Opinión
Más de 150 académicos decimos: “No a la agresión militar contra Cuba”

Esta semana más de 150 profesores e investigadores de más de 30 universidades españolas y del CSIC hemos hecho público el manifiesto “No a la agresión militar contra Cuba”, una llamada de atención ante la amenaza de intervención militar extranjera que la Administración Trump está lanzando contra la isla caribeña desde hace meses. Como intentaré explicar en estas líneas, están en juego principios que nos conciernen a todos.

Conviene recordar los hechos. En los últimos meses, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su secretario de Estado, Marco Rubio, han multiplicado las declaraciones que califican a Cuba como una “amenaza a la seguridad nacional” estadounidense. A las palabras se han sumado los actos. El Pentágono ha desplegado en el Caribe el grupo de ataque del portaaviones USS Nimitz, un movimiento que, según el propio Comando Sur de Estados Unidos, busca “garantizar la seguridad regional”. El patrón es similar al que precedió a la operación militar que culminó con la captura de Nicolás Maduro en Venezuela. Además, el Departamento de Justicia estadounidense ha imputado al expresidente Raúl Castro por supuestos hechos ocurridos en 1996, en lo que es a todas luces un expediente fabricado para justificar una agresión militar.

Cualquiera de estos elementos, por separado, ya sería preocupante. Pero juntos configuran un escenario que ningún ciudadano consciente debería ignorar.

El bloqueo como acto de guerra

Ahora bien: la amenaza militar no empieza con el envío de un portaaviones. Comenzó hace años, con un bloqueo económico que dura ya más de seis décadas y que constituye, en sí mismo, una forma de guerra. El famoso bloqueo no es una sola medida, sino un entramado de al menos 243 disposiciones que la administración Trump ha reforzado con 73 nuevas sanciones. Un complejo sistema de presiones financieras y regulaciones extraterritoriales que afecta a todos los aspectos de la vida cubana.  

Esta política de máxima presión ha llegado a su última expresión en los últimos meses con la radicalización del bloqueo energético, concretamente el pasado 29 de enero, día en que Trump firmó una orden ejecutiva que declaró una “emergencia nacional” y estableció un mecanismo para imponer aranceles adicionales a las importaciones procedentes de cualquier país que suministre petróleo a Cuba, ya sea directa o indirectamente. Es decir: no castigar solo ya al país caribeño, sino a quien se atreva a suministrarle combustible. Esta medida, concebida para presionar a los aliados de la isla, tuvo un efecto inmediato en México, uno de sus últimos proveedores significativos, que reconoció haber suspendido temporalmente sus envíos de petróleo a Cuba. A esto se sumó la drástica reducción de los envíos desde Venezuela, su principal suministrador durante años, que ya habían caído de más de 100.000 barriles diarios a unos 30.000 en 2025, según estimaciones independientes. 

La amenaza militar no empieza con el envío de un portaaviones. Comenzó hace años, con un bloqueo económico que dura ya más de seis décadas y que constituye, en sí mismo, una forma de guerra

El resultado de esta estrategia de asfixia ha sido devastador. A mediados de mayo de 2026, las autoridades cubanas declararon que el país se había quedado sin reservas de diésel y fueloil. Sumado a esto, la imputación del expresidente cubano Raúl Castro y el despliegue del portaaviones USS Nimitz en el Caribe evidencian una escalada de la presión multidimensional de la administración Trump contra Cuba.

Mientras tanto, el pueblo paga: la grave crisis energética resultante ha provocado apagones de hasta 22 horas diarias en La Habana y en otras provincias, paralizando hospitales, la industria y el transporte, y agravando la ya de por sí crítica situación humanitaria. El gobierno cubano ha calificado esta situación como un intento de “genocidio” del pueblo cubano, advirtiendo de que todas las esferas de la vida quedarían “asfixiadas” por las medidas de Estados Unidos. ¿Es esta declaración una exageración? Veamos los datos. 

El informe presentado por Cuba ante la Asamblea General de la ONU en septiembre de 2025 cuantifica los daños del bloqueo entre marzo de 2024 y febrero de 2025 en 7.556 millones de dólares. Pero más allá de las cifras macroeconómicas —los daños acumulados en más de seis décadas superan los 164.000 millones de dólares—, el bloqueo tiene un rostro humano que rara vez aparece en los grandes medios de comunicación occidentales.

Pero, ¿en qué consiste el bloqueo? Para empezar, se prohíbe la importación de productos con más de un 10% de componentes estadounidenses (con Obama era de un 25%). Imaginemos qué sucedería si en España tuviéramos que operar así, sin poder importar un solo producto con más de un 10% de componentes estadounidenses. Esta medida ya de por sí es un tiro en el pie en cualquier sector.

Veamos un ejemplo concreto: Cuba no puede comprar piensos ni materias primas para alimentación animal (maíz, soja, etc.) de empresas estadounidenses o sus filiales. Aunque encontrara un proveedor en otro país, si el producto contiene más de un 10% de componentes de origen estadounidense —como puede ocurrir con la soja o el maíz, dominados por empresas estadounidenses en el mercado global—, la compra se complica o directamente se bloquea. Esto ha provocado una drástica reducción en la producción de huevos, carne de pollo y cerdo en Cuba, agravando la escasez de alimentos.

Pero no es solo el pienso. La lista de productos de primera necesidad que Cuba no puede comprar con normalidad es interminable: combustible (petróleo, diésel, gasolina, gas licuado), pues las sanciones a navieras y aseguradoras impiden su transporte incluso desde terceros países; fertilizantes y pesticidas, imprescindibles para la agricultura; materiales de construcción (cemento, acero, tuberías, cables eléctricos), necesarios para viviendas e infraestructuras; equipos de refrigeración, esenciales para conservar alimentos y medicamentos; reactivos de laboratorio para investigación científica y producción de medicamentos; tecnología educativa (ordenadores, tabletas, software, componentes electrónicos); equipamiento deportivo, desde balones hasta material de competición; productos de higiene, desde pasta de dientes hasta compresas; prótesis y sillas de ruedas para personas con discapacidad… la lista es casi eterna.

El bloqueo obliga a Cuba a buscar proveedores más lejanos y costosos para adquirir equipos de diagnóstico, ventiladores o reactivos, como ya ocurrió durante la pandemia de covid-19

Como los efectos del bloqueo son tendentes al infinito, para poder comprender este problema de un modo más directo, detengámonos en un sector concreto: el sanitario, la joya de la corona del sistema de protección social de Cuba construido tras el 59. 

Por un lado, el bloqueo obliga a Cuba a buscar proveedores más lejanos y costosos para adquirir equipos de diagnóstico, ventiladores o reactivos, como ya ocurrió durante la pandemia de covid-19. Según los datos del propio Ministerio de Salud Pública cubano (MINSAP), actualmente faltan 364 medicamentos en el país, lo que representa el 56% del cuadro básico. Hay más de 96.000 pacientes en lista de espera para intervenciones quirúrgicas, de los cuales más de 11.000 son niños. Las restricciones energéticas, derivadas directamente de las sanciones que impiden a la isla adquirir combustible y equipamiento, obligan a los hospitales a priorizar las urgencias y retrasar operaciones programadas.

Pero, ¿por qué faltan esos medicamentos? La respuesta está en la ingeniería del bloqueo. La persecución financiera extraterritorial impide que Cuba pague a proveedores incluso cuando el dinero está disponible, porque los bancos internacionales, bajo amenaza de sanciones del Departamento del Tesoro estadounidense, se niegan a procesar las transacciones. Cuando el pago finalmente se autoriza, debe hacerse por adelantado y al contado, en barcos que no sean estadounidenses y transportando productos con menos de un 10% de componentes fabricados en Estados Unidos. De este modo, la adquisición de un simple antibiótico se convierte en una pesadilla logística y financiera.

Dieciséis días de bloqueo equivalen al financiamiento anual del Cuadro Básico de Medicamentos, valorado en 339 millones de dólares. Catorce horas de bloqueo equivalen a la insulina que necesitan todos los diabéticos cubanos durante un año. Veintiuna horas de bloqueo equivalen al costo total de esa insulina. Son números que rara vez aparecen en el relato hegemónico dominante, porque derrumbarían la narrativa del “Estado fallido”.

Cuba no es un Estado fallido: es un Estado asediado. Un Estado fallido no instala paneles solares en 282 policlínicos, 97 hogares maternos y 78 casas de abuelos en plena crisis energética

Pero Cuba no es un Estado fallido: es un Estado asediado. Un Estado fallido no instala paneles solares en 282 policlínicos, 97 hogares maternos y 78 casas de abuelos en plena crisis energética. Un Estado fallido no desarrolla una industria biotecnológica propia —con medicamentos como el Heberprot-P, de probada eficacia en la cura de úlceras de pie diabético, o vacunas como la Soberana 02— que ni siquiera los ciudadanos estadounidenses pueden recibir porque el bloqueo se lo impide. Se calcula que un millón de pacientes en Estados Unidos no pueden acceder al Heberprot-P debido precisamente a las sanciones que su propio gobierno impone.

Y no solo eso: durante la pandemia, Cuba logró acuerdos para exportar millones de dosis de sus vacunas contra la COVID a otros países, pero el bloqueo financiero impidió en muchos casos que pudiera cobrar esas ventas, porque los bancos internacionales, bajo amenaza de sanciones, se negaban a procesar las transferencias. El bloqueo no solo le impide comprar: también le impide vender.

Veamos otro ejemplo. Todas las familias tenemos, más cerca o más lejos, algún caso de familiar con alzheimer, implacable enfermedad que destroza a quien la sufre y a sus familiares directos. Quizá es importante recordar que ya existe NeuralCIM, una prometedora vacuna nasal contra el Alzheimer desarrollada por el Centro de Inmunología Molecular de Cuba y cuya historia recoge el documental El sueño de Teresita (Daniel Montero, 2025).

Hay 32.000 mujeres embarazadas que esperan ecografías porque no se puede garantizar el funcionamiento continuo de los equipos médicos, afectados por los cortes eléctricos y la escasez de combustible

Este fármaco, que ha demostrado en ensayos clínicos su capacidad para ralentizar el avance de la enfermedad en fases leve y moderada, no ha podido comercializarse internacionalmente debido a los obstáculos que el bloqueo impone a los ensayos clínicos internacionales, a la firma de acuerdos con farmacéuticas y a las transacciones financieras. Millones de pacientes en todo el mundo —incluidos los más de seis millones de estadounidenses que padecen Alzheimer— no pueden beneficiarse de este avance científico por una decisión política. El bloqueo no solo mata cubanos, mata también ciudadanos de todo el mundo.

Los datos se extienden a todos los ámbitos de la salud. Hay 32.000 mujeres embarazadas que esperan ecografías porque no se puede garantizar el funcionamiento continuo de los equipos médicos, afectados por los cortes eléctricos y la escasez de combustible. Hay 30.000 menores con calendarios de vacunación retrasados, lo que aumenta su exposición a enfermedades prevenibles. Y las cifras más alarmantes afectan a quienes dependen de tratamientos continuos: 16.000 personas reciben radioterapia y más de 2.800 pacientes sometidos a hemodiálisis viven bajo una situación energética calificada como “precaria”, donde cualquier interrupción prolongada del suministro eléctrico podría poner en riesgo inmediato sus vidas.

El impacto sobre la alimentación es igualmente devastador. La escasez de combustible, una consecuencia directa del bloqueo, impide acopiar y distribuir leche, de modo que más de 117.000 niños no consumen el litro diario que les corresponde, y la leche en polvo importada llega tarde a más de 36.000 embarazadas y 7.700 niños con enfermedades crónicas. Cinco millones de cubanos no pueden acceder al pan diario por falta de harina, un producto que ya está pagado pero cuyos buques no pueden transportar debido a las sanciones a las navieras. Más de 20.000 toneladas de ayuda alimentaria de Naciones Unidas permanecen bloqueadas en puertos y almacenes por falta de diésel para su distribución.

A esta asfixia material se suma la coerción financiera. El carácter extraterritorial del bloqueo —la persecución global contra cualquier entidad que opere con Cuba, bajo amenaza de multas del Departamento del Tesoro estadounidense— lleva a que bancos internacionales se nieguen a procesar transacciones con la isla. Grandes navieras como CMA CGM y Hapag-Lloyd han suspendido operaciones por miedo a sanciones. La llamada “regla de los 180 días”, que impide a cualquier barco que atraque en un puerto cubano entrar en Estados Unidos durante ese plazo, encarece el flete y el seguro de todas las importaciones, desde alimentos hasta combustible.

El resultado es una “hambruna energética”, en palabras de expertos de la ONU, que viola los derechos humanos al negar el acceso a electricidad y agua potable. En La Habana se registran apagones de hasta 22 horas consecutivas; en provincias pueden durar dos días completos. El gas licuado para cocinar se ha convertido en un bien escaso, con largas colas y desabastecimiento. El transporte público, paralizado.

El sector turístico, convertido desde los años 90 en uno de los motores de la economía cubana como forma creativa de escapar al aislamiento del Periodo Especial, tampoco escapa a esta dinámica. La cadena hotelera española Iberostar ha anunciado el cierre de sus establecimientos en la isla, entre ellos el emblemático Hotel Habana Riviera, debido a la crisis energética y la caída del turismo, ambas consecuencias directas del bloqueo. Tampoco es un caso aislado: la canadiense Blue Diamond Resorts, que gestionaba 62 instalaciones turísticas en Cuba, ha cesado por completo sus operaciones. La inclusión de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo disuade a los turistas estadounidenses y canadienses, complica las transacciones financieras y, en última instancia, expulsa a empresas extranjeras que podrían estar generando empleo y divisas en la isla.

Todo este diabólico entramado es la consecuencia directa de una política de sanciones unilaterales que la Asamblea General de la ONU ha condenado en 33 ocasiones consecutivas por aplastante mayoría desde 1992, la última votación con 165 países a favor, 7 en contra y 12 abstenciones. Como puede comprobarse, el aislamiento de la posición estadounidense es prácticamente absoluto. Y, sin embargo, el bloqueo se recrudece año tras año.

A todo esto se suma la inclusión de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo, una decisión que Trump adoptó en los últimos días de su primer mandato, en enero de 2021, sin evidencia alguna que la justificara. Esa designación, mantenida por la administración Biden y reforzada ahora por el propio Trump, no es un gesto simbólico: impide a Cuba acceder a créditos internacionales, disuade a bancos extranjeros de operar con la isla y agrava el cerco económico. 

El manifiesto “No a la agresión militar contra Cuba”

El manifiesto, que presentamos 150 profesores de universidad, no es un texto partidista. La lista, disponible íntegramente en la web del manifiesto, suma representantes de más de treinta universidades y del CSIC: Complutense, Autónoma de Madrid, Barcelona, Autónoma de Barcelona, Pompeu Fabra, Sevilla, Granada, Oviedo, Valencia, Salamanca, Valladolid, Zaragoza, La Laguna, Córdoba, León, Pablo de Olavide, Pública de Navarra, Politécnica de Madrid, Politécnica de Cataluña, Carlos III, Rey Juan Carlos, UNED, País Vasco, Jaén, Murcia, Alcalá, A Coruña y un largo etcétera.

No nos une una ideología común. Hay entre los firmantes desde marxistas hasta socialdemócratas, desde ecologistas hasta demócratas o liberales en el sentido clásico del término. Lo que nos une es la defensa de unos principios que la Carta de las Naciones Unidas consagra y que, en el actual contexto, corren el riesgo de ser atropellados.

No somos un comité de solidaridad ni una plataforma política. Somos profesores e investigadores que trabajamos en instituciones públicas y que creemos que la universidad no puede permanecer encerrada en sí misma cuando están en juego principios tan básicos como la paz y el respeto al derecho internacional. La universidad pública, financiada por el conjunto de la ciudadanía, tiene el deber de alzar la voz cuando esos principios son amenazados. 

El manifiesto plantea tres demandas concretas: el cese inmediato de las amenazas militares, el fin del bloqueo económico que castiga a la población cubana y el pleno respeto a la soberanía

El artículo 2.4 de la Carta de la ONU prohíbe tanto el uso de la fuerza como la amenaza de su empleo contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. Cuando una potencia como Estados Unidos despliega un portaaviones frente a las costas de un país al que previamente ha declarado “amenaza a la seguridad nacional”, está incurriendo en una amenaza que el derecho internacional proscribe. 

El manifiesto “No a la agresión militar contra Cuba” plantea tres demandas concretas: el cese inmediato de las amenazas militares, el fin del bloqueo económico que castiga a la población cubana y el pleno respeto a la soberanía y la autodeterminación de Cuba. Son exigencias que no requieren simpatía ideológica alguna hacia el gobierno cubano: basta con el compromiso con la legalidad internacional y con la paz.

El texto íntegro y la lista completa de los 150 firmantes están disponibles en este link. Las adhesiones pueden enviarse a noagresionacuba@proton.me.

Frente a la lógica de la ley del más fuerte, la nuestra es la de la palabra. Una palabra dicha a tiempo, antes de que sea demasiado tarde. Invitamos al lector a sumarse al manifiesto en el enlace indicado. Como decimos en el manifiesto: “Cuba no está sola”.