Inspectores del Banco de España denuncian que la nueva regulación conducirá a una crisis mayor

La comisión de Investigación sobre la crisis financiera de España y el programa de asistencia financiera celebró su novena sesión con la comparecencia de Pedro Luis Sánchez Ruiz, presidente de la Asociación de Inspectores del Banco de España (BdE). El inspector, que acudió a esta omisión por petición de Unidos Podemos, fue claro en su exposición: durante una hora criticó con firmeza las actuaciones de la institución antes y después del comienzo de la crisis, a la que apuntó como una de las culpables de la utilización de la venta de preferentes que, junto a la CNMV, aprobó y aceptó que se comercializaran y no se investigó donde acabaron.

“Lo que ocurrió no tendría que haber ocurrido, o por lo menos no con la virulencia con la que ocurrió y que todavía sufrimos. La institución más adecuada para esto debería ser el Banco de España y todavía debería serlo”, declaró Sánchez al explicar en la comisión que se debieron hacer muchas más acciones, y de mucho mayor calado.

Pero la preocupación y declaraciones del inspector no se centraron solo en que no se tomaran medidas que pudieran paliar las consecuencias de la crisis o de enfriar una economía desbocada antes del estallido, también criticó que “la tendencia de la regulación española y europea nos puede llevar a un mayor desastre del que hemos sufrido”, dando como ejemplo la entrada en vigor del acuerdo de capital de Basilea II, que hace muy difícil conocer los recursos propios que tienen las entidades.

El diputado de Unidos Podemos y miembro de la Comisión de Investigación, Rafa Mayoral, ha declarado a El Salto tras la sesión que "con el nuevo Mecanismo Único de Supervisión, esos controles son ahora más laxos y hay mayores peligros". Asimismo, apunta que "no existen mecanismos de control de los datos que se dan a los organismos reguladores y por lo tanto ésta regulación falla”.

La comisión contó también con la asistencia de Juan Ramón Quintás Seoane, expresidente y exdirector general de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA).

Fusiones que no se vigilaron ni se vigilan

El BdE realizaba “informes de fusión” cuando dos o más entidades arrancaban un proceso para unirse. Según el inspector, no eran informes sobre competencia, sino para buscar activos que no estaban saneados o quebrantos que no aparecieran en los balances, para determinar si esas fusiones eran o no arriesgadas y si la entidad resultante podía ser viable.

Pero ese tipo de informes se dejaron de hacer en las fusiones que se cometieron tras la crisis. Los Sistemas Institucionales de Protección (SIP), utilizados para las fusiones en el proceso de concentración bancaria desde 2009, “estaban mal concebidos desde un principio”, según el inspector. 

“La tendencia de la regulación española y europea nos puede llevar a un mayor desastre del que hemos sufrido”, según el inspector del BdE

El mayor de los agujeros patrimoniales de los rescates y quiebras bancarias, Bankia, también tuvo especial mención en la comparecencia. “Si se fusiona una entidad quebrada con otra 17 veces quebradas, el resultado es previsible: un desastre”, fue la firme sentencia que realizó Sánchez sobre la reciente fusión de Bankia con Banco Mare Nostrum (BMN).

Denunció además que la asociación de inspectores no tiene ninguna constancia de que se hubiera hecho ningún informe de fusión que pudiera identificar determinadas debilidades. Algo muy arriesgado, teniendo en cuenta que hablamos de dos entidades rescatadas y que siguen teniendo unos balances lejos de estar totalmente saneados. 

También hubo subprime españolas

La exigencia de una garantía o aval fue algo que se normalizó en los años de la burbuja inmobiliaria y que corresponde a la lógica de que el banco pueda recuperar lo prestado mediante el uso de ese bien como garantía. Pero lo que cambió totalmente y provocó la grave crisis hipotecaria, según el empleado del BdE, fue la prioridad de valorar esa garantía en vez de la capacidad de pagar las letras de los préstamos por parte de los clientes de la banca: “Las entidades financieras tienen que estudiar la capacidad de devolución de los deudores y nunca tener en cuenta la garantía del préstamo. Es una pésima praxis bancaria el conceder préstamos sin atender a si lo puede devolver, sino solo a la garantía”.

Según Mayoral, los dos comparecientes “vinieron a reconocer de una manera implícita que existían hipotecas subprime en España, en la medida en que no se garantizaba la capacidad de devolución”, además el diputado cree que ese método impulsó la burbuja inmobiliaria ya que “ esa garantía –los pisos–, era lo que determinaba el dinero que se prestaba y por lo tanto empujaban hacia arriba las tasaciones y las valoraciones de esos inmuebles, que alimentaba mucho más la burbuja inmobiliaria”. 

No solo 40.000 millones

Otro de los factores importantes en los que el presidente de la asociación de inspectores mostró su desacuerdo ha sido la cifra anunciada por la dirección del BdE sobre el montante total del rescate bancario. Sánchez acusó a las instituciones de control españolas y al Gobierno de incluir solo las ayudas directas de capital, pero que haber dejado fuera en sus cálculos las ayudas indirectas como los activos fiscales diferidos (DTA).

Pero el inspector fue más allá al remarcar que nunca se valora ni contabiliza "la pérdida de miles de empresas, sobre todo pymes, que tuvieron que cerrar porque, aunque eran rentables, vieron como las líneas de crédito imprescindibles para su tesorería se cortaban”.

A estos costes, Sánchez quiso también incluir los costes de los 72.000 puestos de trabajo directos que han desaparecido en la banca mediante despidos y ERE. Empleos que, según declaró, eran rentas medianamente altas y que por lo tanto suponían una fuente de ingresos importante para la Hacienda pública y que pasaron a necesitar prestación por desempleo, que acaba saliendo también del bolsillo del contribuyente.