Ciberseguridad
Las empresas de espionaje israelíes siguen trabajando para el Estado español, pese al anuncio de “desconexión”

Los agujeros del decreto de embargo a Israel lanzado por el Gobierno en septiembre y convalidado por el Congreso el pasado 8 de octubre han quedado una vez más a la vista tras la publicación este 3 de noviembre de una investigación del medio catalán Directa sobre el uso de tecnología espía Made in Israel en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

Según este trabajo, publicado en la revista #594, la empresa Excem, que realiza donaciones al Likud, el partido de Benjamin Netanyahu, es la adjudicataria del sistema de intercepción de las comunicaciones de la policía catalana. Mientras, el software Reliant, desarrollado por exmilitares en Tel Aviv, es “la columna vertebral del espionaje de la Guardia Civil”. Según esta investigación, firmada por el periodista Jesús Rodríguez, la tecnología de vigilancia es “uno de los ámbitos por los que el Gobierno español ha pasado de puntillas en el decreto ley de bloqueo a la industria de armamento de Israel”.

A raíz de la publicación de este trabajo, la Coalición Prou Complicitat amb Israel, la Rescop y la campaña  Fin al Comercio de Armas con Israel han denunciado públicamente la “infiltración del aparato militar y espionaje israelí” en los sistemas de vigilancia y comunicaciones del Estado español y de la Generalitat catalana. Estas empresas israelíes y su tecnología, según señala la Directa, siguen estando detrás de los sistemas de vigilancia e interceptación de los Mossos d’Esquadra, la Guardia Civil y otros cuerpos policiales.

Estas tres organizaciones critican que las autoridades mantengan, e incluso renueven, contratos con estas empresas israelíes mientras se lleva a cabo un genocidio denunciado por el propio Gobierno. Desde el Ejecutivo aducen que estas empresas son las únicas que pueden “ejecutar el objeto del contrato”. Sin embargo, estos grupos apuntan que estas tecnologías “han sido desarrolladas y probadas durante décadas contra el pueblo palestino”. Algunas de estas empresas fabricantes lo publicitan, recuerdan, con la etiqueta de “probados en combate”, presentándolo como un valor añadido en su oferta comercial.

La adjudicación, el 28 de octubre, por parte de Hacienda de un contrato de medio millón de euros a la israelí Excem para tareas de mantenimiento y monitorización de comunicaciones desmiente las afirmaciones del Gobierno

La penúltima adjudicación se produjo en agosto 2024, en el punto álgido del genocidio, por parte de la Dirección General de los Mossos d’Esquadra. El beneficiario fue Excem Grupo 1971 S.A. por un importe de más de cinco millones de euros (2024–2028) para la implementación de un Servicio Integrado de Intercepción y Monitorización de las Comunicaciones (SILTEC). 

Esta empresa, vinculada con el sector de la defensa israelí, instalará y supervisará un software capaz de interceptar, copiar y desencriptar cualquier comunicación móvil. “Esto no es un contrato más”, señalan desde estas organizaciones de solidaridad con el pueblo palestino, “es una muestra de una colaboración estructural entre el Gobierno de Cataluña y la industria tecnológica del genocidio israelí”.

La utilización de este software de los Mossos vulnera la moratoria de herramientas de cibervigilancia  “hasta que haya garantías en materia de derechos humanos” decretada por el Gobierno de la Generalitat en 2023. La medida fue adoptada por el ejecutivo de Pere Aragonés después de que saltara el escándalo de Pegasus, software de la empresa israelí NSO Group utilizado para espiar los móviles de decenas de altos cargos políticos, y el catalangate, caso de espionaje realizado sobre todo a través del programa Pegasus a personas vinculadas al independentismo y a cuatro presidentes de la Generalitat. 

Y el uso de los servicios de empresa israelíes de ciberseguridad no es solo cosa de la Generalitat. El 28 de octubre, tal como denunció la Campaña Fin al Comercio de Armas, el Ministerio de Hacienda firmó un nuevo contrato con Excem Grupo 1971 por valor de casi medio millón de euros para un trabajo de “soporte y mantenimiento del Sistema de Interceptación y Monitorización de las Comunicaciones (SIMON) y el Departamento de Aduanas e IIEE”. 

Tal como revela la Directa, el programa de Excem que ha instalado la policía catalana incluye una actualización del sistema Reliant, el mismo que usó la Guardia Civil y la policía española para espiar a los líderes independentistas después del 1 de octubre de 2017, y que es el que “sigue usando el Ministerio del Interior del Gobierno”.

La continuidad de la empresa israelí NSO Group y su tecnología Pegasus sigue siendo una incógnita. El 17 de octubre, el Tribunal Supremo denegó la desclasificación de los documentos que podrían acreditar la implicación directa del CNI y empresas israelíes en el escándalo de espionaje amparada en la ley de secretos oficiales. Según la Sala Tercera del Supremo, las consecuencias de hacerlo “se proyectarían no solo sobre la reducción de la eficacia” del servicio de inteligencia, sino también sobre “la creación de zonas de riesgo que sitúan al Estado y a sus ciudadanos en una situación de innegable vulnerabilidad”.

Aunque Estados Unidos prohibió el software Pegasus, recientemente la compañía israelí que lo propulsó ha sido adquirida por capitales estadounidenses. El pasado septiembre, el Ministerio de Defensa español aseguró que el CNI ya no utiliza Pegasus y que en julio culminó su plan de “desconexión” para “independizarse de toda tecnología israelí”. Sin embargo, el último contrato con Excem, así como otros que se mantienen vigentes, parece desmentir esta información.

“A pesar de las denuncias públicas y de la aprobación de medidas parciales de control a la exportación e importación de material militar israelí en el Real Decreto Ley, estas relaciones se han mantenido y ampliado durante las últimas legislaturas, tanto a nivel estatal como catalán”, denuncian estas tres organizaciones, quienes demandan la “rescisión inmediata” y la “desclasificación de información que permita una transparencia total sobre los acuerdos y contratos con las empresas Excem, NSO Group, Verint, Cognyte y otras corporaciones”.