Comunicación
El escándalo de Facebook, el máster de Cifuentes y la propiedad de los medios de comunicación

Una de las fantasmagorías de nuestro tiempo es aquella que atañe a la economía del conocimiento. Existen una serie de empresas asentadas en Silicon Valley que, primero, exigen nuestra atención durante el tiempo que pasamos conectados a sus infraestructuras digitales para después comercializar con ella. Por ejemplo, cuanto más sabe Facebook sobre nosotros, a medida que los datos que posee sobre nuestro consumo son más precisos, mayor es su capacidad para ganar dinero conectándonos económicamente con anunciantes. La única cuestión relevante es que las redes de comunicación electrónicas están siendo explotadas de manera monopolística por una serie de corporaciones tecnológicas para ofrecernos servicios determinados.

Ahora bien, pareciera como si todo el sistema se encontrara en suspenso. El escándalo de Cambridge Analytica, por el cual Mark Zuckerberg ha testificado ante el Congreso de los Estados Unidos, nos demuestra que su compañía se encuentra en un punto en que debe mantener unos niveles de acumulación tan elevados para seguir creciendo que está obligada a vender publicidad al mejor postor, sea quien sea. Este es su modelo de negocio y, de momento, le sirve para ser una de las empresas con mayor capitalización bursátil del mercado.

Aunque lo cierto es que Facebook tiene tantos datos sobre nosotros que podría perfectamente ofrecernos la privacidad en la plataforma como un servicio exento de publicidad para acabar con todos esos problemas, como propuso Sheryl Sandberg, directora de operaciones de Facebook, durante una entrevista con la cadena de noticias NBC.

La propuesta de Sandberg, expresada en un medio de comunicación privado convencional, como lo es la televisión, podría ser una de las salidas más sencillas para el capitalismo digital en un momento de fuertes convulsiones sistémicas: lo más conveniente es que todos nosotros, quienes entregamos nuestros datos y atención a una empresa, ahora además tengamos que pagar por utilizar su plataforma.

¿Quién en Estados Unidos iba a querer regular Facebook cuando compite directamente con las corporaciones chinas? Esto no tiene nada que ver con la privacidad, sino con la geopolítica, los cambios en la economía mundo y el proceso neoliberal.

En este sentido, el escándalo de Facebook únicamente nos dice que ha llegado ese momento en el desarrollo del capitalismo en que esta empresa tiene tanta información sobre nosotros que necesita establecer peajes personalizados sobre ámbitos de nuestra vida social. ¿Y lo siguiente qué será, ofrecer la educación pública o los servicios sanitarios como un servicio?

Sin embargo, y esto es lo relevante, no hace falta especular sobre una distopía corporativa para entender que algunas de las implicaciones políticas del capitalismo digital ya están alterando radicalmente la forma en que analizamos la realidad desde Europa y, por supuesto, determinando sobremanera nuestra consiguiente acción política. Analicemos primero una mera cuestión estructural.

Cuando un senador le preguntó a Mark Zuckerberg durante su comparecencia si creía que su plataforma era un medio de comunicación, este debió de tener serias dificultades para contener la risa. Facebook no es un medio de comunicación, ni siquiera una red social. Como vemos, es el mismísimo suelo sobre el que se despliega la sociedad en su conjunto. Todo ello guarda relación con que los verdaderos medios de comunicación, encargados en la teoría de salvaguardar que dicha sociedad fuera democrática, se han convertido en meros medios de producción que necesitan explotar la tierra de estas empresas tecnológicas, no ya para ser productivos, sino para poder siquiera operar, como les ocurre en el caso de Google. Siendo claro: el valor democracia que dicen defender los periódicos no tiene cómo llevarse a la práctica bajo las reglas del capitalismo digital.

Este breve contexto puede servir para entender la publicación de toda una retahíla de artículos sobre el trabajo de fin de máster de la aún presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. ¿Es posible que una producción de noticias tan intensiva en exclusivas tenga algún efecto político real, o más bien esta trama —porque lo es el desmantelamiento de la universidad pública por políticos corruptos— ha llegado a un punto en que bien pudiera acabar convertida en una serie emitida por Netflix?

Digámoslo claramente: existe tanta información que hemos perdido el norte de lo que nos rodea. Lo primero no es un problema, lo segundo sí en tanto que obviamos una cuestión importante: toda nuestra información es libre de circular hacia dos empresas, centralizándose en sus centros de datos privados. Y esto no tiene nada que ver con aquello que en un ejercicio de imaginación los liberales han llamado “posverdad”, sino que responde únicamente al modo de producción de Facebook o, en su defecto, de Google. A vuela pluma: ambas necesitan tener mercancía (o artículos) constantemente en circulación. Así, la opinión pública (o privada) se encuentra consumiendo artículos políticos como si de una barra libre de conocimiento se tratara. Mientras ello ocurre, una serie de empresas acaparan todo el plusvalor generado vendiéndoles publicidad a los lectores y también extrayendo información sobre estos para engrasar su futuros modelos de negocio basados en el pago en efectivo por sus servicios.

Evidentemente, más que ante un espectáculo, como hubiera afirmado Guy Debord, todos estos escándalos tienen más que ver con la eliminación de la distinción entre la realidad que ofrecen los medios de comunicación y lo que requiere el mercado digital. Ambos coexisten pacíficamente sin implicaciones políticas más allá del mero “oh, qué pocos valores tienen estos políticos”. En resumen, aquellas cuestiones capaces de generar una acción política transformadora quedan desechadas cuando un espacio de comunicación privado exige al ciudadano que asimile tanta información de manera diaria y de manera tan fragmentada. Ello no ha colocado al periodismo en una suerte de nueva época dorada, como creen los melancólicos que aún apelan al Watergate cuando Albert Rivera dice claramente que una información periodística no sirve de nada. Al contrario, y es evidente, su capacidad de influencia nunca ha sido menor.

Si en algún momento los periódicos en papel tuvieron algún poder, este fue para mantener el statu quo. Y ello era porque mantenían la propiedad sobre sus imprentas. Entonces existían grandes estructuras físicas que operaban bajo reglas de producción de conocimiento propias. (¡Viva la Belle Époque de El País!, el cual ahora se imprime en la rotativa de ABC). Claro que una empresa poderosa podía chantajear el contenido de sus artículos a través de la compra de publicidad, entrando directamente en su consejo de administración o directamente mediante presiones telefónicas. No obstante, a día de hoy, el control se ejerce de manera aún más efectiva: los periódicos se insertan directamente en los circuitos de una imprenta digital controlada por dos empresas. Google y Facebook únicamente tendrían que cambiar un algoritmo para derribar todos los elementos de la cadena de producción de información del mundo.

En última instancia, esto solo nos habla de que la información crítica con un Gobierno publicada por un periódico digital no tiene ninguna relevancia a la hora de ejercer cambios económicos de calado sobre la verdadera infraestructura sobre la que desarrollan la vida de sus lectores, pues estos pasan de media en ella más tiempo que en cualquier periódico.

Una cuestión menos marxista y más socialdemócrata sería pensar en si la única forma de hacer cosquillas a una dirigente conservadora es apelar a que no se ha esforzado lo suficiente, cuando el esfuerzo ha sido la narrativa que la austeridad ha establecido como sentido eterno de época para que aceptáramos el desmantelamiento definitiva del Estado del bienestar. Según nos dice este escándalo, solo se puede conseguir la movilización de una parte de la sociedad contra este hecho apelando a un elemento aún más visceral en los ciudadanos. Todo esto suena a la profesionalización periodística del populismo en un momento en que la corrupción política en España no tiene ningún interés público.

Aún más estimulante sería pensar si el mismo plan de Silicon Valley para establecer una suerte de austeridad inteligente como única manera de que sigamos aceptando la crisis en que estamos atrapados no está determinando incluso la manera en que los medios de comunicación llevan a cabo sus actividades en las infraestructuras de estas compañías. Únicamente hemos de entender que el neoliberalismo es un proceso que se ha insertado en cada ámbito de nuestra vida gracias a las tecnologías de la información, de las mismas que depende cualquier medio que opera en internet.

Todas estas cuestiones emocionales, subjetivamente neoliberales, son lo único que permiten a un periódico digital adaptarse a las exigencias de producción de información del capitalismo digital queda automáticamente eliminada toda cuestión holística sobre el desmantelamiento del sistema público, en buena parte debido a esas políticas neoliberales implementadas durante décadas. Claro que si el Estado del bienestar ha sido mermado y corrompido para después ser privatizado, un hecho que no hace mucho Mariano Rajoy dijo que se extendería hacia las pensiones, ello no es una cuestión que deba de analizarse de manera ajena a la forma en que los servicios periodísticos han sido demantelados para acabar operando en una imprenta digital.

Nunca el fetichisimo de la mercancía había adquirido un carácter tan soberbio como en el espacio digital. ¿Caerá Cifuentes porque no se haya esforzado lo suficiente? No, y la red de comunicación electrónica que ha permitido denunciarlo seguirá siendo administrada mediante intermediarios privados. Llegados a este punto importa más bien poco que 5.000 suscriptores o una cifra diez veces superior pague a un medio digital por su libertad, ya que este seguirá operando en una infraestructura en propiedad de dos empresas.

Cabría hacerse una pregunta más: ¿cuánta atención logra captar que el Partido Popular esté preparando una legislación que incluye posibles exenciones impositivas para atraer a las empresas que utilizan la tecnología blockchain? Según explicaba el diputado conservador Teodoro García Egea a Bloomberg, a España le interesa atraer a esas firmas porque la tecnología es un impulsor para los negocios en industrias como las finanzas, la salud y la educación.

Un ligero ejemplo para entender que la privatización de nuestros servicios públicos exigidas por la austeridad aún se pueden llevar a nuevos límites para beneficiar a Wall Street con la ayuda de las tecnologías de la información o comunicación provistas por empresas tecnológicas. Aún más factible es esta posibilidad cuando en Reino Unido, esa referencia siempre presente entre los nuevos viejos neoliberales españoles, la gestión de los datos de su servicio de salud nacional de salud pública la lleva a cabo Deepmind, la rama de inteligencia artificial de Alphabet, matriz de Google.

Parece evidente que los medios de comunicación no pueden tener ninguna labor de servicio público cuando operan en una infraestructura privada que cada vez más determina todo el régimen social en el que vivimos. Así que, en lugar de ensalzar a un periódico por haber puesto contra las cuerdas a la dirigente política de una Administración autonómica del partido más corrupto de Europa gracias a la existencia de redes de comunicación digitales, me parecería una cuestión más interesante pensar en cómo podrían ser utilizadas para desburocratizar los gobiernos regionales e incluso nacionales. Esta proclama, desde luego, no tiene nada que ver con aquella expresada por los liberales que hacen de muleta del orden económico conservador, puesto que su plan únicamente es adelgazar al Estado mediante la eliminación de las autonomías.

Señalaba el lingüista George Lakoff, quien fatídicamente tratara de asesorar al Gobierno de Zapatero, que decirle al poder únicamente la verdad no funciona. “Tienes que enmarcar eficazmente las verdades desde tu perspectiva”. En 2018, esta teoría se ha sumido en la obsolescencia programada por Silicon Valley con tanta fuerza como la socialdemocracia.

Por eso, en segunda instancia, cabria únicamente reflexionar sobre cómo puede establecerse la propiedad común de los medios de comunicación para gestionar servicios de manera que estos estuvieran garantizados para todos con un único fin: guiar a la sociedad hacia un estado de bienestar real. ¿Si la tecnología tiene un potencial suficiente como para manipular a los ciudadanos con tanta eficacia como exija el mercado de consumo, por qué no puede eliminarse su carácter comercial para socializarse?

Estas propuestas implicarían invertir nuestros esfuerzos creativos e intelectuales de manera diferente a la de tratar de recuperar la moral y la ética perdida. ¿Qué hubiera pasado si en lugar de martillear a base de titulares con información sin ningún valor crítico en el mercado privado de las ideas pusiéramos el foco sobre algunas cuestiones acerca de la propiedad de esas estructuras que comienzan a administrar toda nuestra vida? ¿O si tantos y tantos comentaristas dejaran de alimentar el ruido en televisiones, radios, podcast, vídeos en YouTube, comentarios en Twitter, debates en Facebook o en WhatsApp sobre lo podrido que está el sistema público y pensáramos en cómo utilizar esas mismas redes de comunicación para ponerlo al servicio colectivo? Y ello, por supuesto, implicaría comenzar a pensar definitivamente en cómo deben operar los medios de comunicaron en una economía basada en el conocimiento, entendida esta de manera comunal, y no monopolística.

En lugar de alimentar el neoliberalismo a base de mercancías digitales, únicamente se trata de pensar en formas de vivir completamente distintas. Hablamos de pinchar la burbuja privada creada por los dueños de la tierra de Silicon Valley, en coexistencia con el capital global, que alteran incluso nuestra capacidad de mirar más allá del escándalo de Cifuentes, y pensar en infraestructuras públicas para la comunicación. Más aún, cuando estas parecen la base sobre la que se levanta toda la economía. Para ello, por supuesto, hubiera que establecer un régimen de propiedad de los datos radicalmente distinto. ¿Estarán los periódicos digitales en contra de estas proclamas colectivistas básicas o querrán mantener la farsa de su independencia durante tanto tiempo como dure la austeridad inteligente?

Quizá también algunas de estas demandas hicieran ganar votos a las fuerzas políticas de izquierdas. Sin embargo, las que se dicen contemporáneas están siendo superadas por una competición que se ha pasado de virtuosa.

Argumentos abstractos que proponen políticas asentadas precisamente en la ética y en la moral, como los de Ángel Gabilondo, le están ganando la tostada a un plan para devolver a los ciudadanos madrileños la soberanía sobre las estructuras sociales en las que desarrolla buena parte de las actividades de su vida. Claro que acabar con este mindfulness progresista implicaría reconocer que los despachos de la Complutense, al igual que los espacios para la movilización social, no son monopolio en exclusiva de unos cuantos politólogos que corrompieron desde sus despacho la noción de “movimientos antisistémicos”. También hubiera que recordar que el idealismo de Hegel se está imponiendo al marxismo de Gramsci, al menos a la interpretación realizada por Chantal Mouffe, para afirmar que la izquierda posmoderna ha muerto definitivamente, y con ella sus teorías sobre el Estado.