CIE de Aluche
El “absurdo” encierro de migrantes subsaharianos en el CIE de Aluche

Solo el 7% de las personas de origen subsahariano encerradas en el Centro de internamiento de extranjeros (CIE) de Aluche durante 2018 habrían sido expulsadas. Así lo revela el informe 2018 “Subsaharianos en el CIE de Aluche. Encerrados tras un muro de vergüenzas”, difundido hoy por la organización Karibu, amigos del pueblo africano.
“El 93% de las personas de origen subsahariano que hemos visitado quedaron en libertad”, afirman desde la organización. A su entender, esto “confirma el absurdo del internamiento para personas de este origen. Es una privación de libertad injusta, ya que no está dirigida a facilitar la expulsión”.

Durante 2018 fueron internadas en Aluche un total de 345 personas procedentes de países del África subsahariana. De ellas 113 —un 33%— fueron visitadas por el equipo de voluntarias de la organización, encargado de hacer un seguimiento a su encierro en este centro hasta su expulsión o liberación.
“La gran mayoría (105) quedaron finalmente en libertad. De las ocho personas restantes, siete fueron expulsadas a sus países de origen y no tenemos constancia de lo que pasó con la última”, describen.
Este es el sexto informe consecutivo que realiza la organización, lo que permite hacer un seguimiento de las diferentes prácticas administrativas y policiales aplicadas en el último lustro, pautas que en muchos casos se reproducen año a año sin que parezca haber una evolución, pese a las denuncias presentadas y los sucesivos autos dictados por los juzgados en funciones de vigilancia de los CIE.
Respecto al año anterior, en 2018 casi mil personas menos fueron privadas de libertad en alguno de los siete CIE que aún funcionan en el Estado español. En el caso del de Aluche la cifra disminuyó exactamente en 148 personas.

“Un año más se repiten las mismas pautas: el internamiento mayoritario de personas recién llegadas a las costas españolas (61%), una duración del encierro superior a la media (41 días) y un nivel elevadísimo de personas liberadas (93%). Seguimos constatando la inutilidad de la medida de internamiento para las personas de origen subsahariano”, sentencia la directora de la organización, Nicole Ndongala.

“¿No se les podría haber evitado este sufrimiento, angustia, y las múltiples irregularidades y vulneraciones que sufren esos migrantes, sabiendo con antelación y seguridad que no iba a ser posible devolverlos a sus países de origen por el tipo de protocolo existente?”, se preguntan desde la ONG.

El informe desvela también la abrupta disminución de población subsahariana dentro del CIE madrileño. En 2017, 908 de las 2109 personas internadas eran de origen subsahariano, es decir el 41% de la representación total. En 2018 la cifra disminuyó hasta 345 personas (17,5%).

Estas cifras coinciden con una tendencia cada más acusada en la política de internamiento de migrantes llevada a cabo por el Estado español. Como denunciara semanas atrás el Servicio Jesuita a Inmigrantes, en 2018 dos de cada tres personas que ingresaron en los CIE procedían de Marruecos o Argelia, nacionalidades que permiten una expulsión más rápida. En contrapartida, lo que no ha disminuido es el tiempo del internamiento de la población subsahariana, ostensiblemente mayor que en el resto. Si el promedio para el común de la población en el CIE ronda los 25 días de encierro, en este caso asciende a 41 jornadas, una medición alta si se tiene en cuenta que el máximo legal establecido es de 60. Incluso “el 35% de los visitados sufrieron un encierro superior a 55 días”, detallan.

Un cambio en las políticas

Según explican desde Karibu, en 2015 “se inició una tendencia en la que el porcentaje de personas ingresadas con expulsión administrativa iba decreciendo a la vez que se incrementaba el de aquellas con expediente de devolución”, es decir, que recién habían ingresado al Estado español.

“De hecho, los datos de 2017 llevaron al Defensor del Pueblo a declarar, en su comparecencia ante las Cortes Generales el 15 de febrero de 2018, que ‘los CIE se están utilizando, de forma incorrecta, como recursos de acogida para personas recién llegadas’”, recuerdan. En Aluche, el 87% de la población subsahariana respondía a ese perfil.

Durante los primeros meses de 2018 el trabajo de campo realizado confirmaba esa tendencia de ingresos mayoritarios de personas llegadas por frontera sur: “Casi en la misma proporción, tres de cada cuatro personas visitadas durante el primer semestre portaban orden de devolución”, detallan.
Pero el perfil cambió en forma radical desde mediados de 2018. “A partir del mes de julio las ONG observamos con bastante sorpresa que no ingresaba ningún subsahariano recién llegado en patera a nuestro país. Es decir, durante el segundo semestre del año 2018 no ingresó en Aluche ningún subsahariano con expediente de devolución por haber entrado en España en forma irregular (personas recién llegadas a la costa andaluza, en su mayoría)”.

Fue el 26 de diciembre cuando ésta tendencia volvió a romperse con el traslado a Aluche de quince personas recién llegadas a Almería en una patera en la que viajaban setenta inmigrantes. “Solo fueron liberados tras cumplir el tiempo máximo de estancia, sesenta días”, lamentan desde la organización.
La nueva situación, en consecuencia, cambió también otros aspectos que tienen que ver con el internamiento. Ahora, como antes de 2015, las personas migrantes son detenidos en su mayoría en los espacios públicos: calles, parques, estaciones de bus o metro.

“Tantos los datos como las declaraciones de las personas de origen subsahariano confirman una detestable práctica que la policía insiste en utilizar: la detención de personas en base a las características étnicas, como el color de piel o los rasgos físicos, sin que exista un criterio objetivo relacionado con la sospecha de la comisión de un delito”, denuncian desde Karibu. Un tipo de procedimiento al que el Grupo de trabajo de expertos sobre africanos de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha solicitado “poner fin”.

Otra consecuencia “grave” de las nuevas medidas es que se interna a personas con un extenso arraigo social. “Tienen un largo recorrido entre nosotros, en torno a los 12,5 años de estancia media”, cuestionan las investigadoras, con una fuerte representación de personas procedentes de Nigeria y de Senegal.

Las viejas prácticas de siempre

El informe vuelve a poner el acento sobre actuaciones policiales duramente cuestionadas. “Hemos detectado frecuentes situaciones específicas de vulnerabilidad: menores, enfermos crónicos físicos y mentales, posibles víctimas de trata, potenciales solicitantes de asilo. Y ello a pesar de que, para proceder al internamiento de un extranjero, previamente es necesaria la solicitud de la policía, la intervención del abogado, el visto bueno del fiscal y la autorización del juez”, reprochan desde la organización.

Las deficiencias en la asistencia médica, los fallos en el procedimiento de solicitud de protección internacional dentro del CIE, la inexistencia de una acreditación de inexpulsabilidad para que aquellas personas que son liberadas por ser imposible su expulsión, “los repetidos episodios de tratos vejatorios y agresiones” tanto en el Centro como en los trasladados al aeropuerto, limitaciones al derecho de visitas y al ejercicio de su trabajo a las organizaciones sociales, son solo algunas irregularidades señaladas.

La denuncia de estas situaciones han elevado alguna de las actuaciones policiales a la consideración de “delito de tortura”, como las ha calificado recientemente el Juzgado de Instrucción número 19 en funciones de control del CIE, a cargo de la jueza Inmaculada Iglesias Sánchez.

“Es lamentable confirmar que la situación no ha mejorado; más bien al contrario, somos testigos de que ha empeorado a lo largo de los últimos meses al amparo de las decisiones tomadas por la dirección del centro, guiadas por una ciega obsesión de endurecer las medidas de seguridad por encima de los derechos de los internos, de los empleados que trabajan dentro del CIE y de los voluntarios de las ONG”, concluyen desde Karibu.

En tal sentido, solicitan “la retirada del servicio activo de los agentes implicados en los hechos calificados por el Juzgado de Control número 19 como posible delito de tortura en tanto dure la instrucción de los expedientes” y “el cese del director del centro como último responsable”.