Colombia
Una delegación catalana encuentra en Colombia “un régimen autoritario encubierto de democracia”

Cuatro parlamentarias catalanas de distintas fuerzas políticas, tres de ellas provenientes del movimiento antirracista, llegaron a Bogotá el sábado 26 de junio a constatar las graves vulneraciones de derechos humanos que la población colombiana vive desde hace dos meses en el marco de las protestas del Paro Nacional. En movilizaciones permanentes por una vida digna y contra el gobierno uribista de Iván Duque desde el 28 de abril, según la ONG Temblores, 73 personas han sido asesinadas, 43 de ellas por la fuerza pública, cuatro por civiles armados, el resto en investigación. Por lo menos 4.687 manifestantes han sido víctimas de violencia policial, 28 de violencia sexual y se calcula, con riesgo de subregistro, que hay 548 personas desaparecidas. La delegación se ha encontrado “un régimen autoritario encubierto de democracia”, “un estado muy violento, muy autoritario y una población muy resistente y resiliente que continua a pesar del poder del estado”, según palabras de dos parlamentarias.

Basha Changuerra, activista antirracista catalana diputada en el parlamento catalán por la Candidatura de Unidad Popular, Jessica Gónzalez, politóloga y feminista decolonial original de Barranquilla parlamentaria por En Comú Podem, Aurora Madaula, historiadora catalana parlamentaria de Junts Per Catalunya y María Dantas, activista y jurista original del nordeste brasilero congresista en las cortes de Madrid por Esquerra Republicana, componían la punta de lanza de una delegación que ha visitado Colombia con la clara intención de denunciar la violencia estatal y sus manifestaciones a través del paramilitarismo durante las protestas, y articular vínculos de solidaridad con organizaciones sociales, comunidades negras, indígenas y campesinas.

Según la ONG Temblores, 73 personas han sido asesinadas, 43 de ellas por la fuerza pública, cuatro por civiles armados, el resto en investigación

“Un gobierno con visión fascista”

Acompañadas por Marta Grau, de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo: David Llistar, director de Justicia Global y Cooperación del Ayuntamiento de Barcelona; y cinco miembros de organizaciones sociales catalanas, en Bogotá se encontraron con representantes del Comité Nacional del Paro, movimiento campesino, con la alcaldía de Bogotá, Defensoría del Pueblo y con la comisión de paz del senado y la representante a la cámara María José Pizarro, hija del guerrillero y candidato a la presidencia asesinado en 1990 Carlos Pizarro. “Mi primera impresión es que la juventud en este país tiene muy poco futuro con las instituciones y el régimen actual”, asegura David Llistar. “El gobierno nacional dirigido por la élite latifundista tiene una concepción del país muy patrimonialista, una visión muy estrecha, muy poco democrática, fascista, que se despliega con la excusa de los cárteles con toda la violencia a través del aparato del ejército y la policía”, añade.

Una vez en el epicentro del Paro, la ciudad de Cali, en una agenda frenética de solo un día y medio, a primera hora se encontraron con la Misión de Verificación y Acompañamiento a Puntos de Concentración de Cali, los testimonios desgarradores de tres mamás de jóvenes asesinados durante las protestas, una víctima de pérdida de ojo, activistas del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) y abogadas de la ONG de derechos humanos NOMADESC, quienes exigieron que “es hora de pasar de las recomendaciones a las sanciones por parte de las Naciones Unidas, y es que pueden hacerlo. Hemos llegado a límites de barbarie en Colombia”. A continuación, se reunieron con colectivos feministas, transexuales y de trabajadoras sexuales, donde una guardia indígena del pueblo yanakuna dio otro doloroso testimonio de la violación que vivió por parte de agentes del Escuadrón Mobil Antidisturbios (ESMAD) durante las protestas.

La violencia estructural contra pueblo negro e indígena

Más tarde llegaban a su reunión con la Unión de Resistencias de Cali (URC) donde más de 50 jóvenes que cubrían su rostro por miedo a represalias —muchos de ellos están siendo amenazados y judicializados— y el héroe mediático caleño, José Alberto Tejada, periodista del Canal 2, los esperaban para denunciar la situación de violencia extrema en las calles. En este sentido, Aurora Madaula denuncia una clara “utilización política del poder judicial para perseguir la disidencia”. En la tarde el autocar de la delegación catalana se fue para el Distrito de Aguablanca, visitó Manuela Beltrán, el barrio de mayor concentración de población afrodescendiente y siguió para la Casa del Chontaduro donde se encontró con el Proceso de Comunidades Negras (PCN), AFRODES y lideresas sociales como la candidata a la presidencia Francia Márquez. 

Aurora Madaula denuncia una clara “utilización política del poder judicial para perseguir la disidencia”

En este espacio se denunció el genocidio y el “afrojuvenicidio” que vive el pueblo negro en Colombia, con hechos como la pobreza estructural en la que viven las comunidades desplazadas forzadamente de sus territorios del pacífico colombiano a causa de la violencia de la guerra y el extractivismo, la miseria extrema de algunas familias que viven con menos de 300.000 pesos al mes (67 euros) y el hecho de que un 35% de las personas asesinadas durante el Paro Nacional son afrodescendientes. Antes de poder descansar aún se reunieron con la ONU Derechos Humanos y la Misión de Apoyo al Acuerdo de Paz de la Organización de Estados Americanos (MAPP-OEA).

La mañana siguiente fue el turno del movimiento indígena. A las 6 de la mañana el grupo catalán salía hacia Santander de Quilichao donde se encontró con la Cxhab Wala Kiwe, Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca y el Consejo Regional Indígena del Cauca-CRIC. Más de 220 lideresas y comuneros indígenas asesinados en los últimos dos años y medio, entre ellos las autoridades tradicionales Cristina Bautista, Edwin Dagua, Sandra Liliana Peña, Argenis Yatacue, a raíz del recrudecimiento de la guerra desde la llegada del gobierno de Iván Duque. El asesinato de una decena de comunicadores de la organización indígena entre ellos Bea Cano, quien murió el pasado 7 de junio en un atentado por parte de las disidencias de las FARC. La no implementación de los acuerdos de paz, los monocultivos de caña de azúcar de los latifundistas… Las parlamentarias catalanas pudieron entender que la violencia racista de la que fue víctima la Minga Indígena durante el Paro Nacional solo es una pequeña muestra de la situación de violencia estructural en la que viven las comunidades indígenas del Cauca.

La violencia racista de la que fue víctima la Minga Indígena durante el Paro Nacional solo es una pequeña muestra de la situación de violencia estructural en la que viven las comunidades indígenas

Acciones desde el Norte global

Así como en Bogotá, según Jessica González, “hay una negación de la realidad: se niegan las violaciones, las muertes, la brutalidad policial y se tiran balones fuera en cuanto a responsabilidades, en Cali se asumen un poco más esas responsabilidades”. Aun así, después de escuchar la contundencia de los testimonios y la magnitud de la situación que aún no termina, dos de las parlamentarias aseguran que salen del país sensiblemente asustadas.

González describe este viaje de la delegación como “absolutamente imprescindible, desgarrador y esperanzador”: “Todo lo que hemos recogido transmite ya no solo abandono por parte de las instituciones, sino el ataque de las instituciones a la población. Territorios que necesitan inversión social, educación, salud, el estado solo llega en forma de militarización”. “Colombia es una sociedad que se está deshumanizando por los procesos de violencia física, estructural y racista contra las poblaciones subalternadas como las indígenas, afrodescendientes y campesinas”, añade Maria Dantas.

“Colombia es una sociedad que se está deshumanizando por los procesos de violencia física, estructural y racista contra las poblaciones subalternadas como las indígenas, afrodescendientes y campesinas”

Mayoritariamente conscientes de la responsabilidad colonial que cualquier país europeo y especialmente España como antigua metrópoli tiene con América Latina, la delegación se ha mostrado decidida a tomar medidas ante tantas evidencias de la violencia. “Cuando hablamos de justicia global debemos situarnos donde estamos y nosotros estamos en el estado español, en Catalunya, y lo que tenemos que hacer es ejercer de representantes de la diáspora colombiana, exigir que se aplique el capítulo de derechos humanos del acuerdo entre la Unión Europea y Colombia, ahí es donde le tocas el bolsillo a las élites, es donde podríamos hacerles recular”, explica el responsable de Justicia Global de Barcelona, David Llistar. También eurodiputados han propuesto esta medida que sin embargo solo podría ser aprobada por una mayoría favorable en el Parlamento Europeo, situación lejana por ahora. 

Dantas, por su lado explica que ya registró “una pregunta parlamentaria al gobierno de España sobre la venta de armas del estado español a Colombia. Debemos intentar desde todas las instancias legislativas que el estado español deje de vender armas. Son millones y millones de euros y municiones que matan”. La delegación presentará un informe “denso”, según la brasilera, con una valoración y unas recomendaciones.

Aun así, como asegura Madaula, “creemos que dada la magnitud de las vulneraciones de derechos humanos racista, contra las minorías LGTBI, desde la extrema derecha blanca, las instituciones internacionales deberían pasar efectivamente de las recomendaciones a las sanciones. Alzaremos la voz para que así sea”. “Desde la corresponsabilidad, desde el sentimiento crítico y desde la solidaridad de los pueblos, no solamente a nivel institucional, es desde donde nos emplazamos para generar esa visibilización, esa denuncia y esa concreción en políticas a nivel internacional que contribuyan a mejorar la calidad democrática que masacra a su población”, finaliza Jessica González.