Congreso de los Diputados
Pedro Sánchez condiciona su plan frente al Brexit a la buena voluntad de Reino Unido

La desconexión de Reino Unido con la Unión Europea está empezando a copar las agendas políticas de los gobiernos de los otros 27 socios. Así lo expresó ayer Pedro Sánchez en su discurso inicial en el pleno del Congreso de los Diputados, en el que dijo que “no cabe hacer más concesiones a Reino Unido”. Según el presidente en funciones, su ejecutivo lleva 15 meses trabajando “para cubrir cualquier escenario posible, incluido el de un Brexit sin acuerdo”.

Sin embargo, la comisión encargada de este tema (interministerial y dependiente de presidencia), que Sánchez anunció que se reunirá semanalmente, ha empezado su andadura apenas la semana pasada, cuando queda mes y medio para que Boris Johnson llegue o no a un acuerdo. Solo cambiaría el escenario si se obliga a Reino Unido a solicitar nueva prórroga, cosa que cada vez se torna más factible.

29 de marzo, el día de la marmota

Entre las medidas que plantea Pedro Sánchez, la expedición de documentos de residencia que afectaría a 400.000 personas, para lo que fija un plazo de 21 meses desde la fecha de retirada. Por el contrario, Boris Johnson fija el 31 de diciembre como fecha hasta la que conseguir el settled status que permite la permanencia en Reino Unido. Además, sin acuerdo utiliza la frontera del 29 de marzo como fecha en la que la persona solicitante tenía que encontrarse ya residiendo en Reino Unido si pretende quedarse a largo plazo, a través de un trámite burocrático relativamente sencillo y no expuesto a aprobación administrativa. El 29 de marzo parece “el día de la marmota” debido a que, aunque era el día del Brexit y todavía se utiliza para contar muchos plazos administrativos, realmente no se produjo la salida de Reino Unido de la Unión Europea, hecho que cada vez se va retrasando más. El margen de Pedro Sánchez para conseguir el permiso de residencia es bastante más laxo que el ofrecido por Boris Johnson.

En la réplica a su discurso, Pablo Iglesias le ha dicho a Sánchez que “es muy difícil que un gobierno en funciones y sin una mayoría parlamentaria sólida pueda afrontar las consecuencias que pueda generar un Brexit”. Entre otras cuestiones, el propio ejecutivo en funciones de Pedro Sánchez sigue teniendo que gestionar un presupuesto económico heredado de Montoro a pesar de haber estado diez meses gobernando y llevar otros cinco en funciones.

21 meses de gracia en cualquiera de los escenarios

Los 21 meses para la consecución de permisos de residencia también se harán efectivos para la protección social en el sistema sanitario español de ciudadanos británicos. Reino Unido, que también tiene un sistema público de salud, deberá, según Pedro Sánchez, “firmar un acuerdo conjunto que regule permanentemente la coordinación de ambos sistemas”. En este apartado entra la exportación de pensiones, cálculo de cotizaciones, bajas por incapacidad, permisos de maternidad y por desempleo para ambas ciudadanías.

El apartado de la Seguridad Social es desigual porque hay 4.000 pensionistas españoles en Reino Unido, según datos del Ministerio del Interior, mientras que aquí viven 70.000 jubilados de Reino Unido, ya que el 48 % de los británicos que viven en España están jubilados. De hecho, España es el país europeo con más pensionistas de esa procedencia. Es precisamente este rango de edad el más vulnerable médicamente y quien más utiliza la Seguridad Social. El gobierno da también 21 meses de gracia para seguir prestando asistencia sanitaria en condiciones previas a la salida de Reino Unido. El PSOE le exige a Reino Unido “garantía de reembolso de los gastos por la asistencia prestada en España en los mismos términos que en la actualidad”.

Mientras todo siga como estaba

Una de las cuestiones más llamativas, y a la vez inciertas, es el flujo de trabajadores que diariamente se desplazan de la zona del Campo de Gibraltar (uno de los municipios que más mano de obra exporta es La línea de la Concepción) hacia el peñón. Aunque Gibraltar tendrá acuerdo diferente al que firmará, si se da el caso, Reino Unido con la Unión Europea, y España tendrá potestad para vetarlo, hay muchas incógnitas que el presidente no desvela. Literalmente, Pedro Sánchez dijo: “El gobierno condiciona la emisión de autorización de trabajo a los nacionales del Reino Unido a un tratamiento recíproco a los nacionales españoles por parte de las autoridades británicas. Se trata de garantizar el mantenimiento de la actividad laboral especialmente en Gibraltar, donde diariamente se trasladan a trabajar 9.000 ciudadanos y ciudadanas españoles”.

Tememos la fluidez de la frontera tras el Brexit porque desde La línea de la Concepción exportamos casi todo lo que importa Gibraltar

Pero los representantes de los trabajadores transfronterizos comentan la situación, contrapuesta a la que expone el gobierno español. El presidente de la asociación de la Pequeña y Mediana empresa de la Línea de la Concepción (Apymell), Lorenzo Periañez, explica a El Salto que “Reino Unido no tiene competencia en materia de trabajo en Gibraltar, es el propio gobierno gibraltareño. Hemos tenido muchas reuniones y nos han asegurado que los derechos de los trabajadores transfronterizos, en cosas como derechos sindicales, sanitarios y laborales están garantizados”.

Periañez cuenta que el gobierno de Boris Johnson solo decide las cuestiones de Defensa y Política Exterior del peñón. Sin embargo, están preocupados “porque tememos que no haya fluidez en la frontera”, reconoce. “Los trabajadores transfronterizos se ubican mayormente en empresas de hostelería y comercio, en el sector servicios. Para eso es fundamental la fluidez y que entren turistas. También gibraltareños a la Línea, ya que les exportamos prácticamente todo. Ahora seremos una frontera”.

Sobre el plan del gobierno, Periañez expresa su lástima ante “la falta de voluntad política en cuestiones que se podrían haber hecho, como el hecho de un sistema tributario más equivalente al de Gibraltar, porque hay muchas empresas que no tendrán acceso al Mercado Único Europeo y deberán buscar ubicación en territorio europeo”. Comenta que algunas ya están buscando ubicarse en Malta justo por este tema, mientras que si tuviesen los beneficios fiscales de países como Malta en La línea, se habrían tenido que desplazar “apenas 50 metros”. La Línea de la Concepción es el segundo municipio con más paro de España, con una tasa que roza el 30%.

Sobre los productos perecederos que se exportan desde Andalucía, tendrán que pasar inspección en el Puerto de Inspección Fronterizo (PIF) de Algeciras. “Pensamos que muchos pequeños exportadores de La Línea de la Concepción, si tienen que ir a Algeciras a pasar la inspección y luego volver a la frontera con Gibraltar, eso les hará perder un tiempo enorme y esa exportación no será rentable para ellos”.

El flujo de trabajadores es discontinuo. Entran a trabajar diariamente más de 9.000 personas desde Andalucía a Gibraltar, pero no llegan a España desde el peñón ni una mínima parte de esos 9.000 trabajadores españoles. “Algunos ciudadanos de Gibraltar tienen empresas aquí, pero muy pocos”, explica Periañez. Por tanto, es poco realista que el gobierno español deje todo en manos de la buena voluntad y la cooperación de las instituciones británicas en este aspecto, en lugar de instar a Boris Johnson a acuerdos bilaterales que garanticen el mantenimiento de derechos, tanto en Gibraltar como en todo Reino Unido.

El último estudio sobre la ciudadanía británica residente en España que hizo la Oficina Nacional de Estadística Británica (ONS) revela, además de que casi la mitad de los residentes de Reino Unido son pensionistas, que el 59 % de los jóvenes británicos que viven en España tienen empleo. Se dedican principalmente a sectores como administración pública, salud, educación, bancos o finanzas. Además, un 11 % de ellos no se encuentran activos laboralmente. Según el Instituto Nacional de Estadística, hay más de 139.000 españoles residiendo actualmente en Reino Unido.

Del cheque británico al cheque brexit

El llamado “cheque británico” es un descuento en la contribución que Margaret Thatcher consiguió para Reino Unido. Consiste en una deducción de dos tercios entre lo aportado por Reino Unido y lo que le devuelve la UE en subvenciones y partidas de fondos europeos. Es una medida tramposa porque, aunque exime de una contribución directa más acorde a sus características, finalmente hace que Reino Unido perciba menos de lo que debería de la Unión Europea y tenga que añadir más de su bolsillo para diversos proyectos locales, al aplicarse este descuento.

La contribución de Reino Unido a la Unión Europea no es tan grande como Boris Johnson argumentaba en su campaña a favor del Brexit

La excusa de una excelsa contribución ya la utilizó Boris Johnson en su propia campaña de apoyo al Brexit antes del referéndum, cuando dijo que Reino Unido contribuía con 350 millones de libras semanales a la UE, cifra que no era cierta si se le descuenta el cheque británico, pues se quedarían en 250 millones, a lo que habría que restar lo que se recibe de la Política Agraria Común (PAC).

Pedro Sánchez propone lo que se ha llamado cheque Brexit, es decir, un descuento para empresas españolas con filial, delegación o sucursal en Reino Unido de entre el 60% y el 80 % en la contratación de servicios personalizados con el objetivo de diversificar sus mercados más allá de las ventajas de la Unión Europea de las que se beneficiaban anteriormente. Según el Instituto de Comercio Exterior (ICEX), todavía no tienen cifras del número de empresas españolas que se han acogido a esta medida, ya que el plazo de solicitud expira el próximo 31 de diciembre.

Este plan, lejos de ser una opción sólida para afrontar el Brexit, lo conforman más bien algunas pinceladas tibias ante escenarios inciertos para los que no parece haber un plan b. Se echa de menos una reunión entre Boris Johnson y Pedro Sánchez, dado que España es el destino preferido de Europa para residir por la ciudadanía británica. Johnson ya ha declarado su intención de salir de la UE el 31 de octubre con o sin acuerdo —declaró que “preferiría estar muerto en una cuneta antes que solicitar una nueva prórroga a la UE”—. No parece sencillo que vaya a conseguirlo, sobre todo desde la medida de cierre del parlamento que ha decretado hasta el 14 de octubre. Varios tribunales ya trabajan para considerar este cierre como ilegal.