Colombia
Marylén Serna: “Estamos en un proceso de paz, pero el conflicto sigue”

Hace unos días estaba en Quito, formando parte de una delegación de líderes sociales que se reunió con representantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) para tratar de reactivar los diálogos de paz con el Gobierno colombiano. Allí se instaló hace un año la mesa de negociación con la segunda guerrilla más importante de Colombia, pero desde principios de enero se encuentra suspendida y corre el riesgo de quedar en vía muerta. De ahí su propuesta para desbloquear el proceso: “Hemos pedido a la mesa que los dos actores generen medidas tendientes a disminuir la intensidad del conflicto en los territorios, que se proteja la vida de las comunidades y se implementen acuerdos de carácter humanitario”.

Marylén Serna es portavoz nacional del Congreso de los Pueblos, miembro del Movimiento de Mujeres por la Vida e integrante del comité de impulso de la Mesa Social para la Paz. Desde todos estos espacios, esta dirigente campesina trabaja para fomentar la participación de la sociedad civil en el proceso de construcción de paz en Colombia. De paso por Madrid en estos días, camino del I Foro Internacional por la Paz en Colombia que se ha celebrado en Mérida del 22 al 23 de febrero, aprovechamos su presencia para conversar sobre la situación actual de su país.

¿En qué momento se encuentra el proceso de paz en Colombia?
En este encuentro hemos tenido la oportunidad de tener una mirada actual y una prospectiva del proceso de construcción de paz. El análisis desde el plano internacional puede facilitar una lectura crítica de varias perspectivas y abordar el tema de la paz más allá de las dos mesas del Gobierno con las FARC y el ELN. Si estamos hablando de acuerdos de paz, nosotros, como parte de la sociedad civil organizada, también tenemos mesas de negociación con el gobierno, acuerdos firmados e incumplimientos. Las agendas de La Habana, de Quito y del movimiento social están atravesadas por la misma situación: la falta de voluntad del Gobierno para cumplir.

¿Cómo se ha llegado a esta situación?
El origen del conflicto armado en Colombia es social y político. Y también está muy ligado a lo económico. Hay una gran ruptura, un abismo entre la mayoría del pueblo colombiano, que vive en condiciones muy precarias, y un proceso de acumulación económica y de poder político de una pequeña clase dominante.

Esa situación de desequilibrio social, económico y cultural generó, hace ya décadas, el levantamiento en armas de algunos grupos insurgentes, que pensaban que la lucha armada era una posibilidad de cambiar esta situación de desequilibrio en el país.

Después de que otras organizaciones insurgentes negociaran en los años ochenta y noventa, hace unos años quedaban tres guerrillas en el país: FARC, ELN y EPL. Ahí las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) decidieron ir a un proceso de negociación con el Gobierno, que duró varios años y finalizó en 2016 con los Acuerdos de Paz de La Habana.

En ese acuerdo se contemplaban cuestiones sobre la adjudicación y legalización de tierras, el acceso a proyectos económicos y a espacios de participación política, la posibilidad de reparación a las víctimas, que se conociera la verdad y hubiera un mínimo de justicia.

¿Qué ha pasado desde entonces?
Tras la firma y la victoria del No en el plebiscito, el acuerdo de paz fue ratificado por el Congreso de la República. Pero en su paso por el Senado, sufrió grandes cambios que lo deterioraron. Porque muchas cosas positivas que se habían firmado luego fueron tumbadas por el Senado. Y encima hay un incumplimiento por parte del Gobierno. Estamos en un proceso de paz, pero el conflicto sigue. Hay una gran incertidumbre sobre lo que puede pasar si no se cumplen los acuerdos.

Otro factor que interviene es el copamiento territorial: cuando las FARC salen de los territorios en los que estaban, empieza la entrada de otros grupos. Y la situación de las comunidades, que se quedan en medio del fuego, se agudiza. No es real que estemos en una situación de post-conflicto, hay un post-acuerdo que está generando una expectativa en el país pero a la vez vemos que no va a ser fácil construir la paz. El Gobierno no ha querido negociar sobre las causas de fondo que generaron el levantamiento armado.

Entonces, ¿cómo se está implementando el acuerdo con las FARC?
Cuando los excombatientes entregan las armas el Estado debe darles condiciones de vida, un salario, aplicación de proyectos económicos y espacios donde se puedan mantener… Pero ese acuerdo ha sido incumplido en un 85%. Igualmente grave es la cuestión de las condiciones para la participación política de las FARC, ya constituida como partido político.

Hoy no existen las garantías de protección y de seguridad que ellos deben tener para hacer esa vida política. Mientras los excombatientes están haciendo mil malabares para poder subsistir después de hacer entregado las armas, el partido político que han conformado prácticamente tiene que retirarse de la contienda electoral porque está siendo agredido, no solo sus dirigentes sino también su propia base social.

Y a eso se le suma la situación de la mesa de negociación en Quito entre el Gobierno colombiano y el ELN.
Sí, en este contexto, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) también decide sentarse a una mesa de negociación con el Gobierno. Y lo que ellos plantean es que van a generar las condiciones para que la sociedad civil participe, porque dicen que la agenda de negociación económica, social y política es la sociedad quien tiene que plantearla. El ELN va a negociar estas condiciones, además de la parte que compete al conflicto armado. Lo que ha sucedido es que el Gobierno le está dando mucho más peso al punto de negociar el conflicto armado que a la parte económica y social.

Hicieron un acuerdo de cese al fuego bilateral a finales del año pasado, pero durante ese periodo se agudizó el asesinato de líderes sociales. Con esa situación es muy difícil pensar que se vaya a avanzar. Esta mesa hoy está congelada porque, por un lado, no hubo el compromiso de evaluar los resultados de ese alto el fuego y, por otro, la agenda no se ha retomado. Está en una crisis profunda que es difícil que se retome en medio de un contexto electoral.

Acabas de regresar de Quito, ¿cómo está el proceso ahora mismo?
Desde la Mesa Social para la Paz, hicimos hace unos días una gestión con el presidente Santos y con la delegación del ELN para insistir en que se reanude la mesa y se retomen los acuerdos que se hicieron en la fase pública de la negociación. La mesa de negociación no se ha roto, sigue existiendo. Lo que se ha roto es el ejercicio de la negociación, porque ha habido una agudización de la confrontación armada. De parte del ELN ha habido una serie de acciones militares después de que terminara el cese al fuego, mientras a la vez se ha agudizado el asesinato de líderes, los bombardeos a las comunidades y la militarización del territorio. La confrontación militar se ha vuelto muy aguda, afectando a las comunidades.

Los dos actores están parados cada uno en una esquina. El gobierno pidiendo un cese al fuego unilateral por parte del ELN; el ELN pidiendo que el gobierno muestre su voluntad de parar el asesinato de líderes. Y ahí entramos nosotros, como parte de la sociedad civil, para decir: hagan un esfuerzo por sentarse de nuevo en la mesa a discutir otra vez todos esos puntos.

¿En qué se parecen y en qué se diferencian las negociaciones de paz de La Habana y de Quito?
Los dos modelos de negociación son diferentes, y el Gobierno no ha querido entender eso. En los dos procesos ha habido participación, pero el gobierno no le dio tanto protagonismo a eso en la mesa de La Habana. Negoció con las FARC un modelo donde la participación de la sociedad civil fue restringida y consultiva. En la mesa con el ELN se plantea que esa participación tiene que ser de entrada y además vinculante. En Quito ese ha sido el tema conflictivo: el carácter vinculante de la mesa.

El otro punto es la discusión alrededor del conflicto armado. En La Habana se acordaron varios ceses unilaterales al fuego. En Quito el ELN ha dicho que solo se acogerá a un cese al fuego bilateral. En el marco de esta negociación se ha agravado el asesinato de líderes sociales y el ELN ha sido muy claro en que haya una manifestación clara y precisa del gobierno en que se paren las agresiones al movimiento social si es que se quiere que la mesa continúe.

Además de las agendas de La Habana y de Quito, también está la agenda de los movimientos sociales, ¿cuáles son sus demandas?
Tenemos una mesa de negociación de la Cumbre Agraria, Étnica y Popular, en la que estamos trece grandes plataformas del país, y tenemos un único pliego de peticiones a nivel nacional. Al abrirse un espacio de negociación en el que podemos participar, vamos a trasladar todas esas propuestas de desarrollo alternativo que la gente históricamente ha luchado.

Esas agendas están en los acuerdos que ya se han firmado con el gobierno, en los pliegos de peticiones regionales, en muchos documentos. La Mesa Social para la Paz lo que ha hecho es avanzar en la construcción de una agenda de paz, yendo a los territorios a recabar información y desarrollando unos puntos completos de cara a la negociación.

Pero eso tendría que ir precedido de un acuerdo político sobre el mecanismo de participación, que todavía no está decidido y va a llevar un tiempo que se decida. Partimos de un principio: el modelo político y económico que rige en Colombia debe ser discutido. Y ese es el primer punto inamovible para el Gobierno, que ha dicho que el modelo no se discute.

¿Qué piensa la mayoría de la opinión pública sobre el proceso de paz?
La mayor parte de la población no cree que el proceso de paz sea para cambiar las condiciones de vida. Mucha gente cree que se debe hacer un proceso de paz para desmovilizar, hacer una entrega de armas y parar la confrontación armada. Y que eso no suponga ninguna concesión a quienes han entregado las armas. Lo que está pasando con las FARC, ahora ya como partido político en campaña, es exactamente eso.

Nuestro trabajo como movimientos sociales, de cara a que la mayoría de la sociedad entienda que la paz es mucho más que la entrega de las armas, es difícil. La ultraderecha está haciendo campaña política aprovechándose de eso, ya vimos lo que pasó con el plebiscito sobre los Acuerdos de La Habana.

En un año con elecciones legislativas en marzo y presidenciales en mayo, ¿qué lugar ocupan en la agenda electoral las cuestiones económicas?
Para los movimientos sociales todos esos puntos siguen siendo centrales en la agenda de interlocución con el Gobierno y de cara a la movilización. Y también en lo electoral, el extractivismo, la política minero-energética, la lucha contra las multinacionales, la defensa del agua... siguen estando en la agenda, porque son temas que mueven mucho a la gente en los territorios.

En las movilizaciones de finales del año pasado todo eso estuvo muy presente. Y no solo se trata de defender el territorio y resistir, sino de construir nuevas formas territoriales donde la defensa de los bienes naturales sea un eje central. Pero el Gobierno no quiere meter todo eso en la discusión, ni siquiera la política agraria.

En ese contexto, ¿pueden ir avanzando en la construcción de alternativas?
Uno de nuestros ejes fundamentales de trabajo es la construcción de economía propia. Se trata de ir desarrollando esos modelos alternativos a nivel pequeño, con una distribución alternativa, sin intermediarios, con redistribución de los beneficios… Uno de los desafíos es que estas propuestas, que ya se están dando, estén articuladas políticamente y vayan haciéndose más grandes.

La gran lucha con el Gobierno nacional ha sido por el reconocimiento de esa pequeña economía, porque para ellos solo existe la gran economía, la agroindustria, que se supone que es la que sostiene al país.Nosotros decimos: en clave de exportación sí, pero en clave de subsistencia, de garantizar mejores condiciones de vida, eso lo hace la pequeña economía. Y esa es la que tiene que ser reconocida. La idea es que esas pequeñas experiencias se vayan articulando políticamente para poder hacer un salto de escala.