Corrupción
La exalcaldesa de Alpedrete, del PP, condenada a siete años de inhabilitación por prevaricación administrativa

Con esta resolución judicial, María Casado Nieto, del Partido Popular, se verá obligada a abandonar todos los cargos públicos que ostenta y queda en suspenso si decidirá poner fin a su extensa carrera política.

Alpedrete
El festival IlustrAlpedrete, celebrado a finales de septiembre. Foto: Ayuntamiento de Alpedrete.
31 oct 2018 18:00

Quien fuera alcaldesa de Alpedrete por el Partido Popular (PP) durante 12 años y actual concejal por la oposición y asesora de la Viceconsejería de Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad de Madrid, María Casado Nieto, ha sido condenada por la Audiencia Provincial de Madrid “a siete años de inhabilitación para el ejercicio de empleo o cargo público” por considerarla autora de un delito de “prevaricación administrativa”.

Con esta sentencia en firme queda revocada la absolución que el 15 de diciembre de 2017 había dictado el Juzgado de lo Penal número 3 de Madrid, y como “no cabe interposición de recurso”, la concejal popular se verá obligada a dejar las funciones que ocupa en la actualidad.

“Condenamos a la acusada, María Casado Nieto, como autora de un delito de prevaricación administrativa, del artículo 404 del Código Penal, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de responsabilidad criminal, a la pena de siete años de inhabilitación para el ejercicio de empleo o cargo público, con expresa imposición de las costas causadas, excepto las que haya podido devengar la acción popular”, dice la sentencia de la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid en su resolución fechada el 30 de octubre.

La sentencia remite a una demanda presentada hace ocho años, en 2010, en respuesta a la contratación laboral de dos personas por un trabajo de seis meses como peones en el Departamento de Obras de la localidad, según cuenta a El Salto la secretaria general de la Sección Sindical de Comisiones Obreras (CC OO) en el Ayuntamiento de Alpedrete, Montserrat Gomis.

“Entonces contrataron a dos personas, como se suele decir, a dedo, sin dar la oportunidad a otras que también necesitaran ese trabajo a tener la posibilidad de acceder a ese empleo público en condiciones de mérito y capacidad”, recuerda Gomis, cuyo sindicato fue el responsable de la interposición de la querella.

Uno de los contratados, además, era familiar de la ahora condenada. “Era un primo de la alcaldesa, e incluso ambas personas en algún momento ya habían trabajado en el Ayuntamiento. Pero, aunque hubieran trabajado, siempre tiene que hacerse ese proceso selectivo para dar seguridad de que todo el mundo puede acceder al empleo público. No puedes contratar a quien quieras y cuando quieras, por eso lo denunciamos, no por el vínculo. Era una contratación de seis meses, pero da igual que fuera para seis meses o para toda la vida, que contraten a dos o a cien personas, el hecho es hacer algo a sabiendas de que está mal”, afirma la representante de CC OO.

El agravante, en este caso, es que un informe de Secretaría del Ayuntamiento advertía de que estaba llevándose a cabo una contratación fuera del procedimiento reglamentario. Pese a ello, María Casado Nieto decidió seguir adelante.

“Había un informe negativo, ella firmó conforme de que lo había recibido, de que era consciente de ello, y aun así contrató a estas dos personas, por eso la prevaricación, porque era consciente de que estaba dictando una resolución a sabiendas de ir contra del ordenamiento jurídico laboral”, enfatiza Gomis.

En esa ocasión la entonces alcaldesa habría argumentado que se trataba de sustituciones con carácter de urgencia e inaplazables. “En realidad era por la jubilación y las vacaciones de unos compañeros. Desde hacía tiempo se sabía que en verano hay que sustituir por vacaciones y cuando un compañero se jubila, se sabe con antelación. No es algo sobrevenido, se sabe con tiempo”, desmintió la representante sindical.

Ocho años de espera

La causa, iniciada hace ocho años, ha llegado a su fin con sentencia condenatoria firme contra la que no cabe interposición de recurso. “Lo denunciamos y ha tenido todo el recorrido de estos ocho años desde la instrucción. Luego pasó a lo penal, y aunque en un principio se estimó que no había delito, apelamos y ahora la Audiencia Provincial en base a la documentación que siempre hemos presentado, muy decisivas y con mucha carga probatoria de que esto se hizo así, pues al final ha fallado una condena de siete años de inhabilitación para todo cargo público, por prevaricación administrativa”, afirma Gomis, destacando la importancia de una resolución condenatoria de este tipo, por la dificultad que implican.

“Es un éxito porque es muy difícil que los Juzgados vean la prevaricación administrativa, parece incluso que para la sociedad y para todo el mundo es algo menor. Pero estamos hablando de que el derecho que tenemos todos al empleo público no se puede coartar y no puede hacerse de forma caprichosa. Hay mucho paro, hay mucha gente que quiere trabajar en la administración, que se preparan para ello y ven cómo no pueden acceder porque entra gente a dedo, y eso hay que pararlo”, sentencia la representante de Comisiones Obreras.

Dos décadas en cargos públicos y defendida por Cifuentes

María Casado Nieto, conocida como “Marisol” entre las vecinas y vecinos del pueblo, es una histórica referente del Partido Popular en esta localidad de la sierra norte de Madrid. Según describe su biografía en la Web del Ayuntamiento de Alpedrete, ha sido empresaria desde 1992 y desde el año 1995 ocupa cargos en el Ayuntamiento. “En 1995 me incorporé al Ayuntamiento de Alpedrete como concejal del equipo de gobierno del Partido Popular, y desde entonces compaginé mi vida política con la laboral. Durante los siguientes cuatro años (1999 a 2003) fui concejal de la oposición y portavoz del Grupo Municipal Partido Popular. Desde junio de 2003 a junio de 2015 he sido alcaldesa de Alpedrete con dedicación exclusiva, siendo actualmente la portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular (cargo que he vuelto a compaginar con mi trabajo)”, detalla.

En la actualidad, Marisol Casado Nieto compagina sus funciones de concejala con la de asesora en la Viceconsejería de Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad de Madrid, cargo por el que, según el portal de transparencia de la Comunidad, percibe un sueldo anual de 53.640,16 euros y que se verá obligada a dejar a partir de esta sentencia judicial que no admite recurso.

El 20 de septiembre de 2017 la diputada del Grupo Parlamentario de Podemos por la Comunidad de Madrid, María Espinosa de la Llave, preguntó a la entonces presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, si se planteaba cesar a María Casado, tras la apertura de juicio oral contra ella. La respuesta, según consigna el portal El Boletin fue escueta y contundente. “No se plantea el cese”, contestó.

Con esta resolución judicial, María Casado Nieto se verá obligada a abandonar todos los cargos públicos que ostenta y queda en suspenso si decidirá poner fin a su extensa carrera política. “Esta sentencia en ese sentido es un éxito y creo que es una lección para todos los cargos públicos”, finaliza la representante del sindicato CC OO, Montserrat Gomis, no sin antes recordar aquella frase que en enero de 2013 en la apertura de la Vigésima Intermunicipal Popular pronunció María Dolores de Cospedal: “En el PP quien las hace las paga”.

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#25378
1/11/2018 15:42

Hola gracias por vuestra fuerza en cambiar el mundo pero os pido favor que habláis un poco sober el racismo que esta en España que esta demasiado y sobre la generación la que viene no quiero que sufren los mismos que nosotros racismo discriminación y diferencias entre color y raíces os pido por favor habláis de esto porque esta demasiado grande otra gente también trabaja aquí cotiza aquí se levanta diariamente a levantar este país para sufrir esto..... Gracias

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#25372
1/11/2018 13:18

Tampoco me parece como para portada

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#25356
1/11/2018 2:38

La noticia está muy bien, y es de celebrar, pero ¿por qué ponéis banners de El Salto si "en esta web no verás publicidad de bancos que #ni de empresas que violan los derechos humanos, sociales, laborales o ambientales#"?

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