Congreso de los Diputados
Luz verde al primer gobierno de coalición de izquierdas de la democracia

La posición de fuerza que el Partido Unionista Democrático (DUP) adquirió tras las últimas elecciones generales británicas fue vista por muchos como una señal de alarma. Esta organización unionista norirlandesa, de tradición fundamentalista y totalmente opuesta a la legalización del matrimonio homosexual, del aborto, o de cualquier otra forma de “sodomía”, sacó diez de los 18 escaños en juego en Irlanda del Norte el pasado 8 de junio. Gracias a ello, el partido se convirtió en el bastón en el que se apoya el cojo gobierno conservador de Theresa May. El bastón, eso sí, más polémico al que los tories podían acceder.

Y es que el nuevo socio conservador viene a representar a la parte más ultraconservadora del protestantismo en Irlanda del Norte. Un partido que, resumiendo, cuenta en su impecable hoja de servicios tras haber sido relacionado en su día con grupos paramilitares, haberse declarado abiertamente contrario a cualquier plan de paz en el país o, también, negar el cambio climático y posicionarse abiertamente a favor del Brexit.

Sin embargo, para entender el verdadero sentimiento del que el DUP se nutre y, a la vez, alimenta, hay que acudir a sus particulares fortalezas ideológicas: los barrios más obreros de la Belfast protestante o de las zonas unionistas de Antrim, Londonderry y County Down. Es en estas áreas de clase predominantemente baja y que, en su día, fueron las más afectadas por el conflicto armado en Irlanda del Norte donde el discurso conservador del Partido Unionista Democrático cuenta con una mayor atracción. Zonas religiosas, orgullosas de su pertenencia al Reino Unido y, sobre todo, temerosas de cualquier cambio que pueda insinuar un acercamiento a su atávico enemigo: la República de Irlanda. 

De Tiger’s Bay a Sandy Row

Seguro que de todos los comentarios poselectorales pocos alcanzaron el nivel esotérico del de Mark McCullough, ciudadano de 57 años del barrio de Tiger’s Bay, en Belfast, y votante convencido del DUP. “Desde sus comienzos”, explica Mark, “el DUP ha basado sus políticas en los valores cristianos y ahora Dios ha recompensado al partido: lo ha convertido en el King maker de Londres”. Mark, que se define como un “cristiano renacido”, finaliza su análisis con una petición, igualmente esotérica: “Que el DUP nunca se desvíe de los designios de Dios”. 

Pero lo más sorprendente de Tiger’s Bay es que Mark no es una excepción. Aquí, en Sandy Row, o en Shankill Road, o en el Rathcoole, o en Carrickfergus, el nacionalismo británico exacerbado y el sentimiento religioso son, más bien, una norma. Especialmente desde que los 30 años de conflicto entre las dos comunidades dejaron un bagaje, a ambos lados de las peace lines, imposible de olvidar durante generaciones. 

El barrio de Mark, al igual que el vecindario del Rathcoole, nació de la mano del puerto de Belfast, de importancia a nivel mundial durante finales del siglo XIX y principios del XX. Para dotar de mano de obra a los astilleros de la ciudad, llegaron a la ría de Belfast numerosos inmigrantes procedentes de Escocia y de las zonas más al norte de Inglaterra. Sus asentamientos iniciales, situados alrededor de los muelles, se convirtieron en barrios en los que insertaron la costumbres, religión e, incluso, la nacionalidad e idioma (conocido como Ulster-Scots) de su país de origen. En los murales de Tiger’s Bay, los pocos visitantes pueden ver referencias a este orgullo del origen británico, así como homenajes a los caídos del barrio en la I Guerra Mundial o a bandas paramilitares como la UDA o el UVF, responsables de más de 1.000 asesinatos durante el conflicto norirlandés.

Algo similar ocurrió en Shankill Road o en Sandy Row, otros bastiones de la clase obrera unionista de Belfast, que nacieron al abrigo de la incipiente industria textil de finales del siglo XIX, nutrida también con numerosos inmigrantes llegados desde el otro lado del Canal de Irlanda. El plan de la metrópolis de Londres para Irlanda del Norte era claro: por un lado, aumentar el rendimiento industrial de la colonia, por otro, poblar el país con escoceses e ingleses protestantes, en una especie de britanización o colonización de Irlanda. 

Pero estas comunidades se enfrentaban a un hándicap que acabó por demostrarse demasiado grande: llegaban a un territorio completamente hostil. La comunidad trabajadora nativa, de origen irlandés y católico, nunca acabó de integrarse con los recién llegados. Así, los barrios obreros protestantes fueron inoculados desde su primer día con la sensación de vivir en un constante enfrentamiento con el vecino, temerosos de que, algún día, los irlandeses reclamasen de vuelta su país. Como así ocurrió. 

La evolución histórica del aislamiento

El paso de los años fue aumentando en las comunidades obreras de ascendencia británica el sentimiento de lucha, de pugna por mantener su pasado intacto frente a lo irlandés. Primero, fue la Guerra de Independencia de Irlanda la que dejó en 1922 al Ulster como la única parte británica de una Irlanda (casi) libre. Luego, a partir de los años 60, la guerra abierta entre el IRA, por una parte, y el gobierno británico y los paramilitares unionistas, por otro, no hizo más que aumentar los odios y los rencores entre ambas comunidades; sobre todo entre sus estratos más obreros, los principales damnificados por los 30 años de conflicto.

Durante esta época, el unionismo comenzó a aumentar su paranoia colectiva, principalmente azuzada desde sus partidos más radicales, como el propio DUP o Vanguard. Se temía, por un lado, a todo lo que fuese católico o irlandés y, por otro, a cualquier atisbo de que Gran Bretaña quisiese dejarles de lado. Los barrios más obreros y leales a la corona se fueron encerrando en sí mismos, retroalimentándose en su filosofía conservadora como antídoto frente a una evolución que, ellos creían, los acercaba más a la pesadilla de formar parte algún día de Irlanda. 

“Para ellos cualquier cambio es algo negativo, son conservadores por naturaleza porque le tienen miedo a cualquier cambio, es un miedo irracional por su parte, pero yo no tengo ningún problema con ellos, aquí son bienvenidos”, explica Jimmy, gerente del pub republicano Red Devil en la zona católica de Falls Road. A pocos metros, al otro lado de una peace line que separa Falls de Shankill, un barrendero protestante se justifica a no cruzar durante su turno al otro lado del muro: “Ellos [los católicos] son los que no me quieren allí”. 

Quizás, una de las mejores descripciones gráficas de esta actitud aislacionista es el barrio de The Fountain. Esta zona de viviendas obreras protestantes de la ciudad de Derry vive apartada del resto de la urbe, escondida de sus visitantes, pese a estar en pleno centro. Tan solo dos o tres calles la unen propiamente a Derry, mientras que casi todo el barrio vive rodeado de muros. Apartada y encerrada, la comunidad vive estancada en una constante lucha de trincheras. Un lugar en el que el propio barrio se ve bajo asedio, “under siege”, tal y como rezan los murales presentes en el barrio.

El Brexit y la independencia de Irlanda

Ahora, mientras antiguas zonas republicanas se convierten en destinos turísticos para los visitantes de Irlanda del Norte, la mayoría de barrios loyalist siguen viviendo de espaldas al turismo, viéndolos quizás como un posible perjuicio para su causa. Cualquier cambio, cualquier progreso, se deniega al momento, se interpreta como derrota. 

Con la aparición del Brexit en la mesa de debate, en los barrios unionistas de Tiger’s Bay o The Fountain florecieron llamadas al orgullo británico y a la salida de la UE exactamente iguales a las de los actores más conservadores de la isla vecina, como el UKIP o la caverna del Partido Conservador. Probablemente, prefieran ignorar que el Brexit no ha hecho más que aumentar el número de norirlandeses que ahora vería con buenos ojos una unión con Irlanda.

El número de los que apoyan un posible referéndum, aunque todavía en minoría, va en aumento. Y, precisamente, lo hace ahora que el DUP se ha convertido en el garante de que el Brexit caiga sobre Irlanda del Norte con todas las de la ley. Mientras tanto, como ajenos a esta realidad, enfrascados en su inmovilismo de años, en algunos murales de los viveros del DUP en Tiger’s Bay, Shankill Road o Carrickfergus, las paredes aún siguen rezando “I prefer to die on my feet than on my knees in a Republic of Ireland” (Prefiero morir de pie que de rodillas en una República de Irlanda). Quizás, si los murales no se borran antes a base de tanta lluvia, los que las escribieron algún día tengan que cumplir con su promesa.

Cantan en valenciano, su estilo es el rap electro-orgánico y solo tienen dos discos, el segundo recién lanzado. Parece la definición de un grupo que lucha por hacerse un hueco contra marea. Pero Zoo ya se lo ha hecho y viendo colgados los carteles de “entradas agotadas” en sus conciertos no parece que lo vayan a dejar libre en un tiempo. Toni Sánchez ‘Panxo’ es el impulsor de la banda y recibe a El Salto para hablar de mucho más que música.

Con un solo disco, Tempestes venen del Sud, hicisteis 96 conciertos por todo el Estado en menos de dos años. La nueva gira acaba de empezar con varias fechas en sold out. ¿No os da un poco de vértigo?
Si que nos da. Nos dio mucho durante el proceso de creación del segundo disco. Porque el primero no fue algo muy normal en cuanto a la repercusión que tuvo. Por lo que nos sentíamos bastante presionados. Pero ahora ya lo hemos sacado y estamos viendo que ha funcionado justo como queríamos que funcionara. Se nos ha pasado el vértigo, también porque estamos tan liados con tantos bolos que no tenemos tiempo ni de agobiarnos. Pero la verdad es que si lo piensas con perspectiva da vértigo. Justo dentro de una semana se cumplen tres años desde que yo presenté este proyecto con la canción “Estiu” y si miro hacia atrás todo lo que ha pasado en tres años, sí que es un poco heavy.

“Estiu”, una canción en valenciano y que a priori no pertenecía a ningún disco, que ya lleva más de un millón y medio de reproducciones en YouTube.
Pues creo que justo cuando cumpla los tres años alcanzará las dos millones de reproducciones, porque ahora mismo le faltan 40.000 para llegar y seguro que ahora que llega el veranito la gente la vuelve a escuchar y compartir [ríe].

Un grupo que canta en valenciano llenando salas en Granada o Madrid… ¿Vuestra música traspasa esa barrera del lenguaje o está de moda escuchar grupos que reivindican lenguas minoritarias?
Yo creo que hay un poco de las dos cosas. Creo que sí que ha habido en los últimos años una pequeña explosión de grupos, especialmente en el País Valencià. También algunos catalanes o grupos vascos como Berri Txarrak, que para nosotros es un referente. Una banda con una trayectoria larga pero que al final se ha ganado el respeto en todo el Estado, e incluso fuera, cantando en vasco. También están casos como Manel o grupos gallegos que están empezando a tener mucha repercusión. Por lo que creo que se ha despertado el interés por lenguas minoritarias gracias al gran curro de grupos que han hecho que la gente abra un poco más los ojos y los oídos, tal y como hizo Obrint pas aquí.

Vuestro último disco, Raval, está atravesado por la historia valenciana y del valenciano, ¿intento de reivindicar la lengua o forma de protesta?
No es exactamente ni una cosa ni la otra. Es nuestra manera de expresarnos. Sí que es verdad que en nuestras letras defendemos nuestra cultura, pero porque existe una situación de menosprecio permanente. Lo de “protesta” me suena como muy típico, pero sí que hay un orgullo de País Valencià y de una defensa de nuestros valores culturales.

Por ejemplo la canción “El cap per avall” es un clamor a lo que ocurrió en Xàtiva.
Sí, es una crónica de nuestra historia desde aquel entonces hasta hoy. Una muestra de que este país resiste, pese a todo lo que pasa y a que a veces, viendo los resultados electorales, parezcamos masocas. Una buena prueba es la resistencia del valenciano que, después de todo, sigue siendo utilizado diariamente por mucha gente.

¿Crees que la hegemonía musical en el País Valencià es de izquierdas?
Pues depende de a qué llamemos hegemonía. Si se trata de grupos que atraen a un mayor número de gente a los conciertos, entonces sin duda sí que es de izquierdas. Es una verdad oculta. Recuerdo una entrevista que le hicieron al Nega [Los Chikos del Maíz] en la que explicaba que a ellos les llamaban música alternativa y atraían a mil personas a una sala. Luego viene el no alternativo, el que se supone normal, y no mete ni 100 personas en esa misma sala. Aquí se ha creado una industria en torno a música que denuncia cosas que está moviendo dinero y mucha gente. En ese sentido sí que es totalmente hegemónica ahora mismo.

Valencia ha pasado de ser la cuna de la música techno a ser un referente del rap político y otros estilos plagados de bandas con letras reivindicativas, ¿a qué se debe esta evolución?
Aquí se mezclan dos cosas. Por un lado, efectivamente, esa cultura del techno y la música electrónica. Y no solo en la Ruta del Bakalao. A principios de la década de los 2000 hubo una cultura de club en la que se escuchaba también mucho drum and bass. Además también hubo un rollo muy fuerte en torno a las raves.

Por otro lado, las letras reivindicativas recogen en cierto modo una contestación a todas esas actividades y a esa organización que se ha ido creando aquí a la sombra del Partido Popular. Y digo a la sombra porque eso fue lo que se creó. Una sombra que lo invisibilizaba todo. Pero aquello hizo que la gente se empezara a organizar un poco. Se creó un movimiento de base muy horizontal. Muchas noches de conciertos en valenciano. Todo aquello sucediendo durante 20 años hizo que se creara, de una manera bastante sana, lo que ahora se está recogiendo con todas estas bandas de música. Escuché el otro día a Pau de ArtVersaris decir en una entrevista de radio que en el País Valencià las bandas de música han servido como formación política para mucha gente y humildemente creo que, desde la música, también hemos contribuido a ese pequeño cambio que hemos vivido aquí en los últimos años.

Dos años de condena a César Strawberry por unos tweets, tres años al rapero Valtònyc por sus letras… ¿Qué está pasando?
Es un ataque y una medida para meter miedo a la gente que desde los movimientos transformadores están intentando generar discurso y corriente de pensamiento que destape verdades. Las condenas en sí son totalmente absurdas, eso lo puede ver cualquiera. Pero si con eso consiguen que la gente se mida un poco más, pues eso que ganan. Además también sirven de distracción. Que la gente esté concentrada en estas cosas sirve para que gastemos nuestras energías.

¿A ti qué te ha influido más: Raimon y Sabina, Solo los Solo y 7 Notas 7 Colores, o la Ruta del Bakalao?
A mí me ha influenciado Sabina y Solo los Solo [ríe]. Raimon no lo he escuchado tanto y 7 Notas 7 Colores me encantan a nivel de estilo y sonido, pero a nivel de discurso no me motivan tanto. La Ruta del Bakalao no me ha influido. Yo creo que está muy mitificada por la gente que no la vivió. Porque sí, puede que tuviera sus cosas buenas, pero en general la Ruta fue algo bastante alienante para la juventud valenciana, hasta llegar a niveles preocupantes. Yo en cuanto a música electrónica pertenezco a la generación de después. Hace 15 años íbamos a Le Club, a Repvblicca y otros clubs a escuchar noches de drum and bass. Las noches de techno del Don Mendo. Las raves de la Gerencia de Sagunto o los túneles de Ribarroja.

Hablando de la alienación, hace poco leí un artículo que explicaba que Valencia se libró de la heroína porque la Ruta del Bakalao conllevaba otro tipo de drogas. ¿Crees que fue así?
Yo era muy pequeño. Los años fuertes fueron finales de los 80 y principios de los 90. No lo viví en persona. Pero sí que es verdad que en sitios como en el País Vasco o Madrid caló mucho más. Aquí también recuerdo que había casos. Yo conozco alguno, familiares de mi pueblo, víctimas de la adicción a la heroína. Es verdad que aquí había más una tradición de drogas como el LSD o anfetamínicas, pero insisto en que también fue muy alienante aunque no tuviera unas consecuencias tan desastrosas como podría tener la heroína.

Panxo llenando salas con Zoo y tu hermano Pablo encabezando carteles de festivales con La Raíz… ¿Qué os daban de comer en casa?
Pues mucha música. Nos daban mucha música, mucha felicidad y mucho respeto a todo aquello que queríamos hacer. Respeto hacia donde queríamos tirar con nuestras vidas y nuestras inquietudes culturales. Poca educación musical, no sabemos ni leer bien partituras. Pero mi casa siempre estaba llena de discos y de aquellos casetes que hacía mi padre para los viajes en coche. Desde The Beatles a Sabina, Kiko Veneno, Pata Negra y muchos más.

Se reanuda la sesión de investidura de Pedro Sánchez. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet ha abierto la sesión para cumplir lo previsto en el artículo 99.3 de la Constitución y ha dado la palabra al candidato Sánchez.

El presidente ha anunciado que una vez formado el Gobierno se va a trabajar en “fórmulas” que permitan la formación de Gobierno contra el bloqueo. Vuelve Sánchez sobre su propuesta de que gobiernen los partidos más votados si no hubiera acuerdo.

“Un joven de veinticinco años murió el pasado viernes como consecuencia de una sobredosis de heroína, que le fue inyectada en el curso de una reunión a la que asistían otras cuatro personas” (El País, 12 de septiembre de 1978). La de Jesús ‘Chus’ Vizoso fue una de las primeras muertes que dejó en Madrid el pico de consumo que vivió la heroína durante finales de los 70, la década de los 80 y principios de los 90. En los últimos meses, varias asociaciones vecinales de barrios donde el impacto en aquella época fue especialmente duro han detectado un aumento de su venta y consumo en espacios públicos. Un problema que no quieren sobredimensionar pero tampoco que se olvide. Para que la historia no se repita.

“La droga hizo mucho daño en el barrio, todavía tenemos mucha gente que sigue enganchada. Y nuestra preocupación es la gente joven”, comenta a El Salto Agustina Serrano, presidenta de la Plataforma Vecinal San Blas-Simancas. Luis Vallejo, secretario de la asociación, explica: “Eso es lo que volvemos a empezar a ver: gente que se ha quedado en un banco tirada enfrente de un comercio y que ya no puede más, otra vez las escenas de coches en los aparcamientos consumiendo… Situaciones que hemos vivido hace años, que parecía que las habíamos dejado, y vuelven”.

“La droga hizo mucho daño en el barrio, todavía tenemos mucha gente que sigue enganchada. Y nuestra preocupación es la gente joven”

En Villaverde los relatos son similares. “En un barrio con mucho miedo a la heroína, por lo menos en la generación de mis padres, genera mucha alarma de repente encontrarse una jeringuilla en un parque; porque tiene consigo una imagen de lo que aquí fue la droga”, afirma Silvia González, vicepresidenta de la AV La Unidad de Villaverde Este. Le preocupa que los vendedores puedan buscar nuevos clientes en determinados barrios del distrito con una tasa de población juvenil muy alta, escasas alternativas de ocio y mal comunicados.

“Yo tengo 50 años, viví la época de los 80, en mi juventud es cuando la heroína estaba en su momento álgido. Y mucha gente llegaba a la heroína por desconocimiento”, dice Javier Cuenca, presidente de la AV La Incolora, de Villaverde Alto. En su opinión, es necesario reforzar la prevención para que la población más joven tenga conciencia de unos riesgos que sí tuvieron en cuenta quienes crecieron con el miedo al ‘caballo’ en los 90.

La primera “campaña preventiva” –y poco informativa– la puso en marcha hace casi cuarenta años la Unión de Defensa Española contra la Droga. Instalaron grandes esquelas con el epitafio “La droga mata” en vallas publicitarias de las principales ciudades. El espacio reservado al nombre del difunto se dejó en blanco para que quien lo leyera pusiera mentalmente el que quisiera. Era verano de 1978 y, a pesar de tener 15 años, Jesús ya llevaba tres consumiendo. 

Hoy, con 53 y sin “depender de ello”, considera que la pérdida de la pureza de la heroína ha conllevado una reducción de la delincuencia vinculada a su consumo. “Porque antes [en los 80] con la heroína, la gente con el síndrome de abstinencia tenía que tirarse a robar. Y era una delincuencia que produce mucha alarma social: un cajero, un tirón… Era un síndrome de abstinencia tremendo, porque era de una calidad muy buena. Pero ahora, como no vale, pues la gente no tiene que robar para ello”, expone a El Salto en el local de la asociación Colectivo San Blas. 

Sin estadísticas ni organismos dedicados a la drogodependencia en los primeros años del fenómeno, la prensa se remitía a los datos policiales para medir su alcance. Número de “asaltos o robos a farmacias en busca de estupefacientes en Madrid”: 5 en 1975, 60 en 1976, 529 en 1977. “El punto álgido del consumo de heroína en España fue el año 1980, luego aparecen los problemas”, comenta David Pere Martínez Oró, psicólogo social y coordinador de la Unidad de Políticas de Drogas de la Universitat Autònoma de Barcelona, quien señala el desempleo como factor determinante. 

“Ese es el momento en el que se desfragmenta un poco el orden social: llega el ‘baby boom’ al mercado laboral; España, para cumplir con las exigencias de la Unión Europea, debe generar la reconversión industrial… Por eso, en las grandes ciudades es donde más impacta: la margen izquierda de Bilbao, el cinturón rojo de Barcelona, todo lo que sería la periferia de Madrid, y en las zonas donde hay astilleros: Cartagena, Vigo, Cádiz”. Además, Martínez Oró opina que, con el final de la dictadura y la conquista de las libertades civiles, “mucha gente entendió el consumo de drogas como una manera de autoexpresarse y construir una identidad, y más cuando había un paro galopante”. 

¿Cuándo llega la heroína a Madrid? El historiador Juan Carlos Usó destaca que en 1972 un artículo del diario Pueblo ya informaba de que la droga se vendía en “determinados clubs, discotecas y hasta en alguna marisquería”. Y añade: “A principios de 1975 la policía detuvo en Madrid a una veintena de jóvenes entre los que había vástagos de familias más o menos ilustres (productores de cine, periodistas, políticos y militares). El diario ABC, que dio la noticia, enfatizaba el hecho de que era la primera vez que habían sido detenidos adictos españoles a la heroína”. 

Usó, autor de libros como Drogas y cultura de masas y ¿Nos matan con heroína?, explica que las primeras partidas llegaron procedentes de Ámsterdam y Tailandia y que a medida que el consumo se fue extendiendo se creó un mercado estable. “La demanda se amplió impactando en gente joven de todas las clases sociales y, así como al principio su empleo estaba circunscrito a integrantes del que podríamos denominar ‘hippismo’ exquisito, a élites contraculturales, acabó extendiéndose también entre jóvenes de clase trabajadora y gente marginal. De tal manera, en la actualidad hay quien contempla la heroína como la metáfora total del desencanto producido durante la Transición. Con todo, hay que decir que el mayor impacto en términos de salud no lo causó la heroína, sino el sida, que es otra cosa”. 

Las primeras partidas de heroína llegaron procedentes de Ámsterdam y Tailandia y que a medida que el consumo se fue extendiendo se creó un mercado estable

Aunque nunca ha consumido, Carmen Díaz ha vivido muchos “monos” en la casa donde nos recibe. Es una de las mujeres que en 1980 fundaron la asociación Madres unidas contra la droga y en este piso de Vallecas han acogido a muchos jóvenes con problemas de adicción. Las asambleas se empezaron a llenar tras una protesta en solidaridad con una madre a la que habían sancionado seis meses sin ver a su hijo, interno en un centro de menores, por negarse a desnudarse para ser registrada cuando iba a visitarlo.

“A raíz de eso las madres empezaron a acudir. Fue como un encuentro. El abrazo cálido de decir: estamos aquí. Mujeres que callaban en silencio, que sus hijos eran lo peor de la sociedad, de pronto encontraban un espacio donde llorar, donde denunciar”, recuerda Díaz para El Salto. “¿Qué hicimos? Nos pintamos las pancartas, cogimos las cacerolas, pedimos dinero a una parroquia del pueblo de Vallecas para hacer las chapas [con el dibujo] de romper la jeringuilla –no nos lo dieron, pero nosotros lo buscamos– y decidimos que había que salir a la calle a denunciar lo que estaba pasando”.

Treinta años antes del 15M y los escraches de la PAH, las mujeres de Madres unidas acamparon, ocuparon la Bolsa de Madrid, “reventaron” mítines y persiguieron a responsables municipales en actos públicos. Exigían tratamientos y denunciaban la corrupción policial y los abusos del sistema penitenciario y judicial. Todo un “aprendizaje” y un “descubrimiento”, repite Díaz a lo largo de la conversación.

El bloque de casas de dos plantas de principios del siglo XX donde murió Jesús Vizoso sigue en pie, rodeado de edificios nuevos y un solar. En un paseo cercano, cuatro veteranos consumidores y exconsumidores, como el Jesús con quien hablamos, beben y charlan en un banco.

El candidato ha asegurado que el “salario mínimo se va a elevar hasta niveles más decorosos” y ha recordado las medidas pactadas con Unidas Podemos. Sánchez cree que los contribuyentes con rentas más altas no tienen por qué estar “necesariamente” en contra de las subidas de impuestos. Sánchez ha asegurado que el diálogo con Catalunya se va a hacer “en el marco de la Constitución”.

Ha desarrollado una retahíla de propuestas durante el poco tiempo con el que ha contado, una retahíla que, ha apostillado, la derecha no ha atendido por su “acaloramiento” por el clima “tóxico” de la crispación.

El próximo presidente ha acabado citando a Manuel Azaña (y ha recibido una ovación por parte de su bancada y de la de Unidas Podemos: "Todos somos hijos del mismo sol y tributarios del mismo arroyo", y que “Nadie tiene el derecho de monopolizar el patriotismo”.

En esta sesión de investidura, en la que Pedro Sánchez solo necesita obtener más votos a favor de su Gobierno que en contra, cada uno de los grupos, tras una intervención de diez minutos del candidato a la Presidencia del Gobierno, tendrán cinco minutos para exponer sus argumentos. Tras ese tiempo, se procederá al momento de la verdad: la votación final.

Casado comienza su discurso entre vítores de viva el rey y una defensa de las víctimas del terrorismo “ultrajadas” en la pasada sesión del sábado y el domingo. Otra vez discurso ultramontano de Pablo Casado, que toma tintes del pensamiento Álvarez de Toledo. El candidato del PP ha marcado como el “más radical” de la historia al próximo Gobierno.

El régimen del 78 funciona muy bien, ha dicho Casado, pero Sánchez lo está llevando “a la sala de despiece”. Casado ha llamado “ultra” a Sánchez y le ha acusado de perder el “disfraz de moderado”, “nadie se atrevió a tanto, nunca”, ha dicho Casado que dice que Sánchez ha cruzado “el rubicón”. Un cuadro apocalíptico, bosquejado con los demonios del nacionalismo español: el comunismo, el separatismo, los batasunos, la ETA, etc.

Aplausos de la bancada popular cuando Casado ha celebrado la "reconciliación" que ha tenido lugar en España. Ha asegurado que el PP comandará una reunificación de los constitucionalistas.

Abascal tenía poco margen tras la pintura tenebrista que ha plantado Casado, pero el candidato de Vox no se corta. Ha comenzado condenando el último asesinato machista cometido el día de reyes y asegurando que Vox enviaría a la cárcel al autor “con prisión perpetua”.

Discurso xenófobo de Abascal al enumerar “la plaga de violaciones en manadas cometidas en su mayoría por extranjeros”.

Desde hace más de diez años, la sociedad civil ha venido denunciando el saqueo del Canal de Isabel II sin que las instituciones tomaran cartas en el asunto. La Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II, creada en 2010 a raíz del proceso de venta de la empresa pública iniciado por la Comunidad de Madrid, y Marea Azul publicaron en 2014 el libro Más claro agua. El plan de saqueo del Canal de Isabel II (Traficantes de Sueños), en el que explicaban toda la trama.

Tres años después lanzan una campaña de micromecenazgo para completar la historia con lo sucedido en los últimos años. Hablamos con Liliana Pineda, abogada y miembro de la plataforma y militante de ATTAC.

¿Cómo empezó la plataforma contra la privatización? 
Viene de muy lejos. Varios de sus fundadores eran también, en 2003, miembros del Observatorio de los Servicios Públicos de la Escuela de Relaciones Laborales de la Universidad Complutense de Madrid. El libro Por un Modelo Público de agua, triunfos, luchas y sueños publicado en 2005 por el Viejo Topo, recoge alguno de sus trabajos. Entonces ya teníamos conocimiento de las operaciones realizadas en 2001 y 2002 por el Gobierno de Ruiz Gallardón, mediante la creación de una red de sociedades anónimas del Canal de Isabel II para operar como grupo empresarial transnacional en América Latina. En 2009 se crea la Mesa del Agua, formada por sindicatos, ecologistas y asociaciones de vecinos y consumidores, con la vocación de denunciar la privatización del Canal y el expolio a los ciudadanos para dárselo a unos cuantos amiguetes. Ese mismo año la asociación Parque sí Chamberí había denunciado ante la Fiscalía una de esas operaciones de saqueo del CYII por parte del PP. Porque empieza Gallardón, pero después sigue Esperanza Aguirre e Ignacio González. Todos ellos impulsan operaciones en el Canal con sociedades anónimas vehículares y con ánimo de lucro. 

¿Qué era lo que denunciaba Parque Sí en Chamberí? 
Está colgada ahora mismo en la página del Tribunal Ciudadano de Justicia del 15M la querella contra el fiscal Manuel Moix que recoge las denuncias de la Asociación Parque Sí en Chamberí contra Ignacio González. Éste se había empeñado en construir un campo de golf en Chamberí, en los terrenos del CYII, para beneficiar directamente a su familia, adjudicando la explotación y gestión de sus instalaciones a un consorcio compuesto por tres compañías, una de ellas controlada por su hermano y su cuñado. Pero entró en conflicto con el Gobierno de Gallardón, quien tendría sus propios planes y que inició un expediente contra el CYII por estar ejecutando obras sin licencia municipal. Para sortear este obstáculo, González las declaró de “excepcional interés general” y fue entonces cuando los vecinos del barrio de Chamberí llevaron esa declaración a los tribunales. Además de interponer acciones por la vía contencioso-administrativa, presentan dos denuncias penales en 2007 y en 2009, y una querella criminal en 2010, en las que interesan una serie de diligencias de investigación que tienen que ver con la contabilidad de las empresas del consorcio al que se adjudicó el campo de golf. Esa contabilidad, si se hubiera investigado por parte de Moix hace 10 años, hubiera delatado la operación corrupta urdida por González en la que resultaron beneficiados su hermano y su cuñado.

Pero no se investigó. 
No se investigó nada. Moix archivó en tres días hábiles una de las denuncias. En dos ocasiones firmó él mismo el archivo de las actuaciones y en una tercera la firmó un fiscal basándose en los mismos argumentos que Moix había dado en los anteriores archivos. Pero esa es solo una de las varias piezas que se investigan en la Operación Lezo. En realidad, estamos ante una operación o trama bastante extensa en la que intervienen actores como Alberto Ruiz-Gallardón, Ignacio González, el Consejo de Administración del Canal de Isabel II, la Cámara de Cuentas, las empresas auditoras... O sea, políticos, miembros de los órganos de control y auditores, que no dijeron ni mu, pudiendo haber denunciado hace muchos años todas estas operaciones. Así es como la trama se organiza y se extiende. 

A esto se añade la red de sociedades de Canal Isabel II en América Latina.
Sí, la red consta en un diagrama que provenía de un informe de la Cámara de Cuentas. Con base a ese informe y a una investigación que realizamos sobre varias de las empresas del Canal que actúan en América Latina, concretamente en Barranquilla, denunciamos el caso Taganga, una población, como otras muchas del Caribe colombiano, que se vio afectada por los procesos de privatización y saqueo de las empresas públicas del agua en la zona. Conozco muchas de esas poblaciones y sé de primera mano lo que significaba la actuación de las transnacionales del agua en Colombia. Pero lo curioso de todo esto es que no hace falta ir tan lejos para saberlo ya que todo es público, se encuentra en internet. Los procesos judiciales en Colombia, las protestas de los trabajadores y de la propia ciudadanía colombiana cuando empiezan a subirle las tarifas, en el momento en que ocurren las privatizaciones. Todo es público. Así, recogemos esa información y con ella, en 2010, ATTAC presenta una denuncia de carácter político, ante el Tribunal Permanente de los Pueblos por la actuación del Canal como transnacional. El tribunal asume la denuncia y condena al Canal, no ya por las actuaciones en Madrid o en Chamberí, si no por los abusos que comete en países de América Latina. Poco después de aquel proceso se crearía la Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II. 

¿Y a partir de 2010? 
Desde el 2010 no hemos parado. Creamos la plataforma, nos movilizamos, comenzamos a contar en barrios y pueblos lo que estaba ocurriendo… Y llegó el 15M. Con él, todo ese activismo que habíamos desarrollado desde finales de 2010 hasta mediados de 2011 se multiplica por diez. Hacemos una manifestación con 15.000 personas frente al Canal. Lo cual rompe todas las expectativas que teníamos y se crea un movimiento muy importante. Tanto es así que, en 2012, conseguimos que casi 180.000 personas se pronunciasen a favor de mantener el Canal bajo titularidad pública. La operación urdida por el PP pretendía engordar al Canal como grupo empresarial trasnacional y a la vez desplegar la ingeniería institucional necesaria para convertirla en sociedad anónima que luego pudiera privatizarse estupendamente. Ese era el gran negocio previsto, que generaría las comisiones multimillonarias que ahora se van viendo, cómo se iban produciendo en cada una de las inversiones que se hicieron en cada país: caso Emissao (Brasil), caso Inassa… En los correos de Blesa aparecen conversaciones en las que Bankia y FCC hablan sobre la privatización del Canal. Eso multiplicado por todas las posibles ventas, reventas y emisión de bonos que se podrían haber seguido haciendo si no hubiéramos parado el proceso privatizador. En la última operación se calcula en más de 25 millones de dólares lo que ha costado Emissao. En 2014 publicamos el libro para explicar de manera comprensible nuestras denuncias, y lo que estamos haciendo ahora, y para lo que hacemos un crowdfunding, es ampliar la edición con todo lo que hemos podido investigar y conocer desde 2014 hasta 2017. Sabemos lo que ha ocurrido en Canal de Isabel II y cómo se ha utilizado a esta empresa para saquearla y para beneficio de unos pocos. Sabemos, también, que estas tramas en el Canal están relacionadas con otras muchas que se han venido conociendo; por ejemplo, la relacionada con la concesión de contratos en los Teatros del Canal, denunciada por trabajadores de Telemadrid en el caso Ático. Hoy está claro que en el Canal se saqueaba y se conseguían comisiones que alguien se embolsaba, ésa era la situación que hemos venido sufriendo. Tras las elecciones de 2003, Esperanza Aguirre asume la presidencia de la Comunidad de Madrid, designando como vicepresidente y presidente del Canal a Ignacio González. Durante su mandato se promulgó la ley que permitió la creación de la sociedad anónima Canal Gestión y, cuando Aguirre dimite en 2012, es González quien asume la presidencia. Los dos tienen el mismo proyecto. Por eso no se puede adjudicar exclusivamente a Ignacio González la responsabilidad de todo esto. Es un sector muy importante del Partido Popular el que lleva a cabo la trama, empezando por la propia Esperanza Aguirre, que está siendo ahora mismo investigada. Es una red muy amplia y perdurable, han estado mucho más de una década, más de 15 años tramando todas estas actuaciones. 

Cómo es esa ley que abrió las puertas de la privatización del Canal. 
La ley 3/2008 es una ley de presupuestos y ellos introducen, como hace siempre el Partido Popular, con nocturnidad y por la puerta de atrás, en una disposición adicional, una coletilla que les permite privatizar y crear la sociedad Canal Gestión. Así no se hacen las leyes, es una mala práctica legislativa. 

Canal, hoy, sigue siendo una sociedad anónima pero con capital 100% público. 
El capital del Canal es público aún, pero la sociedad anónima continúa gestionándolo y, si quisiera, si el Partido Popular quisiera, privatizaba el Canal, porque la gestión sigue siendo de carácter mercantil mediante un régimen jurídico que les permite, por ejemplo, emitir deuda, que es lo que han hecho. Empezaron emitiendo 500 millones y ahora sabemos que la deuda se eleva por encima de los 1.200 millones de euros, mientras que, cuando era una empresa 100% de gestión pública, daba beneficios. En el 2013 denunciamos el proyecto de emisión de 500 millones en bonos de deuda. La operación se autoriza en 2014 cuando hacemos la presentación del libro El Saqueo del Agua, y en 2015 se concluye. Una deuda que, además, no tiene justificación alguna, porque la emiten exclusivamente para repartir ese dinero en dividendos entre los ayuntamientos, mayormente el de Madrid, endeudados hasta las cejas en la era del ladrillo. Era una manera de tapar agujeros y compensar de alguna manera a los consistorios que habían suscrito los convenios necesarios para crear la sociedad anónima. Es la pescadilla que se muerde la cola: necesitan el apoyo de los ayuntamientos para crear una estructura societaria que genera comisiones y deuda, y los ayuntamientos apoyan porque necesitan cubrir sus propias deudas. En conjunto, una pésima gestión pública, porque lo único que hacen es tapar agujeros mientras pagan comisiones millonarias. 

Ahora, el Gobierno de Cifuentes ha anunciado que se van a deshacer de las filiales internacionales del Canal, ¿qué opinas sobre ello? 
Desde el principio dijimos que cuestionábamos la actuación transnacional del Canal, y que había que desmontarla. El problema es cómo se desmantela, pues el Canal sigue actuando con absoluta opacidad. Lo que sí sabemos es que hay ciudadanos en América Latina, en Barranquilla, en Santa Marta, en lugares donde actúan empresas dependientes del Canal, que se están rebelando, porque en determinado momento sus dirigentes cedieron y permitieron la privatización que les supuso elevadísimas tarifas y ahora desconocen los términos en que se está negociando la recuperación de la gestión. Tampoco aquí lo sabemos ni nos fiamos, ni aquí ni allí, porque son los mismos los que participaron en su creación y los que ahora dicen que la están desmontando.

Entrevistas, guión y montaje:
Ana Cibeira, Eloy del Haza, Ramón Ferrer y Álvaro Lorite. 

Producción:
El Salto Radio

“La organización y la gestión del Torneo ATP de Roma, incluidos los recursos necesarios, se llevan directamente por la Federación Italiana de Tenis, tratándose de un evento que está financiado desde privados”, explica un mail enviado desde el Ayuntamiento de Roma, en marzo de 2016, al Ayuntamiento de Madrid.

En la capital italiana, ni siquiera el espacio lo aporta lo público, según continúa el documento, sino que el torneo se celebra en unas instalaciones privadas. El Gobierno municipal romano sólo otorga las autorizaciones para que el evento se celebre. Fuentes municipales señalan tener constancia de que otros másters de la asociación internacional de tenistas ATP celebrados en otras grandes ciudades tampoco cuentan con presupuesto público.

El Open de Tenis, que el pasado año costó un total de 14,3 millones de euros a Madrid, puso en alarma en 2016 al equipo de Madrid Destino, con Ana Varela a la cabeza.

Varela, directora hasta principios de abril de la empresa pública, y los concejales de Ahora Madrid Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer denunciaron en marzo ante la Fiscalía a la empresa organizadora del evento, Madrid Trophy Promotions (MTP), y a varios miembros del Gobierno de Alberto Ruiz Gallardón por prevaricación y malversación de caudales públicos. El más destacado, Manuel Cobo, durante años mano derecha del exalcalde, enfrentado en el PP de Madrid a los hoy encarcelados Francisco Granados e Ignacio González.

El convenio bajo el que se celebra la cita deportiva supuso en 2016 el pago a la empresa MTP de 3,3 millones más IVA por parte del Consistorio en concepto de patrocinio.

A esta cantidad se sumaron 4,6 millones por derechos de sede pagados por la empresa municipal Madrid Destino, un concepto que no quedaba clarificado en el convenio ni en las diferentes facturas remitidas por la empresa al Ayuntamiento.

A los cerca de ocho millones se añadieron otros 6,16 millones en lucro cesante –por lo que se dejó de ingresar por la Caja Mágica al quedar su uso hipotecado al torneo de tenis–, otros 23.340 euros –por la oficina que se cede sin coste ninguno a MTP– y 136.897 más por los gastos de la carpa que se mantiene durante todo el año en el pabellón. En total: 14.307.630 euros de coste sólo en 2016, frente a millón y medio anual que costó el torneo en sus primeros años en Madrid y el coste cero que supone para ciudades como Roma.

Este año, el nuevo delegado de Madrid Destino tras al cese de Ana Varela, Joaquín Fernández Segura, ya ha firmado la nueva factura de MTP relativa a los derechos de sede por un importe de 5 millones de dólares más IVA –6,05 millones de dólares o 5,55 millones de euros al cambio de hoy–.

Madrid Trophy Promotion, propiedad del jugador de tenis rumano Ion Tiriac –una de las grandes fortunas del país balcánico–, es el organizador del torneo de tenis Masters de Madrid, que comenzó a celebrarse en 2002 a través de un convenio con el Ayuntamiento por el que este último pagaba a la citada empresa 1,5 millones de euros anuales en concepto de “compra de derechos de sede”, según explica el informe realizado por el despacho Nazaret 6 abogados.

Informe Nazaret 6 abogados by Periódico Diagonal on Scribd

El convenio, que estaría en vigor entre los años 2002 y 2006, fue seguido por un nuevo contrato, al que el despacho no ha podido tener acceso, y a otro más, en vigor entre los años 2009 y 2012, con el que se estableció el círculo en torno al torneo: los derechos sobre el convenio pasaban del Ayuntamiento a la empresa municipal Madrid Destino, que se comprometía entonces a pagar un 65% del prize money, cuya cantidad debería ser establecida, año a año, por la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP), mezclando los términos ‘prize money’ con el de ‘derechos de sede’ y sin clarificar a qué correspondían estos.

“La finalidad del contrato es confusa, puesto que aparentemente se le están cediendo derechos de organización del torneo, pero seguidamente lo que se establece es la obligación de aportar el 62,50% del prize money”, señala el informe del despacho de abogados, en el que también se subraya que “es sorprendente que se cedan los derechos del torneo de forma genérica, sin especificar cuáles son, porque podría interpretarse que son los derechos de organización deportiva, pero también los retornos por publicidad, derechos mediáticos y de imagen, derechos de patrocinio, etc”.

A este convenio con Madrid Destino le siguió, un mes después, otro más entre el Ayuntamiento y MTP, por el que la Corporación Municipal se comprometía a aportar los recintos para el evento y la publicidad en la propia ciudad. El último convenio relativo al Open de Tenis, firmado por el entonces vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, el 29 de diciembre de 2011 –un día antes de que renunciara a su cargo en el Consistorio para entrar como alto directivo en Ifema– entró en vigor en 2012 y estará vigente hasta 2021 –una duración total de diez años, tres veces más de lo establecido en los anteriores convenios–.

La duración no fue la única diferencia de este último convenio. El nuevo convenio contemplaba la cesión por parte del Ayuntamiento de la Caja Mágica durante dos meses, una oficina de 261 metros cuadrados durante todo el año y el pago, por parte del Ayuntamiento en concepto de patrocinio de cantidades que iban de los 2,73 millones anuales –para los años 2012 al 2014–, a los 3,28 –2015-2017– y los 4,1 millones anuales entre 2018 y 2021 más IVA.

Convenio Ayuntamiento MTP 29.12.2011 by Periódico Diagonal on Scribd

Un negocio redondo

MTP facturó 34,6 millones en 2014, según sus cuentas anuales, de los que ocho millones tuvieron como origen directo el Ayuntamiento de Madrid. Aun así,el informe de Nazaret 6 señala que su capital circulante era negativo. Según ha publicado InfoLibre, en ese año la empresa tenía como accionista a una empresa que remite a un paraíso fiscal.

Además de la abultada financiación pública, el Open de Tenis ingresa al menos 13 millones de euros por el alquiler de los 400 palcos que tiene, cuyo precio oscilaba en 2016 entre los 30.000 y los 50.000 euros. A esto se añaden patrocinios por un importe que superaba los 15 millones de euros, según se desprende de un documento al que ha tenido acceso El Salto en el que se detallan las invitaciones VIP destinadas a las empresas patrocinadoras en 2013, entre las que se contaban El Corte Inglés. Cepsa, Telefónica o Grupo Barceló.

Low Palcos Mmo2016 Esp by Periódico Diagonal on Scribd

De edificio multiusos a proyecto de museo tras la resaca de la burbuja inmobiliaria. De inmueble vacío a escenario de asambleas. El edificio del Paseo del Prado con la calle Gobernador, ocupado el pasado sábado 6 de mayo y nombrado ese mismo día como ‘La Ingobernable’, está en disputa entre un colectivo que reclama el espacio para su uso como centro social y el entramado de intereses que puso en marcha el proyecto de museo, que alcanza a la FAES de Aznar y encabeza la Fundación de un arquitecto argentino.

El inmueble, cedido en 2015 a la Fundación Ambasz por Ana Botella pero sin uso desde 2012, se ha convertido en uno de los pocos centros sociales vivos en el centro de Madrid. Sus actividades se multiplican. También las noticias sobre la reacción del actual Ayuntamiento, propietario del edificio. Según la prensa amarilla, Ambasz, la concesionaria, ha denunciado la ocupación del inmueble. Por su parte, El Independiente ha publicado que la alcaldesa Manuela Carmena ha rechazado el proyecto planteado por Ambasz, amparada en los cinco informes desfavorables del propio Ayuntamiento de Madrid, del Colegio de Arquitectos y otro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Pero, ¿sigue en vigor la concesión a Ambasz?

La cesión del edificio de la calle Gobernador se realizó, de forma gratuita, a la Fundación Ambasz en marzo de 2015, poco antes de la celebración de las elecciones municipales que sacaron al Partido Popular del Ayuntamiento de Madrid. La cesión, por 75 años, suponía la demolición del edificio para la construcción de un nuevo inmueble, con una altura superior a la permitida por el Plan General de Ordenación Urbana de 1997 y que sería destinado a un Museo de Arte, Arquitectura, Diseño y Urbanismo. El proyecto fue criticado desde el propio Colegio de Arquitectos, que lo tachó de un museo “de Arquitectura según Ambasz, pero no de Arquitectura en general”.

El decreto por el que se aprobaba la cesión marcaba varias obligaciones a cumplir por la fundación. Entre ellas, la obtención de todas las licencias necesarias para poner en marcha el proyecto en un plazo de doce meses desde la firma del convenio, ampliable a seis meses más. Sin embargo, a día de hoy –26 meses después del convenio–, el proyecto sigue sin contar con la licencia para ponerse en marcha. El convenio establecía como motivos para su extinción el vencimiento del plazo, lo que habría tenido lugar en septiembre de 2016.

La extinción de los derechos sobre el edificio del Legado Emilio Ambasz Fundación por incumplimiento de las condiciones que regulan la concesión depende del Ayuntamiento de Madrid, pero no es la única opción que esta administración tiene para asegurar la continuidad de ‘La Ingobernable’. “El derecho administrativo contempla para estos casos la figura del rescate: una revocación unilateral del uso privativo concedido alegando la primacía, en el uso del inmueble, de intereses públicos”, explican expertos legales consultados por El Salto.

Esto significa que el Ayuntamiento tiene la posibilidad de justificar la aparición de necesidades públicas que afectan al edificio y, por tanto, extinguir de manera unilateral el acuerdo alcanzado en marzo de 2015 entre el gobierno de Ana Botella y la Fundación Ambasz. “En este caso, la Ley establece la obligatoriedad de indemnizar por valor de obras y ejecuciones, pero no sería aplicable dado que la Fundación Ambasz no ha iniciado ninguna actuación de este tipo”, argumenta la misma fuente, que prefiere permanecer en el anonimato.

El entendimiento Botella-Ambasz

Desde los años 30, el edificio de la calle Gobernador ha sido utilizado como comodín por el Ayuntamiento de Madrid, que lo ha destinado a diversos usos: puericultura, tenencia de alcaldía, oficinas de la Universidad a Distancia (UNED), como archivo de los juzgados o como centro de salud del barrio de Retiro. Es en la etapa de Alberto Ruiz Gallardón en la alcaldía de Madrid cuando se prepara la salida del Ayuntamiento del edificio, que en cuestión de pocos meses pasó de depender del área de Hacienda a ser cedido a la Fundación que ahora reclama la vigencia del contrato de cesión, que expiraría, de consumarse, en el año 2090.

La idea, según comentó el propio Ambasz en una entrevista en El Cultural, se la propuso Ana Botella durante una cena tras la inauguración de la exposición que le dedicó el Reina Sofía, en el invierno de 2011. Según el arquitecto, en ese momento desechó la idea, hasta que desde el Ayuntamiento se le ofreció el edificio hoy en disputa. Pero la relación de Ambasz con el PP es anterior. En 2008, Miguel Ángel Cortés, figura clave del clan de Valladolid de los populares (clan encabezado por Aznar), fue el encargado de poner en marcha el procedimiento para registrar la Fundación Emilio Ambasz, de la que fue secretario general hasta 2010. Cortés, patrono de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), dejó de ser secretario de la Fundación Ambasz, cargo que ocupó Guillermo Martín Hirschfeld, que también fue coordinador de la Fundación FAES para América Latina y ahora trabaja para la Embajada de Argentina.

El 13 de noviembre de 2012, víspera de la huelga general, la entonces delegada de Hacienda y Administración Pública, Concepción Dancausa, transfirió el edificio del Paseo del Prado al área de Artes, dependiente del concejal Pedro Corral. Un traspaso que se hizo efectivo el 22 de febrero de 2013, dos semanas antes de que se firmara el acuerdo con la Fundación Ambasz. La decisión de Dancausa, hoy imputada por el caso Mercamadrid y vigente delegada de Gobierno de la Comunidad –desde donde se ha ofrecido un “desalojo exprés” de la Ingobernable–, aceleró la cesión.

Cuatro días después, el 26 de febrero, la directora general de Patrimonio descartó que el edificio pudiera ser utilizado para reubicar servicios municipales del Ayuntamiento. Es decir, que un inmueble que había funcionado como universidad y dispensario no podía ser reformado para uso del Ayuntamiento, en una época en el que el gobierno municipal destinaba más de 55 millones de euros a alquileres de oficinas para su actividad.

Poco más de una semana después, el 6 de marzo de 2013, la alcaldesa Ana Botella firmaba con el propio Emilio Ambasz el convenio de colaboración entre Ayuntamiento y Fundación en el que se anunciaba que se iban a promover las condiciones necesarias para poner en marcha el proyecto de museo. El Ayuntamiento tasó entonces el edificio de tres mil metros cuadrados en algo más de cuatro millones y medio de euros.

No obstante, faltaban algunos flecos para poder demoler el edificio y que el proyecto saliese tal y como estaba planteado, y aquí era necesaria la intervención de la Comunidad de Madrid. El Departamento de Protección del Ayuntamiento emitía un informe, aprobado por el pleno en abril, en el que se solicitaba la rebaja de la protección del edificio, que pasaría del grado dos (estructural) al grado tres (ambiental). El 4 de julio de 2013 la Consejería de Medio Ambiente –dirigida por Borja Sarasola, imputado en el Caso Púnica– remataba la faena y sancionaba la rebaja de la protección del edificio. En pocas palabras: el edificio donde ahora está la Ingobernable podía ser derruido para la construcción del Museo Ambasz.

Menos de dos años después de que Dancausa iniciase el proceso, quedaba aprobado el proyecto arquitectónico presentado por la Fundación Ambasz. El 24 de marzo de 2015, dos meses antes de las elecciones municipales que supusieron la salida del PP del Ayuntamiento, Pedro Corral y el hombre de la FAES, Martín Hirschfeld, firmaban el acta de concesión. Ese mes, la Fundación depositó dos fianzas del 3%: por el valor de la parcela y por el presupuesto de ejecución de obras. Un poco más de 500.000 euros. Es la única cantidad desembolsada hasta ahora por este grupo.

De poco sirvieron las protestas de la oposición en el Ayuntamiento, que señaló entonces a Miguel Ángel Cortés, a quien se llegó a acusar de apropiarse de obras de arte de las exposiciones que patrocinaba. Tampoco los informes en contra del Colegio de Arquitectos, que llevaban años proponiendo un museo de la arquitectura al margen de Ambasz y la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, contrarios a demoler el edificio para un proyecto que no iba a conservar “las características arquitectónicas del entorno ni mejora las condiciones interiores y exteriores de la edificación existente”. Los informes añaden las dudas sobre un posible daño sobre el Salón del Prado y todo el entorno histórico en el que se encuadra el inmueble.

El 27 de mayo, poco después de las elecciones municipales, el colectivo Patio Maravillas okupó durante unas horas el edificio. Pero la respuesta de Delegación de Gobierno, entonces dirigida por Cristina Cifuentes, fue fulminante. Esa misma madrugada se ordenó el desalojo del edificio, que ha estado vacío hasta el sábado pasado.

Desde entonces, las escasas relaciones entre el nuevo equipo municipal y la Fundación se reducen a un episodio que tuvo lugar a finales de 2015, cuando la concesionaria se desentendió de intervenir con motivo de la ruptura de una tubería y la inundación de un edificio anejo. Urbanismo no cree en el proyecto, que durmió en un cajón hasta el pasado sábado.

Ana Oramas, de Coalición Canaria, ha anunciado que votará que no a la investidura. Ha pedido disculpas a su partido por no haber comunicado en los órganos del partido cuál era su posición de voto. “Ni soy una facha ni esta gente del PSOE y Podemos están con los terroristas”, ha dicho Oramas. Un discurso que ha sido recibido con frialdad a izquierda y derecha.

BNG ha anunciado que mantiene su voto positivo a la investidura, Néstor Rego ha comenzado citando a Alfonso Castelao. Rego ha pedido firmeza al Gobierno.

Tomás Guitarte (Teruel Existe) ha sido aplaudido por los diputados socialistas. Guitarte votará que sí por un Gobierno que “tome medidas ya”.

José María Mazón (PRC) ha dicho que el Gobierno pone en riesgo el Estado de las Autonomías. Los regionalistas cántabros ha pedido un referéndum para Catalunya que sea votado en el conjunto de España.

Montserrat Bassa (ERC) ha dado las gracias a Aina Vidal (En Comú Podem). Posteriormente ha hablado de la prisión de su hermana, Dolors, condenada en el juicio del 1 de octubre. “Señor Sánchez, le hablo como una familiar de una presa política catalana”, ha dicho Bassa. “También ustedes son verdugos, porque está en sus manos hacer y cambiar las leyes”, ha dicho, señalando a la bancada socialista. Gritos de “golpista” en las bancadas de la derecha.

“Ya sé que la mitad de este hemiciclo se alegra de nuestro dolor”, ha dicho la portavoz hoy de ERC, “la pregunta es ¿dónde está el PSOE? ¿Se alegra el PSOE de nuestro dolor?” ha preguntado retóricamente la diputada republicana. Bassa ha declarado que no le importa la gobernabilidad de España: “personalmente me importa un comino la gobernabilidad de España” pero “cuando visito [a los presos del procés] me sonríen y me recuerdan que creemos en el diálogo”.

Han sido los momentos más tensos de un debate que tiene mucho de trámite. Bassa ha soliviantado a la derecha y acusado con dureza al PSOE.

Inés Arrimadas (Ciudadanos) ha recordado las contradicciones de Sánchez durante la campaña respecto a Catalunya y sobre los desvelos que le producía pactar con Podemos. Arrimadas sigue con el raca-raca de la mayoría de 221 (PSOE, PP y Ciudadanos), pero su discurso “constitucionalista” ha sido un bajón de la intensidad tras el discurso duro de Montserrat Bassa.

La líder de Ciudadanos ha pedido “un voto valiente” de parte de la bancada socialista para que se salten la disciplina de voto y no apoyen la investidura de Sánchez.

Tiene fama de ser el mejor orador de la cámara y se apunta como uno de los grandes apoyos del próximo Gobierno, Aitor Esteban (PNV), ha comenzado su intervención lamentando lo sucedido en la sesión del sábado y el domingo. Esteban ha recordado que en el Congreso se han dicho cosas peores sobre el rey: “Con su torpe defensa buscan confrontar al jefe del Estado frente al jefe del Ejecutivo”, ha dicho Esteban, antes de recordar que si se vota la candidatura “es porque el rey lo ha querido así”.

El líder en Madrid del Partido Nacionalista Vasco apunta a uno de los conflictos fundamentales del nuevo ciclo: la derecha se ha enrocado en una defensa de la monarquía que puede suponer un abrazo del oso para Felipe VI, distanciándolo del 60% del electorado que no ha votado a PP, Ciudadanos y Vox. Después del discurso del 3 de octubre de 2017, la monarquía parece asociada a los sectores más ultras del sistema.

La escalada de presiones y ataques al Partido Socialista y a los partidos que sustentan la investidura de Pedro Sánchez suma un episodio más. Ayer, su sede en La Línea de la Concepción (Cádiz) amanecía con una pintada que decía “traidores” y además tachaba la O de obrero y la E de español del rótulo.

La secretaria general del PSOE linense y candidata al Congreso, Gemma Araujo, ha condenado el suceso y lo ha calificado de “ataque fascista pero cobarde”. “Esta tarde tenemos la sede abierta, quien quiera venir que venga, pero si va a hacerlo a escondidas, usando pintura y pensando que quizás va a doblegar nuestro compromiso con los valores democráticos se equivoca”.

Araujo considera que es consecuencia de los discursos de la derecha en el debate de investidura. “Hoy he escuchado a dirigentes de Vox hablando de gobierno ilegítimo, y ha habido discursos que trasladan que la lucha la continuaran en la calle, como si estuviéramos en otras latitudes”. Para la socialista la derecha “se da golpes de pecho de patriotismo pero flaco favor a la imagen del país”.

“El patriotismo se demuestra con actos, no con palabras vacías y apropiación de los símbolos”, ha apuntado, algo que asegura que ya era frecuente en la derecha, pero ahora la ultraderecha realiza aplicando los cánones del fascismo en Grecia, Francia y otros países.

Oskar Matute (EH Bildu) ha iniciado su discurso citando a Angela Davis y recordando a Josu Muguruza, diputado de Herri Batasuna asesinado hace treinta años por un pistolero de extrema derecha que cumplió dos años de cárcel. Matute ha dicho que no está para agradar a la derecha, solo para demostrarles que “ni nos vencieron ni nos domesticaron”.

La diputada de las Candidaturas d’Unitat Popular, Mireia Vehi, es recibida por la vuelta de los diputados de Vox que se han ausentado durante el discurso de Matute (EH Bildu). Vehi ha acusado a la derecha de “tener un problema con la democracia”.

Discurso antifascista de las CUP, que mantiene su voto negativo a la investidura.

Carlos García (Navarra Suma) e Isidro Martínez Oblanca (Foro) han anunciado su voto negativo a la investidura con dos discursos muy distintos. El primero, soliviantado y levantisco, el segundo burocrático y gris. Sin novedad.

Con Adriana Lastra (PSOE) termina la sesión antes de la votación. La portavoz del PSOE denuncia la campaña a favor del transfuguismo, de persecución “y matonismo” contra los 167 diputados que van a dar la victoria a Pedro Sánchez en la votación de hoy. “Dejen de reivindicarse como constitucionalistas mientras pisotean los valores de la Constitución”, ha dicho la diputada asturiana.

Lastra ha desmontado los datos falsos de Santiago Abascal sobre el origen de los criminales condenados por violencia machista y violaciones. Finalmente ha dado las gracias a Sánchez “por no haber perdido nunca la fuerza”.

Algunos portales hablan de un 5% en los últimos meses, otros de cerca del 9%. Si comparamos con 2016, el aumento supera el 15%. No hay cifras oficiales —solo en algunas comunidades como Catalunya—, pero el encarecimiento del alquiler en Madrid —y en todo el Estado— se percibe echando un vistazo a los anuncios de vivienda.

La renta media de los pisos de un dormitorio en Madrid capital asciende ya a 859 euros al mes, según el Fichero de Inquilinos Morosos. Los de tres dormitorios superan los 1.120 euros. En la fecha de elaboración de este texto, en el portal Idealista solo se contaban ocho anuncios de viviendas con un alquiler igual o menor a 400 euros. 

El distrito Centro es el más afectado por esta subida del precio del alquiler, que ya supera las cifras de antes de la crisis. Haciendo la misma búsqueda en esta zona, el piso más barato costaba 450 euros –en Malasaña— y tiene 25 metros cuadrados. Por debajo de los 500 euros tan solo se encuentran tres viviendas. Y si buscamos de tres habitaciones, la más barata cuesta 850 euros. 

“Yo he estado en tres pisos diferentes en Lavapiés, iba subiendo el alquiler, pero no una cosa exagerada. En el último pagábamos 900 euros entre dos”, explica Javier, quien hace pocos meses se mudó a Vallecas. “Por mi situación precaria, no podía pagar ese alquiler y no me planteé buscar otro piso en el mismo barrio. Cuando decidimos mudarnos, mi casero vio el cielo abierto: lo puso a 1.200 euros y la primera pareja que lo vio se lo quedó. Si lo hubiera puesto a 1.500 seguro que también”. Javier es una de las muchas personas que han abandonado el centro por distritos como Vallecas, en busca de un piso algo más grande y un alquiler algo más bajo. “Muchos amigos de Lavapiés también se han venido a vivir a Vallecas”, añade. 

“Nosotros mismos somos otro ejemplo”, explica Jacobo Abellán. “Se nos acaba el contrato en septiembre. Pagamos ahora 800 euros por un piso de tres habitaciones y calculamos que subirá a 1.000 euros, que es lo que cuesta ahora el piso de enfrente, que es igual que el nuestro. En septiembre entró a vivir una chica en otro piso que es igual y ya pasó a pagar 950 euros”, continúa. Abellán es uno de los portavoces del Sindicato de Inquilinos, una plataforma que se presentó el 12 de mayo simultáneamente en Madrid y Barcelona. “El grupo promotor somos unas 15 personas, de Lavapiés o cerca, que hemos participado activamente en otros movimientos sociales, fundamentalmente de lucha por la vivienda, como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca [PAH] y la Coordinadora de Vivienda de Madrid”, explica. Entre los objetivos de este sindicato, que se constituirá orgánicamente en septiembre y esperan que esté a pleno funcionamiento en 2018, está prestar asesoría jurídica, ser un grupo de presión para impulsar una regulación del precio de los alquileres y también una herramienta de apoyo mutuo. Para todo ello cuentan con coordinarse con otros colectivos dedicados al derecho a la vivienda. Como herramientas se plantean convocar huelgas de inquilinas a nivel estatal, pero por lo pronto descartan la okupación. “Como todo movimiento puede evolucionar, igual que la PAH de 2011 no es igual que la de 2014. Por el momento, no está entre nuestras herramientas”, apunta Abellán. 

Fuera de la M30, también

Al otro lado del mar de coches que es la M30, también se nota la subida de los alquileres. Tampoco hay cifras oficiales, pero echando un ojo a los anuncios y comparando los precios con los de hace medio año, la cifra que retumba es del 20% de aumento, sobre todo en la zona de Puente de Vallecas, donde la cadena de supermercados Carrefour decidió abrir su quinto establecimiento 24 horas en la ciudad.

“En el piso en el que vivía antes, que es de un inversor, yo pagaba 350 euros. Ahora se alquila por 500. Son 21 metros cuadrados”, explica Nieves, miembro de la PAH en este barrio y, desde hace tres años, trabajadora en el sector inmobiliario. Ella misma se vio afectada por esta subida de los alquileres y se encontró con que, una vez finalizado el contrato, el propietario se negó a renovarlo. “No ha querido porque ahora puede sacarle más. Aquí hay mucho inversor que, durante los dos últimos años, ha comprado viviendas y ahora te encuentras de todo, como pisos de dos dormitorios en Puerto Alto por 900 euros”, dice Nieves, quien subraya que el problema se agrava porque ahora también piden una fianza, avales, nóminas más altas o contratos de trabajo indefinido.

La parte más dramática

Según datos del Consejo General del Poder Judicial, en el tercer trimestre de 2016 los de alquiler ya eran el 55,1% de los desahucios a nivel estatal. En el caso de Madrid, el 72,7% —970 de los 1.333—. “Hay muchos casos que ni siquiera quedan registrados, al no iniciarse demanda. Mucha gente se va de buenas con el casero”, explica un portavoz de PAH Vallecas, que alerta de que en estos meses están llegando a su fin los miles de contratos de alquiler social firmados tras la explosión de desahucios hipotecarios de 2012.

El caso de Alicia es uno de ellos. “A mí me desahuciaron en 2012”, explica a El Salto. Después de quedarse con una deuda de 140.000 euros —del total de 260.000 de su hipoteca—, Alicia acudió a la PAH de Usera. Antes había pedido ayuda a los Servicios Sociales del Ayuntamiento, que le ofrecieron pasar unos días en un albergue, y estuvo unos meses en un piso alquilado por 700 euros. “Mi nómina es de 700 euros —trabajando en ayuda a domicilio de personas mayores—, pero en ese momento mi hijo trabajaba y mi hija también hacía pequeños trabajos”. A través de la PAH consiguió, un año después, que Deutsche Bank, la entidad con la que tenía contratada la hipoteca, le dejara en régimen de alquiler social —por 400 euros mensuales— el mismo piso del que la había desahuciado —que se encontró sin calefactores ni puertas— y por el que siguió pagando letras de 800 euros hasta que el banco lo subastó. El nuevo propietario del piso, el fondo de inversión Placerville Invest —administrado por Belén Garrigues, quien acompañó a Sheldon Adelson en su intentona de Eurovegas de 2014—, le exige que abandone su vivienda antes de que acabe mayo. “He pedido ayuda a la EMVS, al IVIMA, a Servicios Sociales, y dicen que no tienen pisos para mi caso. El Deutsche Bank dice que ha vendido todo el paquete, y yo no puedo alquilarme un piso del mercado porque no llego”. Si volvemos a los anuncios y esta vez buscamos por Usera, los resultados no son muy distintos de los ya expuestos. En Idealista tan solo había tres anuncios de pisos por 500 euros mensuales o —algo— menos, dos de ellos de una habitación. El piso más barato de tres habitaciones costaba 650 euros. 

¿Y el alquiler social?

“Prácticamente no se ha hecho nada. Desde luego, el IVIMA no ha hecho casi nada, y la EMVS ha hecho poco”, sentencia Vicente Pérez, presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM). Desde que los gobiernos local y regional de Ana Botella y Esperanza Aguirre se lanzaron a vender 4.800 viviendas hasta entonces de alquiler social a fondos buitre, el parque público en Madrid se ha incrementado “muy poquito o nada. No hemos vuelto a cifras anteriores a estas ventas ni de broma, estamos muy lejos”, añade Pérez, quien resalta, en cuanto a la empresa de vivienda municipal, la paralización de la última venta dictada por Botella y la restitución de los contratos de estas viviendas en cuanto a la duración de cinco años y la prórroga automática -anulados en junio de 2015- como los principales pasos dados por el gobierno de Ahora Madrid.

Los datos que baraja la FRAVM sobre las viviendas en manos de la EMVS ronda las 6.000. En el caso del IVIMA, desde esta institución regional han confirmado a El Salto que el parque asciende a 23.000 viviendas, de las que, según deduce la FRAVM, algo más de la mitad estarían ubicadas en Madrid capital y el resto en otros municipios de la comunidad. España está a la cola europea en parque de vivienda social. Tan sólo un 2,4% del parque de vivienda está protegida, según los últimos datos de Housing Europe, de 2015, frente a los números de Países Bajos (33%), Francia (17,4%), Reino Unido (18,2) o Alemania (4,2%).

De aquellos polvos…

“Desde los 60, las políticas han ido enfocadas a garantizar el acceso a la vivienda, pero también a apoyar el sector de la construcción y a fomentar la propiedad privada”, explicaba Mercedes Revuelta, portavoz del proyecto de Iniciativa Legislativa Popular de Vivienda de Madrid, durante la presentación del Sindicato de Inquilinos. Políticas enfocadas a “hacer de cada español un propietario”, parafraseando al ministro franquista de Vivienda José Luis Arrese. Revuelta apunta a la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 2013, con la que se empezaba a apostar fuerte por el alquiler y la rehabilitación —pero sin obligar al mantenimiento de los precios de la vivienda en régimen de alquiler— y se disminuía de cinco a tres años la duración de los contratos. En 2011 ya se había creado la figura del ‘desahucio exprés’ y pocos meses antes, el PSOE había creado las Socimi, una figura financiera destinada a la inversión en viviendas, con tributación cero sobre sus beneficios. Después llegaría la explosión de apartamentos turísticos, Airbnb y la última vuelta de tuerca, Housers, una plataforma en la que cualquier persona puede ser inversor en el sector inmobiliario bajo la forma de crowdfunding.

“Lo que está claro es que van a sacar rentabilidad y son sociedades que no contribuyen en nada. Su fiscalidad es ridícula y su configuración es tal que pueden hacer empresas fantasma difíciles de controlar”, explica la urbanista Raquel Rodríguez sobre las socimi y los fondos de inversión.

¿Una regulación del alquiler?

“En España el precio del alquiler estuvo congelado hasta el decreto Boyer, en el año 85”, recuerda Rodríguez, quien explica que, en esa época, la congelación de los alquileres fue una de las medidas que se implantaron en toda Europa después de la guerra. “La mayoría de la gente estaba de alquiler y, si no hubieran congelado el precio habría habido una expulsión masiva de población, que era lo que ya les faltaba”, continúa. Sin embargo, la cara amarga fue la repercusión que esta congelación tuvo en el estado del parque de vivienda: “Una de sus consecuencias directas fue la no inversión de los propietarios en los edificios, se produjo aquí y en toda Europa”.

Y, ¿sería posible y positiva una regulación ahora? Según esta urbanista, es “una de las cosas que no estaría mal hacer, pero no sólo en los alquileres, también en la compra. Habría que intentar controlar o regular de alguna manera el mercado inmobiliario”. Como obstáculo: la normativa comunitaria, que pone difícil cualquier regulación que entorpezca el libre mercado. Y como principal problema: congelar los precios del alquiler coincidiendo con el momento más alto del ciclo actual. “En Barcelona se ha llegado a hablar de índices y de establecer porcentajes por zonas o municipios, medidas que se importan de Berlín o París”, explica Rodríguez. Sin embargo, en Madrid, según subraya, ni siquiera se dispone de índices oficiales sobre el precio del alquiler. “El lugar donde todo el mundo acaba mirando los precios de la vivienda es Idealista”, concluye.

El 35,16% de la superficie de Andalucía está en riesgo grave o muy grave de desertificación y, al mismo tiempo, es la comunidad con mayor superficie de costa artificial (36%). “El entorno natural es una de las principales víctimas de la crisis y la ciudadanía, quien sufre las consecuencias”, señala el informe Radiografía social del medioambiente en España (Greenpeace, 2015). Los siguientes son algunos ejemplos de la larga lista de casos de destrucción medioambiental y contaminación que afectan a Andalucía.

Tiroiditis en Huelva

Predominantemente agrícola y minera hasta mediados del siglo XX, la actividad económica de Huelva comenzó a apoyarse en la industria química a partir de 1964 con la inauguración del Polo Químico de Promoción y Desarrollo. El propio Francisco Franco viajó en 1967 hasta el territorio onubense para inaugurar la cementera de Niebla —propiedad de Cementos del Sur—, la planta de fertilizantes de Fertiberia y la fábrica de sulfúrico de la compañía española Minas de Riotinto, entre otras. Comenzaba así la última industrialización de Huelva.

Cincuenta años después, el conjunto de empresas que aún pervive, bajo las siglas de la Patronal AIQBE, solo proporciona una pequeña parte del empleo que generaba años atrás. La contaminación ambiental del aire, de la tierra y de las aguas derivada de los diferentes procesos químicos, y el negligente cuidado de los residuos generados en toda la provincia se han sumado a la incorporación a la cadena trófica de los tóxicos presentes en la pesca, la agricultura y la ganadería.

Años de silencio han dibujado una Huelva enferma, que lucha por la recuperación con la rémora perpetua de la complicidad entre política e industria. Ni las propuestas de reconversión de colectivos sociales como Mesa de la Ría, ni las continuas denuncias de asociaciones ecologistas, ni las propias evidencias científicas que alertan de los peligros de la contaminación en la provincia han generado el debate que buena parte de la sociedad onubense reclama desde hace décadas. 

La connivencia de las instituciones públicas con las grandes industrias, además de cronificar el problema de la contaminación en Huelva, ha permitido ocultar problemas sociales relacionados con la actividad industrial desmesurada, como la tiroiditis atípica de Huelva. 

En 1995 se diagnosticó una epidemia de tiroiditis autoinmune en 672 de las 725 mujeres en edad reproductiva que acudieron a un centro médico de la capital presentando alteraciones anómalas. Entre los síntomas, un agrandamiento muy doloroso de la glándula tiroidea y un aumento sustancial del número de anticuerpos. El doctor Francisco López Rueda, endocrino de amplio prestigio encargado de tratar y estudiar los casos hasta la actualidad, relacionó la epidemia con los Policlorobifenilos (PCBs) empleados por la industria del Polo Químico de Huelva. Sin embargo, no encontró el apoyo de la Administración para continuar sus investigaciones, que sí fueron posteriormente publicadas por la prestigiosa revista Endocrine Society estadounidense.

Trinidad, onubense de 52 años, paciente del doctor López Rueda desde hace años, señala que el desencadenante fue la caída del cabello: “Acudí al dermatólogo y me hizo una analítica completa. Al comprobar los resultados, le llamó mucho la atención la cifra de anticuerpos tiroideos, que superaba 300 veces las normales. Me remitió al doctor López Rueda, y él fue quien me confirmó que tenía tiroiditis, que era una enfermedad que se daba mucho en Huelva por la contaminación de las fábricas”. Le recomendó guardar absolutamente todos los informes “para ir a la Fiscalía”. Sin embargo, con el paso del tiempo, López Rueda cambió su discurso: “Me vino a decir que le habían hecho la vida imposible, le habían hackeado el ordenador e incluso le habían amenazado de muerte”, explica Trinidad. Aún hoy sigue acudiendo a su consulta, pero no han vuelto a hablar de informes ni demandas. En Huelva, el miedo al debate político y social definitivo parece no ser trivial.

Desde su sillón, con manos nerviosas y sonrisa cariñosa, Trinidad nos habla de la elevada incidencia del cáncer en la provincia, de la radioactividad de la balsa de fosfoyesos de Fertiberia y de cómo han recibido insultos de otros vecinos por manifestarse por su salud. También del futuro que querría para su ciudad. Como muchos otros, apuesta por una reconversión de la ría, que genere empleo, por supuesto, pero no a costa de la vida.

Campo de Gibraltar

“Nos están matando, pero seguimos vivos”, gritaba la presidenta de la organización ecologista Verdemar, Raquel Ñeco, el pasado 28 de febrero en la manifestación comarcal en Algeciras (Cádiz) bajo el lema “Respirar duele”. Pese a que la salud es un tema que preocupa a los campogibraltareños, la movilización sumó a poco más de un millar de personas en una comarca de 250.000. ¿La razón? Los ciudadanos se ven en la tesitura de elegir entre empleo insuficiente o salud deficiente.

Elección difícil. En una zona con récord de paro en España, la actividad industrial y portuaria genera 16.922 puestos de trabajo, según datos de la Asociación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar (AGI), el lobby en torno al que se agrupan Cepsa, Acerinox, Viesgo o Endesa, entre otras. De ellos, 4.339 son empleos directos.

Una tesitura de resignación que sirve para que las peticiones de moratoria industrial caigan en saco roto. La Junta de Andalucía insiste en sus mensajes de calma que desvinculan a las industrias del problema de cáncer de la zona. Tras la protesta del 28 de febrero, la Junta aseguró que los índices de cáncer son similares a la media nacional y, previamente, que el antorchazo —nombre popular dado a una emisión masiva de gases— del pasado 29 de enero no supuso una incidencia grave al no superar los parámetros exigidos. El tabaquismo es el permanente chivo expiatorio del Gobierno andaluz. Un discurso tildado de “absoluto disparate” por el diputado de Equo Juan López de Uralde. Alfredo Valencia, de Verdemar, considera que esta idea “culpabiliza al gaseado, al ciudadano”. Y que estos estudios carecen de credibilidad ante las elevadas cifras de niños con problemas respiratorios.

Trinidad nos habla de la elevada incidencia del cáncer en Huelva y de cómo han recibido insultos de otros vecinos por manifestarse

Lo cierto es que el respaldo de los poderes públicos a las industrias de la comarca es notorio. La AGI presentaba sus últimos resultados de la mano del vicepresidente andaluz, Manuel Jiménez Barrios. La mano derecha de Susana Díaz habló entonces de “complicidad entre la Administración y las empresas”. También arroparon al lobby industrial en dicho acto el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, y el senador y alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce.

Sin embargo, pese a la complicidad entre política e industria, la sociedad civil no se ha rendido. Las constantes quejas obligaron en 2013 al Defensor del Pueblo Andaluz a encargar un dictamen a la Sociedad Española de Epidemiología. Un estudio ambiguo que no da la razón ni a ecologistas ni a industrias. El informe asegura que “con la información disponible no es posible establecer una relación causa-efecto entre un contaminante atmosférico concreto y la mayor mortalidad de la población en el Campo de Gibraltar”. Sin embargo, no zanja el debate: “Es razonable pensar que la contaminación atmosférica ha contribuido a aumentar el riesgo de morir de esta población en las últimas décadas”.

La Vega de Granada

Cuando se piensa en Granada y en su patrimonio natural inmediatamente aparece la imagen de la imponente Sierra Nevada. Sin embargo, Granada tiene su pulmón más cerca, concretamente en su periferia. Este pulmón es la Vega de Granada. Se trata de 150 km2 de terrenos próximos a los diferentes ríos que transitan o rodean la ciudad, cuyo suelo se caracteriza por tener una excelente fertilidad, fácil acceso al agua y escasa pendiente. La consecuencia negativa de esto es que también es un espacio muy codiciado para la implantación de industrias y como lugar de paso de las distintas vías de comunicación que rodean la ciudad. Por otra parte, la expansión urbanística de la ciudad ha aumentado enormemente la presión sobre la Vega,donde se ha perdido ya un 40% del territorio en los últimos 40 años.

Otras dos grandes amenazas están ya afectando de forma importante a la zona: la segunda circunvalación de Granada y la autovía a Pinos Puente (GR43). En cuanto a la segunda circunvalación, prácticamente paralela a la carretera de Madrid, divide en dos a la Vega en un sentido norte-sur, mientras que la GR43 lo hace en sentido este-oeste. Ambas infraestructuras afectan directamente a las zonas protegidas. Además, su trazado genera pequeñas parcelas de terreno, que ya no serían aptas para el cultivo dada su poca extensión y que, en palabras de los integrantes de Salvemos la Vega, “se verían sometidas a una elevada tensión” por el incremento de la presión urbanística.

Además, la propia construcción de las infraestructuras viarias se está realizando sin respetar las centenarias acequias de riego que todavía hoy sirven para canalizar el agua hacia las distintas parcelas de la zona. Por ejemplo, tal y como aparece en el Manifiesto por la Vega de Pinos Puente, en vez de construir la carretera sobre pilares, se están construyendo terraplenes que cortan directamente las acequias, modificando su curso e impidiendo que el agua llegue hasta algunas de las parcelas.

La destrucción de la Vega de Granada supone eliminar lo más básico, la tierra y un entorno de gran valor ambiental. Por otra parte, la destrucción de las centenarias acequias supone dañar de forma irreversible un patrimonio arquitectónico y arqueológico de valor incalculable. Por ello, estas plataformas ciudadanas reclaman que tanto el trazado como la forma en la que se ejecutan las obras sean redefinidos con el fin de mantener el complicado equilibrio entre la preservación del entorno ambiental y las necesidades de una sociedad cada vez más desconectada del ámbito rural.

Cementera en Córdoba

Un informe del Centro Nacional de Epidemiología de 2014, que estudió un millón de muertes por cáncer en España entre 1989 y 2008, demostraba que el “código postal” era tan determinante en estas enfermedades como el “código genético”. Entre los factores que influyen, el informe resaltaba el de vivir cerca de cementeras, donde el riesgo de morir por cáncer colorrectal es un 10% mayor, y un 9% en el caso del estómago. Según investigadores del Instituto de Salud Carlos III de Madrid, aquellas personas que viven en un radio de 5 km de incineradoras aumentan estadísticamente el riesgo de padecer cánceres hasta un 84%.

La cementera Cosmos, del grupo brasileño Votorantim, se instaló en Córdoba en los años 30 en lo que entonces eran las afueras. Hoy se encuentra dentro de la ciudad y afecta a todo su aire. En 2007, Cosmos solicitó ampliar su actividad para “valorizar”, cosa que se evitó gracias a la presión ciudadana a través de la Plataforma Córdoba Aire Limpio, aunque recientemente ha vuelto a la carga.

Para conseguir sus objetivos empresariales, Cosmos no solo obvia los factores dañinos para la salud científicamente comprobados, sino que amenaza a la ciudadanía cordobesa con la pérdida de los escasos 35 puestos de trabajo que quedan en la fábrica, debido a ERE, despidos y a amortizar las bajas de los 400 empleados que llegaron a ser. La situación que plantea Cosmos tiene, sin embargo, el “aroma” a seguir manteniendo o aumentando beneficios a costa de puestos de trabajo o la propia salud de las personas.

La sociedad cordobesa tiene el dolor del paro instalado en sus familias, al que se suma la presión ejercida por la empresa y por la representación sindical de CC OO y UGT para que se mantengan los puestos de trabajo en Cosmos a costa de la salud de más de 300.000 personas. Sobre todo cuando la incineración supone la pérdida de empleos en tratamientos alternativos basados en la jerarquía del tratamiento de residuos, que prima la reducción de la generación de residuos, y, una vez generados, buscar su reutilización, reciclaje, recuperación y, en último lugar, eliminación, que es lo que Cosmos quiere hacer en primer lugar.

El expolio del medioambiente andaluz no solo está dañando la salud pública, con la permisividad de las instituciones, sino que derrama cemento sobre las semillas de otros posibles modelos de desarrollo económico de una tierra azotada por el paro.

De los Smiths a Snake Corps; de Anne Clark a Sisters of Mercy; y de Front 242 a las producciones fantasma de Germán Bou. Así de ecléctica y variada fue la ‘Ruta Destroy’, 'Sonido de Valencia' o ‘Movida Valenciana’, nombre por el que se la denominaba antes de que cayera sobre ella ese estigma asociado al consumo de drogas que se ha mantenido como imagen negativa en el imaginario colectivo. Sólo ahora, entre 20 y 30 años después, empieza a quitarse esa marca. Existe cierto clima en los medios, precisamente de aquellos señalados por los ruteros por transmitir en su día una imagen sesgada de lo que fue la escena, de poner en valor el carácter pionero que Valencia protagonizó durante la década de los 80 y parte de los 90 —dejando de lado las varias acepciones con las que se conoció esta época—.

Dos apasionantes etapas musicales en las que se produjo una evolución en el sonido mientras el cambio generacional popularizaba un ocio entonces novedoso. El país aún venía de discotecas con música para bailar en pareja, disco, funky o rumba. Sin embargo, en los primeros 80 confluyen varios factores para que unos djs pioneros o dueños de salas, como fue el caso de Carlos Simó —Dj de Barraca y dueño del sello Intermitente o la sala Puzzle—, o de Juan Santamaría —dueño de las tiendas Zic Zac o Radical Records, además de Dj en Metrópolis o Distrito 10— apostaran por un sonido diferente.

Con la filosofía de que para escuchar radiofórmula se podía ir a cualquier sitio, varias salas y clubes de Valencia apostaron por una música más moderna, de guitarras y sintetizadores, que rompía esquemas con la música nocturna anterior. Con esta apuesta de los dueños de los clubes y el propio gusto musical de Djsy promotores, empezó a gestarse algo grande. Tan grande que atrajo a estas salas de conciertos a gente como Soft Cell o Killing Joke, grandes del synth pop y del post-punk, respectivamente. Algo inédito por la costumbre musical anterior y aún más porque en sus países de origen no llenaban salas tan grandes como las valencianas.

Gente como Simó compraba música de fuera o intercambiaba discos con los extranjeros que llegaban en verano, como había pasado una década antes con los discos que traficaban los militares estadounidenses de la base de Rota. Se estaba gestando una explosión cultural que se extendería por la ciudad del Turia y otras poblaciones de la provincia como El Perelló, Pinedo, Ribarroja o Sueca.

La ruta de El Saler: 40 kilómetros de música

Fue una etapa en la que surgieron varios movimientos o zonas neurálgicas en las que se vertebraron unas tendencias musicales comunes a lo largo del Estado. Ahí está el Rock Radical Vasco (otro nombre acuñado por la prensa y que daría para debate), la Movida Madrileña o, en este caso, la Movida Valenciana. El foco mediático positivo estuvo una vez más centrado en Madrid. El veterano DJ José Conca, residente de la sala Chocolate y uno de los más relevantes y longevos DJ de la Movida Valenciana —como él la denomina—, apunta que, en los medios, la Movida Madrileña se trató más como un momento de efusividad y de euforia colectiva que para nada fue estigmatizado, pero no pasó lo mismo con la valenciana. “En ambos sitios hubo una explosión de libertad y, además, lo nuestro fue musicalmente más interesante porque era nuevo, pero no se trató igual”, apunta. 

Precisamente la sala Chocolate fue el reverso oscuro y sintético de Barraca, la sala pionera. A ellas se sumaron pronto otras discotecas que se convertirían en templos de esta cultura, como Puzzle, A.C.T.V. o NOD. “En los 80 y principios de los 90 estábamos poniendo la mejor música que se pinchaba en el planeta”, presume el residente de Chocolate. Añade que “ahora en todo el mundo se escuchan los mismos temas. La Ruta fue algo más local, que salía de aquí. Los DJ fuimos los que pusimos Valencia en el mapa entonces”. 

“En los 80 y principios de los 90 estábamos poniendo la mejor música que se pinchaba en el planeta”, presume el residente de Chocolate

En poco tiempo quedó configurada toda una red de clubes a través de 40 kilómetros de la carretera de El Saler. Una ruta que permitía alargar la fiesta de viernes a domingo ininterrumpidamente, con una legislación que venía del franquismo, más laxa con los horarios que la actual. Los ruteros podían entrar a una sala un viernes por la noche, salir el sábado al mediodía e ir a otra que abría esa misma tarde. Y enganchar el domingo en algunos casos.

Así es como podían encadenar hasta 72 horas de fiesta: la ‘Ruta Destroy’. Y aquí tienen un peso relevante los DJs, ejecutando sesiones de bastantes horas, algunos incluso de 16, como Fran Lenaers, una de las piedras de toque de la ruta. Él fue quien empezó a mezclar sin entrar al corte —mezclando un disco con otro a salto de mata—, algo inédito hasta la fecha. Buscaba una armonía, una sincronización entre un tema y otro. A su gran técnica había que sumar su bagaje musical, el cual demostraba en la pista de baile —primero en Spook, luego en A.C.T.V.— pinchando desde música de guitarras de la época hasta post-punk, pasando por la EBM. Junto a esa técnica en los platos, fueron factores que hicieron de él otra figura pionera. 

Durante estos años de descubrimiento, como pasó en cualquier otro momento musical histórico, hubo nuevas experiencias recreativas con las drogas. Ahí es donde entró la mescalina, una de las sustancias más consumidas en aquellos tiempos “y que pegaba muy bien con el tipo de música del momento, según apunta Rafa Cervera, autor del fanzine Estricnina, quien vivió la Ruta desde 1981 hasta 1988. Cervera destaca también ese buen rollo al que hacen referencia hoy los ruteros veteranos: “Había espíritu de pasarlo bien. Era el momento, se daban las circunstancias. Había gente haciendo música, cómics, abriendo bares, pinchando, diseñando ropa, escribiendo”. Sin embargo, Cervera también critica que “todo eso estaba, pero de alguna manera no se mezcló lo suficiente como para que cristalizara en algo que fuera más allá de lo festivo. Todo quedó deslavazado”.

La cultura del 'parkineo' —tan presente en festivales de música—, los flyers y las discotecas de día son herencias dela Movida valenciana que se han extendido a todo el Estado

José Luis Rosell, locutor en aquellos años del programa Cementerio putrefacto, de Ràdio Klara, bajo el alias de HAL 9001, explica cómo trató de llevar a la radio el ambiente musical de La Ruta: “La idea era agrupar la música que se pinchaba y escuchaba en Valencia: Siouxsie and the Banshees, The Cure, Killing Joke, New Order, The Cramps… El programa siempre mantenía una base oscura empezando por su propio nombre y nuestra inolvidable sintonía de Clan of Xymox”. Rosell conseguía la música a través de la tienda Import Records o de algún amigo que iba al extranjero: “Intentaba que la gente conectase con esa música que no se escuchaba en ninguna emisora comercial, una extensión de lo que se escuchaba el fin de semana”, recuerda.

Esa cultura de club entró en expansión y llegó a la provincia de Alicante, como recuerda José Rives, uno de los DJ de referencia de la zona. “Todo se extendió por nuestra zona con salas míticas como Mama Luna (Elda), pionera en la new wave; Spit —Schizophrenic Dance— o Maná Maná (estas dos últimas en Santa Pola), con un sonido más ‘de culto’. Ahí empezaron a sonar muchísimos grupos que luego fueron leyenda, como Bauhaus, Sisters of Mercy, The Cult, Anne Clark…”. En esta zona siguió la apertura de nuevas salas, como Límite (Santomera), Central Rock (Almoradí), MetroDance Club (Bigastro) o KKO (Torrevieja). En Valencia, las salas, atravesadas por el aumento de público, buscaron alternativas para que la gente estuviera más tiempo, y algunas permitieron incluso que se hicieran paellas en el exterior, otra muestra de los efectos de cohesión social y popular que hubo en la Movida Valenciana. Ahí nació el ‘parkineo’, que prácticamente se convirtió en una extensión de la sala.

La ofensiva mediática y el nacimiento de la 'telebasura'

El aumento de popularidad de la Ruta y la peregrinación, los fines de semana, de jóvenes de todo el país, e incluso de autobuses que llegaban de países vecinos, despertaron el interés de los grandes medios, que vieron con recelo el hedonismo en el que se sumergían miles de jóvenes durante todo el fin de semana —aunque lo de estar 72 horas sin descanso no fuera algo generalizado—.

La Ruta fue relacionada incluso con el crimen de Alcàsser, ya que las víctimas hicieron autostop para dirigirse hacia los clubes. Conca apunta que los medios influyeron negativamente: “Empezó a venir un público con una idea distorsionada y diferente de lo que había. Era lo que estaban vendiendo y su efecto era casi publicitario”. Relata que, como consecuencia, la música se adaptó, cambió y se tuvo que bajar el nivel. “Nosotros nos dedicábamos al público y adaptábamos la música a él. Tú puedes aportar algo, pero si la discoteca se vacía te van a echar”, prosigue.

Esta electrónica de BPM —pulsaciones por minuto— más acelerada en contraposición a la new wave o la EBM que se escuchaba, trae consigo una nueva generación de ruteros y también una nueva droga, el éxtasis —de ahí el famoso “Así me gusta a mí”, de Chimo Bayo—. Según señala Conca, “muchas personas no se drogaban o solo bebían alcohol. La gente buscaba en la ruta una forma de liberación de la rutina y cada persona lo hacía a su manera, no había unas pautas de ocio marcadas”. No obstante, el cambio de dinámica fue evidente: llegó ‘la Ruta del Bakalao’, el término acuñado por los medios. 

“La fiesta no era lo único que había y la gente trabajaba entre semana y llevaba una vida normal. Nadie hacía mal a nadie. Yo tenía una peluquería y trabajaba de lunes a sábado”

“A mí La Ruta se me murió cuando murió Heaven, en agosto del 96”, confiesa Mayte Serrano, una rutera que ahora se dedica, entre otras cosas, a montar eventos remember, en los que se dan cita muchas de aquellas personas que vivieron la efervescencia de los 80. “La fiesta no era lo único que había y la gente trabajaba entre semana y llevaba una vida normal. Nadie hacía mal a nadie. Yo tenía una peluquería y trabajaba de lunes a sábado. Algunos lunes iba de empalme, pero nunca se me quejó ninguna clienta”, asegura orgullosa. “Recuerdo que, cuando llegaba el sábado, abría la peluquería para peinar y maquillar a mis amigas y luego nos íbamos a los pubs y a las salas”, añade.

“La diferencia del rollo antes de que se masificara la Ruta fue que, al principio, surgió porque una nueva generación de gente buscaba otra forma de pasárselo bien y otra música que escuchar”, sentencia Conca. Personalmente, señala que se sintió bastante mal porque los medios no acudían a él o a otros compañeros: “querían vender que la gente se ponía ciega, se tiraba tres o cuatro días sin dormir y se drogaba de manera incontrolada. Lo que hacían era sensacionalismo. Iban directamente al párking de la discoteca y, de las 3.000 personas que había, siempre coincidía que entrevistaban a las que encajaban en un perfil más morboso mediáticamente. No se preocuparon en ningún momento por la diversidad de personas que acudía allí, ni si aquello se trataba de un fenómeno cultural, ni trataron de comunicarse con los artistas que hacíamos que aquello fuera posible”.

El declive de la ruta y la ruptura de las nuevas generaciones

Tampoco el estereotipo estético popularizado por la televisión refleja la heterogeneidad que existió en la movida. “Estaban los mods, con sus botas y chaquetas negras, los rockeros, skins, punks, heavys… Los veías. Pero esto también era anterior, desde el ochenta y pico al 92. Luego ya no. Esa gente que iba más de su rollo, en su forma de vestir y de pensar, a partir del 93 desapareció y llegó gente con otro aspecto, más estilo cabezas rapadas, oro…

Estos son los que después llegan a Catalunya y empiezan con el makineo”, explica Mayte. Esa nueva generación, más agresiva, como la música y la droga que la acompañaba, tuvo su ramificación catalana en salas como Pont Aeri, Scorpia o Chasis. Mucho más al sur, en Alicante, esa tendencia invadió salas como Central en Almoradí, que dejó el rock pasa pasarse al hardcore. 

Amparándose en la siniestralidad en las carreteras, las autoridades aumentaron los controles en las vías y fueron más estrictas con los horarios de las salas. Conca incluso recuerda que había controles con pinchos en la carretera y Guardia Civil con pasamontañas y metralletas: “Evidentemente no era necesaria tanta demostración de poderío, era nada más para disuadir a la gente de que fuera a las discotecas”.

Querían vender que la gente se ponía ciega, se tiraba tres o cuatro días sin dormir y se drogaba de manera incontrolada. Lo que hacían era sensacionalismo. Iban directamente al párking a buscar el  perfil más morboso 

Además, la música empezaba a bajar de calidad. De hecho, en 1991, por ejemplo, Cementerio putrefacto deja de emitir: “Se notaba el cambio en la tendencia de la música. Faltaba originalidad, eran sonidos compactos y acelerados que son los que, salvo honrosas excepciones, han llegado hasta la actualidad. En mi programa yo seguía pinchando el mismo estilo de música, los mismos grupos… Las nuevas tendencias no eran de mi gusto y llega un momento en el que te das cuenta de que es mejor dejarlo con buen sabor de boca por lo que fue”, señala Rosell.

Ese compendio de factores erosionó lo construido durante años y, poco a poco, empezaron a cerrar salas. Algunas intentaron renovarse, siguiendo la trayectoria con electrónica más acelerada y agresiva, como el caso de Central, ya sin el ‘Rock’ en el nombre. Pero el declive era evidente. “Lo que había sido una bonita historia de cultura musical se convirtió en algo muy diferente y oscuro”, recuerda Rives. No obstante, para Cervera, “la Ruta del Bakalao de los 90 fue una industria, no un fenómeno cultural. Alrededor de esa industria se creó una cultura basada en el hedonismo, pero no es más que eso. No hay obra, no hay legado, no hay nada más que un montón de discos meramente funcionales y una serie de DJ supeditados a esa música”.

En el olvido quedan la cantidad de sellos, DJ y actuaciones que pasaron por Valencia, dejando tras de sí un rastro de edificios en ruinas, salvo excepciones como Barraca, que se actualizó con electrónica contemporánea —aunque ya no era algo nuevo ni rompedor—. A pesar de que resulta difícil de encontrar, sí hay una herencia evidente de la Ruta, más cultural que musical. Salas como MetroDance Club —hoy Carmen 24— siguen abriendo hasta el mediodía.

En la misma provincia de Alicante, mucho tiempo después, la hoy desaparecida Revival abría incluso todo el día —la única que lo hacía en la comunidad—. Y, por supuesto, en discotecas de todas partes y de toda índole, también en festivales, sigue esa cultura de parkineo como fenómeno de cohesión social. Es también en la Ruta donde se empezaron a imprimir flyers de fiestas y discotecas en masa, algo que hoy sigue vigente. Aún queda mucho de aquellos años: recuerdos, hijos, fiestas remember y, sobre todo, el legado de una vanguardia musical que hasta ahora había estado oculta al gran público.