El PP de Botella amañaba las auditorías de la M-30 para beneficiar a ACS y Ferrovial

La construcción de la mayor obra civil del Estado español, el soterramiento y ampliación de la M-30, está llena de sombras e irregularidades. Pero el mantenimiento posterior a la construcción tampoco se libra de sospechas. Pruebas y documentos obtenidos por El Salto demuestran que las auditorías encargadas de controlar el correcto mantenimiento de la circunvalación principal de Madrid estaban amañadas en favor de la empresa privada que ganó el concurso.

El megaproyecto inicial de la M-30 tenía la intención de ser completamente municipal. Pero la negativa por parte de la Unión Europea a financiar la obra, debido a que no se realizaron los pertinentes estudios de impacto medioambiental, sumado a los elevados costes de ejecución de un proyecto de tal envergadura, fueron la excusa perfecta para que el Ayuntamiento de Madrid, gobernado en aquel entonces por el Partido Popular de Alberto Ruiz Gallardón, creara una sociedad de gestión mixta pública-privada: Madrid Calle 30 (MC30).

La empresa mixta se creó con dos objetivos. Por un lado ejecutar la obra y, por otro lado, el mantenimiento, explotación y conservación de la vía y los espacios de su entorno. Al concurso, no libre de sospechas administrativas, se presentaron cuatro empresas. Empresa de Mantenimiento y Explotación de la M-30 S.A. (EMESA), una UTE participada por Ferrovial, Dragados y API (estas dos últimas del Grupo ACS de Florentino Pérez) fue la adjudicataria del proyecto en una ajustada valoración. 

La oferta económica obtuvo la tercera peor puntuación en el análisis financiero, calculado mediante fórmulas fijas para todas las ofertas. Pero la parte técnica, que está supeditada a la interpretación de los técnicos del Ayuntamiento y su valoración, consiguió una valoración tan positiva que le dio la millonaria adjudicación a EMESA por un ajustado margen de diez puntos sobre 1.000. La Comisión de investigación de MC30, que ayer 12 de septiembre, celebró su tercera sesión, ha descubierto, entre otras irregularidades, que el Plan General de Medioambiente de la oferta técnica de EMESA obtuvo 22 puntos, cuando la valoración máxima era de 20. 

El sistema de liquidación de pagos por el Ayuntamiento a MC30, y por ésta a EMESA, venía supeditado a unos informes de valoración de cumplimiento de un sistema de 440 indicadores de buen funcionamiento del mantenimiento de la vía. Entre estos indicadores se encuentran algunos como el buen funcionamiento de los sistemas de seguridad contra incendios, los tiempos de reacción de los servicios de emergencia, el número de bomberos que debe haber en cada una de las 4 bases de emergencia o el estado de la calzada en las carreteras y túneles de toda la circunvalación. 

Los resultados de las auditorías, expresados en porcentajes de incumplimiento de los pliegos técnicos del contrato, determinan la deducción en el pago del Ayuntamiento a la empresa mixta y de esta a EMESA. Ese porcentaje se aplica a la parte variable de pago a EMESA -otra parte fija nunca se toca-, y se compara con la factura total que se le paga a la empresa privada. De tal forma que, si ese porcentaje de incumplimiento es menor al 5%, la deducción del cobro por sanción recae sobre la parte pública, sin afectar a la cantidad que recibe la empresa privada. Si el porcentaje se encuentra entre el 5 y el 10%, la reducción en el cobro se reparte a partes iguales entre la empresa pública y la privada. Si supera el 10%, la sanción repercute directamente al cobro de EMESA como responsable de ese mantenimiento. 

Las 22 auditorías semestrales realizadas hasta el momento, han dado, en su inmensa mayoría, porcentajes de incumplimiento inferiores al 5%, lo que implica que la empresa privada ha seguido cobrando el 100% de lo estipulado en el contrato como parte variable, más la parte fija. Esto podría ser señal de que el servicio de mantenimiento ha sido casi perfecto en estos 11 años, pero los emails y documentos obtenidos y publicados por El Salto demuestran que EMESA tiene diferentes herramientas para obtener esas puntuaciones casi perfectas en las auditorías y ahorrar millones de euros, en detrimento de la administración pública.

Los tramos que serán auditados son… 

Aunque la empresa mixta depende directamente de la concejalía de Movilidad, ahora fusionada con Medioambiente, la ejecución y control del contrato es responsabilidad del área de Urbanismo. Esta concejalía es la encargada de señalar a la empresa auditora, anteriormente Typsa y desde 2012 responsabilidad de Acciona, los tramos de vía, túnel y otros indicadores que deberá auditar. La comunicación a MC30 se debe hacer 24 horas antes y de manera formal, pero en los emails publicados por este diario digital podemos ver cómo trabajadores de la empresa mixta conocían los tramos que iban a ser auditados con semanas de antelación, gracias a correos enviados desde personal del mismo ayuntamiento.

En un email del 12 de noviembre de 2012, un empleado de la Dirección General de Vías y Espacios Públicos del Ayuntamiento de Madrid, envía una relación de tramos de vía y de túneles a un responsable de explotación y obra civil de MC30. Al final del correo se puede leer cómo el empleado del Ayuntamiento pide que se revisen con EMESA, la empresa privada. A continuación, el responsable reenvió el email a varios técnicos de EMESA y en el siguiente, uno de ellos, lo volvió a reenviar pidiendo que se revisasen esos tramos para ver si había algún problema con los tramos que iban a ser auditados.

El 19 de noviembre, una semana más tarde, el técnico del Ayuntamiento envió una nueva relación de tramos “después de la revisión” al mismo responsable de explotación. En esta ocasión, el email lleva en copia a tres empleados de Acciona, la empresa auditora en esa fecha. El responsable remitió a continuación el email del técnico del Ayuntamiento a otros responsables y técnicos de EMESA. La auditoría se realizó los días 27, 28 y 29 de noviembre de 2012 con unos resultados cercanos al 100% del cumplimiento por parte de la empresa. Dos semanas después del primer email.

El 30 de mayo de 2013, el mismo técnico municipal, envió la nueva relación de tramos a auditar, dando la posibilidad al responsable de EMESA de hacer alegaciones a esta lista. La auditoría de esos tramos exactos se realizó el 18 y 19 de junio, dos semanas más tarde del aviso, con resultados igual de perfectos que en las auditorías anteriores.

El 19 de mayo de 2014, el técnico volvió a enviar los tramos que fueron auditados a partir del 3 de junio, unas dos semanas más tarde. En esta ocasión, el responsable de EMESA, contesta al técnico indicando que les parecen correctos salvo por un trayecto, el cual pide que se cambie, mostrando la buena relación entre el técnico y la empresa a la que debía auditar, a la hora de fijar los términos de la auditoría, que más tarde dará como resultado la cantidad de dinero público que se le pagará a la empresa EMESA. Una semana más tarde, el responsable de EMESA reenvía el listado a sus compañeros.

Las incidencias en el año 2099 que se escapan a la auditoría

Santiago Vilariño, responsable de seguridad de los túneles de la M-30, declaró ayer en la tercera sesión de la Comisión de investigación de la M-30, que los sistemas de auditoría de incidencias y reparaciones “no son eficaces, ya que el 99% de la información la entrega EMESA a los auditores”. Otra de las técnicas utilizadas por EMESA para sacar una buena nota asegurada en las auditorías era tan fácil como rellenar el campo de un formulario, antes de entregar esa información a la que se refería Vilariño a la empresa auditora.

El sistema de gestión en el que se introducen todos los datos y variables sobre los indicadores de funcionamiento, como por ejemplo el porcentaje de tiempo que han estado todos los sistemas funcionando o el tiempo que han tardado en llegar a una incidencia los servicios pertinentes, se vuelcan en dos programas informáticos de gestión. Uno está vinculada al mantenimiento y otro a la gestión de incidencias.

Según la información a la que ha tenido acceso El Salto, esas plataformas de gestión son totalmente editables. Un operario puede abrir y cerrar la incidencia cuando quiera, así como marcar la fecha de la necesidad del mantenimiento. De ese modo, si se pretende auditar un tipo de incidencias en un tramo de tiempo determinado, EMESA solo tenía que editar la fecha de la incidencia a una fecha futura antes de dar la información y documentación solicitada a la empresa auditora.

Como podemos ver en uno de las imágenes a la que ha tenido acceso El Salto, en esta plataforma de incidencias se pueden encontrar incidencias que fueron editadas para que en el sistema consten como incidencias con fecha del año 2099.

Los mantenimientos "curativos"

Los pliegos del contrato de la adjudicación contemplaban dos tipos de mantenimiento, preventivo y correctivo. El primero engloba las reparaciones y actuaciones de mantenimiento y realizadas para prevenir futuros desperfectos. El correctivo, recoge las necesidades de reparaciones de incidencias o desperfectos una vez han ocurrido.

Pero EMESA, de una manera totalmente ajena a lo que dice el contrato y los pliegos de la adjudicación, ha inventado una nueva modalidad: el mantenimiento curativo. De ese modo, las tareas y las acciones de mantenimiento correctivo que no puedan ser acometidas en los tiempos estipulados, son pasadas a mantenimiento curativo. Con esta estrategia, la empresa ahorra millones en sueldos de operarios al no tener la necesidad de cubrir las exigencias de mantenimiento correctivo del contrato. Cuando la empresa auditora exige a EMESA las acciones de mantenimiento preventivo y correctivo, tal y como marca el contrato de auditoría, las acciones trasladadas al mantenimiento curativo quedan fuera del alcance de la auditoría, dando, nuevamente, porcentajes de cumplimiento cercanos al 100%.

En el siguiente documento, al que ha tenido acceso El Salto, se puede observar cómo, en solo un día de marzo de este año, fueron decenas las acciones de mantenimiento clasificadas bajo este tipo de mantenimiento.