peoples plenary cop31
Un momento del Plenario de los Pueblos, celebrado este jueves 19 en la COP31 de Antalya.
20 nov 2026 06:00

—“El financiamiento climático es el corazón de la acción climática”. Estas eran las palabras de Joshua Villalobos, activista ambiental de las Filipinas, en una rueda de prensa de Oxfam en la COP31, la Cumbre del Clima, que se cierra esta semana en Antalya, Turquía. “No hay acciones significativas sin financiación”, añadía Nafkote Dabi, responsable de Políticas sobre el Cambio Climático de la ONG. Aunque hay un Grupo de Trabajo específico sobre financiación, el dinero es uno de los ejes más transversales durante las negociaciones climáticas y puede bloquear o impulsar las negociaciones de las distintas líneas de negociación paralelas. 

Según el artículo 9.1 del Acuerdo de París, los países desarrollados —según los términos de las Naciones Unidas— tienen la obligación de movilizar recursos financieros hacia los países en desarrollo para mitigar el cambio climático y adaptarse a sus efectos. El compromiso es colectivo, es decir, no se marca una cantidad por país, pero sí que se decide una cifra que represente la suma de la aportación total, conocida como el Nuevo Objetivo Cuantificado Colectivo (NCQG, por sus siglas en inglés). Además, la obligación de los países desarrollados no comporta una implicación jurídica ni unas repercusiones legales o económicas, aunque los Estados sí que tienen que presentar los avances delante de los organismos de las Naciones Unidas.

Deuda del Norte global

Este año los compromisos de financiación pública se han reducido un 70 %. La Unión Europea, por su parte, ha decidido no ampliar su líquido y ha pedido que las negociaciones se centren en ejecutar los compromisos financieros que ya existen —por ejemplo, la triplicación del presupuesto del Fondo de Adaptación— en vez de poner el foco en nuevas aportaciones.

En el caso de España, la vicepresidenta tercera y Ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, presente en las negociaciones de la COP31, ha informado que el país sí que va a ampliar el financiamiento aportando 45 millones de euros. De estos, 25 millones van a ir al Fondo de Adaptación, que cubre acciones para adaptar los países del Sur global frente los impactos del cambio climático, y 15 millones al Fondo de Pérdidas y Daños, que se destinan a la reconstrucción y respuesta después de desastres ambientales de aparición rápida y lenta. El resto va a ir destinado al Servicio de Financiación de Observaciones Sistemáticas, que analiza las previsiones meteorológicas. 

“Los países industrializados deberían priorizar las subvenciones directas que apoyen las medidas climáticas”, propone Isaac Akinawale, de la organización nigeriana ABRD

Esta aportación es un añadido a la cifra total de 1.350 millones de dólares anuales que España se comprometió en la COP26 de Glasgow. “Tenemos que contextualizar la cantidad aportada teniendo en cuenta el porcentaje de inflación. Mientras que la inflación ha aumentado un 4 %, el incremento de la aportación representa un 3,4% del dinero que España había prometido”. argumenta Clàudia Custodio, investigadora en energía, clima y justicia climática en l’Observatori del Deute en la Globalització (ODG). 

Para una idea más concreta, recuperar València después de la dana costó unos 4.105 millones de euros, ejemplo que muestra las cifras reales necesarias para hacer frente a las consecuencias climáticas. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) estima que las naciones en desarrollo necesitarán alrededor de 305.000 millones de dólares al año para adaptar sus países hasta al año 2035, mientras que los flujos de financiación pública internacionales eran de alrededor 30.000 millones de dólares en 2024.

“Este año ha habido miles de muertos por causas climáticas, 50.000 solo en Europa. La emergencia climática es una realidad evidente y los costes económicos que tiene también lo son. ¿Cómo puede ser que se esté reduciendo la financiación destinada a hacerle frente?”, se pregunta Clàudia Custodio. Paralelamente, se ha invertido cada vez más en gastos militares, apuntan desde ODG, con cifras mucho más elevadas que el presupuesto destinado en materia climática. “Esto muestra las prioridades de los países: la seguridad nacional está en el centro, en lugar del bienestar del planeta y de la emergencia climática, que al final también amenaza la seguridad”, añade.

Barreras en el sur

“No conozco ninguna organización indígena que tenga proyectos financiados por estos fondos”, declara Silke Lunnebach, miembro de Alianza del Clima, una organización que trabaja con comunidades indígenas. “Los procesos para pedir la financiación son muy complejos y las organizaciones locales no cuentan con personal ni recursos técnicos necesarios”, añade. Esta es una de las quejas que más suenan entre los participantes del Sur global en la COP31, que critican el exceso de burocracia y las barreras de acceso a los fondos climáticos.

“Esto provoca una contradicción, porque los países que menos han contribuido al calentamiento global son los que terminan pagando más”, concluye Silke Lunnebach. Además, muchas de las ayudas que llegan son a través de los bancos en forma de préstamos con intereses, hecho que agrava la deuda de países ya asfixiados económicamente. “Los países industrializados deberían priorizar las subvenciones directas que apoyen las medidas climáticas”, propone Isaac Akinawale, de la organización nigeriana African Belt and Road Development Initiative (ABRD). No obstante, el informe de Oxfam apunta que dos terceras partes del financiamiento climático destinado al Sur global se recibe en forma de préstamo. 

Las complicaciones aún son mayores cuando se trata de islas pequeñas, informan distintos miembros de la organización Small Islands Organisation (SMILO), que representan las islas de menos de 150 kilómetros cuadrados. También se quejan de que la inversión está planteada para regiones más grandes y para proyectos mainland.

“Tenemos una oportunidad enorme para negociar un nuevo marco normativo mundial para gravar a las multinacionales”, defiende Rebecca Newsom, responsable de Política Global de Greenpeace

En esta línea, en las islas pequeñas hay también una falta de datos disponibles y de estudios científicos para poder presentar las solicitudes de financiación, explica Adi Sivoki Oripa Susu, representante de las Islas Fiji: “Estos criterios juegan en nuestra contra, a pesar de que ya existen pruebas de la vulnerabilidad de nuestras islas al cambio climático”. Walter Okello, de la isla Kiwa, en Kenia, añade: “Y para cuando se aprueban los fondos, las inundaciones y los daños ya se han producido sobre el terreno”.

Las islas del Pacífico han sido unas de las más afectadas por las consecuencias climáticas durante los últimos años: en la última década los supertifones han aumentado y los impactos del El Niño siguen presentes en el día a día de sus habitantes. Por eso, lo más importante de todo, añade Jadrien Eigharisóór Litulumar Lotoc, miembro de la organización como portavoz de las Islas Marianas del Norte, es conseguir una inyección de líquidos para una recuperación justa de los territorios “que dé prioridad al liderazgo de la comunidad y de la resiliencia a largo plazo”, en vez de limitarse a restablecer las condiciones anteriores.

El papel del sector privado

Para conseguir más presupuesto, organizaciones ambientales ven una solución muy clara: “Tenemos una oportunidad enorme para negociar un nuevo marco normativo mundial para gravar a las multinacionales”, defiende Rebecca Newsom, responsable de Política Global de Greenpeace. Impuestos a las multinacionales contaminantes y a las grandes fortunas podrían ser una forma de obtener beneficio destinado a redistribuir la riqueza y a desarrollar países y comunidades. 

No obstante, no todos las economías en desarrollo lo ven como la solución. Entre las principales discrepancias figuran la responsabilidad histórica que recae en los países del Norte global, las relaciones de determinados gobiernos con empresas petroleras o la dependencia en la inversión extranjera. Movilizar más capital del sector privado es otra de las soluciones que hay encima de la mesa.

Kayleen Waters: “Proteger un litoral vulnerable o ayudar a los hogares a prepararse para una tormenta puede ser extremadamente valioso sin generar una rentabilidad que atraiga a los inversores”

Sin embargo, también esta alternativa está rodeada por la controversia, añade Kayleen Waters, miembro de SMILO, representando a Antigua y Barbuda: “No todas las necesidades relacionadas con el clima pueden convertirse en un negocio rentable. Por ejemplo, proteger un litoral vulnerable o ayudar a los hogares a prepararse para una tormenta puede ser extremadamente valioso sin generar una rentabilidad que atraiga a los inversores”. En general, los proyectos de adaptación al cambio climático son los más complicados de financiar con inversiones externas por la falta de incentivos de beneficio para las empresas.

Así, la financiación sigue —en gran parte— dependiendo de los presupuestos del Norte global, pese a que los Estados desarrollados no atraviesan su mejor momento: Europa aplica cada vez más recortes y los Estados Unidos han salido de la ecuación. Esta situación provoca una pérdida de confianza por parte de los países del sur, concluye Gisela Torrents, miembro de Justicia Ambiental del Observatorio DESCA: “Hay unas resistencias y un contexto histórico que influye y dificulta alcanzar consensos”.

Pero a pesar de la ineficacia del financiamiento, las COP siguen siendo el único espacio donde se requiere el consenso de todos los Estados —por pequeños que sean— para conseguir un acuerdo climático.

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