Coronavirus
Mujeres contra el covid-19: los aplausos eran para ellas

Marga Marco le da al play. Al otro lado de la cámara su compañera Vanessa —nombre ficticio— indica todo el material de protección que ha de vestir para entrar en una habitación covid en el hospital Clínic de Valéncia. Un mono, doble calza, cuatro guantes, una bata, dos cubrecabezas, una capucha y una pantalla. “Así entramos para limpiar las habitaciones, ¿alguien me puede decir si esto no es estar en primera línea?”. El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha anunciado una compensación económica para sanitarios y personal sociosanitario. La plantilla de limpieza no entra en esta ecuación y estas trabajadoras denuncian la situación con un vídeo que hacen llegar a El Salto. “Estamos en el primer escalón pero nos tienen en el último”, sentencian.

Georgina Danciuc es celadora en el madrileño hospital de La Paz. Atiende a un paciente covid, que se encuentra en cuidados paliativos, intentando encontrar la postura con la que mejor se encuentre para descansar. “Dame la mano que morir duele mucho”, escucha Georgina, mientras acompaña a esta persona que se apaga en soledad, intentando hacer que el momento tenga la mayor dignidad posible. “Desde la Segunda Guerra Mundial, las celadoras y celadores ya no somos unos simples camilleros”, denuncia Danciuc sobre un colectivo que hasta el 8 de octubre era considerado de bajo riesgo. Antes de atender a pacientes en la unidad de paliativos, esta trabajadora cuidó de su madre, enferma de un cáncer terminal.

En enfermería el porcentaje de mujeres asciende al 84% y en medicina ronda el 51,6%. En las residencias de mayores y dependientes son el 84,6% del personal

Limpiar y cuidar, pero también atender y curar. Los sectores que han puesto el cuerpo en la primera línea de contención frente al covid-19 están altamente feminizados. Ellas han sido esenciales aunque no siempre se ha reconocido como tal su labor. Según datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA), 928.000 mujeres están trabajando en la actualidad en actividades sanitarias. La cifra supone casi el 80% del total y es récord histórico. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en enfermería el porcentaje asciende al 84% y en medicina ronda el 51,6%. Tendencia similar se constata en las residencias de mayores y dependientes, donde la batalla contra el coronavirus se ha enfrentado a los casos más graves. En estos centros las mujeres son el 84,6% del personal, según la EPA. De 354.000 trabajadores, 299.800 son féminas.

De jefe en jefe

En más de diez años de trabajo, Marta —que prefiere usar este seudónimo por exigencias del guion—, solo ha tenido una jefa. Esta auxiliar de geriatría, que ficha todos los días en una residencia privada de Euskadi, corrobora que en todos los gremios que reúne el geriátrico (limpieza, cocina, cuidados...) hay mayoría de mujeres, excepto en mantenimiento y en gerencia. “Solo ha habido una mujer a los mandos y la echaron rápido porque quiso cambiar muchas cosas. El que tenemos ahora no da ni un paseo por las plantas, es un hombre de números”, explica con sorna.

“En más de 10 años solo ha habido una mujer a los mandos y la echaron rápido porque quiso cambiar muchas cosas. El que tenemos ahora no da ni un paseo por las plantas, es un hombre de números”, explica con sorna Marta, auxiliar de geriatría

“Siempre había querido ser enfermera e hice un curso de auxiliar de ayuda a domicilio. Empecé en esta residencia haciendo sustituciones y me acabaron haciendo fija. Me gusta mi trabajo, se me da bien y lo descubrí aquí. Me preocupo por hacerlo cada día mejor”. Pese a las duras jornadas laborales, la escasez de personal y el vacío que ha dejado el covid-19, Marta encara su profesión con optimismo y defiende su labor, ante los impactantes vídeos realizados dentro de residencias que muestran tratos denigrantes a ancianos y ancianas. “Nosotras lo hemos pasado mal. Salen cuatro vídeos de cuatro desnaturalizadas y se creen que todas somos así. Yo he perdido gente con la que tenía vínculos, me paso más tiempo en la residencia que en mi casa. Esa carga y ese dolor no se está reflejando, parece que hemos dejado morir a la gente”, sentencia.

El covid-19 le pilló “a desmano” y sin mascarillas. Describe que solo disponían de este material las enfermeras que hacen los turnos diarios y el único médico que atendía en la residencia. “A nosotras nos decían que en principio no era necesario porque no había ningún caso”. Poco a poco empezó a llegar material. Además de las FPP2 recuerda también “una bolsa de plástico con agujeros” como escudo. A principios de marzo se dan los primeros contagios: una residente y una auxiliar. Los casos de covid escalan hasta una planta de aislamiento. Pero, ante la ausencia de pruebas PCR, el virus comienza a campar por toda la residencia. Marta hace cuentas y, de aproximadamente 130 residentes, han fallecido una treintena.

Contagiadas y sin pruebas

Esta auxiliar de geriatría relata la indefensión que sintió frente al virus cuando este llamó a su puerta. “Hasta el 27 de abril no nos hicieron PCR a todas, y fue por orden del Gobierno vasco. Poco antes yo había empezado con moquillo, con sudores. Un día el desayuno no me sabía a nada. Tardaron una semana en darnos los resultados. Yo di positivo".

Naciones Unidas destaca la brecha de género en las infecciones en primera línea que suceden en España, donde el 76,5% del personal contagiado son mujeres

Según los datos de la Red Nacional de Vigilancia de la Salud Pública (RENAVE) recogidos hasta el 10 de mayo, de 40.961 contagios entre el personal sanitario, el 76,5% eran mujeres y el 23,6% eran hombres. Un documento de ONU Mujeres destaca la brecha de género en las infecciones en primera línea que suceden en España, que podrían ser un indicador de lo que sucede en otros países, pese a que no en todos los lugares se está recogiendo información desglosada por sexo. No en vano, las mujeres representan globalmente el 70% del personal en el sector social y sanitario, según esta organización.

Cuidar en casa, cuidar al paciente

Entre el colectivo médico el balance de sexos está más equilibrado. No obstante, las nuevas generaciones caminan hacia una feminización también de las facultativas. Según un trabajo de investigación del Centro de Estudios del Sindicato Médico de Granada, en 2020 el 66% de las Médicas Internos Residentes (MIR) son mujeres.

Vicky López es médica de familia en un centro de salud de Córdoba y ha encadenado cinco contratos en un año. “La precariedad es una constante, especialmente en médicas jóvenes”

Vicky López es médica de familia en un centro de salud de Córdoba capital. Acabó la residencia en 2013 y, tras su paso por la investigación, hace un año volvió a consulta. En estos doce meses, de covid y estrés, de consultas abarrotadas y cambios constantes de cartera de pacientes, ha encadenado cinco contratos eventuales. “La precariedad es una constante, especialmente en médicas jóvenes, los contratos temporales se encadenan uno tras otro, las oposiciones salen tarde y con pocas plazas. La gente acaba sacándose la plaza cuando lleva muchos años trabajando de forma precaria”.

“Todos mis jefes han sido hombres, nunca he tenido una jefa mujer”, asegura López, quien denuncia que ha tenido dificultades para conciliar vida laboral y vida familiar. “Tengo una niña de dos años y siento absoluta incomprensión. Yo no puedo hacer guardias de 24 horas y eso es difícil de entender para muchos hombres y muchos jefes”.

“Era salir por la puerta de casa y no saber qué me iba a encontrar. No saber dónde me iban a mandar con esta precariedad que manejaba. Pasé de tener una consulta a cubrir 20”

El covid-19 aterrizó en su consulta cuando se estaba acabando su primer contrato para cubrir una baja. Con el estado de alarma, se lanzó un decreto para realizar contratos especiales como refuerzo. López llegó a encadenar tres seguidos a 70 kilómetros de casa. “Era salir por la puerta y no saber qué me iba a encontrar. No saber dónde me iban a mandar con esta precariedad que manejaba. Pasé de tener una consulta a cubrir 20. Cada día era una consulta distinta con pacientes distintos. Y todo ello por teléfono. Intentar atender a gente sin una continuidad es imposible en atención primaria. Salió una plaza en Córdoba capital y me cambié de sitio”, relata.

López recuerda la “lucha” por las mascarillas de los primeros momentos. “Aún nos siguen dando las mascarillas contadas, una FPP2 para toda la semana”, avisa. Recuerda también cómo las vecinas y vecinos del pueblo empezaron a fabricar Equipos de Protección Individual (EPI) para su centro de salud con bolsas de basura. “También nos hicieron mamparas... nos lo traía gente de fuera”, rememora. “Yo recuerdo la incertidumbre de cuando iba a los domicilios. No sabía qué es lo que me tenía que poner. Ni nos informaban bien ni nos daban los materiales”.

Hoy las cosas en consulta no han mejorado. En esta segunda ola, en la que los refuerzos a atención primaria no han llegado, afirma que están aún más saturadas. Atiende a entre 60 y 80 pacientes por día. “Hay mucho miedo al futuro y tenemos la sensación de que lo que hacemos ahora mismo no es atención primaria. Hay muchas labores que no estamos haciendo y, al final, podemos convertirnos en unos dispensadores a demanda sin hacer nada de programación”, avisa con tono de incertidumbre.

Las últimas de la fila

Desde el hospital Clínic de València, Marga Marco y Vanessa hoy exhiben sus EPI a la última. Pero no siempre fue así. Marco, delegada de CGT de limpieza, corrobora que al principio no había protección “y decían que nosotras no corríamos riesgos, pese a que hemos entrado a limpiar a habitaciones con pacientes con coronavirus desde el primer minuto”. “Hemos limpiado de todo. Desde la UCI, la REA, las habitaciones. Limpiamos cuando hay un vómito, cuando hay fluidos, nos llevamos las sábanas y todos los desechos que salen de pacientes contagiados...”, explica Marco. Hacen las labores en tres turnos con una plantilla de unas 100 personas. El 80% son mujeres. Su servicio está externalizado y van cambiando de contrata cada cuatro años. “Hoy está ISS pero está a punto de salir otra contrata. Cada vez presupuestan el servicio por menos. Yo llevo 20 años y gano menos de 1.000 euros”, denuncia.

“Tengo una artrosis degenerativa, no puedo estar metida en un EPI todos los días. Sudamos muchísimo y por mi patología no puedo. Trabajo de lunes a sábado con un día y medio de descanso. Un día y medio que me lo paso en la cama, a base de pastillas, por mi dolor de huesos”

Vanessa lleva desde 2016 en el hospital y tiene un contrato indefinido por discapacidad. Tuvo síntomas y estuvo de baja un tiempo pero jamás le han hecho una prueba covid. “Tengo pérdida de visión en un ojo y artrosis degenerativa. Al principio me negué a entrar a las habitaciones con pacientes contagiados hasta que no me dieran un curso para saber usar el equipo de protección”, asegura. Hoy está negociando un traslado a otras zonas. Lleva desde octubre limpiando en “zona sucia”. “Tengo una artrosis degenerativa, no puedo estar metida en un EPI todos los días. Sudamos muchísimo y por mi patología no puedo. Trabajo de lunes a sábado con un día y medio de descanso. Un día y medio que me lo paso en la cama, a base de pastillas por mi dolor de huesos”, se queja.

“Hoy he hablado con mi encargada, esto no es bueno para mis huesos, estoy con paracetamol y nolotiles. Me han dicho que si no puedo trabajar en esto que me coja la baja. No quiero estar de baja. Me tienen que cambiar de zona, mi contrato es por discapacidad. Pero no se nos tiene en cuenta. Yo no me siento valorada pero mi salud vale más que mi sueldo”, sentencia.

“Tengo un contrato para cubrir una baja y gano 1.160 euros. Nadie me da una hipoteca así. Estoy sola con mi hijo. Finalmente el 10 de septiembre me desahuciaron", Georgina Danciuc, celadora en el madrileño hospital de La Paz

Georgina Danciuc tampoco siente que su trabajo esté siendo valorado por la sociedad. No en vano, se acaba de enfrentar a un desahucio en plena pandemia. Vivía de alquiler en una casa perteneciente al Plan de Vivienda Joven de la Comunidad de Madrid. Sita en Arganda del Rey, pasó a manos de un fondo buitre, quien obligaba a Danciuc a comprar la casa si quería permanecer en ella. “Llevaba siete años viviendo allí. Tengo un contrato para cubrir una baja y gano 1.160 euros. Nadie me da una hipoteca así y tampoco consigo un alquiler. Estoy sola con mi hijo. Finalmente, el 10 de septiembre me dejaron en la calle. Hoy vivo en un hotel y estoy pendiente de la promesa del alcalde y de servicios sociales para reubicarme. Pero aún no lo han hecho”, avisa.

Danciuc lleva cuatro años trabajando en la sanidad pública madrileña. Primero estuvo tres años en el hospital de Arganda, en administración. Paró cinco meses para cuidar a su madre, que estuvo en paliativos con un cáncer máxilo facial. “La primera etapa del covid me pilló gestionando el traslado del cuerpo de mi madre hasta Rumanía”, asegura. En julio entró en el Hospital de La Paz como celadora. “Tras la experiencia con mi madre, me veo más ayudando a la gente que estando sentada en una silla administrando. Decido entrar en paliativos. Ofrecer una sonrisa a gente que está con morfina es una terapia”.

Hoy duerme en un hotel y lleva dos meses y medio sin vivienda. “Tengo un contrato precario y no consigo un alquiler. He estado 37 días acampando frente al Ayuntamiento de Arganda. Aún no me dan una solución. Mi hijo está viviendo con la familia paterna. No puedo ir a verle muy a menudo porque trabajo en un hospital y vive con sus abuelos que son personas de riesgo. Apenas le puedo acompañar al colegio y pasar ratitos cortos con él. Este es el pago que recibo por el servicio que he hecho para la sociedad.”, sentencia. Porque, pese a que los aplausos eran en realidad para ellas, la gratitud no se ha materializado en la mejora de la calidad de vida de las mujeres que han batallado frente al covid.