Colombia
Así trata Colombia de esclarecer 50 años de guerra cruenta

En noviembre echó a andar en Colombia la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV), el organismo encargado de alimentar un “relato colectivo” en torno a más de medio siglo de conflicto armado. Marta Ruiz, comisionada del ente, explica los retos que el país enfrenta en un contexto de profunda división política y social.

Marta Ruiz
Marta Ruiz, integrante de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad

publicado
2019-05-04 09:41:00

La construcción de la paz en Colombia tiene un sinfín de frentes abiertos. Se podría decir que cada una de las historias de las más de ocho millones de víctimas directas del conflicto armado —según las cifras oficiales del Gobierno— contienen preguntas sin respuesta. ¿Quién ordenó el secuestro del campesino? ¿Por qué tuvo lugar la masacre en aquel pueblo de la sierra? ¿Qué objetivos escondía la extorsión continuada contra esta familia?

Tratar de aportar luz a cuestiones como esta es la razón de ser de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV), un organismo público integrado en el sistema de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición que se creó tras el Acuerdo de Paz con la guerrilla de las FARC.

A través de la investigación de los hechos ocurridos durante medio siglo de guerra la CEV aspira a construir “un relato colectivo” en el que todos los colombianos, de alguna manera, se sientan incluidos. Una tarea que, por lo ambicioso del proyecto, no echó a andar oficialmente hasta noviembre pasado, dos años después de la firma de los acuerdos de La Habana.

En este intervalo la paz en Colombia ha transitado por un camino lleno de obstáculos. La victoria del No en el plebiscito que pretendía sancionar el Acuerdo, la persistencia de la violencia en muchas zonas del país y la llegada al Gobierno en 2018 del Centro Democrático, el más firme opositor a los diálogos con la ex guerrilla, son parte del continuado test de estrés al que se ha sometido el histórico documento. También la estructura institucional creada para su implementación ha sufrido este desgaste.

“Un lugar para la participación social”

“La expectativa en 2015 —cuando se acordó la creación de la CEV— era que Colombia iba a una transición entre la guerra y la paz; en la que se presuponía un clima de aceptación de la paz. Pero ese supuesto básico, sobre el que fue creada la Comisión, no se ha dado”. Así resume la periodista Marta Ruiz el actual clima de polarización política y social que vive el país latinoamericano y su efecto sobre el ente del que forma parte.

“El supuesto básico sobre el que fue creada la Comisión, un clima de aceptación de la paz, no se ha dado” 

Ruiz es una de las once comisionadas y comisionados responsables de la CEV. Un cuerpo colegiado que integran perfiles de lo más variados. Desde un ex sacerdote jesuita (Francisco de Roux, presidente de la Comisión) a una líder social afrocolombiana, pasando por un mayor del ejército retirado, una experta en derecho constitucional de origen indígena o un médico español especializado en la atención a víctimas.

“La Comisión no es un espacio de intelectuales y académicos, sino un lugar para la participación social, que será más valioso si logra ser incluyente y participativo”, explica esta informadora con más de 15 años de experiencia cubriendo la guerra desde dentro. Un diálogo social que es uno de los “rieles” principales sobre los que la CEV trabaja, mediante encuentros y audiencias públicas en algunos de los puntos del país más golpeados por la guerra, como las regiones de Antioquia, Putumayo, Nariño o el Norte de Santander, entre muchas otras.

Pero también con reuniones privadas con actores estratégicos del conflicto, lo cual incluye a figuras políticas, del ejército y de grupos armados, “tratando de que haya un reconocimiento de cómo se implicaron en él, cómo coadyuvaron y cómo se beneficiaron. Y también para reconocer los heroísmos, las resistencias y la manera en la que se hizo frente a un conflicto tan largo”, asegura Ruiz.

Un consenso básico en torno a la paz roto

El otro riel, quizás el más inmediato, al que hacen referencia desde la CEV tiene que ver con la investigación y la recolección de testimonios. Para ello se han desplegado hasta el momento 17 casas o sedes territoriales donde se recoge la voz de las víctimas y los victimarios que están dispuestos a hablar. Además de asesorar a comunidades que ya llevan tiempo implicadas en esta labor.

Una tarea ingente que se ha visto diezmada, apunta Ruiz, por el desinterés del nuevo Gobierno sobre este organismo. El cual se tradujo en una reducción del 40% del presupuesto con el que inicialmente preveía contar la Comisión y que ha impactado en la manera de llegar a los territorios —“pensábamos estar en muchos más y con más gente”— y en el propio protagonismo de la Comisión —“la marginaliza y le quita centralidad”—. Precisamente en un momento de profunda discusión sobre la memoria del conflicto y la manera de juzgar lo acontecido.

Hasta ahora se han desplegado 17 sedes territoriales donde se recoge la voz de las víctimas y los victimarios dispuestos a hablar”
A comienzos de marzo el presidente Iván Duque impugnó varios de los artículos que regulan la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal especial que juzga los crímenes del conflicto. La decisión provocó el rechazo de buena parte de la oposición política y de observadores internacionales, al entender que aumenta el grado de incertidumbre en torno a la ejecución del Acuerdo. Con la amenaza latente de que siga aumentando el número de ex guerrilleros que regresan a las armas.

“Creo que el gran avance que hubo en La Habana es reconocer que el conflicto estaba asociado a unos problemas estructurales, como la propiedad de la tierra, el narcotráfico, la no-presencia del Estado, la falta de participación democrática, etc. Ante la pérdida del plebiscito, el Acuerdo salió adelante pero el consenso básico alrededor de esto dejó de existir”, reflexiona Ruiz.

La comisionada sostiene que el actual Gobierno no comparte ese análisis multicausal de la guerra en Colombia. “Su manera de verlo es otra”, comenta después de reconocer las diferentes posturas –desde los que niegan el propio conflicto hasta los que lo reducen a un problema de legalidad o ilegalidad- que existen en el actual Ejecutivo. “Todo se ve desde una matriz meramente judicial y no como un problema social y político”, reflexiona.

“El Gobierno ve el conflicto desde una matriz meramente judicial y no como un problema social y político

El informe final y “la verdad” del conflicto

Igual que han hecho comisiones de la verdad de países como Sudáfrica, Guatemala o Perú, la CEV colombiana tiene el compromiso de entregar, una vez terminado su mandato de tres años, un completo informe que recoja las conclusiones de su investigación.

Sin menospreciar este documento final Marta Ruiz matiza que, antes de escribir una línea, su esfuerzo se centra en “contribuir a una apropiación social de todo ese conocimiento”. “En nuestra metodología, luego de los testimonios, vamos a identificar unos patrones y unos contextos explicativos. Luego queremos hacer un diálogo con la sociedad para construir las hipótesis. No ir a extraer testimonios y encerrarnos a escribir, sino ponerlo sobre la mesa con la gente, para que esto empiece a ser más una construcción colectiva”, explica.

La polarización de la sociedad colombiana y el carácter tan reciente de la guerra son obstáculos evidentes para la construcción de esa “verdad” o relato colectivo, reconocen desde la CEV. El comisionado Saúl Franco, médico de profesión, apuntaba en noviembre que la Comisión no pretende imponer ese proceso de memoria común, pero sí estimularlo. “Eso sí, queremos llegar a unas cosas concretas. Tenemos el reto, y lo vamos a cumplir, de entregar un informe creíble y conciso sobre el conflicto en el país”, señala Franco.

“En Colombia falta un relato más sólido y menos fragmentario desde el que empezar a debatir sobre los hechos y las violencias” 
“Colombia no es un país donde no haya información sobre violaciones de derechos humanos. Incluso hay mucha. Lo que falta es un relato que tenga pretensión de ser un relato nacional. Que sea de alguna manera un piso, más sólido, menos fragmentario y más ambicioso, desde donde se pueda empezar a debatir sobre los hechos y las violencias”, añade Marta Ruiz.

La tarea de “tejer” las heridas abiertas

La persistencia de esa violencia es precisamente otro de los muros que habrá de saltar la CEV para cumplir sus objetivos. En 2018 más de 170 líderes sociales fueron asesinados en las áreas rurales de Colombia, confirmando una tendencia ascendente desde la firma de La Habana. El pasado 17 de enero la principal guerrilla todavía activa en el país, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), mató a 22 jóvenes policías en una academia de Bogotá con un coche bomba que alimentó las demandas de una política de mano dura en amplios sectores de la sociedad colombiana.

De nuevo, sobre la mesa, el debate sobre la paz y la seguridad. “Creo que, sin que se hubiese afincado el discurso de la paz, en Colombia se ha vuelto a instalar el discurso de la seguridad como la solución a los problemas de convivencia. Y la paz es un concepto mucho más profundo, una construcción más colectiva y es un desafío muy grande para la sociedad en términos de transformación”, analiza Ruiz.

En este contexto de división política y con una elecciones regionales en el horizonte (octubre de 2019) ha arrancado la CEV colombiana su trabajo. Francisco de Roux, presidente de la institución, lanzó un mensaje con ánimo tranquilizador tras conocerse la impugnación parcial del Gobierno al tribunal especial para la paz, organismo hermano de la Comisión. “Esta marcha hacia la verdad no la vamos a detener por nada”, proclamó De Roux.

“Queda una tarea muy grande en reconciliar a la gente con sus propias instituciones”
Un clima, en todo caso, que anticipa más dificultades en la titánica tarea que la CEV tiene por delante. Tal y como se desprende de las palabras usadas por Ruiz para explicar los verdaderos efectos del conflicto sobre la vida de millones de colombianos.

“Lo que me he dado cuenta saliendo al territorio es que las heridas que ha dejado el conflicto son demasiado profundas. No son las heridas que uno ve en la política, entre los partidos. No, son heridas más grandes, más en lo pequeño, en los barrios, en las veredas, en la gente… Hay un sentimiento muy profundo de haber vivido una injusticia y una sensación muy grande de abandono (…) Queda una tarea muy grande en reconciliar a la gente con sus propias instituciones y con el Estado. Y nuestro intento es el de poder tejer con un hilo narrativo esas heridas. Pero la cicatrización va a ser larga y requiere demasiados esfuerzos”.


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