Una vez más, Marruecos evita la Observación Internacional en el Sahara Occidental

Durante el mes de agosto han trascendido en algunos medios de prensa informaciones sobre Marruecos, siendo noticia por ser un país “poco democrático” que vulnera los Derechos Humanos, y de la complicidad que el Estado Español está teniendo ante ello.

Entre tanta noticia al respecto se ha echado de menos que no haya habido apenas menciones a la situación del Sáhara Occidental.

Más de 40 años lleva el pueblo saharaui sufriendo graves y reiteradas vulneraciones de los derechos humanos desde que Marruecos ocupase militarmente el territorio en 1975, en forma entre otras de desapariciones forzosas, asesinatos (con especial incidencia entre los años 1975 y 1992), y torturas, lo que ha llevado al procesamiento por genocidio en la Audiencia Nacional española de doce miembros de las fuerzas armadas y policiales de ese país (Sumario 1/2015, Juzgado Central de Instrucción núm. 5). La ausencia de cooperación de las autoridades marroquíes con el juzgado español a la hora de perseguir tales crímenes -los más abominables que se hayan podido cometer y tipificar- negándose a dar cumplimiento a los requerimientos judiciales de referencia, y la falta de exigencia a este respecto por parte del gobierno español pueden dar una medida de la voluntad política actual en la defensa de los derechos humanos.

Por parte del Relator Especial contra la tortura y del Comité contra la Tortura (ambos en el ámbito de la ONU) se ha venido denunciando en los últimos tiempos como uno de los problemas más graves y recurrentes en este terreno la vulneración del derecho a no ser sometido a torturas, -o tratos y penas crueles, inhumanas o degradantes-; en el mismo sentido se han pronunciado diversas organizaciones (Human Rights Watch en su informe “Just sign here”/”Tan solo firme aquí”, Juicios injustos basados en confesiones a la policía en Marruecos, Amnistía Internacional), o incluso el propio Consejo Nacional de Derechos Humanos marroquí, en cuyo informe “La crisis de las cárceles: una responsabilidad compartida” (diciembre 2012) se denuncian, entre otras, prácticas del personal penitenciario consistentes en: "Los porrazos utilizando palos o trozos de mangueras, la suspensión en las puertas de las celdas mediante el uso de esposas, golpes en las plantías de los pies inmovilizados (Falaqa), pinchazos con agujas, bofetadas, quemaduras, las patadas, el desnudo forzado de los reclusos ante la mirada del resto de los prisioneros, además de los insultos y de agresiones verbales contra la dignidad humana de los presos”.

Asumiendo el deber que tenemos como juristas de luchar por el respeto y el cumplimiento de los derechos humanos, muy especialmente dentro del ámbito del derecho penal como máxima expresión del poder punitivo institucional, decidimos unirnos las diferentes compañeras que llevan desempeñando la labor de observación jurídica internacional desde hace años y comenzar a viajar a Marruecos y al Sáhara Occidental para acudir a diferentes juicios que se celebran contra personas saharauis activistas en la defensa de los derechos de su pueblo, acusadas de haber cometido algún delito tipificado en el Código Penal Marroquí.

Es el caso de El Fak Khalihenna, detenido el pasado 16 de agosto cuando volvía de participar en actividades organizadas en la Universidad de Verano de Argel, a quien hoy viernes 31 de agosto se ha juzgado en el Tribunal de Primera Instancia de El Aaiún.

Lamentablemente, las Fuerzas de Seguridad marroquíes han impedido nuestra asistencia a este juicio al que acudíamos como observadoras internacionales, interceptándonos en el vuelo que nos conducía a la mencionada ciudad ocupada, conduciéndonos hasta Casablanca y procediendo finalmente a expulsarnos del territorio marroquí. Por parte de diversos colectivos saharauis de defensa de los derechos humanos se nos ha comunicado durante la mañana de hoy que las FSE les han impedido asimismo la entrada a la vista, llegando a manifestar algunas de ellas haber sido agredidas por los agentes.

Denunciamos una vez más que Marruecos no tiene soberanía ni competencia sobre el territorio del Sáhara Occidental (siendo una mera potencia ocupante del mismo conforme al Derecho internacional), que el gobierno español está actuando de espaldas a la legalidad al no asumir las atribuciones que tiene encomendadas por ser a día de hoy la potencia administradora de derecho del territorio (Auto 15/04/2014, Juzgado Central de Instrucción núm. 5 de la Audiencia Nacional, entre otros), y que la expulsión por parte de las autoridades marroquíes de las misiones de observación jurídica internacional constituye una actuación ilegítima asimismo por suponer una vulneración flagrante del derecho fundamental a un juicio justo (en su vertiente del derecho a una audiencia pública, Comité de DDHH de la ONU, observación general núm. 32 al PIDCP), evidenciando la voluntad de tales autoridades de no permitir testigos del modo en que se enjuicia a los activistas saharauis.