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Directo 25 de marzo | La izquierda del Congreso pide al Gobierno una renta de cuarentena

Con un mero autocertificado, cualquier representante del obispado, con atribuciones legales similares a la de cualquier notario, podía apropiarse de un número indeterminado de inmuebles que no contaban con propietarios reconocidos en el registro de la propiedad. De esta manera, la Iglesia católica inmatriculó miles de inmuebles a su nombre, dedicados al culto religioso o no, entre ellos iglesias, ermitas, cementerios, huertas, pisos, almacenes, garajes, plazas públicas y hasta calles.

En Córdoba, es de dominio público el escandaloso caso de la inmatriculación de la mezquita-catedral por 30 euros. Hasta fecha reciente, se conocían otras inmatriculaciones significativas, como la ermita de los Santos Mártires, el kiosco de San Hipólito, la plaza del Triunfo, la plaza del Pocito o la iglesia de Villarrubia. Ahora, Paradigma y el Colectivo Prometeo han desvelado el listado completo de propiedades del obispado en Córdoba, obtenido con los datos de su código de identificación fiscal (CIF), de las cuales aproximadamente un tercio corresponden a inmatriculaciones. De esta forma, entre los 181 bienes inscritos figuran 42 inmatriculaciones, según datos de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba, de un conjunto extenso de bienes inmuebles, más de 50 viviendas, 17 plazas de garaje, más de 30 locales comerciales, plazas publicas, así como una veintena de solares urbanos y fincas rurales. En todo caso, se trata de un número mínimo de propiedades, pues se ignora si el obispado cuenta con otro CIF, al igual que se desconocen bienes inmatriculados por otras entidades tales como órdenes religiosas.

"Intereses ilegítimos"

La publicación de este listado llega en un momento crítico para los intereses económicos de la Iglesia, pues el Juzgado de Primera Instancia número 21 de Zaragoza acaba de reconocer al Ayuntamiento (ZeC) de esa ciudad “derechos o intereses legítimos” para combatir la anotación de la catedral de La Seo a nombre del arzobispado de la capital aragonesa y para reclamar su titularidad pública. El arzobispado y las parroquias ni siquiera han impugnado la decisión judicial, pues se concluye que “la legalidad de la inmatriculación puede ser cuestionada”, porque “vulneró la excepción prevista” en la ley para templos dedicados al culto, pues las inscripciones se remontan a 1987, fecha anterior a la reforma de Aznar. En el caso del obispado de Córdoba es posible identificar “certificaciones” —inmatriculaciones, según confirma Emilio García, gerente de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Córdoba— anteriores a 1998: una finca rural en 1979, el palacio obispal en 1971, un inmueble “sin identificar” en 1974, el claustro del antiguo convento de San Pedro El Real en 1974, un solar en AU-1 PEPCH afectado por expropiación en 1982, y una casa en la calle Armas en 1979.

En cuanto al registro de terrenos sin uso religioso y de carácter eminentemente público, destaca como desconocida hasta ahora la donación a favor de la diócesis de Córdoba de una “parcela de terreno en la Huerta Figueroa” con una superficie de 9.771 m2, que incluye “viales y zonas verdes y de esparcimiento”, y donde está construida una “torreta campanil”. El técnico que redactó el informe concluye que, en este caso, “no se puede extraer del registro catastral la exacta delimitación de la finca” por la “inclusión en la misma de suelos destinados por el planeamiento a uso público viario cuyo mantenimiento resulta de competencia municipal”.

Responsabilidad pública

A finales de octubre de 2015, el Ayuntamiento de la capital y otros de la provincia, como el de Priego de Córdoba y Almodóvar del Río, ya solicitaron sin resultado el listado completo de bienes inmatriculados por la Iglesia. La moción, propuesta por la Plataforma en Defensa del Patrimonio Andaluz, aspiraba a descubrir todas las inmatriculaciones de bienes de carácter público de Andalucía “sin pasar por alto que para ello [la Iglesia] pudo haber utilizado nombres diversos como diócesis, obispado o cabildo”. La moción especificaba que “se habían inmatriculado miles de bienes en manifiesto abuso de derecho y fraude de ley, al no haber sido poseídos nunca por la Iglesia católica e incluso no poder argumentar la coartada de su posible uso litúrgico, como solares, viviendas, caminos e incluso plazas públicas”. 

En este sentido, la aprobación de la Ley 13/2015 modificó la Ley Hipotecaria para eliminar el privilegio registral mencionado, aunque sin efectos retroactivos, produciéndose en la práctica una “amnistía registral”. La iniciativa para “remunicipalizar” estos bienes inmatriculados nació de una moción presentada por Izquierda Unida en 2014 para “poner fin al expolio urbanístico”, en palabras de Pedro García, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Córdoba.

Otro interesante antecedente legal lo encontramos en una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de noviembre de 2014. Se trata del caso de la demanda interpuesta por la Sociedad Anónima Ucieza contra el Estado español tras la adquisición de un terreno de regadío en Ribas de Campos que contaba con una iglesia de estilo cisterciense de principios del siglo XIII, entre otros inmuebles, y que fue inmatriculado en 1994 por el obispado de Palencia. El TEDH consideró “cuanto menos sorprendente que una certificación expedida por el secretario general del obispado pudiese tener el mismo valor que los certificados expedidos por funcionarios públicos investidos de prerrogativas de poder público”. Igualmente, se preguntó “por qué el artículo 206 de la Ley Hipotecaria se refiere únicamente a los obispos diocesanos de la Iglesia católica, excluyendo a los representantes de otras confesiones”, pues, según la legislación europea, no se puede beneficiar a un culto específico respecto a otras religiones. Hay una vulneración del principio de “no discriminación” en la medida en que la Iglesia pudo “ingresar en el Registro de la Propiedad el inmueble litigioso sin aportar ningún documento público que acreditase su propiedad y en base a privilegios injustificados”. Así, el Tribunal de Estrasburgo condenó al Gobierno de España a indemnizar con 615.000 euros a esta empresa.

En Córdoba, es de dominio público el escandaloso caso de la inmatriculación de la mezquita-catedral por 30 euros.La Iglesia se ha apropiado de bienes sin uso religioso y de monumentos Patrimonio de la Humanidad poco después de su restauración

Julio Anguita, uno de los miembros del colectivo Prometeo que presentó públicamente el listado de bienes del obispado de Córdoba, realizó un llamamiento a la ciudadanía a percatarse del robo de “lo suyo, de lo que le pertenece”, y denunció la “prevaricación” de las administraciones públicas que miraron para otro lado mientras la Iglesia católica se apropiaba de monumentos como la mezquita de Córdoba: “En el llamado Estado de derecho, las administraciones públicas tienen que defender con el derecho en la mano los bienes públicos. Cuando no lo hacen y se inhiben, se apartan o ayudan, cometen prevaricación, porque no están defendiendo aquello que la ley les obliga que defiendan. Les corresponde a estas administraciones públicas subsanar sus errores o asumir políticamente el grave fraude que están haciendo a las instituciones públicas y al pueblo español”.

Codicia sin fin

Hay dos circunstancias que agravan la codicia demostrada por la jerarquía eclesiástica durante el periodo 1998-2014: la apropiación de bienes sin uso religioso alguno y la inmatriculación de monumentos Patrimonio de la Humanidad poco después de su restauración con fondos públicos. De ambas prácticas aparecen numerosos ejemplos en el listado difundido por el Colectivo Prometeo: la plaza del Pocito, los jardines frente al cementerio de la Salud, la ermita de los Santos Mártires, colegios, huertas, garajes, locales comerciales, viviendas, solares, fincas y todo tipo de propiedades no destinadas al culto. En algunas ocasiones, estas propiedades son vendidas con impunidad y son motivo de denuncia por parte de sus legítimos propietarios. El caso más reciente, el de la usurpación de pisos a la asociación privada de misioneras Lumen Dei, vendidos por 12,7 millones de euros por el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz, y el obispo de Cuenca, José María Yanguas, que se sentaron en el banquillo de acusados el pasado 29 de mayo. Incluso hubo orden de desahucio para estas misioneras en dos pisos de Barcelona, aunque finalmente se paralizó el desalojo.

Como ejemplo emblemático de inmatriculaciones tras fuertes inversiones para su restauración por parte de las administraciones públicas nos encontramos en Córdoba con la iglesia de San Agustín, una de las más destacadas del barroco andaluz, que reabrió sus puertas en septiembre de 2009 después de una inversión de 3,6 millones de euros de intervención integral por parte de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Como podemos observar en el listado “caído del cielo” —en palabras del Colectivo Prometeo—, la iglesia fernandina es inmatriculada por el obispado seis meses después, en abril de 2010. Otros lugares de culto en estado semirruinoso, como la iglesia Madre de Dios, no figuran —sin embargo— entre los bienes certificados.

Comisión de expertos

Días después de la publicación de este listado de bienes inmatriculados, la alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, anunció la creación de una “comisión de expertos” que presidirá el exdirector general de la Unesco, Federico Mayor Zaragoza, para recuperar los bienes públicos que inmatriculó la Iglesia y reclamar la titularidad pública de la mezquita-catedral. Pero se habla solo de la “titularidad”.
Respecto a la gestión, a través de la cual la Iglesia obtiene entre 12 y 13 millones de euros anuales en concepto de “donativos” libres de impuestos en taquilla, la alcaldesa solo se refiere a “echar una mano y colaborar en materia de turismo y de desarrollo económico”.

La respuesta del cabildo no se hizo esperar, calificando la comisión de expertos como un “ataque a la catedral” y “a la comunidad católica de Córdoba” y llamando “a la responsabilidad a los políticos e instituciones, para que no alimenten una falsa polémica artificial, que solo contribuye a dividir a los cordobeses”. El cabildo mantiene que el conjunto monumental mezquita-catedral de Córdoba es propiedad de la Iglesia desde 1236. Sin embargo, no dudó en inmatricularlo en febrero de 2006.

Una ley reformulada a medida de la Iglesia

El origen de la ley se remonta al franquismo. Según recoge el artículo 206 de la Ley Hipotecaria de 1946, “el Estado, la Provincia, el Municipio y las Corporaciones de Derecho público o servicios organizados que forman parte de la estructura política de aquel y las de la Iglesia católica, cuando carezcan de título escrito de dominio, podrán inscribir el de los bienes inmuebles que les pertenezcan mediante la oportuna certificación librada por el funcionario a cuyo cargo esté la administración de los mismos, en la que se expresará el título de adquisición o el modo en que fueron adquiridos”.

En la misma ley se equipara al clero con atribuciones semejantes a las de los notarios o funcionarios públicos fedatarios. Los obispos podían acudir a un registro, dar fe de que un bien era suyo y registrarlo pagando una cuota de entre 20 y 30 euros, adjudicándolo sin más a la Iglesia. El “problema” radicaba en el artículo 5 del Reglamento de esta Ley, que especificaba ciertas excepciones en este registro: los “bienes de dominio público, de uso público de las provincias y de los pueblos, las servidumbres impuestas por la Ley que tengan por objeto la utilidad pública y los templos destinados al culto católico”. Esta contrariedad la resolvió el Gobierno de Aznar suprimiendo este artículo del texto legal y otorgando a la Iglesia la posibilidad de inmatricular todo tipo de bienes con absoluta opacidad. 

Los dos gobiernos sucesivos del PSOE dejaron hacer, mientras miles de propiedades eran certificadas en silencio, hasta 30.000 o 40.000 bienes registrados por parte de las diferentes diócesis, según declaró Fernando Giménez Barriocanal, vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal. Finalmente, en 2014, la presión de determinados partidos, colectivos sociales y gobiernos autonómicos y municipales obligó al PP a modificar la ley y eliminar este privilegio para la Iglesia, no sin antes dejar un plazo de un año hasta su entrada en vigor en 2015. 

Usurpación de bienes de titularidad pública

La ermita de los Santos Mártires, el cementerio de la Salud, el compás de San Francisco, la plaza del Pocito de la Fuensanta o la plaza del Triunfo —ubicada entre la mezquita y el puente romano— son algunos de los bienes de clara titularidad pública que se inmatriculan junto a planos del catastro con vías y zonas públicas incluidos en la delimitación. Todos estos espacios son mantenidos con fondos del Ayuntamiento y en los planos consultados hay líneas que parecen haberse modificado para ampliar ciertas propiedades, según apuntó el Colectivo Prometeo en rueda de prensa: “¿Cómo se ha conseguido esta delimitación? Preferimos dejar de momento ahí la interrogante”. 

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha descartado este martes que se produzca una liberación generalizada de todos los inmigrantes internados en los Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) tal como había reclamado el Defensor del Pueblo ante su imposible deportación por el coronavirus.

En rueda de prensa telemática, junto a la ministra de Turismo Reyes Maroto, Marlaska ha asegurado que su departamento realiza “un estudio individualizado, persona por persona” de cada uno de los internos, para valorar su deportación a sus países de origen o determinar su liberación. “Hacemos estudios individualizados de cada una de estas personas y si vemos que es imposible el retorno, por supuesto que acordamos su libertad con las garantías precisas”, ha destacado.

El titular de la Defensoría del Pueblo, Fernández Marugán, aseguró recientemente que estar en coordinación con la Comisaría General de Extranjería y la Secretaría de Estado de Migraciones “para asegurar que se dan las condiciones para la puesta en libertad de los internos”. Marugán indicaba que “las circunstancias actuales impiden que se pueda dar cumplimiento” a la finalidad de la expulsión, por cuanto a su juicio “estas personas deben ser puestas en libertad”. El pasado 19 de marzo, una decena de personas fueron liberadas del CIE de Aluche, en Madrid.

La sección sindical de CNT Comarcal Sur en HM Hospitales ha denunciado a la empresa ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social por la “flagrante” vulneración de derechos que está sufriendo la plantilla en este estado de alarma sanitaria, como la falta de EPI.

Uno de los abusos más escandalosos que está cometiendo la empresa, según el sindicato, es la consideración de las bajas del personal derivadas de la falta de medidas de protección como enfermedades comunes y no profesionales, incumpliendo así el decreto que estipula que estas bajas deben ser asimiladas a los accidentes laborales.

Asimismo, la sección sindical denuncia que las trabajadoras están desarrollando su tarea “sin las mínimas medidas de seguridad. Faltan batas, mascarillas, guantes... material fundamental para desarrollar su trabajo y que protege su salud ante la misma pandemia contra la que están luchando”.

Por todo ello, CNT concluye que  HM Hospitales incumple las medidas recomendadas por el Ministerio de Sanidad para la gestión de esta crisis al no proporcionar material adecuado a sus trabajadores y trabajadoras.

Los accidentes de trabajo mantienen la tendencia al alza iniciada en 2013. El avance de la estadística de accidentes de trabajo entre enero y julio de 2017 publicado ayer por el Ministerio de Empleo arroja un importante aumento con respecto al mismo periodo del año anterior en todas las categorías de siniestralidad laboral, y tendencias preocupantes de fondo si se analizan los datos por sectores, tal y como ha denunciado CC OO. Las cifras generales muestran que los accidentes con baja laboral en jornada aumentaron un 6% hasta situarse en 340.006 entre enero y julio. Y la mayoría de los siniestros notificados siguen siendo aquellos que no han dado origen a una situación de baja: estos aumentaron un 1,1% (427.773). Un 70% de los accidentes con baja laboral fueron sufridos por varones, y la siniestralidad aumentó para ambos sexos (+7,8% los varones y +2,3% las mujeres).

En los siete primeros meses del año se produjeron 2.213 accidentes graves, lo que supone un aumento del 8,3%. De ellos, 286 fueron mortales, con un aumento del 6,7%. En términos absolutos, el sector que registró más muertes fue el sector servicios con 144, de las que destacan 58 que se produjeron en actividades logísticas de transporte y almacenamiento. El único sector donde disminuyeron las muertes totales fue la industria (-7,1%), con 51 fallecimientos, mientras la agricultura y la construcción registraron respectivamente 41 (+13,9%) y 49 muertes (+48,5%).

Construcción y agricultura se acercan a niveles de una muerte al mes por cada 100.000 trabajadores

Las cifras de incidencia por sectores o comunidades autónomas son las que muestran los datos más reveladores. Este índice se calcula para obtener el peso relativo mensual de los distintos sectores, actividades o provincias por cada 100.000 trabajadores. Es aquí donde el sector de la construcción emerge, junto con la agricultura, como el que registra las variaciones más alarmantes. En cuanto a los accidentes mortales, los datos de enero a julio muestran a este proverbial motor de la economía española se acerca -junto con la agricultura- a niveles de incidencia de una muerte al mes por cada 100.000 trabajadores: su índice de 0,87 fue un 38,2% superior al que presentó en el mismo periodo de 2016, y multiplicó por cinco la incidencia de los servicios (0,17 muertes por cada 100.000 trabajadores).

La incidencia de los accidentes con baja muestra datos igualmente alarmantes tanto para la agricultura como para la construcción, con índices muy por encima de la media de todos los sectores (que fue de 280 accidentes con baja mensuales por cada 100.000 trabajadores). La construcción fue el segundo sector en incidencia con un índice de 614, frente a 448 en la agricultura, y el aumento de estos índices en el 7,2% y el 9% respectivamente se sitúa muy por encima de los registrados en las demás actividades con la excepción de las administrativas y los servicios auxiliares (su incidencia subió un 8,2% pero sigue por debajo de la media con 205 accidentes con baja al mes por cada 100.000 trabajadores). La actividad con más incidencia de siniestralidad fue la industria extractiva, con un índice de 740, pero con una fuerte bajada del 20% en número absoluto de accidentes.

Por comunidades autónomas, aquellas con más incidencia mensual fueron las Baleares (409), Castilla La Mancha (339) y Andalucía (319), mientras que Madrid (228), Cantabria (257) y País Valenciano (258) fueron las que tuvieron menos nivel de incidencia mensual por cada 100.000 trabajadores.

Pese a que las muertes y la siniestralidad más grave siguen muy lejos de las cifras alcanzadas a principio de la década de los 2000 (las muertes anuales en el trabajo no bajaron de 1.000 hasta el año 2005, y pese a un repunte de la siniestralidad en los dos años anteriores a la Gran Recesión nunca volvieron a superar esa cifra), los sindicatos alertan de que los cambios normativos y el modelo de relaciones laborales profundizado tras la crisis pueden estar detrás de los actuales aumentos de accidentes, y no sólo la mayor actividad económica producto de la recuperación del PIB.

“Un claro ejemplo de la actual coyuntura que sufrimos es el sector de la construcción”, ha señalado Pedro J. Linares, secretario de Salud Laboral de CC OO. Según Linares, la aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y la inversión pública y privada en medidas preventivas hicieron que en los años anteriores a la crisis el sector presentara bajadas importantes de siniestralidad. “Con la crisis se hundió el número de trabajadores empleado en el sector y las inversiones en prevención, y solo ha hecho falta que se inicie un repunte en la actividad para que la siniestralidad aumente de forma dramática”, ha explicado, y ha alertado de que este fenómeno “se puede hacer extensivo al resto de sectores”.

Según ha informado Televisión Española, sobre la mesa del Gobierno hay una propuesta de Unidas Podemos para suspender el pago del alquiler durante dos meses para personas que han quedado en situación de vulnerabilidad por la crisis del covid19.

Se trataría, siempre según la información de TVE, de una suspensión, no un retraso o una moratoria del pago. Los beneficiarios de la medida serían aquellas personas que a raíz de esta crisis no puedan hacer frente a este pago por pérdida de empleo, reducción de jornada, ERTE o por deberes de cuidado; y autónomos y pymes que hayan sufrido una caída sustancial de sus ingresos. En el caso de autónomos y Pymes también se incluiría el alquiler del local u oficina.

El plazo inicial de la medida es de dos meses pero se podrá prorrogar hasta el mes siguiente a la finalización del estado de alarma. Para agilizar la tramitación, se podrá acreditar la situación de vulnerabilidad con varios documentos o una declaración responsable que se comprobará a posteriori.

La propuesta establece que los contratos de arrendamiento de viviendas y de inmuebles cuya finalización se produzca durante el periodo de vigencia del estado de alarma serán prorrogados automáticamente tres meses.

Para los dueños de los inmuebles, se propone una compensación económica, que será progresiva en función de la cantidad de pisos o locales alquilados. En el caso de quienes tengan hasta dos inmuebles se compensará el 100% del alquiler, mientras que los que posean más de ocho inmuebles recibirán un 5%.

De cara al futuro, no podrán subir los contratos de alquiler de forma abusiva en los seis meses siguientes a la aprobación de esta propuesta.

El Gobierno está ultimando los detalles de una ayuda económica, similar a un subsidio, para aquellas empleadas de hogar que, como consecuencia del impacto económico y social de la pandemia del coronavirus, se hayan quedado en paro o temporalmente sin empleo, según han confirmado a la agencia Europa Press fuentes del Ministerio de Trabajo y Economía Social. 

Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, en España hay 42.058 casos de contagio por coronavirus, 35.270 de ellos activos. Han fallecido 2.994 personas y 3.794 pacientes se han recuperado.

La cifra de muertos con coronavirus en España (3.434) ya supera a la de China, donde se han registrado 3.287 fallecidos. España se convierte en el segundo país del mundo por número de fallecidos, solo por detrás de Italia (con más de 6.800).

España registra 738 fallecimientos en 24 horas y contabiliza 47.610 contagiados en total. Hay 26.960 personas hospitalizadas (3.166 en la UCI) y 5.367 han recibido el alta.

El Ministerio de Educación y Formación Profesonal y los máximos reponsables educativos de las comunidades autónomas han acordado celebrar la denominada Prueba de Bachillerato de Acceso a la Universidad (EBAU) entre el 22 de junio y el 10 de julio, permitiendo que la convocatoria extraordinaria pueda realizarse hasta el 10 de septiembre.

Desde la plataforma Defender a quien Defiende recuerdan que el estado de alarma no es excusa para la violencia policial.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha afirmado este miércoles que el Gobierno “está comprometido” con la puesta en marcha de un ingreso mínimo vital.

“Estamos estudiando el diseño de la medida y en cuanto esté preparada en sus detalles se comunicará y se implementará”, ha señalado Escrivá en una rueda de prensa celebrada en el Palacio de la Moncloa junto al ministro de Sanidad, Salvador Illa.

Inspección de Trabajo de Madrid ha exigido a la Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) que de forma inmediata adopte medidas con las que garantizar el derecho a la salud de los profesionales sanitarios de atención primaria. 

Las diferentes asociaciones que representan a los trabajadores autónomos —más de tres millones en España— muestran diferentes opiniones ante las medidas aprobadas por el Gobierno. Lo cuenta Marc Solanes.

¿Puedo ir a la explotación si soy agricultor o ganadero?, ¿puedo quemar los restos de poda de mi explotación?, ¿puedo vender en los mercados de calle y de proximidad? Son algunas preguntas habituales entre agricultores y ganaderos desde que se decretó el estado de alarma.

Para responderlas, la Unió de Llauradors i Ramaders ha elaborado una guía para agricultores y ganaderos de la Comunitat Valenciana en la que actualiza diariamente todas las novedades acerca de la aplicación de las medidas del estado de alarma para el sector agrario.

Esta guía se actualiza periódicamente en función de lo que se va aprobando (normativa, disposiciones, acuerdos, etc.,) o de las directrices que transmiten las distintas Administraciones competentes. Cuenta también con un documento con preguntas frecuentes que despierta un enorme interés entre el colectivo agrario.

Uno de los grandes problemas de la movilidad ciclista, la identificación de la bicicleta como elemento deportivo o de ocio y no como medio de transporte, se evidencia con mayor crudeza estos días de confinamiento. Por Félix Jiménez.

Desde la Federación de Enseñanza de CC OO han manifestado su preocupación por que siga posponiéndose la decisión sobre la convocatoria de oposiciones. Para este año se tendrían que convocar en todo el Estado alrededor de 27.000 plazas para los distintos cuerpos, mayoritariamente en Educación Secundaria y Bachillerato, FP y Enseñanzas de Régimen Especial. 

El sindicato considera imprescindible que el acuerdo implique que la solución sobre la convocatoria de las oposiciones sea de carácter estatal y que en todas las comunidades autónomas se realice de la misma manera. 

Por otro lado, el sindicato manifiesta que ninguna decisión que se tome “ante esta extraordinaria situación” ponga en peligro el proceso de estabilización y las plazas que, dentro del Acuerdo para la mejora del empleo, se han aprobado para ejecutar tanto este año como los siguientes. 

CC OO recuerda que, en el marco del artículo 151 de la Ley4/2015, la Conferencia Sectorial puede tomar acuerdos que son de obligado cumplimiento para todas las administraciones. En este sentido, exige que el acuerdo se dé con el compromiso de todas las autonomías “para no perder las plazas aprobadas en las ofertas de empleo público y que se siga manteniendo la alternancia de convocatorias por cuerpos”.

Desde las 9.30 de la mañana cientos de personas se concentran frente a la sede del departamento de Economía del Gobierno catalán, en protesta por los registros de la Guardia Civil que desde las 8 de esta misma mañana se están produciendo en varias sedes de la Generalitat y de empresas, con el resultado hasta el momento de 12 detenciones, entre ellas el secretario general del Departamento de Vicepresidencia y de Economía y Hacienda, Josep María Jové, y el secretario de Hacienda de la Generalitat, Lluis Salvadó. Según el periodista de La Directa Jesús Rodríguez a las 10.30 de la mañana ya se agolpaban frente a la sede del departamento (en la esquina de Rambla de Catalunya con Gran Vía de Barcelona) unas 5.000 personas. 

Los registros se producen de momento en las sedes de cinco consejerías: Presidencia, Gobernación, Economía y Hacienda, Trabajo y Asuntos Sociales y Exteriores. Entre los detenidos, se encuentran también varios cargos de Hacienda y de la Oficina de asuntos Exteriores. Según informa La Directa, la Fiscalía general del Estado asegura que la orden procede del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que investiga los preparativos del referendum. El diario catalán añade que el operativo no ha sido notificado de forma pertinente. 

Otras sedes institucionales catalanas registradas son el departamento de Asuntos Sociales, la Agencia Tributaria, el Departamento de Gobernación, la Administración Abierta de Cataluña y el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información. Además, la Guardia civil registra las sedes de las empresas Indra y T Systemas. El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha convocado una reunión de urgencia del Ejecutivo catalán en el Palau de la Generalitat.

En respuesta, los diputados de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y del PdCAT (Partido Democrata de Catalunya, la antigua CDC) han abandonado esta mañana la sesión plenaria del Parlamento. El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha instado a Mariano Rajoy a que “saque sus sucias manos de las instituciones catalanas”. La concentración frente Hacienda, donde siguen acercándose decenas de personas, ha sido convocada por las CUP. Según ha declarado Jordi Sánchez, presidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), las entidades por el derecho de autodeterminación preparan más convocatorias descentralizadas por todo Barcelona para el día de hoy.

La operación de la Guardia Civil también ha sido rechazada en declaraciones por políticos no estrictamente procesistas como la alcaldesa de Barcelona Ada Colau, el diputado de En Comú Podem Xavier Domenechs o el secretario general de Podemos en Cataluña, Albano Dante Fachín. Por su parte, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha dado su apoyo a las actuaciones del Gobierno de Rajoy y de la Guardia Civil: "las fuerzas de seguridad del Estado deben impedir la vulneración de derechos". 

El operativo forma parte de la reacción del Gobierno de Mariano Rajoy contra el referendum autodeterminista del 1 de octubre, un despliegue que en las últimas semanas ha incluido el recurso al Constitucional para declarar la ilegalidad de la consulta, la intervención mediante la Guardia Civil de cerca de un millón de carteles y folletos de propaganda, los recursos contra 354 municipios catalanes por respaldar diversas iniciativas de carácter simbólico como el no izado de la bandera española, el registro de medios de comunicación y la intervención de las cuentas de la Generalitat, que será comunicada hoy miércoles mediante la firma de un procedimiento de no disponibilidad de 1.400 millones de euros pertenecientes a las partidas que Hacienda ingresa en los fondos autonómicos. Desde este lunes, y con el apoyo del PSOE, el Gobierno está invocando los artículos 155 y 135 de la Constitución española para hacer todas estas intervenciones. [Repaso completo en este artículo de La Directa traducido al castellano]. 

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha dado positivo por coronavirus en la última prueba médica realizada ayer.

Calvo había tenido en pruebas anteriores un resultado negativo, pero el último no proporcionaba datos concluyentes y se repitió la prueba.

La vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática evoluciona favorablemente y permanece ingresada con el protocolo de aislamiento correspondiente.

El parlamento alemán ha aprobado un presupuesto suplementario de 156.000 millones de euros para paliar las consecuencias socioeconómicas del coronavirus. A eso se suma la autorización al banco alemán de desarrollo KfW para que emita 200.000 millones euros de deuda. De este modo, Alemania se aleja de los objetivos de déficit cero y recurre al endeudamiento. La suma combinada de las medidas aprobadas hoy supondrá el 10% del PIB alemán.

La pandemia por el coronavirus ya ha llegado a Palestina. El 25 de marzo se ha confirmado el primer fallecimiento en Cisjordania. Gaza está en peligro por las condiciones de vida y la falta de camas hospitalarias.

Nadia Calviño ha explicado en el Congreso de los Diputados las medidas económicas tomadas hasta ahora en el marco de la crisis económica. Calviño ha anunciado medidas de apoyo adicionales pero no ha querido profundizar en cuáles son esas medidas, dirigidas, según se ha publicado, a ayudas al alquiler y a sectores que todavía no se han visto beneficiadas por los paquetes de rescate aprobados: concretamente, las empleadas de hogar. La ministra de Economía ha insistido en la transitoriedad de la crisis.

La productora de contenido audiovisual Mediapro ha presentado un Expediente de Regulación Temporal de Empleo que afectará a 1.200 trabajadores. Mediapro, propietario del productor Jaume Roures, complementará hasta el 100% los sueldos de los empleados con salarios más bajos y hasta el 75% los del resto.

La diputada de las Candidatures d'Unitat Popular (CUP) ha criticado los decretos económicos aprobados. “Repartan la riqueza, inviertan en sanidad pública y aseguren la renta garantizada y suspendan los pagos de alquileres e hipotecas para toda la población”, ha dicho Vehí. Para las CUP hay una decisión: vida o beneficios de las empresas. 

Vehí ha pedido más medidas de captación de fondos: que el BCE emita dinero sin deuda; que los bancos devuelvan el dinero del rescate llevado a cabo desde 2008; que la monarquía ingrese el dinero de las herencias y renuncie a la financiación pública.

Para las CUP es necesario un impuesto de emergencia sobre las grandes empresas y fortunas: “O sus beneficios o nuestras vidas”, ha reiterado Vehí.

Mertxe Aizpurua Arzallus (EH Bildu) ha dicho que su grupo pide responsabilidad al Gobierno para que atienda a peticiones que se le trasladan: “Los bancos no están aportando nada, ni siquiera devuelven lo que deben”. Las grandes empresas, la casa real, los empresarios, las eléctricas están poniendo sus intereses económicos en el centro, ha dicho Aizpurua. “Basta de privilegios para unos pocos”, ha dicho la diputada abertzale, que ha recordado los 60.000 millones de rescate financiero. “No queremos su falsa caridad, queremos que paguen lo que deben”, ha dicho Aizpurua. EH Bildu cree que las medidas presentadas por Calviño esta tarde en el Congreso son un primer paso pero “insuficiente”.

Aizpurua se suma a las reivindicaciones de una “renta de cuarentena” equivalente al salario mínimo interprofesional. 

Nestor Rego Candamil considera que el criterio de reparto del fondo social extraordinario es injusto y perjudicial para Galicia. Los territorios dispersos son injustos, ha reiterado el diputado de BNG. El diputado ha criticado también los ERTE que están siendo aprobados y ha recordado que países como Italia han prohibido los despidos. 

Rego ha denunciado también la situación económica de los trabajadores y trabajadoras del marisqueo. Antes, Joan Baldoví (Compromís) ha referido en una intervención la situación de la pesca, “se está tirando pescado”, ha alertado Baldoví.

El diputado de Más País, Íñigo Errejón, cree que ya son devastadores los datos económicos de la crisis, entre otros los cien mil despidos diarios anunciados desde el comienzo del estado de alarma. “Creamos la UE para momentos para este, si la UE no se da cuenta, el Gobierno español tiene que ir más lejos”. Errejón ha pedido que se pare toda la producción no esencial. El diputado ha pedido que se multiplique por cinco la movilización del PIB lanzada por el gobierno para frenar el impacto económico, desde el 1,4% actual hasta más del 5%. “Hay recursos”, ha dicho Errejón, que ha hablado de medidas “insuficientes” para que el país pueda parar completamente y para que el paisaje tras la crisis sanitaria no sea “devastadora”.

“Vamos tarde en alquileres, hay que prohibir que se despida, hay que poner un ingreso básico de emergencia”, ha defendido Íñigo Errejón, antes de ser interrumpido, a las 20h para el aplauso a sanitarias y trabajadoras de servicios públicos y esenciales.

Gabriel Rufián: “Si no ampliamos las medidas, lo que supuso Lehman Brothers, la crisis-estafa del 2008 quedará en un juego de niños”, ha dicho el diputado de ERC. Entre las medidas que proponen los republicanos están

1) Suspensión del pago del alquiler para colectivos afectados por la crisis. 2) Suspensión del pago de servicios: luz, agua y gas. Rufián ha pedido que se suspendan los pagos fijos en todo caso. 3) Prohibición de los despidos. Seis de cada cien trabajadores catalanes ya están en paro por un ERTE, ha dicho Rufián. 4) Moratoria pagos de seguridad social a Pyme y Autónomos. 5) Renta de confinamiento. Para personas en situación de vulnerabilidad con el objetivo de que sea universal progresivamente, ha especificado Rufián. 6) Impuesto extraordinario de confinamiento sobre compañías digitales e intermediarias de distribución y reparto. A plataformas como Glovo, ha detallado Rufián. 7) Impuesto a las grandes fortunas durante este tiempo. 8) Utilizar el superávit de los Ayuntamientos. 

El diputado de Unidas Podemos Txema Guijarro ha pedido al Gobierno que atienda a las medidas necesarias una vez se aprueben los decretos presentados por Nadia Calviño que han quedado “desfasados” en una semana por la aceleración de la crisis.

Iván Espinosa de los Monteros (Vox) ha atacado al PP desde el minuto uno de su intervención, tratando de convertirse en “oposición” al Gobierno. Espinosa pide que no se suban los impuestos, que no se incremente el gasto social fuera de la emergencia sanitaria. El diputado ultra ha pedido que se bonifiquen las cotizaciones sociales de las empresas y aplazar el IVA de las multinacionales.

El diputado Mario Garcés (PP) ha advertido al PSOE de que no debe dejar de creer en la libre empresa como base fundamental de la democracia, pero ha anunciado su voto positivo a los decretos presentados.

El diputado del PSOE Rafael Simancas ha defendido que el 8 de maro, además de las manifestaciones feministas, se llevaron a cabo muchos actos de masas, algunos de ellos convocados por el PP.