Colombia
El asesinato de María Ovidia Palechor en Colombia y la política global de drogas

¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?”, gritaba desesperada Yuma, la hija mayor de la lideresa indígena María Ovidia Palechor, mientras sepultaban a su madre. El cementerio de Los Laureles, en Popayán, la capital del Cauca, acogió la siembra de esta defensora el pasado 3 de septiembre entre flautas, tambores y cientos de comuneros y comuneras. El movimiento indígena caucano está demasiado acostumbrado a asistir a entierros de gente joven y brillante, líderes, autoridades o guardias que defienden la tranquilidad de su comunidad ante la presencia y violencia de los grupos armados que se financian a través de la producción de cocaína para exportar, principal actividad económica de muchos territorios de la región.

María Ovidia Palechor era una gran defensora de los derechos humanos y de una vida libre de violencias para las mujeres. Pertenecía al pueblo Yanacona, descendiente del Imperio Inca. Trabajó como coordinadora de la organización de mujeres del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y, posteriormente, se articuló con la Mesa de Víctimas del conflicto armado del municipio de Cajibío junto a su compañero James Flor, un histórico líder campesino. La noche del martes 1 de septiembre, hombres armados presuntamente de la Columna Móvil Jaime Martinez, uno de los grupos de las Disidencias de las FARC, entraron en su casa y los mataron a bala. 

María Ovidia Palechor y James Flor fueron los números 101 y 102 de la lista de líderes sociales asesinados en Colombia en lo que llevamos de 2026

Ellos fueron los números 101 y 102 de la lista de líderes sociales asesinados en Colombia en lo que llevamos de 2026, según el Instituto de Estudios para la Paz (Indepaz). El 10 de septiembre ya iban 105 asesinatos de líderes y 89 masacres en el país. Y una historia detrás de cada cifra. Y la mayoría en la impunidad. Un goteo constante que ha aumentado desde la toma posesión del nuevo gobierno de extrema derecha de Abelardo De la Espriella y que se concentra en las regiones del país en las que habitan con más fuerza economías ilegalizadas como el narcotráfico. Tal como afirman informes de la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Crimen, “la economía ilegal es el verdadero regulador del costo de vida y el empleo en vastas regiones del Cauca”.

Responder a la pregunta que se hacía su hija tiene que ver con hablar de esas economías ilegalizadas, esos grupos armados que hacen presencia en el territorio y esa defensa de la vida de los liderazgos de las comunidades.

Del gatillo a las políticas globales

El gatillo lo aprieta muchas veces un sicario, oficio bien normalizado en Colombia. Municipios como Corinto, en el Norte del Cauca, tienen barrios comúnmente llamados como “barrio de los sicarios”, donde es sabido que un hombre puede cobrar unos 500.000 pesos colombianos, 138 euros, por matar a otro ser humano. También lo puede apretar directamente un miembro del grupo armado al el líder seleccionado molestaba con su activismo. 

En el caso de María Ovidia Palechor y James Flor, organizaciones sociales como el Consejo Regional Indígena del Cauca o la Defensoría del Pueblo han atribuido el doble homicidio a la Columna Móvil Jaime Martínez. La hostilidad contra la pareja se agudizó tras el atentado perpetrado por este grupo de las disidencias de las FARC el 25 de abril de 2026 en el sector de El Túnel (Cajibío), donde la explosión de un vehículo de transporte público dejó 21 personas muertas. A raíz de esta masacre, María Ovidia cobró una alta visibilidad pública al grabar un video y liderar exigencias institucionales ante la Defensoría del Pueblo para reclamar protección, inversión y reparación para su corregimiento, lo que desencadenó en persecuciones y amenazas directas que culminaron en el trágico homicidio de ambos líderes.

La hostilidad contra la pareja se agudizó tras el atentado perpetrado por un grupo de las disidencias de las FARC. La explosión de un vehículo de transporte público dejó 21 personas muertas

La mafiosidad —término acuñado por el activista y pensador Manuel Rozental— del territorio es tan alta, que, según relatan fuentes internas, miembros de ese mismo grupo armado estuvieron presentes entre la muchedumbre mientras se levantaban los cuerpos de Palechor y Flor: controlando, desafiando. La realidad del actual conflicto colombiano se encuentra completamente condicionada por las economías ilegales de la cocaína y la minería ilícita. En este tablero, organizaciones como el ELN, las disidencias de las FARC (el Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia) y el Clan del Golfo se disputan a sangre y fuego las rutas de salida de la mercancía. Entre ellas y contra la población. 

Entonces, ¿por qué?, ¿por qué mataron a Maria Ovidia Palechor? ¿Y a los otros 105 líderes asesinados en lo que va de 2026? Podemos recurrir a la explicación de nivel micro: entender qué hacía la lideresa y los motivos que llevaron a los autores materiales a apretar el gatillo. Pero dada la sistematicidad de estos asesinatos, quizás es necesario ampliar el foco y mirar lo macro. Apuntar, ya no hacia los autores materiales, ni tampoco a los intelectuales y conceptuales, que tambien estan, sino a las estructuras que permiten la cronificación de la guerra, el reclutamiento, el desplazamiento, la violencia sexual y el asesinato de estos líderes que defienden el Territorio y la Vida en el Cauca, en Colombia y en América Latina. Estructuras como el machismo, el patriarcado, el capitalismo, ampliamente denunciadas por las mismas lideresas. Pero también otra estructura menos nombrada: el prohibicionismo.

El precio de producir una sustancia ilegal

Al ampliar el foco vemos que muchos de estos líderes habitaban territorios donde la economía cotidiana de las comunidades depende generalmente de actividades extractivistas y en muchos casos de cultivos ilegalizados como la coca o la marihuana. Y observamos también que los grupos armados presentes en sus regiones se financian mediante impuestos a esas economías.

Esta realidad viene enmarcada con situaciones de desigualdad social extrema, donde las grandes rentas derivadas de la producción y extracción de estas materias primas —sea coca, marihuana, pasta base, caña de azúcar, café, petróleo, palma africana o minerales — no se quedan en las regiones de origen. Estas rentas se desplazan al Norte Global, dejando a nivel local únicamente rentas muy bajitas en el caso de las materias primas legalizadas y rentas un poco más altas acompañadas de violencia y muerte en el caso de las materias ilegalizadas. 

Así que, en los territorios especializados en producción o distribución de hoja de coca y pasta base, como es el caso de la vereda La Pedregosa de Cajibío, donde estaban organizados Palechor y James, ampliar el foco significa toparse con la realidad de un país convertido en el mayor productor mundial de una sustancia prohibida. Según los datos y los informes oficiales más recientes de la UNODC, Colombia concentra entre el 70% y el 80% de la producción mundial de cocaína. Las últimas mediciones de esta oficina advierten que la producción potencial de Colombia ha alcanzado máximos históricos mundiales, superando las 2.500 toneladas de cocaína pura al año. Y eso acarrea complejas consecuencias.

ELN, las disidencias de las FARC (el Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia) y el Clan del Golfo se disputan a sangre y fuego las rutas de salida de la mercancía

Según distintas fuentes, como se observa en la tabla, en el marco de las exportaciones, si comparamos el narcotráfico con otras actividades legales, este está en el ranking número 1. En la lista de exportaciones individuales de bienes, ningún sector legal supera actualmente el volumen estimado del narcotráfico. 

1,5 millones de kilos de cocaína

Actualmente, existen en el mundo unos 25 millones de personas que consumen cocaína. Estos consumen aproximadamente un millón y medio de kilos de cocaína al año. Y alguien tiene que producir todo ese polvo blanco. El verdadero problema radica en tener que hacerlo bajo el yugo de la prohibición. Se ha repetido por activa y por pasiva: el problema no son los consumidores, ni tampoco los cultivadores; el núcleo del conflicto se halla en el eslabón intermedio: las políticas globales de drogas y los grandes acumuladores de poder y rentas del narcotráfico.

La activista y socióloga Estefanía Ciro se ha dedicado a narrar de otra forma la violencia crónica de Colombia, relacionándola directamente con el prohibicionismo y la vida cotidiana de los mercados del narcotráfico. La académica, que trabajó durante el Gobierno de Gustavo Petro en la Dirección de Política de Drogas, apunta directamente a la política global de drogas para explicar el asesinato de María Ovidia Palechor, James Flor y tantos otros.

“Una de las aristas de estos asesinatos es la situación de desprotección e incertidumbre provocada por una guerra armamentística que termina oprimiendo a la gente, a las comunidades”

“Una de las aristas de estos asesinatos es la situación de desprotección e incertidumbre provocada por una guerra armamentística que termina oprimiendo a la gente, a las comunidades. Esta guerra es la respuesta del gobierno nacional y de los aparatos de represión globales que, ante la presencia de coca y marihuana en regiones como el Cauca, solo ofrecen militarización”, explica Ciro. Una militarización que tiene como excusa la lucha contra las drogas mezclada con la lucha contrainsurgente, es decir contra los grupos armados que se financian con las drogas. 

Por lo tanto, defender el territorio en el Cauca significa oponerse a una guerra que no es de los pueblos, no es de Maria Ovidia Palechor ni de James Flor. “Lo que se pone en juego, finalmente, es la vida de la población, que queda aplastada bajo asimetrías que la exponen a una violencia sistemática. Mientras, la narrativa oficial legitima cualquier uso de la fuerza y cualquier tecnología: todo está permitido en contra de los mercados ilegales.”

El prohibicionismo ante auge de la ultraderecha

La política global de drogas ha sido históricamente liderada y hegemonizada por los Estados Unidos bajo el paradigma de la War on drugs (Guerra contra las drogas). Diversos expertos han evidenciado que a estas alturas dicha estrategia ha fracasado —dado que el consumo, concentrado en el Norte Global, sigue en aumento— o bien que nunca pretendió combatir las sustancias, sino asegurar el control y el despojo de ciertos territorios y cuerpos.

Con el actual giro hacia la ultraderecha internacional, esta política global liderada por Washington se agudiza. En el Ecuador de Daniel Noboa ya se han documentado operaciones militares conjuntas entre el ejército ecuatoriano y el estadounidense que, bajo la excusa del narcotráfico, han derivado en bombardeos a comunidades rurales, torturas y desapariciones.

Un panorama similar se perfila para Colombia. En su último artículo, el experto en drogas Ricardo Vargas, explica muy bien cómo el jefe del Comando Sur de EEUU, Francis L. Donovan, visitó el suroccidente del país a finales de agosto de 2026 para formalizar las primeras acciones de una renovada cooperación bilateral. De acuerdo con Vargas, la intervención se articulará en torno a tres ejes prioritarios que abarcan desde el control territorial hasta la mejora técnica. En primer lugar, se pondrán en marcha operaciones fronterizas en el límite entre Colombia y Ecuador, las cuales incluirán la creación de una base militar binacional. Asimismo, se implementará un sistema de vigilancia aeronaval sobre el Pacífico con el objetivo de supervisar los movimientos marítimos de cocaína. Por último, la estrategia contempla la rehabilitación logística mediante la optimización de la flota aérea colombiana, todo esto en el marco de las acciones de la coalición contra los carteles. 

Vargas advierte que el término “cartel” resulta ser una “denominación errática que se aplica a los grupos armados que prestan protección a los mercados de pasta base, a las rutas de trasiego para el procesamiento y a los embarques internacionales”. Es crucial observar que esta simplificación conceptual criminaliza el tejido social y justifica una intervención militar por parte de Estados Unidos de corte imperialista, colonial, o como se le quiera llamar. Con este auge de la extrema derecha y bajo el discurso de la guerra contra el narcotráfico, en América Latina se están normalizando los bombardeos a barcos de pescadores o personas migrantes en el mar Caribe, la detención y secuestro de presidentes como Nicolás Maduro, o el bombardeo de comunidades rurales como en el Ecuador. Violencia y muerte en constante aumento.

El impacto en cifras de la hipocresía transnacional

No existe un único “contador oficial” de muertes causadas por la gestión de esta economía ilegalizada que llamamos narcotráfico, ya que los Estados tienden a clasificar estos hechos bajo categorías jurídicas e institucionales separadas (como homicidios comunes, violaciones al derecho internacional humanitario o muertes en combate). Sin embargo, al cruzar datos de ONG independientes, institutos de medicina legal y agencias de la ONU, se obtiene una imagen aproximada de la dimensión de esta violencia.

En el año 2025 al menos 358 defensores y líderes fueron asesinados en todo el mundo: Colombia (165), México (43), Brasil (22), Honduras (13) y Guatemala (10) lideran la lista

A nivel de asesinato de líderes sociales, la situación ya nombrada a nivel de Colombia se engloba en la de América Latina, continente que, según Front Line Defenders, concentra el 80% de los asesinatos de defensores de derechos humanos y liderazgos sociales a nivel global, consolidándose como la región más peligrosa del mundo para ejercer el activismo. Según esta organización, en el año 2025 al menos 358 defensores y líderes fueron asesinados en todo el mundo. Colombia (165), México (43), Brasil (22), Honduras (13) y Guatemala (10) son los que más crímenes de este tipo registran.

Por otro lado, a nivel de violencias y homicidios comunes o generales: Colombia cierra sus años recientes con una tasa de entre 13.000 y 14.000 homicidios anuales. Según el Ministerio de Defensa y diversos centros de criminología, más de la mitad de estos crímenes están directa o indirectamente relacionados con el control de las economías ilegales (tráfico local o internacional de droga). Importante el dato que ha investigado InSight Crime (centro de investigación sobre crimen organizado en las Américas) junto a la UNODC (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen): América Latina es la región más violenta del mundo sin tener una guerra convencional abierta.

A pesar de albergar únicamente al 8% de la población mundial, la región acumula entre el 30% y el 35% de los homicidios globales, registrándose más de 120.000 asesinatos al año. Los informes de la UNODC y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estiman que más del 50% de estas muertes violentas está asociada directamente al crimen organizado y al narcotráfico. Esto significa que la llamada “guerra contra las drogas” se cobra la vida de unas 60.000 personas al año en la región. En medio de esta maquinaria geopolítica y económica transnacional construida bajo la lógica prohibicionista, son los pueblos y los territorios los que derraman la sangre y sufren el dolor y la zozobra. Y son las vidas de líderes que defienden la dignidad de sus comunidades, como María Ovidia Palechor y James Flor, las que siguen pagando el precio más alto.