Derechos Humanos
Ocho eurodiputados exigen a Grande Marlaska explicaciones por la deportación de Benhalima a Argelia

Benhalima fue una moneda de cambio utilizada por el Gobierno español para tratar de cerrar la crisis política abierta con Argelia tras el giro sobre el Sáhara anunciado el pasado mes de marzo. Esa es la interpretación que un grupo de Eurodiputados hace de la deportación del disidente político argelino Mohamed Benhalima, expulsado del Centro de Internamiento de Extranjeros de Valencia solo seis días después de que Sánchez modificara el rumbo de las relaciones con Marruecos, el Sáhara y Argelia.

El viernes de junio, un grupo de ocho eurodiputados —seis de La Izquierda, uno del partido socialdemócrata S&D y otro de los Verdes— han remitido una carta al ministro de Interior del Gobierno de España, Fernando Grande Marlaska exigiendo explicaciones y presionando para que se intervenga ante la condena a muerte a la que Benhalima fue condenado por un tribunal argelino el pasado 8 de mayo.

La campaña de estos ocho eurodiputados recuerda que Acnur y una serie de ONG, entre las que se encuentra también Amnistía Internacional considera a Benhalima un sujeto de protección, víctima de persecución por razones políticas o pertenencia a un grupo social determinado, que ha denunciado la corrupción en las fuerzas armadas argelinas y que por tanto debía haber visto atendida su solicitud de asilo político.

“El gobierno español debe dar explicaciones de por qué denegó su solicitud de asilo en dos ocasiones. Además es fundamental que el gobierno medie para buscar una solución que evite el asesinato Benhalima, no podemos permanecer impasibles ante su muerte”, explica Miguel Urbán, uno de los firmantes de la carta a Marlaska. Para Urbán este caso es una “vergüenza e injusticia” y ante la gravedad de la situación en la que queda este activista “es fundamental que el gobierno medie para buscar una solución”, dice Urbán, “no podemos permanecer impasibles ante su muerte”.

Según la carta, España cometió una ilegalidad al autorizar la extradición en base al artículo 54.1 de la Ley Orgánica de Extranjería, que implica la ausencia de garantías y de control judicial y al ejecutarla solo dos horas después de esa autorización, habiendo privado a Benhalima, interno en el CIE, de su derecho a comunicarse con su letrado, puesto que se le había retirado el móvil. En dos horas, según denunciaron las ONG, dos unidades del Ministerio de Interior resolvieron dos procedimientos —la denegación del asilo y la orden del expulsión— y se dio traslado al activista al aeropuerto para su deportación.

“Exigimos explicaciones sobre las motivaciones del gobierno español para denegar el asilo a Benhalima contra las directrices de ACNUR y diversas organizaciones de defensa de los derechos humanos”, explican los denunciantes en la primera de sus exigencias en su carta a Interior. Prosiguen: “El cese de las deportaciones. Especialmente si se utiliza el artículo 54.1 de la Ley de Extranjería, ya que supone una vulneración de las garantías democráticas y judiciales. Solicitamos una explicación sobre las irregularidades que han tenido lugar en la expulsión de Benhalima. Exigimos explicaciones sobre su situación actual en Argelia, de la que el gobierno español era consciente y que no ha impedido su deportación. Una investigación internacional e imparcial que profundice en las vulneraciones de derechos humanos que han tenido lugar en el Estado español” y “la anulación de la condena a muerte de Benhalima”. El eurodiputado y militante de Anticapitalistas Urbán cree que Marlaska “no puede seguir un minuto más en el cargo” después de un caso que ejemplifica los “abusos y violaciones de derechos humanos” que se producen en la política española de fronteras.