Agricultura
Un precio justo para un consumo honesto

La mayoría de los alimentos frescos que se consumen en España son producidos por explotaciones de tamaño pequeño y mediano y de carácter familiar. Este modelo productivo es el mayoritario en toda Europa y es, según defendemos desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, el más sostenible y el que más beneficios tiene para toda la sociedad. Las explotaciones familiares sobreviven a duras penas por las múltiples amenazas que sufren.

Una de las principales amenazas que sufrimos –si no la mayor– es la falta de precios justos para los alimentos que producimos. La mayor parte de los productos se siguen vendiendo al mismo precio que hace 30 años. E incluso en algunos casos a precios inferiores. Sin embargo, los costes que asumen los agricultores y ganaderos (energía, insumos, costes laborales, alimentación del ganado, etc.) sí se han actualizado, subiendo considerablemente.

Esta situación ha provocado que hoy ser agricultor o ganadero sea un negocio del que difícilmente puede vivir una familia en nuestro país. ¿Por qué seguimos haciéndolo?, se preguntarán algunos. En la mayoría de los casos por herencia, por tradición familiar, por falta de otras oportunidades y por convicción. Sin este elemento fundamental, el orgullo que da coger un pedazo de tierra y con agua, sol y trabajo producir alimentos y aportarlos al mundo, sería imposible para nosotros seguir siendo agricultores y ganaderos.

Pero ser agricultor o ganadero debe ser rentable, hablamos de una actividad económica imprescindible para una sociedad, pues afecta a lo más básico: nuestra alimentación, y que además tiene innumerables beneficios: vertebra el territorio, mantiene la vida en las zonas rurales aquejadas de un grave problema de despoblamiento, mantiene limpios los campos y los montes evitando incendios, cuida del paisaje y en última instancia hace posible que un país sea soberano sobre su alimentación.

Para poder trabajar y vivir de la agricultura y la ganadería, es imprescindible que los productores percibamos un precio que nos permita al menos cubrir los costes de producción y obtener una rentabilidad justa. Las ayudas que establece la Política Agraria Común palían en parte esa falta de ganancias, pero no son suficientes y ni siquiera las percibimos todos los agricultores y ganaderos en función del sector al que pertenezcamos.

Es ahí donde deben entrar los Gobiernos y los órganos legislativos europeos y nacionales. Hemos visto que el mercado no funciona a la hora de remunerar con justicia al primer eslabón de la cadena. Y este se enfrenta a una situación crítica. Es por ello que se deben establecer normas y leyes orientadas a reequilibrar la cadena agroalimentaria.

El objetivo es claro: conseguir que los productores reciban un porcentaje justo y suficiente del precio que pagan los consumidores. Consumidores que en la mayoría de los casos no son conscientes de que son los intermediarios los que se están llevando gran parte del precio de venta al público, y muchas veces habiendo aportado muy poco valor añadido al producto final.

Entonces, ¿son los intermediarios el problema? En UPA creemos que las iniciativas de venta directa desde el campo a la mesa son muy positivas y tienen un gran potencial de crecimiento. Pero también estamos seguros de que es posible la existencia de una cadena comercial justa, en la que diversos agentes acerquen el producto desde las explotaciones hasta los hogares de los consumidores, aportando un valor y obteniendo un porcentaje adecuado por su trabajo.

Los consumidores y consumidoras deben ser también conscientes de que pagar un precio justo no implica necesariamente que deban pagar más, pero sí deben saber que dirigiéndose a determinados productos del llamado primer precio (muchas veces coincidente con la marca de distribuidor o marca blanca) están adquiriendo los productos que menor valor trasladan a lo largo de la cadena.

Del mismo modo, las ofertas muy llamativas, en las que vemos un precio absurdamente bajo en comparación con otros de su misma categoría, son casi siempre una práctica abusiva destinada a atraer a los consumidores con uno de los categorizados como productos reclamo: alimentos normalmente básicos de la cesta de la compra como el aceite de oliva, la leche, las frutas y verduras, la carne de pollo… Ese escaso o incluso nulo margen que aplica la cadena de la distribución lo recuperan en otros productos de otra índole.

Las empresas de la gran distribución en nuestro país tienen un enorme poder. Pero los consumidores tienen aún más poder. Una sociedad avanzada necesita ciudadanos informados y conscientes de que sus decisiones de compra son actos con consecuencias que se extienden hasta el primer eslabón de la cadena.

Estamos seguros de que ningún consumidor o consumidora en España quiere que cierren las explotaciones y los agricultores abandonemos los pueblos. Sin embargo, determinadas opciones de consumo pueden tener ese efecto. Una reciente campaña de publicidad de una marca de automóviles japonesa asegura «Conduce como piensas». Nosotros la vuelta a ese eslogan y pedimos «Consume como piensas».

Nosotros vamos a seguir reivindicando un precio justo para nuestros productos. No nos queda otra para sobrevivir. Seguiremos pidiendo cambios legislativos que impidan los abusos de intermediarios y corporaciones. Y seguiremos haciendo un llamamiento a los consumidores no para que paguen más, sino para que paguen mejor.