Contaminación
El Supremo confirma que la inacción de la Xunta ante la contaminación ganadera vulnera derechos fundamentales
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El Tribunal Supremo ha inadmitido los recursos de casación presentados por la Xunta de Galicia y la Confederación Hidrográfica Miño-Sil contra la sentencia histórica que el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) dictó en julio de 2025 en relación con la contaminación del embalse de As Conchas y el río Limia. La resolución es firme y de obligado cumplimiento.
La sentencia del TSXG concluye que la pasividad de las autoridades autonómicas y estatales frente a la contaminación generada por cientos de explotaciones porcinas y avícolas en la comarca de A Limia supone una vulneración directa de los derechos fundamentales de las personas que allí viven. Entre esos derechos figuran el derecho a la vida y a la integridad física, el derecho al domicilio y a la vida privada, el derecho a la propiedad y el derecho al agua.
Nieves Nova: “La Xunta y la Confederación Hidrográfica Miño-Sil deben proceder de inmediato a ejecutar la sentencia para que estos derechos se traduzcan por fin en una vida digna para las comunidades afectadas”
El embalse de As Conchas lleva años sufriendo los efectos de la expansión de la macroganadería intensiva en la Baixa Limia. La concentración de nitratos y el proceso de eutrofización del agua han alcanzado niveles por encima de los umbrales fijados por la Organización Mundial de la Salud, situación que la propia providencia del Tribunal Supremo describe como un “riesgo cierto para la vida y la integridad que perturba gravemente el domicilio y la vida privada” de la población afectada.
Durante todo este tiempo, tanto la Xunta de Galicia como la Confederación Hidrográfica Miño-Sil han hecho oídos sordos. No solo no adoptaron medidas efectivas para frenar la contaminación, sino que cuando la justicia dio la razón a los vecinos y vecinas, optaron por recurrir la sentencia. El Supremo acaba de cerrarles esa puerta.
Un precedente con alcance más allá de Galicia
Pablo Álvarez Veloso, presidente de la asociación de vecinos local y uno de los demandantes en el caso, recuerda que la lucha llevó años, pero que la resolución del Supremo viene a confirmar que “las administraciones deben velar por los derechos humanos” y proteger un embalse que, a su juicio, “debería ser patrimonio de toda la población gallega”.
Las organizaciones que apoyaron jurídica y técnicamente el caso —Amigos de la Tierra, ClientEarth y la Federación de Consumidores y Usuarios CECU— coinciden en señalar que esta sentencia no es solo una victoria local, sino un precedente de calado para todo el Estado.
La firmeza de la sentencia implica que las autoridades competentes están ahora legalmente obligadas a tomar medidas efectivas para poner fin a la degradación del embalse y sus alrededores
Nieves Noval, líder del equipo de sistemas alimentarios de ClientEarth, es contundente: “La Xunta de Galicia y la Confederación Hidrográfica Miño-Sil deben proceder de inmediato a ejecutar la sentencia para que estos derechos se traduzcan por fin en una vida digna para las comunidades afectadas”.
La firmeza de la sentencia implica que las autoridades competentes están ahora legalmente obligadas a tomar medidas efectivas para poner fin a la degradación del embalse y sus alrededores, y a restaurar los derechos que fueron vulnerados durante años. El incumplimiento de esta obligación podría derivar en nuevas consecuencias jurídicas para la Xunta y para la Confederación.
Para Blanca Ruibal, coordinadora de Amigos de la Tierra, la resolución es “un hito histórico” en el reconocimiento de la vulneración de derechos humanos provocada por la ganadería industrial, y un mensaje inequívoco de que “la salud y la naturaleza están por encima de los intereses de unos pocos”. Ruibal confía en que la victoria de As Conchas sirva de aliento a otras comunidades que se enfrentan a situaciones similares y que aún no han encontrado justicia. “Vamos a seguir ganando batallas”, concluye.
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