Derechos de autoría
La ley europea que transforma internet llega a España mediante Real Decreto

El Gobierno tiene previsto dar luz verde hoy, 2 de noviembre, en el Consejo de Ministros al Real Decreto Ley que traspone al ordenamiento jurídico español la Directiva 2019/790 sobre los derechos de autoría y derechos afines en el mercado único digital (DEMUD), la normativa aprobada por el Parlamento Europeo en marzo de 2019 con el objetivo de salvaguardar los derechos de autoría en el marco del gran negocio virtual.

Cinco meses después del plazo fijado para la trasposición en los Estados miembro, que concluía el 7 de junio, España ha optado por el Real Decreto Ley, según anunció el ministro de cultura Miquel Iceta el 25 de octubre en rueda de prensa tras la presentación del Observatorio de Piratería y Hábitos de Consumo Digitales, organizado por La Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos. Iceta se refirió a la futura ley sobre los derechos de propiedad intelectual en el mercado único digital europeo y auguró que su trasposición española “va a responder bien a las demandas que desde hace tanto tiempo se hacen y, sobre todo, va a responder al consenso que se alcanzó en Europa sobre un tema tan importante como este, no nos vamos a separar del consenso europeo”.

Unas palabras que hacen suponer que la adaptación de la DEMUD respetará el espíritu y la letra del texto aprobado por el Parlamento Europeo, algo que el ministro confirmó el día 27 cuando afirmó desde Extremadura que “lo que no vamos a hacer es una traducción literal, pero vamos a seguir muy fielmente lo que se acordó, ya que la elaboración de la Directiva Europea tomó cinco años”.

Asimismo, Iceta también apuntó que en 2023 se pondrá en marcha la Oficina de Derechos de Autor que, en sus palabras, “dará más visibilidad a los problemas relacionados con los derechos de propiedad intelectual, además de permitir una mayor autonomía de gestión en este ámbito”.

“Es probable que esta ley represente principalmente intereses gremiales y de clientelas partidistas, más que el interés común”, opina Simona Levi, del colectivo X-Net

La trasposición de la DEMUD mediante Real Decreto es una vía que ha suscitado críticas desde distintas posiciones, que entienden que este procedimiento carece de las garantías que otorgan al marco jurídico la consulta pública y una interlocución amplia. Así opina Simona Levi, del colectivo activista X-Net, para quien el hecho de que “se legisle el copyright por decretazo, sin interpelar a la sociedad civil organizada que nos ocupamos del tema desde hace décadas para que se proteja el derecho a acceder a la cultura y al conocimiento, y sí haya habido muchas reuniones con los grupos de interés de la industria, muestra hasta qué grado esta ley es probable que represente principalmente intereses gremiales y de clientelas partidistas, más que el interés común. Desgraciadamente, esta es solo una suposición ya que la ley se está cocinando en el más absoluto secretismo”.

Desde Wikimedia España, asociación sin ánimo de lucro que promueve el uso y la participación en la enciclopedia colaborativa digital Wikipedia, se considera que la reforma de los derechos de autoría es “una gran oportunidad para garantizar la digitalización y el acceso al patrimonio cultural”, pero valoran que la trasposición de la DEMUD se ha llevado a cabo “a través de un proceso que no contempla la participación de todas las entidades concernidas en el asunto”. Por ello, Wikimedia España solicita al Gobierno que reconsidere la tramitación del Real Decreto y que opte por una consulta formal con todos los actores relevantes para dar a la sociedad civil la necesaria oportunidad de participar en la elaboración de esta normativa.

“El mejor compromiso con la participación y la transparencia es trasponer la Directiva mediante una ley ordinaria con los debidos periodos de consulta pública”, aseguran desde Wikimedia España

“El mejor compromiso con la participación y la transparencia es trasponer la Directiva mediante una ley ordinaria con los debidos periodos de consulta pública”, asegura esta organización en un comunicado en el que muestra su postura favorable a garantizar “la salvaguarda de los derechos de participación, acceso a la información y al conocimiento y la protección del patrimonio cultural en el ecosistema digital”.

¿En qué cambia internet con esta nueva ley?

La Directiva 2019/790 pretende regular el uso en internet de contenidos protegidos por derechos de autoría y hace que las grandes plataformas como YouTube, Facebook o Google se conviertan en “directamente responsables del contenido que alojen”. Son “algunos de los operadores que se verán directamente afectados por esta legislación”, según el texto aprobado por el Parlamento Europeo.

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La Directiva europea sobre derechos de autoría en el mercado único digital promete alterar profundamente el paisaje de internet tal como lo conocemos, sobre todo en lo referente a plataformas de contenido audiovisual, bibliotecas virtuales e investigación. El 7 de junio debería estar lista su trasposición al ordenamiento jurídico español, pero el Gobierno reconoce que no llegará a tiempo.

Durante su tramitación, dos artículos resultaron especialmente controvertidos. El artículo 17, sobre el uso de contenidos protegidos por parte de prestadores de servicios para compartir contenidos en línea, responsabiliza a las plataformas del contenido que alojan, dejando en sus manos la decisión sobre qué uso de los materiales sujetos a propiedad intelectual se considera o no legítimo. Ha sido uno de los más criticados junto al artículo 15, que trata la protección de las publicaciones de prensa y otorga a las empresas editoras los derechos exclusivos de reproducción y comunicación pública de sus contenidos, lo que podría llevar a que implanten una suerte de tasa para poder utilizarlos en la red. Compartir fragmentos de artículos de noticias queda específicamente excluido de la directiva, pero el texto incluye disposiciones para evitar que los agregadores de noticias abusen de esta prerrogativa. La clave será la forma en que se recoja en la Ley de Propiedad Intelectual en España, que puede abrir dos vías: la autogestión de estos derechos firmando acuerdos individuales con los agregadores, o bien que la entidad de gestión CEDRO —Centro Español de Derechos Reprográficos—, por mandato legal, sea la única legitimada para su gestión. En este sentido, la plataforma Seguir Creando en Digital, que agrupa a entidades de gestión de derechos, asociaciones colegiales de escritores, colectivos de artistas o gremiales como la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), ha manifestado que pedirá el voto en contra de los grupos parlamentarios para el Real Decreto si este no mantiene la gestión colectiva obligatoria de los derechos de autor.

La subida a la red de obras protegidas con objeto de citar, criticar, reseñar, caricaturizar, parodiar o imitar queda asimismo protegida por la DEMUD, lo que garantiza que los memes y GIF seguirán disponibles y se podrán compartir online, una de las novedades de esta regulación que más había dado que hablar.

Una parte importante del articulado de la Directiva 2019/790 alude a la relación entre los derechos de autoría en internet, la enseñanza, la investigación y la conservación patrimonial en bibliotecas, archivos y museos. El acceso y uso en la red de documentos, obras catalogadas y descatalogadas con fines educativos y de investigación queda resguardado mediante excepciones que den seguridad jurídica a esos trabajos.