Derecho a la ciudad
Seguridad y urbanismo, el relato perdido de las izquierdas

Un reciente estudio ha puesto de manifiesto las diferencias de criterio a la hora de medir los efectos de la gentrificación. En esta divergencia subyace un debate ideológico. La existencia de alternativas o límites a la gentrificación no se ha traducido en políticas concretas en ciudades como Madrid. La derecha y las promotoras siguen teniendo la sartén por el mango.

Niños en Vallecas
Niños paseando por el barrio de Vallecas, Madrid David F. Sabadell
24 ago 2019 06:04

El pasado 19 de julio Juan Ramón Rallo publicaba en El Confidencial un artículo bajo el titular “Viva la gentrificación” en el que desgranaba las bondades del fenómeno gentrificador usando como justificación de sus tesis el reciente estudio “Los efectos de la gentrificación en el bienestar y la oportunidad de los residentes originales adultos y niños”.

En esencia, Rallo aseguraba que la gentrificación es un proceso bueno para los barrios ya que supone la recuperación de zonas deprimidas y la llegada a las mismas de individuos de mayor nivel educativo y adquisitivo. Afirmaba además que el número de población original desplazada tras el proceso de transformación es mucho menor que el que la izquierda —y sus, según él, atávicos prejuicios— quiere hacer ver a la opinión pública. Como era previsible, la columna tuvo considerable eco entre quienes enarbolan la bandera del neoliberalismo económico aplicado a los entornos urbanos —Begoña Villacís de Ciudadanos la retuiteó por ejemplo—.

El artículo, basado en el estudio realizado por el Federal Reserve Bank of Philadelphia, sostiene que el porcentaje de población original que se ve obligada a desplazarse del barrio gentrificado apenas llega al 3% y que, por regla general, la población total de estas áreas urbanas aumenta, aunando a la gran mayoría de pobladores anteriores al proceso de cambio y a esos nuevos habitantes de extracción educativa y financiera más alta que llegan con él. Serían estos últimos quienes hacen disminuir el nivel de pobreza de estos barrios, que su población infantil tenga más posibilidades de ingresar en la universidad, que los precios de los inmuebles aumenten con todos los beneficios que ello supone para sus dueños, etc.

Sin embargo, existen ciertos elementos a tener en cuenta cuando se trata de medir los efectos de los procesos de gentrificación. Es difícil justificar la extrapolación de las conclusiones del informe cuando las mismas se basan en un objeto de estudio muy concreto: los suburbios gentrificados de Estados Unidos.

Álvaro Ardura, arquitecto urbanista y profesor en la Universidad Politécnica de Madrid, no cree que los casos europeos y estadounidenses sean comparables. “Hay una gran diversidad contextual que hace que los procesos de gentrificación sean distintos en cada caso. En primer lugar, por la historia: en las ciudades continentales europeas las clases medias nunca han abandonado los centros urbanos de una manera tan fuerte como en Estados Unidos (con un fuerte componente racial) o en Inglaterra (en este caso por presión de la industria), así que las condiciones de partida son distintas”, explica.

O sea, la estructura e idiosincrasia propia de los barrios no hace posible calibrar de la misma manera los procesos de gentrificación en Estados Unidos y Europa. Un ejemplo cercano: a diferencia de los suburbios estadounidenses, barrios madrileños como Lavapiés o Tetuán no están capacitados para absorber grandes promociones urbanísticas —el caso de las torres Skyline en Tetuán es una excepción a la regla— ya que no hay suelo suficiente para acogerlas. En estas condiciones no es posible complementar a los habitantes nuevos y a los originales ya que si unos entran otros tienen que salir. La única manera de mantener a la población original sería a través de la oferta de vivienda social y la regulación de los precios de alquiler.

Otro elemento diferenciador es el del régimen de tenencia de la vivienda, es decir, si eres propietario o inquilino. “El estudio alude a los posibles beneficios para los vecinos que logren mantenerse en el barrio por el aumento de precio de su vivienda. Ese beneficio no existe para los inquilinos de viviendas en alquiler”, matiza Ardura.

Análisis cuantitivo vs cualitativo

La forma de ponderar y analizar los efectos de la gentrificación enfrenta dos posiciones: los que defienden el análisis cuantitativo como único método adecuado para identificar dichos efectos y los que acusan a los primeros de ignorar la dimensión cualitativa. El estudio del Federal Reserve Bank of Philadelphia es un ejemplo de análisis puramente cuantitativo. Para Álvaro Ardura es difícil captar cuantitativamente los problemas de la población original de un barrio ya que “no suele haber datos homogéneos longitudinales (a lo largo del tiempo), con diversidad de datos (formación, nivel de renta, etc) y suficientemente desagregados”. “Muchas veces solo se puede constatar el cambio a posteriori, no cuando el proceso está en marcha”, añade.

Por ejemplo, el aludido estudio solo tiene en cuenta el desplazamiento directo. “Marcuse ya habla desde los ochenta de otros tipos de desplazamiento: el indirecto, que impide la llegada de nuevos vecinos de clases bajas, y la presión de desplazamiento que sufren los vecinos originales que permanecen al dificultarse su vida por cambios en la estructura comercial, aumento de precios de productos básicos o desaparición de las redes sociales”, señala.

Especialmente hiperbólicas son las medidas que el consistorio de Almeida aplicará en Lavapiés, Puente de Vallecas o Bellas Vistas (Tetuán), donde se instalarán cámaras de vigilancia

Precisamente el reciente artículo de Loretta Lees (entre otros autores) “Medición y mapeo del desplazamiento: el problema de la cuantificación en la batalla contra la gentrificación” pone el foco en cómo las diferentes investigaciones cuantitativas analizadas han fallado a la hora de mostrar estimaciones significativas del número de individuos desplazados por la gentrificación y, en general, en la dificultad de medir solo cuantitativamente sus consecuencias. También hay ya investigaciones que buscan dar a lo cualitativo un papel central en el análisis. El estudio “Gentrificación y salud en dos ciudades globales: una llamada para identificar los impactos para los residentes socialmente vulnerables” investiga cómo se ve afectada la salud y el bienestar de residentes de larga duración por los procesos de gentrificación en Boston y Barcelona a través de datos cualitativos.

Políticas contra el desplazamiento

Por más que los agentes neoliberales reivindiquen la gentrificación como la panacea que transforma áreas urbanas deprimidas en nuevas Arcadias, es evidente que el fenómeno del desplazamiento —directo o indirecto— es una realidad palpable que afecta sobre todo a las rentas más bajas. Los ayuntamientos, empero, tienen la posibilidad de llevar a cabo políticas que al menos limiten ese desplazamiento, a través de la promoción del valor de uso de la vivienda frente al valor financiero por ejemplo, lo que es para muchos una utopía.

“Habría que generar un parque de vivienda social y blindarlo de posibles privatizaciones como las que hemos vivido en España”, afirma Ardura. Una alternativa complementaria sería la de promocionar alquileres fuera de mercado (más baratos) y limitar los precios como ya se está haciendo por ejemplo Portugal. Ardura amplía el abanico de posibilidades: “Habría que estimular otros tipos de regímenes de vivienda, mejorar la protección de los inquilinos, aumentar la duración de los contratos de alquiler o gravar fiscalmente las transmisiones especulativas de vivienda”.

Seguridad, terreno vedado para la izquierda

Estas políticas suponen poco menos que una ofensa ideológica para la derecha neoliberal, por lo que se antoja difícil que puedan realizarse en ciudades como Madrid donde las nuevas autoridades han retomado la campaña de difamación contra barrios que interesa que sean percibidos como conflictivos. Ciertos medios y parte de la opinión pública han hecho suyo el relato.

Especialmente hiperbólicas son las medidas que el consistorio de Almeida aplicará en Lavapiés, Puente de Vallecas o Bellas Vistas (Tetuán), donde se instalarán cámaras de vigilancia y se van a destinar grupos de antidisturbios municipales bajo la eufemística denominación de Unidades de Apoyo a la Seguridad (UAS). Cabe destacar que, aunque la implantación de cámaras se va a realizar en esta legislatura, las medidas se aprobaron durante el mandato de Manuela Carmena —en Puente de Vallecas con los votos a favor de todos los partidos y en el caso de Tetuán con la única oposición de Ahora Madrid— y que también se planteó la presencia de UAS durante el mismo.

Gonzalo Gárate Prieto, exasesor del gabinete del área de salud, seguridad y emergencias del Ayuntamiento de Madrid, no cree que estas medidas vayan a redundar en una disminución de la criminalidad en esas zonas. “Los indicadores de delincuencia no eran elementos en principio diferenciales. Creo que ha sido más el ruido mediático generado alrededor de estos barrios lo que ha propiciado la implantación de las cámaras. Viendo los datos del distrito Centro, observamos que la delincuencia no disminuye sino que se desplaza a otras zonas sin cámaras o con menor presencia policial. La delincuencia, como la energía, ni se crea ni se destruye, solo se transforma”, señala. “Las cámaras vienen a generar una sensación mayor de seguridad subjetiva que facilita el paso a los procesos de gentrificación, como ha ocurrido en Malasaña o Lavapiés”, concluye.

Gárate Prieto se muestra pesimista: “La reflexión sobre la seguridad que se ha realizado desde las izquierdas ha sido históricamente muy deficiente”

Montserrat Galcerán, exconcejala de Ahora Madrid en Tetuán (aunque fue en la lista de Madrid en Pie en las últimas elecciones), habla del caso de Bellas Vistas: “La instalación de cámaras no ayuda en demasía y puede provocar otros problemas. Nuestro convencimiento y el de muchos vecinos es que éste es un problema de convivencia más que de seguridad”. Además, Ciudadanos viene utilizando la supuesta inseguridad del barrio como arma arrojadiza en la Junta de distrito y Ahora Madrid no introdujo un cambio sustancial en términos urbanísticos. “La política urbanística ha sido manzana de la discordia en el grupo municipal. Todos firmamos un pacto contra la especulación urbanística que no se ha respetado. La amenaza de que las promotoras nos llevarían a juicio ha sido constante, pero aún así mi opinión es que se admitió con demasiada ligereza que no podía hacerse más”, lamenta Galcerán.

Gárate Prieto se muestra pesimista: “La reflexión sobre la seguridad que se ha realizado desde las izquierdas ha sido históricamente muy deficiente, lo que ha permitido que ese campo quede como terreno exclusivo para la derecha”.

De este modo, con la derecha detentando la hegemonía del relato de la seguridad y con la permanencia del poder coercitivo de las grandes promotoras urbanísticas, el futuro en los centros de las grandes ciudades no parece halagüeño. Así y todo, es lícito enumerar las alternativas existentes a un modelo de ciudad que, además de ignorar a un porcentaje alto de población, amenaza con extenderse como un virus respondiendo a la inclemente lógica del mercado.

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1 Comentario
Tunigu 10:51 24/8/2019

https://www.elsaltodiario.com/vivienda/zona-cero-gentrificacion-valencia
Aquí un estudio con testimonios"cualitativos".
Resulta evidente que"el interés de la rentabilidad" se ha convertido en un principio moral social de primer orden. El condicionamiento mediático en la codicia y la "guerra de todos contra todos" al que conduce el liberalismo desde Locke hasta nuestros días con sus diferentes modalidades, nos conduce a la barbarie, la soledad, el aislamiento y al miedo, mucho miedo.
Sólo la unidad de acción en aras a la protección recíproca -democracia- nos puede guiar hacia una experiencia vital que merezca ser vivida.

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