el capitán del navío, Giacomo Pisani, en las que advierte sobre la actuación inadecuada por parte de los operadores de la refinería y la escasa longitud de las barreras de contención desplegadas por la empresa petrolera, cuya extensión no fue suficiente para cubrir el perímetro de la embarcación. Por otro lado, entidades como el Pacific Tsunami Warning Center no alertaron en su momento de ningún peligro en las costas de Perú y los mismos pescadores, que tuvieron una experiencia directa del fenómeno, niegan que el 15 de enero se percibiese una marea especialmente agresiva.

Dadas las circunstancias, la desesperación llevó a varios colectivos pesqueros a protestar frente a las instalaciones de La Pampilla y a cortar el paso de las principales vías de tránsito de la región para demandar atención y medidas de reparación. Kevin Villas Carbajal es secretario en defensa de la Asociación de Pescadores Artesanales de Ancón (Apescaa) y relata cómo tuvieron que “movilizar a 2.500  personas para estacionarnos en la Panamericana y conseguir por fin que nos hagan caso”.

Un censo de emergencia

Apescaa representa a más de 1.200 trabajadores de la bahía de Ancón e integra a pequeñas agrupaciones de rederos, marisqueros, fileteadores, armadores y otros rubros del sector que, según cálculos de la asociación, están perdiendo unos 500.000 soles (116.980 euros) cada jornada que no salen a faenar. “Si descontamos lo que invierte en materiales o embarcaciones, un extractor de marisco percibe unos 400 soles (93,5 euros) diarios”, asevera Héctor Samillán Paz, presidente de la Asociación de Extractores de Marisco y Pesca Submarina de Ancón (Aemapsa).

Villas Carbajal, por su parte, notifica que están actualizando constantemente el censo de pescadores para acotar el perjuicio ocasionado con la ayuda de organizaciones sin ánimo de lucro como Conciencia Marina, Redes Sostenibilidad Pesquera o The Nature Conservancy. El padrón también ha permitido que la Municipalidad de Lima Metropolitana haya organizado la entrega de canastas de productos básicos como arroz, fideos y leche a los pescadores registrados pero, tal y como afirma el secretario de la entidad, “apenas alcanza para una semana”. 

Los informes de Naciones Unidas revelan diversas falencias en la estrategia de saneamiento del litoral y señalan que pasarán de seis a diez años antes de que los ecosistemas se restauren

El factor organizativo es, a su vez, determinante a la hora de conducir negociaciones con la empresa petrolera y las instituciones del Estado. Alejandro Chirinos, director ejecutivo de Cooperacción y responsable del programa de Gobernanza Marino-Costera, considera que la pesca artesanal de baja profundidad no cuenta con instituciones a nivel nacional que tutelen sus intereses: “La pesca industrial de la Sociedad Nacional de Pesquería defiende con soltura sus intereses y la Federación de Integración y Unificación de los Pescadores Artesanales del Perú protege más a los pescadores con embarcaciones grandes, las políticas pesqueras peruanas se olvidan de los pescadores más pobres, es decir, los más afectados por el desastre”. De hecho, “Repsol se está aprovechando de la necesidad de muchos pescadores que han tenido que recurrir a solicitar trabajo en las labores de limpieza de la costa para llevar el sustento a casa”, precisa Samillán Paz.

La temporada estival supone un gran estímulo para la economía de Ancón y otras zonas del litoral peruano, por lo que los trabajadores del mar invierten en materiales como embarcaciones o aparejos y se preparan durante el invierno para encarar el verano. Villas Carbajal lamenta el impacto del vertido de crudo en la cotización de los productos marinos y sostiene que productos como el bonito, anteriormente vendido a una media de diez soles el kilo, apenas alcanza actualmente el precio de un sol. Asimismo, recuerda que la bahía de Ancón es “un balneario emblemático y turístico que daba de comer a más de tres mil personas: restaurantes, sombrilleros, heladeros, mototaxis, colectivos, pescadores...”. 

Jorge Luis Yarleque es encargado de la cevichería Muelle 11, cercana al puerto de la localidad, y asegura que ha invertido más de 60.000 soles (14.036 euros) en renovar el alquiler del local y contratar personal para recibir al turismo estival. Dice que los ingresos se han reducido en un 90% y que, pese a que pueden servir pescado de altura que no ha sido afectado por la catástrofe, las autoridades públicas no parecen dispuestas a divulgar esta información y contribuir a la recuperación de la economía local. Ante las dificultades impuestas, Yarleque ha fundado junto a otros negocios de la zona la Asociación de Restaurantes de Ancón y Afines para defender los intereses del sector frente a las incertidumbres provocadas por el derrame: “Queremos que nos ayuden, no sólo con dinero, también a promover que la gente venga y se coma acá, en el mismo Ancón, un buen pescado, un buen cevichito, un buen sudado”.

“Repsol se está aprovechando de la necesidad de muchos pescadores que han tenido que recurrir a solicitar trabajo en las labores de limpieza de la costa para llevar el sustento a casa”, precisa Samillán Paz

Sin embargo, el atractivo de la bahía está estrechamente vinculado a la conservación de los ecosistemas de la reserva y los pescadores saben que el desastre ecológico provocado por Repsol desalentará la llegada de muchos visitantes. “Nosotros nos esforzamos en cuidar nuestros recursos, en trabajar de manera sostenible, para que ellos vengan y causen este desastre de la noche a la mañana llenando nuestros días de melancolía”, así es como Samillán Paz expresa su indignación mientras apoya su brazo derecho sobre la carga de víveres que ha obtenido de la Municipalidad de Lima Metropolitana.

La olla común de cada día

Las mujeres de la Asociación de Pescadores, Fundadores, Armadores y Estibadores Artesanales (Aspefaea) han improvisado una cocina en el descampado situado a espaldas de la sede de la agrupación y cocinan todos los días para alimentar a decenas de familias pescadoras que han perdido su fuente de ingresos. Afirman que, de momento, “alcanza para todos”, pero reconocen con gesto desolado que no saben qué va a pasar dentro de uno o dos meses, “cuando la necesidad sea mayor”. Miguel Ángel Núñez, presidente de Aspefaea, se queja de que la empresa petrolera no les avisó con tiempo para que pudieran anticiparse a la extensión de la mancha oleosa y frenar su avance. “Ahora lo único que pueden hacer es darnos una indemnización que cubra los daños causados”, alega.

Anthony Chumpitaz pertenece a la misma organización y ha liderado varias protestas frente a la refinería de La Pampilla para exigir la compañía transnacional se responsabilice del vertido y distribuya las compensaciones correspondientes: “Repsol actuaría de manera diferente si estuviera en otro país, pero como trabaja en Perú y las leyes son muy blandas, hacen lo que quieren”. El portavoz de Aspefaea declara que, tras endeudarse con el banco e invertir más de 10.000 soles (2.339 euros) en todo tipo de materiales para ofrecer pescado fresco a los miles de bañistas que acuden a Ventanilla cada verano, apenas puede asumir los gastos básicos de su familia gracias a sus ahorros. 

Los inconvenientes de la informalidad

No todos los pescadores de la costa central peruana están asociados, algunos trabajan de manera independiente y desconfían de las agrupaciones pesqueras, a las que acusan de servir a intereses particulares. Jesús Cristian Reyes es uno de ellos y acudía todos los días a Bahía Blanca a pescar con sus compañeros y mentores, Pedro Ignacio Álvarez y Roberto Quirós. No tienen embarcación, pero se echaban al mar con una cámara de aire de apenas metro y medio de diámetro en la que, mientras unos iban sentados y dejaban caer las redes, otros se encargaban de nadar y trasladar la válvula.

“El día del derrame percibimos a las nueve de la noche el olor del crudo y pensamos que provenía del combustible de alguna embarcación, pero al día siguiente pudimos ver la extensión de la mancha desde los cerros”, así es como Quirós y sus colegas se percataron de la magnitud del derrame. Álvarez, por su parte, comenta que en los primeros meses de cada año recogen “chita, lenguado, cabrilla, cabrinza o corvina, los pescados más deliciosos, pero ahora todo eso no es apto para el consumo, cuando lo cocinas sale un olor como a betún”. Cuentan que todas las personas que llegaban a su caseta en la playa eran invitadas a un ceviche como señal de cortesía, mas ahora sólo quedan las redes, mallas y plomos en desuso.

“Repsol actuaría de manera diferente si estuviera en otro país, pero como trabaja en Perú y las leyes son muy blandas, hacen lo que quieren”

Los tres pescadores temen que la tradición pesquera que heredaron de sus padres y abuelos se pierda mientras esperan que el mar se recupere del impacto sufrido: “Formamos parte de una cultura que ha pasado de generación en generación, hemos buceado la costa desde Bahía Blanca a Santa Rosa y conocemos muy bien la vida submarina, cada roca, cada rincón, dónde vive cada animal”. De igual forma, su desesperación se acrecienta conforme pasan las semanas puesto que la informalidad no les permite acceder a ningún tipo de ayuda dispuesta por instituciones públicas o privadas. “Cada día somos más pobres, el calor de la arena nos asfixia y ni siquiera nos han ofrecido una botella de agua para refrescarnos, ¿qué haremos de aquí a una semana o dos?”, remata Reyes mientras observa con tristeza las olas del océano Pacífico.

Desde organizaciones como Cooperacción, denuncian que la baja tasa de formalización en el sector revela que las políticas pesqueras del Estado peruano son del todo insuficientes. Chirinos sostiene que “muchos pescadores creen que formalizarse es pagar impuestos y no ganar nada y nuestros gobiernos no han emprendido las acciones necesarias para informar de las ventajas que conlleva”. De hecho, los tres pescadores de Bahía Blanca reniegan de las asociaciones pesqueras y consideran que éstas no gestionan correctamente la defensa de los trabajadores del mar. Sobre el particular, el director ejecutivo de Cooperacción alega que la corrupción de las asociaciones se da en función de la perversión de la administración pública: “Si el Estado es corrupto y no cautela sus derechos, a pesar de que los pescadores denuncian todo tipo de irregularidades en las prácticas de extracción, por qué deberían ellos actuar correctamente”.

Doblemente golpeadas

El activista peruano también alude a la situación de desamparo que sufren las mujeres en el mundo de la pesca artesanal, las cuales “no cuentan con la visibilidad de la que gozan los varones”. Carmen Rosa Borjas forma parte de una familia de rederos de Ancón y perdió a su esposo durante la pandemia, por lo que tuvo que echarse a la mar para asumir las tareas de pesca que antes realizaba su marido y ganar lo suficiente para cubrir sus necesidades básicas. “Vine a la sede de Apescaa para recoger mi canasta de víveres pero dicen que no pueden ayudarme porque no estoy empadronada aunque tenga mi bote y presente el carnet de asociado de mi esposo”, lamenta la pescadora. 

En los primeros meses de cada año, los pescadores recogen “chita, lenguado, cabrilla, cabrinza o corvina, los pescados más deliciosos, pero ahora todo eso no es apto para el consumo, cuando lo cocinas sale un olor como a betún”

Chirinos explica que el caso de Borjas no es una excepción puesto que muchas mujeres casadas con pescadores quedaron viudas por culpa del covid-19. Además, añade que las trabajadoras del mar “cobran mucho menos que los hombres” ya que suelen desempeñar las labores de preparación para la venta del pescado que los hombres extraen. Mientras otras personas recogen su cesta de productos básicos, la pescadora viuda intenta formalizar su situación dado que carece de medios para mantenerse: “Hace dos meses que conseguí pagar la reparación de mi bote para empezar a chambear, pero en eso llegó el derrame de petróleo y ahora no puedo salir trabajar”.