Contaminación
Explosión en Tarragona: un accidente evitable en el “basurero de Catalunya”

Con máscaras blancas como símbolo, más de 3.000 personas se manifestaron el pasado 16 de enero en Tarragona convocados por la plataforma ciudadana CelNet, para exigir medidas urgentes a las autoridades.

La explosión en la fábrica de óxido de etileno Iqoxe, situada en el polígono sur del complejo petroquímico de la ciudad y que ha dejado tres muertos y ocho heridos graves, ha servido de detonante de un problema que no es nuevo en la zona. CelNet, así como otros grupos políticos, sindicatos y asociaciones de vecinos, llevan más de una década denunciando la falta de seguridad y de regulación de la industria química y la ausencia de protocolos claros en caso de accidente grave, así como los agentes tóxicos del aire que deben respirar las cerca de 350.000 personas que viven cerca del mayor polo petroquímico del sur de Europa.

Para Josep María Torres, portavoz de CelNet, el incidente no solo “se podría haber evitado”, sino también las escenas de caos posterior, donde “nadie sabía qué protocolo aplicar”, con “indicaciones contradictorias” entre Protección Civil y la Generalitat. “La gente salía corriendo de los supermercados, no sabíamos si teníamos que confinarnos, unos se iban, otros se encerraban en sus casas… Aquí, en mi pueblo, iba uno con un megáfono de Protección Civil gritando como si estuviéramos en el siglo XIX”, relata Torres.

No se trata del primer accidente, recuerda el portavoz de CelNet, sino el de “más envergadura y espectacularidad”. No pasa un mes, continúa, sin que haya un escape de gas, un vertido en los acuíferos u otros incidentes menores. De hecho, el del 14 de enero era el cuarto accidente grave en los últimos nueve meses.

La fábrica accidentada ya había recibido cuatro sanciones por parte de Inspección de Trabajo por sus deficientes condiciones en materia de salud y seguridad laboral

Solo en la fábrica de Iqoxe, propiedad de Ricardo Leal —el empresario más rico de Extremadura y unas de las 200 mayores fortunas de España—, las deficientes condiciones de trabajo y en materia de salud y seguridad laboral habían merecido cuatro sanciones por parte de Inspección de Trabajo.

Los sindicatos llevaban tiempo denunciando la falta de personal necesario para garantizar la seguridad después de la reducción de plantilla que acompañó a la compra de la empresa en 2014 por parte del grupo Cristian Lay. CGT y CO.BAS culpan directamente al dueño de la fábrica, cuya fortuna está valorada por la revista Forbes en 230 millones de euros, de comprometer la seguridad por la “falta de personal” y el “estado deplorable de las instalaciones”.

CC OO y UGT, por su parte, denuncian que la situación laboral de los empleados, con una alta precariedad, rotación y plantilla subcontratada, “repercute en la seguridad” y no descartan la convocatoria de una huelga para reclamar mejores condiciones.

El problema de fondo, señala el portavoz de CelNet a El Salto, es la falta de reacción de las autoridades y la industria, que “nunca han querido asumir” el enorme crecimiento del polo químico y de la población de los municipios circundantes, una combinación letal si no se acompañan de una regulación suficiente y protocolos claros en caso de accidente.

“Lo triste es que, en todo el tiempo que llevamos trabajando, ni el Parlament ni las administraciones locales, que también están muy compradas, han hecho nada hasta ahora”, dicen desde la plataforma CelNet

En los más de 12 años de trabajo de esta plataforma vecinal, nacida para luchar contra la expansión de industrias contaminantes en el territorio, han chocado una y otra vez con la inacción de las autoridades: “Lo triste es que en todo el tiempo que llevamos trabajando ni el Parlament ni las administraciones locales, que también están muy compradas, han hecho nada hasta ahora”.

todo por evitar el “alarmismo”

Torres señala directamente al lobby de la industria química y a la complicidad de las administraciones como responsables. Con la excusa de evitar el “alarmismo”, se ha permitido la multiplicación de pequeñas empresas de “nombres muy poco conocidos” en el polígono sur, como es el caso de Iqoxe, que suministran a las grandes industrias petroquímicas del polígono norte. En el caso de estas pequeñas empresas, señala Torres, “no existe ningún tipo de control” y la opacidad sobre qué productos fabrican, qué gases emiten o cuáles son las medidas de seguridad es absoluta.

Este terror al “alarmismo” también ha llevado, explica, a que en todos estos años “no se haya trabajado con la ciudadanía sobre qué hacer en caso de accidente grave”

Por el miedo al “alarmismo”, continúa, se ha evitado desde hace años afrontar el debate sobre la necesidad de una “regulación mucho más concreta y específica”, un mayor control y transparencia sobre qué productos se fabrican y comercializan, y sobre cuáles son los impactos en la salud de las personas y el medio ambiente. El terror a ese “alarmismo” también ha llevado, explica, a que en todos estos años “no se haya trabajado con la ciudadanía sobre qué hacer en caso de accidente grave”.

“Las empresas tienen un problema de maximización de beneficios cuando aquí hay un riesgo grave para la población. Llevamos tres años en una mesa [de negociación con la industria y las autoridades] y ningún resultado”, denuncia.

“El basurero de Catalunya”

Para ejemplificar el poder del lobby de la industria química —y su efecto en las decisiones de las administraciones—, Torres narra cómo acabó el último intento serio por saber qué aire respiran los cientos de miles de personas que viven cerca del complejo petroquímico de Tarragona. En 2013, junto con la Universidad Politécnica de Catalunya y la financiación de cuatro ayuntamientos, se inició un proyecto para estudiar la calidad del aire. Los resultados fueron “tan relevantes en tóxicos y en compuestos volátiles cancerígenos que la presión al año siguiente hizo que tres de los cuatro ayuntamientos se retiraran del proyecto”.

Desde entonces y hasta ahora, el único dato sobre la contaminación del aire en toda la región lo aporta un pequeño municipio cercano al polígono norte. “Si me preguntan qué se está emitiendo y qué respiran los vecinos de los barrios de Tarragona ni yo ni la Generalitat ni la industria tenemos ningún tipo de dato”, señala. Las presión “tanto por parte de la industria como por parte de la administración, que no les interesaba el alarmismo”, dio resultados.

“Tarragona ha sido tradicionalmente el basurero de Catalunya”, dice el portavoz de CelNet Josep María Torres

Todo esto tiene mucho que ver, cuenta Torres, con el rol que desde hace medio siglo ocupa la provincia de Tarragona, donde además del polo petroquímico también se sitúan las cuatro centrales nucleares catalanas: “Tarragona ha sido tradicionalmente el basurero de Catalunya. Tenemos la capital, que es Barcelona; tenemos la zona turística por excelencia, que es Girona; la zona de campo, que es Lleida, y Tarragona quedó como el basurero”.

Después del “punto y aparte” que supuso la explosión y la movilización ciudadana del pasado 16 de enero, para CelNet hay “tres cosas indispensables” que tienen que abordar las autoridades y la industria química. La primera son “controles fiables de las emisiones y saber cómo repercute eso en la salud y en el medioambiente”. La segunda es controlar cómo se están manejando los productos químicos dentro del complejo, especialmente en el polígono donde se produjo la explosión, compuesto por decenas de pequeñas empresas. Y, por último, “preparar un plan de emergencia, donde haya confianza entre la autoridades y la ciudadanía” para que todos los agentes estén preparados en caso de que se produzca otro incidente.

Las primeras reacciones no invitan al optimismo. “Me da un poco de terror porque no han sabido prevenir lo que se venía, no supieron gestionar bien el accidente y ahora estoy oyendo a los políticos y la industria química diciendo que van a hacer una mesa cuando desde hace tres años estamos sentados en una”, concluye.