Centros de Internamiento de Extranjeros
Zapadores: prisión para inocentes

“Soy vendedor ambulante. Un día la policía se acercó a mí y me pidió los papeles. Como no los tenía, acabé encerrado dos meses en el CIE”. Así relata Abdul (nombre ficticio) su entrada el pasado mes de septiembre en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la valenciana calle Zapadores. La historia de este inmigrante senegalés es muy similar a la de tantos otros que acaban en uno de estos centros: el punto final de un camino lleno de dificultades que emprenden aquellos que tan solo desean, como denuncia Abdul, “poder buscarse la vida”.

El CIE de Zapadores está a tan solo veinte minutos andando del centro de Valencia, y aun así su existencia es prácticamente desconocida para la mayoría del vecindario del barrio de La Plata. El recinto se sitúa en el complejo policial de Zapadores, frente a la Avenida Dr. Waksman. Por fuera está rodeado de altos muros de hormigón con concertinas y cámaras de vigilancia en la parte superior. Desde la calle da la sensación de ser un complejo militar o una cárcel. De hecho, quien conoce la realidad de los CIEs sí ve en ellos una privación de libertades. Según Cristina Martínez, portavoz de la campaña CIEs NO, cuando una persona entra en estos centros ve interrumpida, por varios meses, la vida que había planificado: “Puede que tuviera algún domicilio o algún trabajo —aunque fuera sin contrato—, pero lo has sacado de esa integración para hacerle volver a empezar de cero”.

La campaña CIEs NO y varias organizaciones como la Asociación Pueblos Unidos o las propias personas internas han denunciado las malas condiciones sanitarias y de gestión del Centro de Internamiento de Zapadores. Según subraya Cristina Martínez, “ningún derecho más allá de la libertad de movimiento debería ser vulnerado, pero la realidad es que en los CIE ni se respetan los derechos humanos ni se respeta el propio reglamento del centro”. Según los colectivos denunciantes, a la incertidumbre de tener que pasar 60 días encerrado a la espera de una posible expulsión se añaden las malas condiciones de habitabilidad en Zapadores.

Abdul recuerda de su estancia en el CIE que las instalaciones “no están en buenas condiciones” y denuncia también la falta de agua caliente en invierno, los continuos cacheos por parte de la policía del centro e incluso haber tenido que hacer sus necesidades en una botella durante la noche por la falta de asistencia de la policía para ir al baño. Desde la campaña CIEs NO lamentan la arbitrariedad del centro: “Hoy estamos denunciando que pasa una cosa, mañana deja de pasar, y tiempo después vuelve a ocurrir”.

Precisamente sobre las condiciones del centro, Miguel Ángel García, secretario de organización del Sindicato Unificado de Policía (SUP) en Zapadores, relata que “los internos que han estado en prisión antes de llegar al CIE decían que en la cárcel estaban mejor”, subraya, “las prisiones tienen ciertas actividades totalmente inexistentes e irrealizables en los CIEs, y las condiciones de seguridad e higiene son mucho más aceptables en una prisión que aquí”.El centro de Zapadores, además, acumula un historial de malas condiciones de salubridad y abusos desde su creación en el año 2005. En 2016 el CIE tuvo que cerrar temporalmente para tareas de desinfección debido a una plaga de chinches. Un año más tarde, 39 internos del centro denunciaron vulneraciones de derechos humanos en el Juzgado número 3 de Valencia —encargado del centro— por “respuestas violentas de la policía”. Para Jaume Durà, coordinador del Centro de Ayuda al Refugiado (CEAR) en el País Valencià, tras el reglamento de 2014 —que obliga a los centros a instalar cámaras de seguridad— la situación ha cambiado, aunque defiende que “no es ninguna novedad que haya golpes en los CIE”.

Vulneraciones de derechos

Hay tres vías de entrada al CIE; personas interceptadas en la frontera o en la costa, personas detenidas transitando por la calle o individuos que son trasladados al centro tras cumplir una condena. En Zapadores no hay una distinción entre estos tres casos y es muy común que se mezclen personas que han cometido una mera falta administrativa con internos con antecedentes peligrosos, lo que provoca una criminalización de la inmigración y conflicto con el resto de las personas que conviven en el centro.

Abdul, que ha acabado varias veces en el CIE por no tener la documentación en regla, denuncia malos tratos psicológicos por parte de algunos policías: “Siempre nos tratan mal, nos gritan ´hijo de puta´ para asustar a nuestra gente, aunque también hay policías buenos”. Desde la campaña CIEs NO, que se encarga de recoger las denuncias de los internos del centro y proporcionarles asistencia, también denuncian estos malos tratos psicológicos. Las agresiones verbales y racistas y el trato criminalizador son muy habituales: “Que no se nos olvide que las personas que están dentro de un CIE no han cometido ningún delito y se les trata como delincuentes”, denuncia Cristina Martínez. Desde el SUP niegan estas afirmaciones.

Más allá del trato, la situación de los internos en el CIE también está marcada, en muchos casos, por el desconocimiento. “Muchos internos ni siquiera entienden por qué están encerrados”, denuncia Fermín Gimeno. Esta situación se agrava ante la falta de un intérprete fijo en el centro. Thimbo Shamb, miembro de la campaña CIEs NO, afirma que “la mayoría de los internos que ingresan creen que es un centro de acogida porque no les dan suficiente información”.

La figura de los CIE continúa siendo a día de hoy una institución muy opaca, en la cual es muy difícil conocer con certeza lo que sucede dentro. Una situación muy común, según lamentan desde CIEs NO, es la expulsión de internos que denuncian las condiciones del centro o abusos de los agentes. “Cuando un interno ha denunciado, a la semana siguiente se ha expulsado tanto a la persona que denuncia como a las personas que eran testigos, lo que provoca que el procedimiento se acabe por falta de testigos y del denunciante”, cuenta el portavoz de la campaña, quien añade que esto ha derivado en que se hayan archivado muchos casos.

El internamiento de menores en el centro es otra de las situaciones que se repite con frecuencia. A finales del mes de diciembre, cuatro menores fueron internados en el centro sin haber realizado las pruebas médicas necesarias. Después de 17 días encerrados, la fiscalía pudo determinar su edad y fueron liberados. “Ante la sospecha de que una persona es menor, no se le podría aplicar la Ley de Extranjería hasta que no se demuestre lo contrario”, argumenta Cristina Martínez. “Sin embargo, nos encontramos con lo contrario: se les interna y luego lo que se hace, como mucho, es una prueba, una radiografía, que tiene un margen de error bastante amplio”, denuncia la portavoz.

Gestión precaria

La otra cara de la moneda es la difícil gestión del Centro de Internamiento que debe llevar a cabo la Policía Nacional encargada del complejo. “Nosotros tenemos en el tintero un plan de rehabilitación de este complejo policial, pero la gran parte del presupuesto de restauración se está yendo en el mantenimiento del CIE”, explica Fermín Gimeno, portavoz del SUP en la Comunitat Valenciana, “ahora tenemos redes en todas las fachadas, el otro día se desprendió el techo de un despacho... En general, las condiciones del complejo son muy malas”, denuncia.

Clínica Madrid es la empresa encargada de la sanidad del centro, donde actualmente trabaja un médico en horario de mañanas y una enfermera por las tardes. Durante la noche no hay personal de sanidad. Zapadores tampoco cuenta con ningún personal de psiquiatría, lo cual configura una de las demandas de la plataforma CIEs NO: “Hay muchas personas que vienen de sufrir situaciones muy extremas; además, el hecho de estar encerrado en un sitio así, criminalizado, implica realidades que requieren de un seguimiento psicológico”. Fermín Gimeno también denuncia la inexistencia de una inspección sanitaria periódica, “máxime cuando estamos recibiendo a personas que han llegado en condiciones infrahumanas y pueden tener algunas enfermedades”.

Las funciones de mantenimiento del centro también son ejercidas por un equipo de la Policía Nacional. “Para hacerse una idea de las funciones que realiza la Policía Nacional en el CIE: estamos lavando hasta la ropa de los internos, cuando lo normal sería que hubiera una ONG o empresa privada que se llevara esa ropa y la trajera limpia”, apunta Gimeno. Además de esto, los policías que se encargan de los internos no reciben ningún tipo de formación específica. Miguel Ángel García, secretario de organización del SUP, denuncia que se les está obligando a realizar un trabajo que no es el suyo: “Se nos podría exigir que cubriéramos la seguridad perimetral del CIE, pero no la asistencia interna a los presos. Consideramos que a la Policía Nacional habría que sacarla de ahí”.

Del reformismo a la abolición

Los CIE, según detalla la propia Ley de Extranjería, “son una medida preventiva y cautelar orientada a la ejecución de la medida de expulsión, devolución y regreso”. Sin embargo, organizaciones humanitarias como el Servicio Jesuita de Migraciones (SJM) hablan de ellos como lugares que suponen un "sufrimiento inútil”, argumentando que más de la mitad de personas internadas son devueltas a sus países y otro tanto habían sido internadas irregularmente. En esta línea, tanto el SJM como la campaña CIEs NO, claman por una política migratoria distinta: “Creemos que la Ley de Extranjería necesita una reforma integral. No es una cuestión de pensar de qué otra forma podemos expulsar a la gente, sino de pensar de qué otra forma podemos gestionar la inmigración de una forma respetuosa con los derechos humanos”, afirma Cristina Martínez.

Aunque la legislación española hace hincapié en denominar a los CIE como “espacios de internamiento”, desde el Observatorio del sistema penal ante la inmigración (OCSPI) defienden que su realidad se acerca más a la de una cárcel, debido al número de derechos fundamentales afectados. Desde esta organización defienden su desaparición “por la desproporción entre las consecuencias familiares, físicas y psíquicas que tiene el encierro en condiciones de vulneración de los derechos humanos y la levedad de una infracción administrativa por la que en su mayoría son encerrados”. En esta línea, Cristina Martínez apunta que “ahora hay muchos políticos que dicen querer hacer que en los CIE que respeten los derechos humanos. Nosotros decimos que un CIE no puede respetar los derechos humanos porque su propia existencia los vulnera”. La portavoz de CIEs NO argumenta que, si estos espacios existen, es porque no se considera iguales a las personas que están ahí dentro: “Y, si no se consideran iguales a estas personas, dudo mucho que se vaya a luchar por el respeto de sus derechos”, concluye.