Colombia
Luz Marina Hache: “Que Pedro Sánchez haya recibido a Iván Duque es una afrenta para las víctimas”

Casi 300.000 colombianos y colombianas viven en España. El conflicto larvado que desde hace décadas atenaza al país caribeño ha dado como resultado un flujo constante de desplazamientos, internos y hacia el exterior. Una parte muy significativa de esa diáspora ha generado un movimiento que se activó en nuestro país con el Paro Nacional por las condiciones de vida que ha puesto en jaque al Gobierno de Iván Duque. Manifestaciones y protestas, charlas, seminarios y, con motivo de la Feria del Libro de Madrid —en la que Colombia ha sido el país invitado—, nuevas formas de explicar al mundo el carácter antidemocrático del poder que ahora ostenta Duque. Tras los acuerdos de paz de La Habana se abrió una ventana de esperanza que el Centro Democrático, el partido de Duque y del sempiterno Álvaro Uribe —jefe de la “casta” que controla el país—, se ha ocupado de cerrar. Las elecciones de 2022 son una nueva ventana. El Pacto Histórico por Colombia aspira, por primera vez en décadas, a cambiar el régimen de manera democrática.

En esa vorágine de protestas, esperanzas y la misma represión de siempre, la defensora de los Derechos Humanos Luz Marina Hache (Bogotá, 1955) ha visitado España. Es portavoz del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, una organización desde la que impulsa la apertura de una macrocausa que investigue uno de los puntos más oscuros de la represión: la detención y desaparición de personas durante las seis décadas de conflictos. Luz Marina Hache lleva en el pecho el retrato de Eduardo Loffsner Torres, 'el negro', su pareja, desaparecido en 1986. En una entrevista en El Espectador, Hache contó que Loffsner le hizo prometer “(...) que si a mí me desaparecen, tu no andarás por las calles con mi foto mostrando tus llagas a nuestro enemigo”. No pudo cumplir su promesa, y eso la convirtió en una referencia de los derechos humanos y de la lucha de miles de familias colombianas por conocer la verdad, obtener justicia y reparación.

El jueves 16 de septiembre Pedro Sánchez recibió a Iván Duque. ¿Qué significa para ustedes, las víctimas?
El hecho de que sea recibido por Pedro Sánchez con todos los honores una persona que es un genocida, que tiene que responder al país y a la comunidad internacional por las muertes y desapariciones extrajudiciales y, ahora, por la penalización de la protesta social, es una afrenta para las víctimas. Es una ofensa porque considerábamos que hemos dado suficientes elementos al Gobierno español para que este supiera que está recibiendo a un violador de los derechos humanos. Es una agresión directa. 

¿Se han comunicado con ustedes desde el Gobierno?
No. Un Gobierno, supuestamente de izquierdas, nos ha dado semejante bofetada. ¿Por qué no se habla de esa historia de sangre, de dolor, de injusticia, de exclusión, que ha vivido el pueblo colombiano? Han desconocido esa realidad, desconocido que las víctimas estamos luchando por una vida digna. Esta semana hemos recibido la notificación de la Fundación Mario Benedetti, en el 101 aniversario de su nacimiento, que reconoce al Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado. Es la primera vez que se le da este premio a una organización. ¿Por qué no habla de ese reconocimiento, que premia la dignidad que las víctimas hemos tenido en Colombia? Llevamos 60 años de conflicto social y armado. La paz no se consigue con ese acuerdo que se firmó en 2016 con las FARC, hay un acuerdo que hizo el señor Álvaro Uribe con los paramilitares en el que las víctimas nunca existimos, que se negoció a nuestras espaldas. 

La degradación del conflicto en Colombia llegó a que la desaparición se convirtiera en el arma de quitar de en medio a cualquier persona

Estos días han denunciado también el encuentro que Duque ha tenido con la CEOE, la ministra de Industria y un grupo de empresarios.
Yo represento al Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado y tenemos claro que lo fundamental no es la afrenta de Sánchez, sino que el señor Duque se ha reunido con los empresarios que van a hacer inversiones en Colombia. Él vino a blindar un tratado comercial con 600 empresas españolas, por el que supuestamente va a llegar una millonada al país. En términos coloquiales supone cambiar oro por espejitos. Nos van a dar los espejitos y el oro será para los españoles. Eso es lo más complicado, porque esa inversión en Colombia significa más muerte y más hambre para el pueblo colombiano. 

Lleva colgada en el pecho la fotografía de su compañero, uno de los más de 120.000 desaparecidos en Colombia.
Hace 34 años, nueve meses y 27 días. Y hasta el día de hoy no sé nada. Ninguna noticia.

Representa al Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado.
La primera desaparición documentada oficialmente es del 9 de septiembre de 1977. Con el caso de Omaira Montoya se institucionalizó la desaparición. Pero en las investigaciones que hemos hecho, hemos visto que mucha gente fue desaparecida en esos años. Las familias nunca denunciaron. El caso de un grupo de desaparecidos forzadamente en el año 82, conocido como caso Colectivo 82 da origen a la primera asociación de familiares de desaparecidos, ASFADDES. En ese año, en la ciudad de Bogotá hubo más de cien desaparecidos, pero solamente 14 familias fueron las que se agruparon y conformaron la asociación. A partir de ese momento se empiezan a documentar otros casos y se empieza a hablar en Colombia de desapariciones forzadas. Gracias a la intervención del padre Javier Giraldo, de Eduardo Umaña Mendoza, de Amanda Romero, que era integrante del comité de presos políticos, sabemos qué significa la desaparición, porque en Colombia no se hablaba de ese tema. No se conocía que fuera un crimen sistemático contra opositores de izquierda. 

Desafortunadamente, en los últimos 20 años se ha querido vender a la opinión nacional e internacional el negacionismo del conflicto que ha vivido Colombia, diciendo que han sido manzanas podridas

¿Ha seguido siendo ese el motivo de las desapariciones?
Hasta la década de los 90 se desaparecía a los opositores políticos, fueran estudiantes, campesinos, líderes sindicales, líderes sociales. La degradación del conflicto en Colombia llegó a que la desaparición se convirtiera en el arma de quitar de en medio a cualquier persona. Y el Estado colombiano tiene responsabilidad en eso. Inicialmente fue el ejército nacional el que desapareció a la gente, como en Caso colectivo 82. Hay pruebas suficientes que vinculan a organismos de seguridad y fuerzas armadas con esas desapariciones. En el resto de casos, por el modus operandi, por cómo hacían las desapariciones se responsabiliza directamente a la acción del Estado. El Estado no nos puede decir que fueron manzanas podridas: fue una práctica sistemática de desapariciones. 

Colombia: los caminos de la vida, los sonidos de la guerra

Pablo Elorduy

Acuerdos de Paz de La Habana

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Dos periodistas de El Salto han formado parte de la misión internacionalista de verificación de derechos humanos que durante nueve días ha recorrido tres focos del conflicto que vive hoy Colombia. Mil días después del plebiscito sobre los acuerdos de paz, la voz de los grupos armados legales e ilegales sigue entonando el presente político del país. Los movimientos sociales exigen justicia y reparación y alertan del incremento de la violencia contra el campesinado y el hostigamiento de los movimientos sociales.

Más adelante cambia el actor que lleva a cabo esas desapariciones.
Cuando comenzaron las denuncias y se empezó a hacer exigencia, el Estado colombiano empezó a actuar financiando a los paramilitares, que han tenido en Colombia diferentes nombres. En 1977 empiezan a surgir movimientos armados que actuaban calladamente pero ya en 1980 aparece el Movimiento Anticomunista Colombiano, Muerte A Secuestradores, los “signados”, los “machetes”, la Mano Negra, luego esas organizaciones pasaron a ser las Autodefensas Campesinas, más tarde las Autodefensas Unidas de Colombia, actualmente son las Águilas Negras. Es lo mismo, las víctimas decimos: han cambiado la razón social, pero siguen teniendo el apoyo del Estado, y en el Paro Nacional lo vimos. Vimos a civiles armados apoyados por la Policía. Desafortunadamente, en los últimos 20 años se ha querido vender a la opinión nacional e internacional el negacionismo del conflicto que ha vivido Colombia, diciendo que han sido manzanas podridas. Que la guerrilla son grupos de delincuentes y que los paramilitares son también delincuentes. Frente a nosotros, a quienes nos ha invisibilizado, el discurso del Estado es que también es una víctima. Y no es así.

La pandemia le sirvió al señor Duque como excusa para reforzar la represión. Compró nuevas armas y tomó medidas que beneficiaron solamente a la banca y a los dueños de la tierra en Colombia

¿Cuál es el sustrato que hace que haya tanta movilización, tanta protesta pese a esa identificación de la protesta con el terrorismo?
Siempre, de una parte, se ha vinculado al ejercicio de la protesta social con vínculos con organizaciones armadas. Siempre. Antes decían que teníamos infiltrados de las FARC, ahora es diferente. Pero un país como Colombia, que tiene más de ocho millones de personas desplazadas internamente, tiene un caldo de cultivo que es el problema de la tierra, porque la gente desplazada que llegó a las ciudades —Bogotá, Cali, Barranquilla, Medellín, Villavicencio, etc.— se desplazó por el problema de la tierra, no por ningún otro motivo sino por la propiedad. No hay salud para nadie, no hay trabajo. No hay, no hay, no hay. 

La gente de esas ciudades ha sido la que ha protagonizado, en buena medida, el Paro Nacional.
Desde 2018 empezó a haber movilizaciones muy grandes que fueron reprimidas. En el paro de 2019 la policía asesina a Dilan Cruz. El año pasado, el 8 de septiembre de 2020, asesinan a un abogado,por televisión vimos en vivo y en directo de qué forma la policía lo mató haciéndole aplicación de electricidad. La gente salió a protestar y, ¿cuál fue el resultado? diez asesinados en Bogotá y cuatro en Soacha. En febrero de ese año, nuevamente salimos porque se venía hablando de la Reforma Tributaria que motivó el estallido social. El resultado fue que once chicos perdieron su ojo. En abril, la reforma consistía en que la clase media iba a salir muy golpeada, y el sector más desprotegido de la sociedad también, con el IVA de la canasta familiar. Teníamos que salir a protestar, y salimos en el Paro Nacional. Y tumbamos una reforma tributaria que, la semana pasada, a 'pupitrazo', fue aprobada. Eso es el Estado colombiano. 

La protesta se dio en un momento más difícil aún por la pandemia.
La pandemia le sirvió al señor Duque como excusa para reforzar la represión. Compró nuevas armas, dotó al ejército y a la policía de nuevos elementos, y tomó medidas que beneficiaron solamente a la banca y a los dueños de la tierra en Colombia. Cuatro millones de habitantes en Colombia recibieron la ayuda del Estado. Desde esa época hasta hoy, quisiera tener a Duque aquí enfrente y preguntarle: “¿Usted considera una ayuda para la gente más vulnerable darle 30.000 pesos [menos de siete euros] a una familia de ocho integrantes pretendiendo que durante un mes coman. ¿Esa es la ayuda?". 

El hecho de que el Paro Nacional no tenga esa fuerza contundente que tuvo en sus dos primeros meses no implica que Colombia no haya zonas del país donde la gente siga resistiendo

El problema de la tierra se junta en Colombia con el de los cultivos de droga.
Estos días he oído al señor Duque en una radio española que decía “el problema en Colombia es el narcotráfico”. ¿Por qué no dice que desde hace más de 30 años quienes nos han gobernado han tenido que ver con el narcotráfico? Este año ha sido notorio, en una finca de un embajador, encontraron las drogas, sus sembrados, no pasa nada: el señor se queda de embajador. Eso qué nos quiere decir. Si uno hace un seguimiento de quiénes han estado gobernando el país y mira las diferentes relaciones encuentra una relación muy fuerte entre el narcotráfico y ellos. Estamos bajo un mandato narcoparamilitar. Es duro, pero es así. El de los cultivos ilícitos es un problema social que debe ser solucionado, y debe ser solucionado de una parte dando cumplimiento a esos acuerdos de paz, que no son los nuestros, pero que sí solucionan una gran parte del problema y del conflicto social que tiene Colombia: una reforma agraria, una sustitución manual de cultivos ilícitos, una participación política de las víctimas, el cumplimiento de todo eso.

Tras el Paro Nacional, el Gobierno no ha hecho caso de lo que ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ¿Se puede empujar desde la opinión pública internacional a favor de ese proceso de pacificación en el país?
Hay que oír los discursos del señor Iván Duque en Colombia: “Estamos ante un Gobierno democrático que respeta la protesta social pero es a los vándalos a los que atacamos”,  cuando uno sabe, efectivamente, que lo único que tenemos para defendernos es nuestra palabra. Es nuestra acción de pelear. Esos somos los vándalos. Sobre la comisión del CDIH: inicialmente la negaron, no quisieron que fuera. La vicepresidenta, y ministra de Exteriores, Marta Lucía Ramírez, se sentó, tuvo una reunión con la comisión, llegaron a un acuerdo para que fuera a Colombia y, después de que presentara su informe, dijeron que hay injerencias y como tal ha sido tratado. La injerencia ha sido decir la verdad, constatar lo que venía sucediendo. Hubo una comisión de parlamentarios catalanes que estuvo en Colombia y que pudo constatar que no es un invento. Y han seguido sucediendo cosas, porque el hecho de que el Paro no tenga esa fuerza contundente que tuvo en sus dos primeros meses no implica que Colombia no haya zonas del país donde la gente siga resistiendo. 

No se puede esperar que Petro haga milagros en cuatro años porque hay una estructura de poder en Colombia que hay que cambiar

Distintas ONG denuncian que la represión continúa.
Siguen apareciendo cadáveres y sigue habiendo lo que llamamos “los falsos judiciales”, que es el montaje contra gente que ha estado defendiendo sus derechos, acusados de ser del ELN [Ejército Liberación Nacional], terroristas, todo lo que se les ocurre. Y la Fiscalía se presta para eso. Algo que denunciamos es que todos los organismos de control están en manos del Centro Democrático. Es una tenaza que hace que no les importe nada. Echamos para atrás la reforma tributaria con el paro; lo aprueban. Tumbamos al ministro y, ¿qué hizo Duque? Lo premia y lo nombra en la junta directiva del Banco de la República. Les importa un pito lo que la gente, el pueblo colombiano diga y lo que diga la opinión internacional.

La izquierda nunca ha estado tan cerca de ganar las elecciones como lo está ahorca con el candidato Gustavo Petro. ¿Va a ser posible llegar al Gobierno y, una vez en él, es posible cambiar el país?
Ganar las elecciones es un reto, pero ganarlas no significa ser la mayoría por una mínima diferencia, que haya que llegar a acuerdos, porque, ¿con quién vas a acordar? ¿con la derecha, que nos ha golpeado? El reto es cambiar completamente el Congreso o ganar con una mayoría clara. Eso permitiría nombrar a un presidente que va a encontrarse con un cerco. Petro ya fue alcalde, él sabe a qué se enfrentó cuando fue alcalde de Bogotá, cómo el poder siempre se opuso a que él hiciera cambios profundos en esa ciudad. No se puede esperar que Petro haga milagros en cuatro años porque hay una estructura de poder en Colombia que hay que cambiar. Si Petro llegase a la presidencia y empieza a decir “va a haber una reforma agraria y a este terrateniente que tiene la tierra desocupada o solamente con ganado le vamos a quitar un pedazo”, ¿qué es lo que van a vender a la opinión internacional? “Llegó el castrochavismo al poder de Colombia”. No lo tiene fácil pero tenemos esperanza. Esperanza de poder dejar un país diferente a las nuevas generaciones, que vamos a construir con las grandes mayorías, que hemos sido excluidas durante muchos años, en el que se reconozca al otro, que es lo más importante. Porque sin contar con el otro será complicado.

¿Qué les preocupa de cara a las elecciones?
La propuesta del Pacto Histórico que se está moviendo es una luz para muchísima gente. Hay una solicitud que es que haya una veeduría internacional en marzo y mayo, cuando son las elecciones. Pero una veeduría real, porque hace cuatro años tuvimos una, se demostró que hubo fraude y esa veeduría estuvo de acuerdo con el resultado. La supervisión tiene que ser activa. Además, la registraduría nos dice que el proceso se va a hacer con las tecnologías pero no puede ser, porque en Colombia hay zonas del país que no tienen acceso a ningún tipo de tecnología, que no tienen luz. Son algunos líos que tenemos, pero hemos demostrado que no tenemos nada que perder.

La Primera Línea del Paro Nacional estaba formada por jóvenes. ¿Hay una nueva generación poniendo el cuerpo en la lucha por la justicia social en Colombia?
Tengo esperanza porque la semilla que se ha sembrado está dando frutos. No es la primera vez que matan a los jóvenes, que los golpean, históricamente en Colombia ha sido así. Unión Patriótica (UP), M19, Movimiento A Luchar ¿Cuál era la edad de las personas que fueron asesinadas? Jóvenes. La juventud actual tiene la energía, tiene las ganas de construir diferente, y esa generación de jóvenes tiene un mundo diferente en su cabeza, son la semilla que sembramos hace 70 años. Hemos visto ahora algo que es duro de decir: la violencia con la que se respondía entonces la vivieron las regiones interiores, y no pasaba nada. Pero esta vez fue en las ciudades. Se tuvo la posibilidad de las redes sociales, tuvimos la posibilidad de contarle al mundo. La gente en las regiones no tiene esa posibilidad. Y seguimos: hay 106 asesinados en el paro. Después de la firma del acuerdo de paz, hasta el 30 de diciembre del año pasado, 1.267 asesinados, líderes y lideresas. 38 defensores de derechos humanos, 267 excombatientes, que son 290 si contamos este año. Eso es lo que hay en Colombia. Masacres. Solamente de enero a hoy tenemos 45 masacres. Sigue la rueda de la muerte. Y va a seguir, y hay que pararla. Y tenemos la esperanza de que vamos a ser capaces.