Control de fronteras
La Comisión Europea señala el uso irregular del 18% de los fondos gestionados por la Guardia Civil en el Sahel

Al menos 12 millones de euros de los fondos dedicados al programa europeo de cooperación militar con los Estados africanos del Sahel han tenido un uso “imprudente e injustificado”, según conclusiones del informe de evaluación del proyecto GAR-SI SAHEL difundidas la mañana del miércoles por la cadena Ser. El informe señala al general retirado de la Guardia Civil, Francisco Javier Espinosa, director del programa entre 2017 y 2021, y único encarcelado hasta ahora dentro del sumario del conocido como caso Mediador.

Según la cadena Ser, el informe, fechado el 25 de abril de 2022, considera que los equipos de protección vendidos a las policías de Mauritania, Burkina, Mali, Níger, Senegal y Chad fueron seleccionados con “errores significativos”, lo que llevó a una asignación “imprudente e injustificada” de “al menos” 12 millones de euros (un 18%) del total de 67 millones dedicados entre 2017 y 2021 a este proyecto de cooperación securitaria con los Estados del Sahel. La evaluación encargada por la Comisión Europea menciona también, fuera de este cálculo, “dificultades encontradas con la Manufacture des Equipements Militaires (MANEM) en Chad, que tiene el monopolio importación de equipo militar”.

Estas elecciones erróneas, entre las que se encuentra la compra de chalecos antibalas o coches blindados defectuosos, o equipos de visión nocturna que no se han llegado a utilizar, “han tenido un impacto significativo en la eficiencia, operatividad y sostenibilidad de estos medios”. El programa GAR-SI SAHEL es una iniciativa de ministerio del Interior español, financiada a través de la Fundación Internacional e Iberoamericana de Administración y de Políticas Públicas (FIIAP) y liderada sobre el terreno por la Guardia Civil bajo mando del general Espinosa hasta el año 2021.

El informe señala al general retirado de la Guardia Civil, Francisco Javier Espinosa, director del programa entre 2017 y 2021, y único encarcelado hasta ahora dentro del sumario del conocido como caso Mediador

Tal y como detalla la cadena Ser, los responsables de la Comisión Europea encargados de hacer seguimiento del proyecto no elevaron las conclusiones de este informe a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), aduciendo que las conclusiones de dicha evaluación encargada a la empresa Altair Asesores no eran vinculantes y se basaban en estimaciones sobre la base de los datos financieros disponibles. La propia Comisión Europea ya había alertado al Estado español en 2018 sobre la política de compras del proyecto dirigido por el general Espinosa.

Un instrumento de la política de fronteras

Pese a ser menos conocida que la Agencia Española de Cooperación y Desarrollo, la FIAPP es “un actor clave de la cooperación española para el desarrollo”, según la red de colectivos europeos por la libertad de movimiento Migreurop. Clave, en concreto, para dedicar recursos de cooperación a tareas de seguridad, cooperación militar y control migratorio, tareas todas que entran dentro del mandato de la misión de la Guardia Civil en el Sahel. Según Migreurop, la FIAPP es desde 2012 uno de los brazos ejecutivos de la política de externalización de fronteras de la Unión europea en África”.

“En el año 2018, 50% de los proyectos ejecutados por FIIAPP tenían algún vínculo con la seguridad y la lucha contra el crimen organizado (que incluye la lucha contra la migración irregular y el tráfico de migrantes)”, indica Migreurop, un ejemplo de la práctica de enmascarar la militarización de fronteras a través de las cifras de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD).

El secreto de sumario de las 12 carpetas incluidas en la investigación del caso Mediador impide saber si la jueza María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres Farizo , titular del juzgado de instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife, ha incluido la etapa de Espinosa al frente de GAR-SI SAHEL en sus pesquisas sobre la presunta trama de extorsión y cobro de comisiones a empresarios ganaderos y del sector de la fotovoltáica conocida como caso Mediador.

De entre los 13 detenidos, entre los que se encuentra Juan Bernardo Fuentes Curbelo, diputado del PSOE por Las Palmas en el momento de trascender las acusaciones, Espinosa es el único en haber ingresado en prisión. Los primeros indicios publicados de su participación en la trama se remontan a 2020, cuando seguía al frente de la misión de la Guardia Civil en el Sahel. De hecho, uno de los mensajes intervenidos muestra a Espinosa escribiéndole a sus socios “yo, si sigo aquí en el proyecto, hasta octubre voy a colaborar con vosotros…” . Según declaraciones a la jueza por parte de la principal fuente del caso, el Mediador por antonomasia Marco Antonio Navarro Tacoronte, Espinosa ofreció a un empresario un contrato de instalación de placas solares en Cabo Verde y Mozambique por valor de 35 millones de euros, de los que él presuntamente cobraría un 10%.