Chile
La izquierda chilena frente a sí misma

El Frente Amplio se encuentra en pleno proceso de implosión solo unos meses antes de la decisiva votación sobre la asamblea constituyente que debe poner fin al experimento del neoliberalismo que perdura desde el golpe de Pinochet.

Reclamas Chile
'Reclamas' dos manifestantes en Chile. Foto: Adonis Ignacio Mora Caro
Santiago de Chile

publicado
2019-12-30 06:09

El terremoto político y social que vive Chile desde el pasado 18 de octubre ha sacudido a una clase política más desprestigiada y desacreditada que nunca. A dos meses del comienzo de las protestas, los efectos de estas se han hecho sentir a lo largo de todo el arco parlamentario, y la izquierda chilena no ha sido inmune a ello.

El Frente Amplio (FA), una coalición formada en 2017 que abarca a distintas fuerzas políticas ubicadas a la izquierda de la Nueva Mayoría (el centroizquierda), se encuentra en el momento político más tenso desde su nacimiento. Fuertemente criticado por sus bases y cuestionado por algunas de sus últimas decisiones políticas, el que parecía estar llamado a capitalizar el descontento social, se halla al borde de la implosión.

Las fricciones generadas a raíz de la firma del Acuerdo por la Nueva Constitución por algunos sectores del FA, han provocado la salida de la coalición de partidos y dirigentes de la talla de Jorge Sharp, alcalde de Valparaíso. El edil, que puso fin a su militancia en Convergencia Social el pasado 15 de noviembre, señalaba en la carta de renuncia que firmó junto a otros 72 militantes de la formación, que Convergencia “ya no constituía el espacio que permite impulsar de forma adecuada la política de transformaciones democráticas que requiere el momento actual” y que a partir de ahora “aportaría de manera independiente y autónoma a la construcción de un proyecto de izquierda del siglo XXI desde los distintos lugares donde correspondiera actuar”.

La de Sharp no es la única fuga que ha sufrido el FA en las últimas semanas, y a la salida del Movimiento Democrático Popular (MDP) y el Partido Ecologista Verde, se unió el pasado 12 de diciembre la del Partido Humanista, formación que cuenta con tres de los veinte escaños de la coalición en el Parlamento. Una estampida provocada, por la firma de un acuerdo, “contrario en esencia a las demandas de los manifestantes” para unos, y necesario, aunque insuficiente para otros.

El Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución anunciado la madrugada del 15 de noviembre abrió un cisma importante dentro de la coalición entre firmantes y no firmantes. De un lado, Revolución Democrática (RD), Comunes y el Partido Liberal se sumaron a la propuesta, sin coincidir en todos los puntos que recogía el Acuerdo, pero argumentando que suscribirlo suponía un avance y permitía seguir remando en la dirección correcta. Del otro, Convergencia Social, con la excepción de Gabriel Boric que lo suscribió a título individual, el Partido Humanista y el Partido Ecologista Verde, se bajaron de las negociaciones de un acuerdo que consideran, hecho a espaldas de la población y que deja todo bien amarrado para el oficialismo, al mantener algunos de los cerrojos de la constitución de 1980 como el quórum de dos tercios, que permitiría a la derecha bloquear cualquier mínima posibilidad de cambio.

“Algunos en el Frente Amplio quieren ser la nueva Concertación” declaraba el diputado y presidente del Partido Ecologista Verde, Félix González

Al margen de la cuestión de los quórum, o la ausencia en el Acuerdo presentado en noviembre de cuotas que garanticen la paridad entre hombres y mujeres y la representación de los pueblos originarios, una parte importante de este descontento provino de la puesta en escena del acuerdo. En un momento de impugnación a la clase política en su conjunto, la foto junto al oficialismo y la antigua Concertación, no gustó ni entre los manifestantes ni dentro de la coalición, ya que colocó al FA como uno más dentro del cártel político chileno.

“Algunos en el Frente Amplio quieren ser la nueva Concertación” declaraba el diputado y presidente del Partido Ecologista Verde, Félix González al explicar las causas que llevaban al partido a abandonar la coalición. Una frase que si bien puede sonar exagerada, muestra a la perfección el descontento de algunos sectores que ven en la política seguida por el Frente en el parlamento los últimos meses una traición a los intereses de los manifestantes.

De fuerza impugnadora a impugnada, lo que ha ocurrido en palabras del académico de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile Ernesto Águila, es que “la ciudadanía no diferencia de manera muy significativa en su rechazo a los partidos políticos tradicionales y al Frente Amplio”.

La Ley “Antisaqueos”

La sucesión de acontecimientos no le ha puesto fáciles las cosas al Frente Amplio, cuyas contradicciones internas se han agudizado hasta hacerse insostenibles desde que estallara la contingencia. Tras las críticas recibidas por la firma del acuerdo, la distancia entre la coalición y una parte importante de los manifestantes ha aumentado aún más tras su voto favorable en el Congreso a la Ley Antisaqueos hace unas semanas. Un proyecto de Ley impulsado por el Ejecutivo que endurece las penas para los hechos constitutivos de desórdenes públicos y tipifica seis nuevas conductas sancionables con penas de hasta cinco años de cárcel.

La paralización de servicios públicos de primera necesidad, el lanzamiento de objetos contundentes, los daños a establecimientos comerciales o industriales, dificultar la actuación del Cuerpo de Bomberos o impedir la libre circulación de personas y vehículos, son algunas de estas conductas recogidas bajo el nuevo proyecto de ley. La redacción del texto no ha estado exenta de polémicas, y algunos diputados y agentes de la sociedad civil como la Comisión Chilena de Derechos Humanos, mostraron su rechazo aduciendo que su único fin era criminalizar la protesta social.

La mesa de Unidad Social, que abarca a más de cien organizaciones de la sociedad civil, calificó la ley como parte de una “agenda represiva” impulsada por el gobierno con el objetivo de aplacar las protestas. El comunicado emitido por la plataforma señalaba que bajo el amparo de la nueva ley, algunas formas de protesta legítimas, como los paros laborales en ciertas actividades, los cortes en la vía pública o las tomas pacíficas de terrenos o edificios, podrían entenderse a partir de ahora como constitutivas de delito, acarreando sanciones de hasta cinco años de prisión. Una manera de dar soporte legal a la criminalización de la protesta en un contexto con más de mil detenidos, una veintena de muertos y doscientas personas con lesiones de globo ocular a causa de los balines disparados por las fuerzas del orden.

Algunos diputados criticaron la excesiva penalización de determinadas conductas como lanzar piedras o montar barricadas y llamaron al Senado a remediar lo aprobado por el Congreso. Por su parte, la Cámara Alta someterá a modificaciones el proyecto aprobado por el Congreso, y como declaró el diputado de la Democracia Cristiana y miembro de la Comisión de Seguridad Francisco Huenchumilla, “se partirá con una hoja en blanco para rearmarlo completamente”.

No obstante de lo que finalmente delibere el Senado, una de las sorpresas fue que entre los 127 diputados que votaron a favor del proyecto en el Congreso estuvieran los diputados del Frente Amplio con contadas excepciones como las diputadas Alarcón y Jiles del Partido Humanista, que en aquel momento aún no había materializado su salida de la coalición. En un inicio, diputados como Gabriel Boric justificaron su apoyo alegando que “aprobaron la ley en general porque rechazan los saqueos, pero que rechazaron los artículos que criminalizaban la protesta social”. Esta aparente seguridad inicial se vino abajo con el aluvión de críticas que recibió la coalición y sus máximos representantes tanto en la calle como en las redes sociales.

Gabriel Boric
Gabriel Boric es diputado del Frente Amplio chileno. Foto de Neuropata.

Las justificaciones iniciales de los diputados de Convergencia, Revolución Democrática y el Partido Liberal no fueron suficientes ni para algunos de sus compañeros como la diputada Jiles (Partido Humanista), que les recriminó duramente por redes sociales, ni para sus bases, que emitieron sendos comunicados calificando la votación de error político. Ante esta avalancha, los líderes de Revolución Democrática y Convergencia, Giorgio Jackson y Boric, acabaron retractándose y asumiendo que se habían equivocado votando a favor de la ley.

La desconexión entre el Frente Amplio y los manifestantes ha aumentado conforme han ido avanzando las semanas

No obstante, el arrepentimiento no solo no les eximió de culpa ante la gente, sino que les hizo recibir aún más críticas por parte del resto de miembros de la cámara. Jiles tachó a Boric de mentiroso y de mala persona, mientras que otros diputados como Matías Walker (Democracia Cristiana) o el vicepresidente de la cámara Pepe Auth, acusaron a los frenteamplistas de “no tener carácter y de no estar dispuestos a recibir críticas de los suyos”.

El asunto dejó muy tocada a la coalición. Por un lado, aunque ya estuviera anunciada, selló su ruptura definitiva con los humanistas tras las virulentas críticas de Jiles, y por otro, mostró al grupo más endeble, inseguro y desubicado que nunca. La desconexión entre el Frente Amplio y los manifestantes ha aumentado conforme han ido avanzando las semanas; una situación que empeoró aún más con el apoyo a una ley, que según amplios sectores convierte a la coalición en cómplice de la represión del gobierno hacia los manifestantes.

Un futuro incierto

Tras el meritorio e inesperado 20,2% obtenido por Beatriz Sánchez en las presidenciales 2017 y la creciente popularidad de algunos representantes de la coalición como Gabriel Boric o Giorgio Jackson, el estallido social parecía una oportunidad única para el Frente Amplio de convertirse en el canalizador del descontento y ganar terreno a sus adversarios. Sin embargo, la joven coalición se ha encontrado con un camino repleto de trabas y ha acusado el desgaste de las protestas tanto o más que sus oponentes.

Una reedición de la coalición tal y como se presentó en 2017 para futuros comicios parece improbable en estos momentos, y la principal duda reside en cómo encararán las distintas fuerzas políticas las próximas citas a las urnas. Respecto al plebiscito de finales de abril, que decidirá si el órgano constituyente se integra plenamente por independientes o si la mitad de sus miembros serán parlamentarios en ejercicio, parece que no habrá dudas y que las fuerzas progresistas en su conjunto apostarán por la Convención Constitucional (integrada únicamente por miembros electos para el efecto). Sin embargo, la posición que adoptarán cuando llegue el momento de presentar las listas de candidatos para integrar el futuro órgano constituyente, es una incógnita a día de hoy.

Parece que muy probablemente habrá ciertos cambios en la composición de los dos bloques a la izquierda de la Nueva Mayoría. La integración de las formaciones que abandonaron el FA por las discrepancias generadas por las protestas, en el bloque de Unidad para el Cambio es una de las opciones más plausibles en estos momentos. La coalición creada en junio de este año, compuesta por el Partido Comunista, el Partido Progresista y la Federación Regionalista Verde Social, podría integrar por estrategia y por principios a las formaciones salientes como el Partido Ecologista Verde o el Humanismo. De hecho, los acercamientos con los humanistas ya son una realidad, y Daniel Jadue, alcalde de Recoleta y una de las figuras más reconocidas de los comunistas ya mencionó en una entrevista en la CNN que no descartaba concurrir junto a los humanistas en una alianza política y social que debería ser lo más amplia posible.

Aún quedan muchas semanas por delante, pero a día de hoy la opción de una única candidatura que abarque a todas las fuerzas a la izquierda de la Nueva Mayoría parece inviable

Otro de los interrogantes es si habrá listas de candidatos independientes impulsadas por los agentes sociales. Plataformas como Unidad Social o la Coordinadora de Asambleas Territoriales han adquirido gran relevancia con las protestas, recomponiendo un tejido social que llevaba muerto desde la dictadura; pero cuentan con menos recursos y capacidad de organización que los partidos a la hora de armar una lista. A pesar de haber demostrado un extraordinario poder de convocatoria durante las movilizaciones, configurar una candidatura requiere de una estructura y unos medios con los que no cuentan, lo que, unido a la falta de experiencia en el terreno electoral, les pone en desventaja respecto a unos partidos que tampoco han estado interesados en allanarles el camino simplificando los requisitos para la presentación de candidaturas de independientes.

Aún quedan muchas semanas por delante, pero a día de hoy la opción de una única candidatura que abarque a todas las fuerzas a la izquierda de la Nueva Mayoría parece inviable. Voces de ambos bloques abogan por una alianza lo más amplia posible, pero tras las acusaciones y descalificaciones esgrimidas contra el Frente Amplio estas semanas, cuesta imaginarse a todas las fuerzas de la izquierda conviviendo en una misma candidatura.

La fragmentación del voto será por tanto, uno de los principales escollos para la izquierda en los comicios que elijan a los miembros del futuro órgano constituyente. Tanto si vence la Convención Mixta, como si lo hace la Convención Constitucional, los asambleístas serán elegidos por el mismo sistema que rige para las elecciones al Congreso, en el que los escaños se asignan a través del método D’Hondt. El nuevo sistema, más representativo que el binominal que regía hasta 2017, a pesar de abrir la posibilidad de que nuevas fuerzas ingresen en el parlamento sigue penalizando mucho a las candidaturas que no se integran en una coalición amplia. Además, el conocido “arrastre” genera asimetrías que ya fueron criticadas en la última elección al Congreso, al resultar electos candidatos con menos de un 5% de votos, que eran “arrastrados” por otro candidato de su misma lista que contaba con un porcentaje alto de votos.

La izquierda chilena se encuentra ante una oportunidad histórica de enterrar una Constitución diseñada por la dictadura y empezar a construir un nuevo modelo de país

Estas peculiaridades del sistema chileno deberán ser tenidas en cuenta por las fuerzas políticas a la hora de armar las candidaturas que competirán por obtener un asiento en el órgano constituyente en octubre de 2020. Partidos y agentes sociales deben ser conscientes de los riesgos que implicaría una competición entre dos o tres listas distintas de la izquierda, sin contar la de centro izquierda que presumiblemente presentarán las fuerzas que integran la Nueva Mayoría.

El fuego amigo es otra de las amenazas que las fuerzas progresistas deberán sortear si quieren jugar un papel relevante en el proceso constituyente. Guste o no el acuerdo, la izquierda chilena se encuentra ante una oportunidad histórica de enterrar una Constitución diseñada por la dictadura y empezar a construir un nuevo modelo de país. El primer paso será el plebiscito de entrada, pero ocurra lo que ocurra a finales de abril, una mayoría del oficialismo en las elecciones a la Asamblea en octubre, agotaría cualquier mínima posibilidad de cambio. No será sencillo, pero para lograr una sociedad más justa, las fuerzas del cambio deberán dar batalla en todos los ámbitos, y uno de ellos es el electoral.

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