Consumo
Querido Alberto Garzón: qué piden las organizaciones de consumidores al nuevo Ministerio de Consumo

Los colectivos que defienden a consumidores frente a los abusos de las grandes empresas exigen al nuevo Gobierno que rompa con décadas de inoperancia en las administraciones e impunidad para las multinacionales.


publicado
2020-01-09 06:45

La creación de un nuevo Ministerio de Consumo, independiente de la cartera de Sanidad, y la filtración del nombre del futuro ministro —el del coordinador general de Izquierda Unida, Alberto Garzón— han multiplicado las expectativas de las organizaciones de consumidores para que se acabe con la “impunidad casi absoluta que gozan las multinacionales”, según palabras de Rubén Sánchez, portavoz de Facua. 

Horas antes de que el Gobierno, Pedro Sánchez, nombrara a su equipo de Gobierno definitivo, dos de las principales organizaciones del ramo han desplegado sus exigencias, dando por hecho que por primera vez en la historia un Gobierno español contará con un Ministerio exclusivo para la defensa de los intereses de los consumidores frente a las grandes empresas.

La situación de partida para el portavoz de Facua no puede ser más dramática con una “política de protección al consumidor absolutamente muerta desde hace décadas”

Tanto Facua, que cuenta con más de 200.000 socias, como la OCU, con más de 250.000, se han adelantado a la confirmación que se espera para la siguiente semana y han planteado sus principales demandas para el nuevo Gobierno.

La situación de partida para el portavoz de Facua no puede ser más dramática con una “política de protección al consumidor absolutamente muerta desde hace décadas”. Después de diversos gobiernos en los que la pata de “consumo” había incluso desaparecido de las nomenclaturas de los ministerios, el último Gobierno del PSOE había recuperado la defensa de los consumidores como un “apéndice” del Ministerio de Sanidad. La esperanza de que esta recuperación sobre el papel se tradujera en una defensa activa de la ciudadanía frente a los abusos de las multinacionales se vió frustrada ante la ausencia de “una política real de defensa del consumidor”, critica Rubén Sánchez.

Por ello, la creación de una cartera propia de consumo es vista por el portavoz de Facua como una “buena noticia”. Una sorpresa, reconoce Sánchez, que no estaba en sus “cálculos”, pero que permite que la defensa de los derechos de millones de personas frente abusos y fraudes no quede en un segundo plano ante las urgencias y prioridades de un Ministerio clave como el de Sanidad. “Si nos ponemos en lo peor este Ministerio no va a tener la excusa de decir que la Sanidad es algo muy importante, que requiere mucho trabajo y mucho esfuerzo, y que por lo tanto no puede dedicar tiempo a consumo…, porque este Ministerio solo se va a dedicar a un tema, a Consumo”, sostiene.

Desde Facua, advierte, van a poner “el listón muy alto, incluso más alto que en otras legislaturas. El hecho de que, con toda seguridad, sea Alberto Garzón, en representación de Unidas Podemos, quien asuma la tarea, hace que las expectativas sean mayores. “Ahora vamos a pedir que se cumpla con esas expectativas. Vamos a exigir que cumpla o al menos que se esfuerce en cumplir con los compromisos adquiridos en los programas electorales”, advierte.

Para la OCU, “la creación de un Ministerio de Consumo puede ser un elemento positivo que impulse sus políticas y refuerce su transversalidad”. Una medida que debe estar acompañada de un “endurecimiento de las sanciones” por los casos de fraudes, la definición de consumidor vulnerable que “ampare a quienes sus condiciones físicas o socioeconómicas” los sitúan en “peores condiciones” y medidas para frenar la obsolescencia programada y para la promoción del consumo responsable.

Un Ministerio que actúe contra los abusos y fraudes

La primera exigencia por parte de Facua es un Ministerio de Consumo que actúe y cumpla la ley. Parece obvio, pero no lo es tanto. El artículo 54 de la ley para la Defensa de los Consumidores, aprobada en 1984, habilita al Gobierno para emprender acciones frente a los abusos, los fraudes y las irregularidades cometidas por las grandes empresas. Una ley que ha quedado en el olvido y apenas ha sido invocada por las sucesivas administraciones. De hecho, recuerda Rubén Sánchez, desde 2008 no ha sido utilizada. Entonces, el Ministro de Sanidad y Consumo, Bernat Soria, amenazó a Movistar públicamente con llevarla a los tribunales si no dejaba de cobrar la identificación de llamadas a los usuarios que no la habían solicitado. Una práctica que, según recuerda Sánchez, no cesó, sin que ello terminara en ningún tipo de juicio por parte del Estado.

Para el portavoz de Facua, un Ministerio de Consumo que defienda el interés de los consumidores debería aplicar este artículo 54, interpelar a las empresas que cometan abusos y llevarlas a juicio en el caso de que las actividades ilícitas continúen. “Más allá de cambiar leyes, lo importante es que de una vez por todas, después de tantas décadas de inoperatividad, se apliquen las leyes. Porque ¿para qué queremos leyes de consumo que están de adorno en nuestro marco normativo?”.

Un ministerio que acabe con la impunidad de las multinacionales

Además de aplicar la ley vigente, Facua defiende una reforma de la ley de defensa de los consumidores para que el Ministerio de Consumo tenga competencia sancionadora, es decir, que no solo pueda ir a los tribunales, como ya lo hacen las organizaciones de consumidores, sino que pueda poner multas a las empresas que se saltan las leyes de defensa de los consumidores.

Actualmente, esta competencia la tienen en exclusiva las comunidades autónomas, una situación que, según sostiene Sánchez, termina asegurando la impunidad de las multinacionales que, a final de cuentas, les resulta más rentable cometer fraudes y pagar la multa.

Esta legislación, aprobada a mediados de los 80, obedecía a una situación muy diferente de la actual, cuenta Sánchez: “La realidad del mercado de hoy es muy diferente a la de 1984, y ningún gobierno hasta ahora, ni del PP ni del PSOE, ha valorado la posibilidad de que cuando Movistar o Vodafone, Endesa o un banco comete un fraude masivo no afecta solo a consumidores de un barrio de Córdoba, no afecta solo a consumidores de Catalunya, sino que afecta a consumidores de toda España”.

El hecho de que ninguna administración estatal tenga competencias sancionadoras lleva al “absurdo” de que “para sancionar proporcionalmente a la gravedad del fraude una práctica que afecta a consumidores de toda España sea necesario que 17 comunidades autónomas abran 17 expedientes sancionadores”. Levantar un proceso semejante es tan complejo, continúa Sánchez, que hasta ahora nunca se ha hecho.

La OCU cree necesaria “una reforma y endurecimiento de las sanciones en materia de consumo, que impidan que a las empresas les salga más barato pagar una multa que cumplir con la normativa”

La propuesta de reforma legislativa —que según relata Sánchez a El Salto ha contado con el visto bueno de Unidas Podemos en las conversaciones mantenidas entre ambas entidades— no implica “que las comunidades dejen de tener competencias para multar fraudes, sino que sea una competencia compartida en la que el Gobierno de la Nación pueda actuar contra un fraude masivo facilitando la protección de los consumidores”.

Esta reforma —que necesitaría del acuerdo de los socios de Gobierno y de otros partidos del Congreso, reconoce Sánchez— significaría una actualización de la ley para un mercado donde los principales abusos ya no los cometen pequeñas y medianas empresas nacionales, sino gigantescas multinacionales con activos gabinetes de abogados.

Por su parte, la OCU cree necesaria “una reforma y endurecimiento de las sanciones en materia de consumo, que impidan que a las empresas les salga más barato pagar una multa que cumplir con la normativa”, además de una reforma que “elimine los obstáculos que hoy existen para el desarrollo de las acciones colectivas”.

Los principales frentes

Los abusos de la banca y las hipotecas, los fraudes vividos en los casos Volkswagen, Facebook o Idental, el laberinto de los centros de atención al cliente para darse de baja o poner una reclamación, los abusos y fraudes de las compañías telefónicas y eléctricas, de las compañías aéreas, como Rynair, que cobran por el equipaje de mano o de los bancos, como Santander o Bankinter, que cobran de “forma desproporcionada” a los clientes que se quedan al descubierto… La lista de “fraudes masivos”, en palabras de Facua, a la que tendrá que hacer frente el nuevo Ministerio es interminable, sobre todo después de décadas marcadas por la falta de políticas al respecto.

Entre las prioridades del nuevo Ministerio, ya reconocida en el acuerdo programático entre PSOE y Unidas Podemos, se encuentra la regulación de las casas de apuestas. La propuesta de equiparar la publicidad de apuestas al tabaco y de regular la apertura de estos locales a partir de las 22h es para Rubén Sánchez “una gran jugada”. Para el portavoz de Facua, al no pedir el cierre total de las casas de apuestas hay muchas más posibilidades de sortear la oposición de los tribunales. Esto haría incluso innecesario prohibir que estas casas de apuestas estén cerca de los colegios, ya que “prohibir la apertura hasta las 22h provocaría que el negocio no sea suficientemente rentable y muchos salones de juego no van a abrir o tendrán que cerrar”, opina.

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