Colombia
Colombia en busca de la Paz Total: La reincorporación de los ex guerrilleros de las FARC

El gobierno de Gustavo Petro ha dado pasos importantes en las negociaciones de paz con las guerrillas del ELN y los grupos disidentes de las FARC-EP que quedaron fuera del Acuerdo de Paz firmado en 2016. Sin embargo, el haber priorizado el objetivo de alcanzar la Paz Total con estas y otras organizaciones violentas ha relegado a un segundo plano la exigencia, tanto o más apremiante, de garantizar la seguridad de los ex combatientes firmantes del acuerdo y reincorporados a la vida civil. Consciente de ello, el presidente Petro se implicó personalmente en revertir la situación en los últimos meses, acercándose a espacios de reincorporados que sufren hostigamiento de las disidencias de las FARC para escuchar sus reclamos y articular respuestas.

El marco jurídico impulsado por el gobierno Petro, la llamada Ley de la Paz Total (Ley 2272, de noviembre de 2022), define la paz como una política de Estado prioritaria y transversal. Por una parte, esta ley habilita al gobierno para mantener conversaciones de paz y llegar a nuevos acuerdos con las guerrillas, y acercamientos a los grupos paramilitares “con el fin de lograr su sometimiento a la justicia y desmantelamiento”. Pero además, la ley de Paz Total presupone que el actual gobierno cumplirá con las obligaciones que contrajo el Estado al firmar el Acuerdo final de Paz en La Habana, un compromiso asumido además personalmente por el presidente Petro. Entre estas obligaciones, no es menor la de proteger la vida de los firmantes que dejaron las armas y la de sus familias, así como la de proveerles tierras donde establecerse de forma definitiva.

El Acuerdo de Paz estableció la conformación, primero, de las llamadas Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN), que después se convirtieron en Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), también de carácter transitorio (inicialmente por dos años) y que ahora llevan una ‘A’ delante para significar Antiguos Espacios Territoriales (AETCR). La mayor parte de los ex combatientes reincorporados tras la firma del acuerdo de paz viven en estos espacios territoriales, administrados por la Agencia gubernamental para la Reincorporación y Normalización (ARN). Asentados en terrenos cedidos temporalmente por la Agencia Nacional de Tierras (ANT), son lugares de formación y desempeño laboral, además de un ámbito de socialización de los firmantes de la paz con el territorio.

Según lo ha documentado Indepaz, desde la firma del acuerdo de la Habana, en noviembre de 2016, se produjeron 353 asesinatos de ex-guerrilleros firmantes hasta el 31 de marzo de 2023

En total existen 24 antiguos ETCR que dependen directamente de la ARN. En la página web de esta entidad se informa que aunque la figura jurídica de los espacios territoriales era transitoria, “el Gobierno Nacional —más allá de lo establecido en los Acuerdos de Paz— tomó la determinación de avanzar hacia una figura permanente” en las 24 zonas “con el objeto de finalizar esta etapa y brindar soluciones permanentes a los excombatientes que decidieron permanecer en la legalidad”. Para cumplir este objetivo “diseñó una ruta de trabajo orientada a la adquisición de predios para la reincorporación, a fin de generar arraigo socioeconómico por medio del acceso a la tierra, la vivienda y proyectos productivos”.

Este es un aspecto fundamental de la implementación del Acuerdo de Paz. El otro problema crucial que afronta el gobierno de Petro es garantizar la seguridad y cuidar la vida de los ex combatientes. Según lo ha documentado Indepaz, desde la firma del acuerdo, en noviembre de 2016, se produjeron 353 asesinatos de firmantes hasta el 31 de marzo de 2023. Aunque la tendencia sea descendente tras la victoria electoral del Pacto Histórico, el problema persiste y requiere una solución global.

Colombia en busca de la Paz Total: la desactivación de las organizaciones narcoparamilitares

Eduardo Giordano

América Latina

América Latina Colombia en busca de la Paz Total: la desactivación de las organizaciones narcoparamilitares

Eduardo Giordano

Enfocadas las negociaciones de paz con las guerrillas, el Gobierno de Petro se enfrenta a otro gran foco de violencia que afecta de manera especial a las comunidades rurales y étnicas, las bandas narcoparamilitares.

Global Colombia en busca de la paz total: las conversaciones de paz con las guerrillas

Firmantes atrapados en la confrontación entre guerrillas

Uno de los espacios que habitan los firmantes de la paz, el AETCR Mariana Páez localizado en Mesetas, departamento del Meta, sufrió a mediados de marzo de 2023 el hostigamiento (y un intento de desplazamiento forzado) por parte de las guerrillas disidentes del Estado Mayor Central (EMC) de las FARC, precisamente cuando esta organización quedaba habilitada como interlocutor político para emprender negociaciones de paz con el gobierno. Las declaraciones desafortunadas del Alto Comisionado Danilo Rueda, según las cuales el desplazamiento de los ex combatientes habría sido voluntario, no ayudaron inicialmente a calmar los ánimos.

El hecho desencadenó una llamada de atención al gobierno de Rodrigo Londoño (Timochenko), el ex comandante guerrillero y negociador de las extintas FARC que lidera el partido Comunes, integrante del Pacto Histórico. La respuesta inmediata del presidente Gustavo Petro fue convocarlo a un encuentro para analizar la situación. Después de esa entrevista, Londoño redefinió así la situación: “El Presidente Petro ha tenido que hacer frente a la violencia, que se creció al lado de los enemigos de la paz. Esa es la herencia que dejó Duque en materia de seguridad. Mi confianza plena en el gobierno del Presidente Petro y sus esfuerzos por alcanzar la paz de Colombia.”

Los disidentes del EMC emitieron por su parte un comunicado el 24 de marzo en el cual se indica que “en aras del ambiente de cumplimiento del Gobierno Nacional y del Fiscal general para facilitar la reunión de mandos”, se informa al presidente y al Alto Comisionado para la Paz “que no atentaremos contra la vida e integridad de los firmantes de Mesetas y sus familias, su permanencia en la vereda no será cuestionada por nuestra organización“. No obstante, los dirigentes de esta organización guerrillera admiten haber amenazado a los firmantes de la paz: ”Fue una exigencia que les hicimos por su dudoso comportamiento”. En otro comunicado más extenso, emitido dos días antes por esas mismas disidencias, el EMC afirma: “Los sucesos originados por el pedido a los ex combatientes de abandonar la región obedecen a los coletazos de la confrontación que sostenemos con la Segunda Marquetalia. En reunión sostenida con sus delegados se les pidió apartarse y no tomar partido en el conflicto”.

Es decir que los ex combatientes reincorporados quedaron atrapados en el enfrentamiento entre las dos principales disidencias de las FARC. Para complejizar más el cuadro, el comunicado del EMC afirma que los reincorporados también habrían estado “ayudando al ELN a entrar en la zona”, y alude a una “irracional confrontación impuesta a los frentes de la FARC-EP en Arauca, por parte del Frente de Guerra Oriental del ELN”. Estos enfrentamientos constantes entre las diferentes guerrillas dejan a los reincorporados como rehenes de la lucha por el territorio entre las distintas fuerzas militares.

Algunos días más tarde, el 29 de marzo, Petro viajó al escenario de conflicto y dialogó personalmente con los miembros del AETCR amenazados y que ya estaban a punto de desplazarse a la ciudad de Villavicencio. El presidente trató el caso como una verdadera emergencia humanitaria. En su alocución trazó las líneas de su política para preservar la vida y la integración social de los firmantes del Acuerdo de Paz. Puso énfasis en el fracaso del Estado en el cumplimiento de sus obligaciones rubricadas en el acuerdo, y sobre todo en el incumplimiento del primer punto, referido a la reforma rural integral, que comporta la exigencia de transferir la propiedad de tres millones de hectáreas de tierras productivas a campesinos y ex guerrilleros reincorporados a la vida civil. El fracaso del Estado, y en particular del gobierno de Iván Duque, que en seis años entregó menos del 1 % de la cantidad acordada, mantiene a los firmantes sobreviviendo precariamente en espacios transitorios en los que no pueden construir mucho más que sus viviendas prefabricadas porque la tierra que ocupan es de propiedad estatal.

Los enfrentamientos constantes entre las diferentes guerrillas dejan a los reincorporados como rehenes de la lucha por el territorio entre las distintas fuerzas militares

En el caso de los firmantes de este AETCR, el presidente se comprometió a brindar a las cerca de 200 familias desplazadas un total de 1.400 hectáreas de tierra fértil, en un plazo de tres meses. El proceso concluirá con la titulación de las tierras a nombre de los firmantes beneficiarios de esta medida, que dejarán así de sobrevivir precariamente en espacios arrendados.

La otra cuestión crucial es la seguridad de estas personas que tienen formación militar pero han dejado las armas. ”La garantía de la vida tiene que ver con que nosotros controlamos el territorio“, dijo Petro. No se trata de poner diez militares a proteger a la comunidad de firmantes, sino de que la presencia de la fuerza pública y de otras instituciones estatales se multiplique por toda la región como garantía de estabilidad territorial.

​La Fila, ¿un espacio de reincorporación exitoso?

En la vereda La Fila del municipio de Icononzo, Tolima, se encuentra el espacio de reincorporación más cercano a Bogotá, situado a una distancia de 114 km. No obstante su proximidad a la capital, ubicado en el mismo límite del departamento limítrofe del Tolima, para llegar hasta allí es preciso circular por carreteras en obras, cuestas muy empinadas y caminos terciarios en pésimo estado. El trayecto puede durar entre cuatro y siete horas, dependiendo del estado de los rutas. Paradójicamente, a pesar de estas dificultades de comunicación, la salida al mercado de una parte de la producción de esa comunidad ex fariana, tanto agrícola como de su incipiente industria artesanal, tiene como destino principal Bogotá.

En la vereda La Fila viven 200 ex guerrilleros de las FARC-EP reincorporados con sus respectivas familias. Su economía depende del trabajo individual en sus parcelas y, opcionalmente, de la organización en forma de cooperativas. Entre estas destaca la fábrica de cerveza La Roja que, desde una modesta producción artesanal, consiguió llegar en pequeña escala a algunos locales bogotanos y tuvo tanto éxito que acabó trasladando su fábrica a la capital.

El trayecto para llegar a La Fila es muy accidentado, con socavones inundables en varios tramos con caminos de tierra. Los errores de señalización dificultan aún más el acceso. Las señales indican las vías más cortas, pero sin advertir que una parte del trayecto puede resultar intransitable. Demoramos unas seis horas en llegar, a la ida, por el camino más corto, y cerca de siete horas a la vuelta, por el camino en mejor estado y que nos recomendaron, debido al tremendo trancón [atasco] que empezó mucho antes de Soacha hasta llegar a Bogotá.

Estas dificultades no son un caso aislado. El mal estado de las vías es un problema que afecta a la totalidad de los territorios rurales de Colombia y es un factor determinante de que muchos campesinos no consideren la posibilidad de sustituir las plantaciones de coca por otros cultivos al no disponer de mecanismos de transporte hacia los principales mercados.

Mientras recorremos el pequeño territorio asignado al ETCR La Fila, Jesús David Albino nos cuenta que estamos atravesando una comuna llamada Brisas de Paz. Explica que en cada comuna o barrio existen varias cooperativas con emprendimientos productivos autónomos. “Cada cooperativa tiene su línea productiva. Hay una cooperativa agropecuaria, hay una asociación de mujeres que está manejando otro proyecto, cada asociación se organiza y tiene un proyecto”. Nos acercamos a un taller textil especializado en determinadas prendas, por ejemplo morrales, y después fuimos hasta el lugar que dio origen a la mítica marca de cerveza artesanal La Roja, que, dada su gran aceptación y las dificultades de transporte para abastecer a la capital, trasladó su fabricación a Bogotá. No obstante, la mayoría de los socios de la cooperativa que gestiona La Roja siguen viviendo en el ETCR La Fila.

Jesús es el presidente de la cooperativa Emprenpaz (Cooperativa multiactiva de servicios Emprendamos Paz), que incluye el hostal Bello Amanecer donde nos alojamos —tan limpio como rudimentario, aunque en proceso de modernización—, los billares, un servicio de comida rápida y el restaurante, que por ahora está cerrado por falta de personas que lo atiendan. Si no se suman socios de la cooperativa, será preciso contratar personal externo para poder reabrir el restaurante, incluso aunque no sean ex guerrilleros reincorporados. La cooperativa Emprenpaz contó con apoyo técnico del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) en los emprendimientos turísticos comunitarios que ha ido desarrollando.

“¿Quién nos va a garantizar que acá no hay presencia de grupos armados, aparte del ejército y la policía? Aquí también entra mucha gente de noche, la entrada es libre”

El tema de la seguridad no es un problema perceptible en el ambiente, aunque en la charla aparece como reflejo de la vida política colombiana. Jesús David fue amenazado dos veces con pintadas de las AUC en el frente de su vivienda. Otras personas del AETCR La Fila y su entorno también recibieron amenazas directas o indirectas, pero la violencia no llegó hasta la agresión física. Pero también me consta el caso de otro ex combatiente que permaneció con su familia en el entorno de La Fila y acabó refugiado en el exterior después de haber recibido amenazas muy directas (tirotearon el frente de su casa y mataron a sus perros). “Acá, por lo que dicen, no hay presencia de grupos armados”, dice Jesús. ”Pero ¿quién nos va a garantizar que acá no hay presencia de grupos armados, aparte del ejército y la policía? Aquí también entra mucha gente de noche, la entrada es libre.“

En cualquier caso, este espacio afortunadamente no ha tenido que lamentar recientes víctimas mortales de la violencia política contra los firmantes que lo habitan, a diferencia de las zonas que ocupan otros ex combatientes de las FARC que fueron asesinados tras dejar las armas.

Jesús nos hace de guía en el trayecto a través de La Fila. Nos explica la disposición de los proyectos productivos en el espacio territorial mientras transitamos hacia la vivienda de Johan David, director del AETCR elegido por los ex combatientes en votación anual en asamblea.

Johan David Machado ejerce un cargo que equivaldría a la presidencia de una Junta de Acción Comunal de una vereda. Se trata del “representante de los reincorporados de un espacio territorial”, una función que se define en asamblea, donde los reincorporados eligen una junta directiva encabezada por el presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y fiscal. Pero además, “como hay cinco barrios, también se fortalecen los demás liderazgos que hay en el espacio territorial, por ejemplo de los proyectos productivos”, y de “otros compañeros que son enlaces de la JEP (Justicia Especial para la Paz), o del Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), o compañeros de empresas de seguridad...”

La organización es rigurosa y nada queda librado al azar. “En cada barrio hay un encargado de cada sector. También hay un ecónomo general, y un ecónomo de cada barrio para la distribución de los alimentos y el abastecimiento. Así es la estructura orgánica dentro de un espacio territorial, y ahí se configuran los planes de trabajo que hay que hacer”.

No todos los reincorporados que pasaron por La Fila siguen allí. Inicialmente eran más de 300 los ex guerrilleros firmantes de la paz que se asentaron aquí, de los cuales permanecen 197 firmantes con sus respectivas familias. Johan David nos aclara que en realidad no todos los que están ahora pertenecieron al grupo inicial: “algunos se fueron, pero también llegaron otros”, aclara. Como se trata de un alojamiento temporal, se les asignaron casas de fibrocemento previstas para una duración de dos años. El espacio es muy reducido para una familia con hijos y los baños se construyen por separado en el exterior. Los ex combatientes proceden en este caso del antiguo frente urbano Antonio Nariño y de otros frentes del Bloque Oriental de las extintas FARC.

Johan David es el antiguo nombre de guerra de este ex jefe guerrillero, que lo ha adoptado ahora como su nombre legal. En un primer contacto al llegar a su casa prima su calidad de padre: nos recibe en la puerta con un bebé en brazos. Es su hijo menor. Muchas parejas constituidas por ex guerrilleros se volcaron de lleno, tras la firma de la paz, a engendrar la descendencia que no pudieron tener en el monte, de modo que se ven mujeres embarazadas y bebés en una proporción tal vez mayor a la de la población general. Actualmente viven allí 130 niños.

Al preguntarle uno de mis acompañantes cuál sería la diferencia entre los términos reincorporado y reinsertado, lo explica de una forma muy didáctica: “La palabra reinsertado viene de cuando se desmovilizaron las AUC (paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia) con el presidente Álvaro Uribe. Ese fue un programa de reinserción: se desmovilizaban, pero sin tener ningún ámbito político; nada más que entregar lo que tienen, contar lo que saben, y ese proyecto muere. A eso se le llama reinserción. Cuando se habla de reincorporados, según el Acuerdo de Paz, nosotros entregamos las armas pero quedamos como partícipes en el gobierno, a través de unos cupos políticos: cinco firmantes al Senado y cinco a la Cámara, en total diez representantes. Entonces es un tema más político”.

Los ex guerrilleros firmantes del acuerdo de paz reciben una paga equivalente al 90 % de un salario mínimo (unos 200 euros al cambio), más las remesas de alimentos administradas de manera colectiva

Los ex guerrilleros firmantes del acuerdo de paz reciben una paga equivalente al 90 % de un salario mínimo (unos 200 euros al cambio), más las remesas de alimentos administradas de manera colectiva. Esto asegura un mínimo de estabilidad a los reincorporados, que sin embargo acusan problemas como la estrechez de sus viviendas, mucho más palpable a medida que aumentan los miembros de las familias, la falta de una escuela en el mismo poblado (no hay ni siquiera terreno suficiente donde poder construirla) y el horario restringido del servicio de guardería infantil, que dificulta a las familias cumplir con los turnos normales de trabajo.

En suma, un asentamiento que iba a ser temporal, por dos años, se fue convirtiendo en residencia permanente de los ex combatientes. Y no hubo ninguna planificación durante el gobierno de Duque, ni voluntad política, como para asignarles un territorio con características más idóneas para la supervivencia a medio y largo plazo de los reincorporados.

Johan David resalta que la situación en otros AETCR es bastante más difícil que la de La Fila: ”No podemos comparar con otros espacios como por ejemplo el de Mesetas, o el del Norte de Santander, porque allí hay una cuestión de seguridad muy compleja... Este ha sido uno de los más calmados, así que es frecuente que lleguen aquí, que está más cerca de la capital, y de ahí salir para otro lado.“

En su relato se vislumbra cierto optimismo con la situación política actual, después de la parálisis y el retroceso durante el gobierno de Iván Duque. Nada se hizo para mejorar la red de vías terciarias, que en las regiones más castigadas por la violencia y la economía ilícita están mayoritariamente en mal estado (un 77,5 % en las áreas que por su vulnerabilidad cuentan con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET). El sur del Tolima está entre esas áreas, pero no la región de este emplazamiento, por lo cual los arreglos de las vías no tienen ese carácter prioritario.

Si el gobierno anterior no incidió en la adquisición de las tierras con arreglo al Acuerdo de Paz, ni apostó por el desarrolló de una red de vías terciarias que permitiese la interacción entre los nuevos actores económicos y los centros urbanos de consumo y distribución, tampoco permitió mejorar la percepción social respecto de los ex combatientes. “Durante el gobierno de Duque no se hizo pedagogía del acuerdo de paz, ni se nos dejó hacerla”.

“Los espacios territoriales eran transitorios por dos años, y ya llevamos seis años. Ahora la figura que se busca es que sean unos centros poblados, para poder tener vinculación de la comunidad con la sociedad en conjunto”, explica Johan David. “No se ha cumplido lo pactado porque hay unos proyectos que llevan seis años, y no se han comprado las tierras, estamos con las tierras en arriendo. Es el caso de algunos proyectos colectivos, y eso ni hablar de los individuales. Aquí ya hay nuevas formas asociativas colectivas, pero no tienen tierra.“

Más tarde, en una segunda charla que mantuvimos por la noche con Jesús, advierto que esa estructura básica de la que hablamos se ha ido ampliando en los territorios para dar cabida a más proyectos de reincorporados. Me cuenta que en Tolima hay 13 nuevas áreas de reincorporación (NAR), que en su mayor parte dependen de los espacios de la vereda de El Oso y de este espacio [La Fila], cuyo nombre ellos quieren cambiar por el de “centro poblado Antonio Nariño”. Un ejemplo de NAR es el grupo asentado en la cercana localidad de Dolores: “Allá hay una nueva área de reincorporación, hay 30 reincorporados; hay algunos de aquí, que son de este espacio y que se fueron para allá, y que siguen con sus proyectos colectivos”.

El acceso a la tierra

Definir la modalidad de adquisición y reparto de tierras es una prioridad del gobierno de Gustavo Petro. Johan David nos recuerda que en los primeros meses de 2023 el gobierno hizo entrega de varios terrenos confiscados a paramilitares que estaban bajo custodia de la SAE. Por ejemplo, Petro entregó 170 hectáreas a 19 mujeres en Montería que, según señala nuestro interlocutor, eran tierras incautadas por el Estado que habían sido usurpadas por el ex paramilitar Salvatore Mancuso. Y también entregó otros títulos de tierras a una asociación de mujeres en Tumaco, Nariño, y en el Huila. “Hay que identificar en manos de quién está la tierra para poder distribuirla”, asegura Johan David, mientras nos recuerda que la patronal de las fincas ganaderas, Fedegan, ha tenido una historia vinculada al paramilitarismo y que negociar con ellos tampoco es muy fácil.

Más allá de la necesidad de redistribuir la tierra, se plantea también la de cambiar el modelo productivo de la ganadería en Colombia: “Hoy en día una vaca vive más sabrosa en una hectárea de tierra que una familia campesina. Entonces en una hectárea usted podría tener 15 o 20 animales”, sustituyendo la ganadería extensiva por ganadería intensiva”.

Colombia en busca de la paz total: las conversaciones de paz con las guerrillas

Eduardo Giordano

Colombia

Global Colombia en busca de la paz total: las conversaciones de paz con las guerrillas

Eduardo Giordano

El camino hacia la paz total en Colombia no es nada fácil. A ella se oponen los enemigos políticos de Gustavo Petro, los partidos de la derecha, el grueso de los oficiales del Ejército y la Policía, y los grandes poderes económicos.

“Nosotros tenemos un proyecto colectivo de ganadería doble propósito, con ganado girolando y también jersey. Ahí somos 17 personas”. Se trata de dos razas eminentemente lecheras, de tal forma que se busca satisfacer el autoabastecimiento de productos lácteos. Johan es el presidente de esta asociación y nos cuenta que el proyecto fue presentado hace seis años, pero recién en los últimos meses: el nuevo gobierno negoció con el dueño del predio y se les concedió la tierra para poner en marcha la explotación. El proyecto ya está en funcionamiento, después del atasco burocrático que sufrió durante todos estos años. El gobierno de Iván Duque les había mandado en junio de 2018 altos funcionarios que se comprometieron a comprar los terrenos en un año, pero eso nunca llegó a concretarse. “Y cuando llega el actual presidente, junto con el equipo, con el gabinete que le corresponde para hacer el trabajo, pues se da la compra en menos de tres o cuatro meses”.

Le pregunto a Johan David si considera que el gobierno de Petro está tomando las medidas necesarias para proteger la vida de los ex combatientes. “Yo creo que para poder llegar al poder tuvo que entregar algunos ministerios a otros partidos... [Esta conversación se produjo el 7 de abril, antes de la última reestructuración del gabinete] Petro está en medio de varios grupos y hacer la negociación es tan complejo..., y habrá algunos grupos armados que nunca se van a acoger a la paz total. Eso dificulta un poco el avance”. Pero a la vez, está comprometido con los ex combatientes: “Yo estuve hace poco en Mesetas, me invitaron allá [a la reunión con Petro] con todos los líderes de los espacios territoriales. Y es un antecedente de cómo entiende la paz total. Allá hay varios grupos armados disputándose el territorio: cuando en un ETCR los firmantes son amenazados por un grupo, y les toca obligatoriamente desplazarse hacia otro sitio, ahí se llega a la concertación de la compra de un predio (o de la entrega, porque en este caso el predio es del Estado). La solución fue moverse de allá; pero, además, el espacio que queda será una granja agrícola gestionada por los campesinos del territorio”. Se evita así que el espacio quede abandonado y acabe en manos de quienes los expulsaron.

“Hay que buscar tierras fértiles para que los ex combatientes se involucren con las comunidades, para trabajar en pro del desarrollo de la comunidad”

La dotación de tierras fértiles en propiedad colectiva o individual es el primer tema clave para activar los emprendimientos productivos de los firmantes de paz: “Hay que buscar tierras fértiles para que los ex combatientes se involucren con las comunidades, para trabajar en pro del desarrollo de la comunidad”. Otra cuestión no menos relevante, que los afecta tanto como a los demás campesinos colombianos, es la carencia de una red vial que les permita transportar sus productos a los centros de consumo a un costo razonable. Johan David afirma que el presupuesto municipal de Icononzo es insuficiente para las 32 veredas que lo integran, con cuatro vías principales que tienen fallas geológicas. “Aunque la Administración tenga toda la voluntad de mantenerlas arregladas, no hay una cooperación por parte del gobernador. Ahí están las puyas políticas que bloquean el desarrollo de las vías. Si un alcalde es de una corriente pero no es amigo del gobernador, no tiene la maquinaria. O si no le va muy bien con el comité de carreteras, tampoco tendrá recursos para arreglar las vías. Independientemente de los colores políticos, que son los que no dejan avanzar en el arreglo de las vías, la propuesta que haría es que se unifiquen criterios en todas las entidades y puedan trabajar en todo el entorno más afectado, pero también priorizar algunas zonas”.

Muchos alcaldes eluden su obligación de mantener en condiciones la red vial y les piden que pongan ellos el trabajo, porque son los que utilizan las vías. Y muchos de esos caminos deficientes, curiosamente, aparecen en algunos planos como si estuvieran pavimentados. “Eso obedece a que no hay un control social, ni un control presupuestario en temas de infraestructura“.

Con todo, el problema del acceso a la tierra no está completamente encaminado a una pronta resolución en los términos que establece el Acuerdo de Paz. Este es un objetivo esencial del Plan Nacional de Desarrollo (PND), pero aún no se han dotado los recursos suficientes para poder cumplirlo. En una sesión de debate de control político en el Senado sobre la implementación del Acuerdo Final de Paz convocada el 18 de abril de 2023, intervino Camilo González, presidente de Indepaz, formulando “algunas observaciones sobre el déficit que deja el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo en materia de tierras”. El PND 2022-2026, aprobado el 5 de mayo por ambas cámaras del Congreso, anticipa en 2,9 millones de hectáreas los terrenos “que se estima entregar a los campesinos”. Si bien uno de los grandes objetivos del PND es la Reforma Rural Integral (RRI) para dar cumplimiento al Acuerdo de Paz y disponer de tierras para pueblos étnicos, campesinos y firmantes reincorporados, Camilo González objeta que con la asignación prevista de los recursos de la RRI en el PND (un total de 50 billones de pesos), la compra de tierras quedaría “completamente desfinanciada”. Apoyándose en cifras oficiales, añade que “la mitad del total asignado a la RRI se destina a la educación rural y no aparecen los recursos para cumplir la meta de entregar materialmente tres millones de hectáreas a los campesinos y pueblos étnicos sin tierra”.

Hay algunas matizaciones al respecto, como el hecho de que “con la tierra disponible en manos del Estado y compra de nuevos predios, en el mejor de los casos se podría llegar al 30 % de la meta ideal del cuatrienio” (1,5 millones de hectáreas, ya que el plazo final es 2030). Además, según la Unidad de Restitución de Tierras, sobre un total de 12 millones de hectáreas despojadas a sus antiguos propietarios, hay “identificados procesos de restitución a pueblos étnicos por más de 6 millones de hectáreas y cerca de 2 millones de hectáreas a campesinos pobres”. El PND incluye un canal administrativo para agilizar estos procesos.

En términos generales, la cantidad de tierra necesaria para atender las necesidades de ex combatientes es una pequeña porción del total incluido en el Acuerdo de Paz de 2016 para la totalidad de los campesinos sin tierra. La asignación de recursos a 13.000 firmantes de la paz podría ser más rápida que la obtención de todas las tierras que prevé el Acuerdo.

La cantidad de tierra necesaria para atender las necesidades de ex combatientes es una pequeña porción del total incluido en el Acuerdo de Paz de 2016 para la totalidad de los campesinos sin tierra

Participación política de los Comunes

El Partido Comunes, del que el AETCR La Fila es epicentro local, fue la tercera fuerza más votada para la alcaldía de Icononzo (tras el partido de la U y el partido Liberal) y cuenta con un representante en el Consejo municipal. Esta presencia local se suma a la que tiene el partido de las extintas FARC a nivel nacional: el Acuerdo de Paz les garantizó el nombramiento, durante dos legislaturas, de cinco miembros a la Cámara de Representantes y otros cinco en el Senado, aunque sus candidatos no obtuvieran los votos suficientes.

Desde la firma del Acuerdo de Paz, la participación política de los firmantes se ve afectada por la violencia sistemática que los convierte en víctimas de sus enemigos. Un informe del representante del Secretario General de la ONU, Carlos Ruiz Massieu, fechado en enero de 2022 y que hace referencia a las elecciones de ese año, señala: “Como votantes, miembros de un partido, titulares de cargos locales o miembros del Congreso, los hombres y mujeres que dejaron las armas son ahora participantes activos de la democracia colombiana” y requiere que garantice los derechos políticos y la protección de los ex combatientes, “especialmente a la luz de la inseguridad y la estigmatización persistentes”.

Entre las sugerencias para reducir la exposición de los ex combatientes a su asesinato por causas políticas, el representante de la ONU afirmó que era necesario “asegurar las zonas afectadas por el conflicto, donde los actores armados ilegales siguen aprovechando la limitada presencia del Estado en algunas partes del país”. El gobierno del Pacto Histórico tiene actualmente el desafío de reconducir la situación para garantizar la participación política de los ex combatientes con el menor riesgo posible.

Detener el exterminio de ex combatientes y líderes sociales

Durante los primeros seis meses de 2023 fueron asesinados 17 ex combatientes acogidos al proceso de paz residentes en 11 departamentos colombianos, según indica Indepaz en su último informe, mientras que corrieron la misma suerte 78 líderes sociales y defensoras de derechos humanos (con corte al 19/06/2023). La cifra de ex guerrilleros asesinados descendió casi a la mitad con respecto a la media de la presidencia de Iván Duque, ya que en sus cuatro años de gobierno se registraron más de 250 asesinatos de firmantes de la paz. Sin embargo, ese descenso general de la violencia política puede ser temporal, característico de un período de reacomodamiento a la nueva situación política.

Las pistas que ofrecen los medios de comunicación sobre la autoría (supuesta) de estos crímenes son siempre sospechosas, como cuando aseguran: “Los principales responsables de haber acabado con la vida de la víctima son los integrantes de la Estructura Carlos Patiño Frente Diomer Martínez de la Segunda Marquetalia y Frente José María Becerra del ELN, los cuales tienen amplia presencia en ese sector del país”. Se insinúa así que estas guerrillas actúan de común acuerdo contra los ex guerrilleros reincorporados, algo completamente falso, aunque de forma individual sí pueden ser los responsables de tales asesinatos.

A lo largo de estos años, la mayor parte de las bajas de ex combatientes se producen en las mismas regiones en las que hay un mayor número de líderes sociales asesinados, principalmente en los departamentos del Cauca, Nariño y Antioquia

Es posible que muchos de estos asesinatos se produzcan por su misma condición de líderes sociales en el territorio más que por su anterior pertenencia a la guerrilla. A lo largo de estos años, la mayor parte de las bajas de ex combatientes se producen en las mismas regiones en las que hay un mayor número de líderes sociales asesinados, principalmente en los departamentos del Cauca, Nariño y Antioquia (638 líderes sociales y 138 firmantes de la paz), según los datos de Indepaz para el período que va de noviembre de 2016 a marzo de 2023.

Al final de nuestra entrevista en La Fila, Johan David me dijo: “No es un secreto para nadie: cuando uno hace el tránsito a la vida civil, obviamente en el reconocimiento de la verdad y al aportar a la JEP para alcanzar la paz, hay unos lineamientos según los cuales uno debe responder como compareciente...” Quedó en puntos suspensivos la evidencia de que esas declaraciones suelen despertar la ira de los enemigos a los que el ex combatiente pudo haber denunciado ante la JEP.

Johan relata el caso de un compañero asesinado por el Ejército con evidente ensañamiento, y argumenta que “la gran mayoría fueron asesinados por la fuerza pública”. Pero en seguida añade: “Y hay que decir que algún ex combatiente no tenía en mente la verdadera reincorporación, o era muy difícil dar el paso..., porque obviamente uno hizo retenciones [secuestros] o participó en algún evento por el que, de una u otra forma, resulta muy fácil reconocerles: se presentan en un sitio, por ejemplo, como el Cauca, y saben que no pueden ir allá porque ya los conocen, saben el prontuario; es decir, hay de parte y parte”.

Johan añade que también hay casos de ex combatientes asesinados por estructuras descontroladas del ELN en la disputa por el territorio y por grupos paramilitares. Cuando le pregunto por qué el ELN tendría interés en perseguirlos a ellos, aclara: “No se alinean a un solo comandante, los distintos grupos pueden hacer su trabajo por otro lado. O sea, son estructuras que no obedecen orientaciones de un comando centralizado. Y estos grupos terminan haciendo algunas alianzas o compromisos con paramilitares, hasta con la fuerza pública, y son los que más daño pueden hacer”.

Esta charla fue anterior al acuerdo bilateral de alto el fuego por seis meses acordado entre el gobierno Petro y el ELN en Cuba, en junio de 2023, por el cual esta organización guerrillera se comprometió a silenciar las armas en todo el territorio nacional. El principal objetivo del cese es facilitar la participación de la población en las conversaciones de paz.