Joan Llinares: “No se legisla contra la corrupción porque gran parte del dinero negro que fluye se beneficia de ello”

El abogado que resultó clave para destapar el Caso Palau resalta el inmovilismo todavía existente a la hora de legislar contra la corrupción. También incide en la necesidad de proteger a las personas denunciantes; la Agencia Valenciana Antifraude que dirige desde mediados del 2017 es el único organismo del Estado español que recoge la protección de whistleblowers entre sus competencias.

Joan Llinares
Joan Llinares durante su intervención en la charla 'La zona oscura de las privatizaciones', organizada por la Plataforma de la Remunicipalización de los SS.PP. de Madrid (foto cedida)

publicado
2018-11-06 07:00:00

Cuando se creó la Agencia Valenciana Antifraude y hubo que elegir quien la encabezara, Joan Llinares Gómez (Alzira, València, 1953) se posicionó como favorito. Propuesta por varias organizaciones sociales, su candidatura en Les Corts no recibió ningún voto en contra, aunque sí la abstención del PP. Dentro de la dilatada trayectoria de Llinares en la lucha contra la corrupción, destaca el trabajo que le hizo ganarse el sobrenombre de “el hombre que destapó el caso Palau”, pues su intervención resultó decisiva para documentar las irregularidades de la institución catalana tras el escándalo y la destitución de Fèlix Millet en 2009.

Llinares enfoca ahora sus esfuerzos en luchar contra el fraude no sólo a través de la acción —gestionando las cada vez más numerosas denuncias que recibe la Agencia— sino también mediante la prevención formando, informando y garantizando —también jurídicamente— la protección de las personas denunciantes.

¿Cómo valora el año y medio de funcionamiento de la Agencia que dirige?
La Agencia Valenciana Antifraude tiene un ámbito de actuación enorme ya que cubre todas las instituciones públicas valencianas. Vamos completando su estructura a la vez que atendemos las cuestiones fundamentales: la prevención y la lucha contra la corrupción. Dentro de la prevención hacemos especial énfasis en la formación a funcionarios y personal del sector público. La corrupción es un riesgo que es permanente: no conocemos los mecanismos por los que una persona termina haciéndose corrupta, así que se precisa una serie de compromisos de naturaleza ética y de buenas prácticas. En cuanto a la parte de lucha contra la corrupción, en este momento atendemos las denuncias que nos llegan porque, aunque nos gustaría actuar de oficio, todavía no damos a basto.

Recibís un gran número de denuncias y la Agencia todavía no la conforman ni las 30 personas que inicialmente se consideraron necesarias para su funcionamiento... ¿Cómo priorizáis?
En principio usamos el criterio de llegada, pero luego también se pondera la gravedad de la denuncia y la posibilidad de pérdida de pruebas.  Las denuncias llegan por diferentes vías: escritas, presenciales y a través del buzón que habilitamos en la web. Más o menos la mitad de las personas utiliza el sistema de anonimato total que garantizamos. 

Cabe mencionar que la Agencia Antifraude tiene una función importantísima que en estos momentos sólo ejercemos en el organismo valenciano: la protección de los denunciantes. Ninguna otra entidad similar que exista en el Estado español tiene esta competencia. La ley que creó la agencia incluye un estatuto de protección de la persona denunciante (física o jurídica) para impedir que su vida personal o profesional pueda sufrir consecuencias por activar investigaciones relacionadas con la corrupción.

"Ninguna entidad del Estado que no sea la Agencia Valenciana Antifraude tiene un estatuto de protección del denunciante"

Esta protección, ¿es siempre efectiva?
En las 18 aplicaciones que hemos hecho hasta el momento está siendo efectiva. Es que si alguien no cumple con el marco de protección de una persona que ha recibido el estatus de denunciante, se arriesga a un expediente sancionador con multas que pueden llegar hasta 400.000 euros. Creo que esto puede ayudar a pensar que tal vez no valga la pena intentar fastidiarle la vida al denunciante.

Precisamente este régimen sancionador fue uno de los aspectos que podrían verse modificados con la nueva ley valenciana de Inspección General de Servicios que crearía el Sistema de Alertas Tempranas de Anticorrupción (Satán). Según la prensa, se han admitido vuestras demandas, pero el texto definitivo no está accesible en ningún lado para comprobarlo...
No lo hemos visto nadie. 
Yo confío en lo que nos transmitieron de que esa ley finalmente remitiría al texto de la Agencia en cuanto a la protección de denunciantes. Pero no estoy en el debate legislativo, así que no conozco el texto definitivo. Cuando se publique podremos estar tranquilos, mientras tanto nos genera mucha intranquilidad la incongruencia de que se pudieran crear dos regímenes diferenciados, uno completamente fallido y el otro un completo engaño.

Tenemos una ley muy reciente —la de la Agencia— que crea el estatuto de protección del denunciante, ¿qué hace otra ley creando el mismo estatuto pero rebajando sus condiciones? Ante una denuncia y una vez comprobados los hechos, en la Agencia asumimos la denuncia y preservamos la identidad de la persona denunciante por encima de cualquier cosa. Mucho mejor gestionarlo de manera preventiva que con sanciones posteriores.

La nueva Ley de Servicios venía a decir todo lo contrario: preservaba la confidencialidad siempre y cuando el denunciado no exigiera saber quién es el denunciante. Y a continuación decía: "Se comunicará los datos de la persona denunciante a no ser que prefiera retirar la denuncia". No se puede regir dos veces lo mismo diciendo cosas contrarias. Desde el punto de vista jurídico es una aberración como una casa.

"La nueva Ley de Servicios decía todo lo contrario sobre protección del denunciante de lo que recoge ahora el estatuto de la Agencia. Jurídicamente es una aberración como una casa"

Ha mencionado la ley que creaba la Agencia. A la hora de votarla, el PP se abstuvo porque "incurría en causas de inconstitucionalidad".
Hay un planteamiento que aparece con una cierta frecuencia que es si las agencias no vienen a ocupar competencias de otros órganos. Esto se resolvió hace tiempo, desde hace años en Europa conviven agencias con otros órganos de control y tribunales. Tenemos funciones propias y diferentes. De hecho, desde el año 2003 que España suscribió la Convención Internacional de Naciones Unidas contra la Corrupción, tiene la obligación de haber creado estas estructuras como han hecho Italia, Francia o más de 100 países del mundo. Pero en España no existe lo que sería la Agencia contra la Corrupción a nivel estatal. 

¿Y no os consta ninguna intención manifiesta por parte del nuevo Gobierno?
De intenciones no me gusta hablar, me gusta hablar de hechos, y los hechos están ahí. En España esto no se ha legislado, se está legislando en los parlamentos autonómicos con todos los problemas de los que estamos hablando, de que se aprueba una ley pero parece que luego no se la creen, se intentan modificar cosas bajo manga… Cuestiones sorprendentes como esto que hemos visto en la Ley de Inspección valenciana.

"No me gusta hablar de intenciones del Gobierno sino de hechos, y los hechos son que todavía no se ha legislado una estructura contra la corrupción"
Desconozco si es normal, pero en el caso de la Agencia Valenciana Antifraude pasó más de medio año desde que se aprobó la ley que la regulaba hasta que se le nombró como director, requisito indispensable para que comenzara a funcionar. 
Sí, suele ser normal. La ley de la Agencia de Aragón es tan antigua como la valenciana y todavía no han elegido a la persona que la tiene que dirigir.

Pero entonces no funciona. 
No funciona. Sólo hay una ley. El Parlamento aprobó una ley que luego no ha puesto en marcha ningún organismo. También es muy propio de las cosas que nos pasan.

Volviendo al tema de las personas denunciantes, alguna vez ha mencionado que cuando se habla de casos de corrupción muy sonados, pocas veces se recuerda a esas personas que se jugaron su puesto de trabajo por denunciar estas prácticas.
Dentro de nuestras actividades está precisamente hablar de estos hechos como reproche de que hayan ocurrido y recordatorio de que no deben ocurrir nunca más. Hemos proyectado en varias ciudades el documental Corrupción: el organismo nocivo, un trabajo que recopila casos sonados y testimonios de personas que se lo jugaron todo al denunciar. Es una reivindicación de la valentía de la gente que se enfrenta a la corrupción y un llamamiento a que los demás actúen así. 

¿Cree que si se le da más visibilidad a las personas denunciantes habrá más denuncias?
Yo pienso que sí. Si fuera un documental que no se limitara a nuestras actividades, sino que se proyectara por la televisión, el impacto sería mucho mayor y ayudaría a que la gente entendiera que detrás de casos muy sonados había personas corruptas, pero también personas que se opusieron a la corrupción. Al final todo es un factor humano: factor humano valiente o sano y factor humano corrupto. Pero todo se mueve entre personas. Y la gente debe conocer el daño que produce la corrupción. 

"Detrás de los casos de corrupción hay personas corruptas, pero también están las que se opusieron a la corrupción. Al final todo se reduce a un factor humano"
En alguna entrevista se ha mostrado usted contrario a la prescripción de delitos por corrupción.
Sí, al menos en plazos cortos.Muchos de los casos de corrupción se destapan cuando cae el poder político o cuando los corruptos intentan invertir las ganancias obtenidas con la corrupción; el tiempo transcurrido entonces puede ser de muchos años. Si la prescripción se sigue moviendo en estos términos tan cortos, una gran parte de la corrupción queda impune, y eso es lo que la sociedad siempre ha criticado; el “es que no les va a pasar nada” y el “cuando los pillen no van a devolver el dinero”.

Ésos son los grandes hándicap de la corrupción. El plazo de prescripción debe ser más largo, para que se les pueda coger, y la capacidad de recuperar los activos saqueados ha de ser mucho mayor. En nuestro sistema jurídico las dudas sobre el enriquecimiento de una persona sólo se despejan pudiendo probar que ese enriquecimiento parte del delito —lo cual a veces es prácticamente imposible—, mientras que la Convención Internacional contra la Corrupción dice que aquella persona que ha obtenido un enriquecimiento ha de poder demostrar que ha sido lícito. Hay una gran diferencia entre ambas cosas, y no se resuelve porque tenemos fallos en nuestro sistema a pesar de que España suscribió esta convención y tendría que haberlo introducido en su ordenamiento jurídico hace años. 

"Si la prescripción de delitos por corrupción se sigue moviendo en términos tan cortos, una gran parte de la corrupción queda impune"
¿Y a qué se debe la tardanza?
La tardanza cuando alguien no quiere tomar medidas contra la corrupción se debe a que no quiere tomar medidas contra la corrupción. Está muy a la vista. Cada dos por tres están modificando el Código Penal; pues oiga, introduzca esto, que España aprobó la Convención en 2006. Modifique el Código Penal, la ley de enjuiciamiento criminal y los enriquecimientos dudosos; quien los haya recibido, que demuestren de dónde vienen. Cualquiera podemos demostrar con nuestras nóminas lo que tenemos. Si no se ha legislado esto es porque una buena parte del dinero negro que fluye —procedente de la corrupción o de cualquier otro comportamiento anómalo— se beneficia de que no se legisle.

Hace poco se puso en marcha el Sistema de Alertas Tempranas de Anticorrupción (Satán), que trabajó la Conselleria con la ayuda de Hervé Falciani, ¿hasta dónde llega el software?
Satán es un sistema de alertas de la Generalitat. Integra todos los sistemas de contabilidad de las Consellerias. Lo lleva la Conselleria de Transparència, pero cualquier Ayuntamiento podría establecerlo, de hecho Barcelona tiene un software similar —puede detectar el fraccionamiento de contratos, empresas que utilizan diferentes NIF pero son las mismas, contrataciones que no han seguido un procedimiento normal...— desde hace tiempo. Pero los casos que investigamos desde la Agencia son indetectables con estos sistemas. Satán no detecta, por ejemplo, una factura falsa o hinchada. 

¿Y en qué colabora Falciani con la Agencia? 
En un sistema de trazabilidad de la contratación pública que permite asegurarnos de que lo que dicen las facturas o lo que certifica una obra realmente se ha cumplido. Es una investigación muy compleja, estamos introduciendo un sistema de control muy novedoso a través de una tecnología concreta. Lo que se pretende es que los procesos que manejan el cumplimiento de la contratación pública no sólo queden registrado en el ámbito del contratista, sino de todos lo subcontratistas que intervienen en la cadena de creación del valor contratado. 

“El planteamiento es que la sociedad se tiene que armar éticamente; la educación no puede continuar centrada en que el dinero está por encima de cualquier cosa”. Es una frase suya, ¿puede ampliar esta reflexión?
En la corrupción, sobre todo en la institucional o económica de las administraciones públicas (sea política o funcionarial), lo que subyace en el trasfondo es la ausencia de valores éticos, de una arquitectura ética dentro de la propia administración. De esto no se ha preocupado nadie. Quienes hemos tenido que aprobar oposiciones para acceder a nuestro empleo público sabemos que en nuestros temarios extensísimos no había ni un solo tema dedicado a la ética pública ni al marco de integridad que debe regir la toma de decisiones… No había ninguna referencia porque no la ha habido en ningún ámbito de la sociedad.

"Nadie se ha preocupado de construir una arquitectura ética dentro de la administración. En los extensísimos temarios de oposiciones no hay ni un solo tema dedicado a la ética pública"

Constituir una serie de valores en el trabajo, respetar lo que es de todos, no robar aquello que tiene que ser destinado al beneficio público… Parece mentira, pero hay que estar repitiendo todo esto continuamente. La transparencia y la participación son necesarias, y tenemos unas leyes que las regulan pero no se acaban de cumplir ni de consolidar y parece que molesten cuando deberían ser bienvenida.

En el fondo esto es porque sigue resistiéndose la construcción de un cuadro de valores de integridad en la gestión pública. Los empleados públicos debemos seguir construyendo una estructura ética para que cada día sea más difícil que se produzcan conductas corruptas. Así conseguiremos estar en los estándares de países más avanzados, en los que sigue habiendo corrupción pero se la detecta mucho más rápidamente, hay un mayor rechazo por parte de la sociedad y se terminan convirtiendo en casos aislados... Que es como se ha terminado llamando aquí a la corrupción sistémica.

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