Crímenes del franquismo
La vida secreta de los chacales. Farsa y ocultación de las biografías de torturadores

Junto a los servicios de inteligencia militar, la policía fue una herramienta calibrada por la dictadura franquista para combatir la subversión. La unidad especializada en esta tarea ostentó un nombre que adquiriría resonancias siniestras entre la oposición de cualquier tendencia ideológica: la Brigada Político Social (BPS).

Sus orígenes se remontaban a la División de Investigación Social creada en 1926, bajo la dictadura de Primo de Rivera, por iniciativa del director general de Seguridad, Severiano Martínez Anido. Dedicada a perseguir los denominados “delitos sociales” —huelgas, alteraciones de orden público—, la 'Social' se nutrió durante ese periodo inicial de agentes que obtuvieron plaza por oposición y de curtidos policías formados en la ley de las calles, especialmente la promoción de 1921, conocidos como 'los Pichis'. Tanto unos como otros, 'pichis' y funcionarios, quedaron incrustados en el aparato policial que heredó la República.

Sabuesos de la monarquía habían sido Eduardo Quintela Bóveda, de la promoción de 1917, y Pedro Polo Borreguero, de la de 1921. La pareja Quintela y Polo tuvo un recorrido vital y profesional casi plutarquiano. Ambos ingresaron por oposición en el Cuerpo de Investigación y Vigilancia en los últimos compases de la Restauración y el destino les unió en la convulsa Barcelona del pistolerismo, el sindicalismo amarillo y la “ley de fugas”, donde acrisolaron su carácter.

Polo fue el primero en ser adscrito a la División de Investigación Social, en septiembre de 1927. Quintela le siguió en enero de 1931. A pesar de sus servicios a la dictadura, la llegada de la República no les inquietó profesionalmente en lo más mínimo. Al contrario, en sus expedientes constan varias felicitaciones y recompensas recibidas por los servicios prestados, en el caso de Polo en enero de 1932 y febrero y octubre de 1933; y en el de Quintela, con el añadido del reconocimiento por padecimiento de lesiones en acto de servicio, en agosto y noviembre de 1933.

Ya por entonces quedó constancia de las correrías de Polo en tierras francesas en comisión de servicio. A finales de 1934, la Direction Générale de la Sûreté Nationale, en nombre del ministro del Interior, transmitió al Prefecto de Altos Pirineos una solicitud de la Embajada de España al Quai d´Orsay para que facilitase la labor del “señor Pedro Polo, funcionario de la Seguridad Nacional de Madrid que, encargado de la vigilancia de ciertos extremistas españoles residentes cerca de la frontera, debe desplazarse frecuentemente por varios de nuestros departamentos de la zona fronteriza”. Su misión consistió en “vigilar [a raíz de la sublevación del 6 de octubre de 1934] las actividades de los elementos antiespañoles refugiados en distintas poblaciones francesas, servicio que prestó por espacio de siete meses”. Por ello, fue recompensado con la Cruz de primera clase de la Orden del Mérito Militar con distintivo blanco, no pensionada, “en premio a la abnegación y patriotismo con que [cooperó] a la acción del Gobierno y del Ejército” el 16 de noviembre de 1935.

Quintela fue destinado en marzo de 1934 a la Delegación del Gobierno en Barcelona a petición propia. Estaba especializado en la persecución de los anarquistas y de las bandas de “expropiadores de bancos”. A lo largo de 1935, participó en el descubrimiento de depósitos de armas y explosivos y en la detención de militantes de la FAI acusados de su tenencia. Quintela fue mencionado en el Boletín Oficial de la DGS y obtuvo una recompensa de 250 pesetas. El 27 de mayo de 1935 fue requerido por el presidente del Tribunal de Garantías Constitucionales para que compareciera como testigo en el juicio oral contra Lluís Companys en la sede del Tribunal Supremo.

Estuvo a punto de ser designado comisario general bajo la intervención de la autonomía catalana, pero dimitió de su puesto cuando tomó posesión el gobierno encabezado por el centrista Portela Valladares, con quien no mantenía buenas relaciones. Fue destinado, forzoso, a Segovia y eso quizás le salvó la vida, pues de haber permanecido en Barcelona probablemente lo habría pasado muy mal tras el aplastamiento de la sublevación encabezada en aquella plaza por el general Goded. En la ciudad castellana, el golpe se impuso de inmediato y sin resistencia, y Quintela pasó a prestar servicio a las nuevas autoridades al mismo tiempo que en Barcelona se le cesaba por desafección.

El 20 de octubre fue reclamado por la Jefatura Superior de Policía de Valladolid para incorporarse en aquella ciudad a la “Sección de Servicios Especiales”, una unidad flotante que acudiría a prestar “la debida atención y desenvolvimiento a los numerosos servicios que de índole especial surgen de una manera continua en todas las capitales del Estado”. En noviembre efectuó una estancia “con personal de su grupo” en Salamanca. En febrero de 1937 fue felicitado “por la práctica de un importante servicio llevado a cabo en Valladolid […] que dio por resultado consolidar en grado importante la paz pública”.

Gracias a los estudios sobre la represión en la retaguardia, podemos imaginar qué siniestras realidades se encontraban tras estas expresiones eufemísticas. El 11 de abril estuvo durante cuatro días en Irún, en cuya Jefatura de Frontera campaba el conocido comandante Julián Troncoso, urdidor de operaciones terroristas en comandita con elementos de la extrema derecha francesa al otro lado del Bidasoa. El 15 de diciembre de 1938 fue felicitado por la recuperación de 5.417 monedas de oro por valor de más de medio millón de pesetas. El 16 de marzo de 1939, Quintela recibió, por fin, la comunicación de su traslado a la Barcelona “liberada”. Desde su deserción a la zona sublevada, su carrera iba como un cohete. Llegó a Segovia como agente de 1ª, ascendió a Inspector de 2ª el 14 de mayo de 1937 y fue designado Jefe de la BPS el 7 de septiembre de 1938.

La trayectoria de Polo Borreguero, una vez iniciada la guerra, fue más sinuosa y, en ocasiones, incierta. Desde el 2 de marzo de 1936 se encontraba destinado en la Delegación General de Orden Público en Cataluña. La primera noticia que se tuvo sobre él después del 19 de julio fue la de su traslado el 30 de septiembre al puesto fronterizo de La Junquera. No había que ser muy avispado para deducir que el salto al otro lado de la raya era cuestión de tiempo. El 12 de mayo de 1937, la Delegación del Gobierno de la República en Cataluña notificó la baja de Polo en el Cuerpo de Investigación y Vigilancia “por haber dejado de percibir sus haberes durante más de tres meses consecutivos”. En Perpignan se puso al servicio del Servicio de Información de Fronteras del Nordeste de España (SIFNE), el espionaje franquista, cuyos responsables informaron que el agente Polo Borreguero “viene prestando a esta organización muy valiosos servicios” siendo “uno de los mejores colaboradores que tiene”.

Sin embargo, no era oro todo lo que relucía y algunas denuncias le comprometían en asuntos muy turbios. En febrero de 1937 llegaron a poder de la Jefatura Superior de Policía de Valladolid varias notas en las que funcionarios huidos de la zona republicana acusaban al agente de 1ª clase Pedro Polo Borreguero y a otro agente de 2ª clase de haber prestado “servicio a las órdenes de los rojos en Barcelona en la Expedición de pasaportes, los que no facilitaban si no se efectuaba antes la entrega de una fuerte cantidad como precio del mismo. Una vez recibida la cantidad denunciaban al titular del pasaporte a los elementos de la FAI y estos al parecer los asesinaban”.

No habría pasado a Francia con las manos vacías. Según los denunciantes, todos los funcionarios de la oficina de pasaportes huyeron “llevándose según rumor público varios millones de pesetas que habían ido expoliando […] Hay la sospecha de que Polo participó en el reparto”. El SIFNE corrió en auxilio de su hombre. Un informe remitido a Salamanca le avaló incondicionalmente: “Todos los informes recogidos sobre [Polo] coinciden en que se trata de una buena persona, seria, que cumple fielmente y con gran discreción su cometido”.

No obstante, la Jefatura Superior de Policía le abrió un expediente de depuración con fecha 5 de abril de 1937. Cuando Polo decidió poner fin a su estancia en Francia, entregándose en Irún el 4 de febrero de 1938, fue ingresado en el Depósito Municipal y puesto a disposición del comisario general de Seguridad Interior. Trasladado a Valladolid en calidad de detenido, sus contactos se movieron para conseguir su exoneración. El 3 de septiembre, en virtud de un dictamen emitido por el abogado del Estado asesor jurídico del Ministerio de Orden Público, se acordara “el reingreso con carácter provisional […] en el Cuerpo al que pertenece, hasta tanto que sea liberada Barcelona y puedan aportarse pruebas definitivas sobre la actuación del interesado”. El 10 de febrero de 1940, el director general de Seguridad, a propuesta del ministro de la Gobernación, dio por cerrado el expediente con pronunciamiento favorable. El 3 de mayo, Polo llegó a Barcelona como agente de la policía política. Se lanzó a una febril actividad que le aparejó distintas menciones y recompensas. Durante el siguiente lustro, ejercitó sus competencias en la represión de los medios políticos que tan bien conocía con empeño y entrega.

El 5 de julio de 1942, una nota de la sección de personal de la DGS recogía la felicitación a Polo y otro agente por “lograr descubrir y detener a varios individuos que pretendían reconstituir entidades de tipo extremista mediante aportación de fondos obtenidos con diversos subterfugios”. Las cotizaciones se recaudaban mediante la compra de unas estampitas que representaban un Cristo con el pie de texto “Sagrado Redentor Ilumínanos”, que encubría las iniciales del Socorro Rojo Internacional (SRI). El núcleo de dirección estaba integrado por Ramón Oró, Vicente Peñarroya, Luis Fernández 'Roca' y Angela Santamaria. El primero en caer fue Oró, junto a otros veinticinco militantes de Lérida y Reus. Durante el verano cayeron otros quince. En octubre, el ciclo se cerraría con la detención, a tiro limpio, de Vicente Peñarroya, en cuyo apresamiento tuvo un papel estelar Polo, que recibió un balazo en el muslo derecho.

El brillante servicio le supuso una felicitación, una recompensa de 2.000 pesetas y un intrincado duelo burocrático con la Abogacía del Estado para que se le abonasen los gastos médicos y el destrozo del traje. El expediente tuvo un desenlace dramático para dos de los detenidos: el secretario de organización, Luis Fernández 'Roca', atropellado por un tranvía cuando intentaba huir de los agentes de la BPS, y el secretario general de la JSU de Cataluña, Josep Fornells, que murió tras ser torturado durante tres días en Vía Layetana.

En diciembre de 1950, la Dirección General de Seguridad felicitó públicamente a Polo por su buen hacer en Francia y le concedió un premio de 3.000 pesetas, a sumar a las 1.000 con que había sido gratificado el 2 de enero. Era la recompensa a la labor compartida con los Renseignements Généraux franceses en la desarticulación del aparato del PCE en aquel país. Un rubro más en su hoja de servicios tachonada, como la de otros funcionarios, de gratificaciones económicas que enmascaraban la garrula cicatería con que la dictadura remuneraba a sus más leales servidores.

La cortedad de los estipendios de la policía siguió siendo una constante durante años. Todavía en 1965 una nota informativa confidencial sobre el ambiente que reinaba entre la Policía Armada de Madrid expuso que la situación de práctico servicio continuo a la que estaban sometidas las dos banderas de los “grises” asignadas a toda la provincia para atender a la represión de las continuas movilizaciones estudiantiles estaba ocasionando a sus miembros “un grave trastorno de tipo económico ya que dada la modestia de los sueldos de la Policía Armada, casi todos ellos, por no decir todos, tienen un trabajo u ocupación complementaria en sus horas libres, trabajo que no pueden desarrollar mientras duran estas circunstancias y que, dado el tiempo sin poder hacerlo, los está poniendo en una situación económica muy difícil”.

El pluriempleo era una tendencia que recorría todas las escalas del Cuerpo, de abajo a arriba. Alguien tan alejado de las humanas estrecheces de un modesto agente como el inspector jefe agregado a los servicios de inteligencia Antonio López Moreno —soltero y sin cargas familiares— percibía el 42% de su nómina en gratificaciones extraordinarias y, por lo tanto, inciertas, lo que le llevó en 1960 a solicitar la compatibilidad para ocupar un empleo en la Junta de Tasas de Barcelona. Ello le supuso unos ingresos adicionales de 21.000 pesetas —la quinta parte de sus haberes anuales— por redactar los considerandos en los expedientes. Si el trabajo no era extenuante, el horario tampoco: dos horas diarias, a elegir entre las 9 y las 13h. y la posibilidad de hacerlo desde casa.

El comisario Polo, que actuaba, como los demás, espoleado por el vivificante estímulo de las recompensas, vio reconocida su contribución “al mantenimiento del orden público y paz social” con la percepción, de una tacada, de una cantidad equivalente a la cuarta parte de su sueldo anual como comisario de 3ª clase, 12.500 pesetas. Miguel Núñez, miembro del Comité Central del PSUC, tenía razón en aquel pulso dialéctico desigual que mantuvo en abril de 1958 con su torturador en Vía Layetana. 

"Antonio Juan Creix: “Y tú, ¿cuánto ganas como policía?”. Como es lógico, Creix, sorprendido e indignado, me golpeaba gritando: “¿Qué te pasa? ¿Estás loco?” Yo, aferrado a mi postura, repetía: “Pero tú, ¿cuánto ganas?” La escena se repitió varias veces, y los golpes se multiplicaban. Al fin, adoptando un aire matón, gritó: “No entiendo a dónde quieres ir a parar. Pero esto no va a continuar así, te lo aseguro”, añadiendo: “Gano 40.000 pesetas, ¿qué pasa?” Creo que mi respuesta fue mi primera victoria en Jefatura: “¿Sabes lo que ha ganado este año el Banco de Bilbao? Te pagan una miseria por lo que haces”. Ciento setenta y siete detenidos y deportados y la organización del PCE en Francia puesta fuera de combate valían, efectivamente, mucho más que eso".