Gallardón niega haber cobrado comisiones en su declaración por el caso Lezo

El expresidente de la Comunidad de Madrid ha asegurado hoy como investigado en la trama de corrupción en torno al Canal de Isabel II que la compra de la empresa colombiana Inassa fue regular y positiva para la región.

gallardón
El expresidente autonómico madrileño, exministro de Justicia y fundador del PP, Alberto Ruiz Gallardón.

publicado
2018-06-07 14:18:00

El expresidente autonómico madrileño, Alberto Ruiz Gallardón, ha insistido hoy en la regularidad y en la conveniencia de la compra, por parte del Canal de Isabel II, de la empresa colombiana Inassa. Gallardón declaraba como investigado en la Audiencia Nacional por las acusaciones de prevaricación y malversación en la compra, por 73 millones de dólares de la empresa colombiana Inassa por parte del Canal de Isabel II, la empresa autonómica del agua.

Gallardón ha insistido en la línea que ya mantuvo en su comparecencia sobre este tema ante la Asamblea de Madrid: en su papel como presidente del consejo de gobierno se dio visto bueno a la operación, se limitó a seguir lo que recomendaban los informes de viabilidad de los técnicos del Canal, y ha incluso defendido a la salida de su declaración que la compra “se hizo con el mejor y más absoluto de los convencimientos de que era buena" para la empresa pública de aguas y, por tanto para la Comunidad de Madrid y para la población.

La Audiencia Nacional solicitó el 26 de abril la declaración de Gallardón como investigado a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, que considera que el proceso de compraventa estuvo plagado de irregularidades y sospecha del cobro de comisiones por parte de los intermediarios. En su declaración, que ha durado cerca de dos horas, el exdirigente del PP ha negado haber cobrado comisiones.

Según los informes manejados por Anticorrupción, el valor real de la empresa en el momento de su compra por el Canal era de aproximadamente la mitad del desembolsado inicialmente: unos 30 millones de euros. La compra no se hizo directamente, sino mediante la compra de una tercera empresa que controlaba el 75% de las acciones de Inassa. Esta empresa (Aguas de América) está radicada en Panamá, país clasificado como paraíso fiscal. Gallardón afirmó en la Asamblea de Madrid que desconocía que esta empresa estuviera domiciliada en Panamá.

La imputación del fundador del Partido Popular y exministro de Justicia fue conocida a la vez que la de Carlos Mayor Oreja, exconsejero madrileño de Justicia y expresidente del Canal, y el exconsejero de Presidencia Manuel Cobo, dentro de las pesquisas del denominado caso Lezo, que investiga el supuesto desvío de fondos y las adquisiciones fraudulentas cometidas por cargos de los Gobiernos regionales del PP madrileño en la empresa autonómica del agua. Tanto Oreja como Cobo —mano derecha de Gallardón tanto en su etapa en la Comunidad como en el Ayuntamiento de Madrid— declararon el martes.

Menos atención mediática

Las dimisiones de Cifuentes y Rajoy han podido rebajar el perfil político de los casos de corrupción del PP investigados en la Audiencia Nacional. No obstante, desde la oposición de Podemos se señalan las responsabilidades del actual presidente de la Comunidad de Madrid (Ángel Garrido), al que acusan de haber desempeñado un papel clave en el cerrojazo orquestado por Cifuentes para que la asamblea de Madrid no accediera a documentos de la instrucción.

Son todavía diputados ‘populares’ cargos del momento de la compra con posibles responsabilidades en el caso Enrique Ossorio, exconsejero de economía y Hacienda, y el también alcalde de Alcorcón David Pérez, exmiembro del consejo de administración del Canal.

Además, las estrategias empresariales seguidas por el Canal de Isabel II durante los Gobiernos autonómicos de Gallardón, Aguirre y González siguen teniendo implicaciones. Según la oposición de Podemos y movimientos ciudadanos como la Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II, el modelo societario seguido por el Canal en estos años no sólo iba dirigido a la privatización de la empresa —en suspenso desde la época de Aguirre— sino que facilitó la opacidad de operaciones como la de Inassa. 

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