Ceuta
Ceuta: personas migrantes, menores y solicitantes de asilo al límite tras 19 días de parálisis institucional

19 días después de la crisis fronteriza en Ceuta, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, anunciaba el pasado lunes 17 de agosto, la habilitación de 1.500 nuevas plazas temporales para las personas migrantes que permanecen en la ciudad. Distribuidos en cuatro emplazamientos de la ciudad, la titular de Migraciones señalaba que estos dispositivos de atención humanitaria se pondrán en marcha de manera inmediata. Ayer 18 de agosto, durante una entrevista en la Cadena Ser, Saiz recriminaba al Partido Popular su falta de colaboración en la gestión de la crisis como consecuencia de su alianza con Vox: “Hay un contexto desde Génova, que complica la colaboración entre administraciones que es imprescindible”.

Desde el gobierno de Ceuta, liderado por el popular Juan Jesús Vivas desde hace un cuarto de siglo, se recrimina al gobierno su falta de acción. Ayer martes, Vivas reclamaba la devolución masiva de todas las personas que entraron en el enclave los últimos días de julio. Ante la amenaza de la deportación, en el CETI de la ciudad y en la playa del Trampolín, algunas personas iniciaban una huelga de hambre el pasado lunes 17 de agosto. Mientras, posturas como la de Giorgia Meloni, que ha impuesto controles fronterizos a los viajeros provenientes de España, moldean el rumbo de una Europa que, con el nuevo Pacto de Migración y Asilo de fondo, ha dado vía libre para la devolución de todas las personas migrantes que ingresaron a Ceuta durante la crisis fronteriza, independientemente de que sean solicitantes de asilo o menores.

Lejos del tira y afloja, colectivos y vecinos se organizan cómo pueden ante el abandono institucional para dar una respuesta a las aproximadamente ocho mil personas que el gobierno estima que siguen en la ciudad, agotados tras 20 días de intemperie, escasez e incertidumbre. La organización Elín, que lleva más de un cuarto de siglo trabajando en la ciudad autónoma es uno de los colectivos más activos en la respuesta a la crisis humanitaria, especialmente desde la playa del Trampolín, donde se han instalado 1.500 personas de países como Sudán, Yemen o Mali, personas que esperan poder pedir la protección internacional que les corresponde tras huir de situaciones de guerra.

“La situación humanitaria de Ceuta sigue siendo extremadamente preocupante”, comunicaba la organización desde sus redes sociales, tras la visita de la ministra de migraciones. Desde Elín celebraban la creación de las 1.500 plazas anunciadas, pero recordaban que la solución llegaba “19 días tarde”, y urgían a habilitar más recursos para que la situación de calle de las personas no se cronifique. La organización lamenta también que pese a haber sostenido varias reuniones con el gobierno de Ceuta, junto a otras organizaciones vecinales y solidarias, no apreciaban “cambios significativos”. 

Así reclamaban al gobierno central ampliar las plazas habilitando espacios en desuso del Ministerio de Defensa, al tiempo que afeaban al gobierno autonómico no ofrecer recursos para dar respuesta a una situación cada vez más grave. El colectivo también comunica su comprensión hacia el cansancio de la población ceutí ante el abandono, pero insta a evitar diagnósticos racistas que señalen a las personas migrantes, apuntando a la falta de respuesta institucional como culpable de la situación.

“El gobierno local y el gobierno nacional siguen encallados en una guerra de competencias”, lamenta el integrante de Elín, Ramsés Mohamed, desde la playa del Trampolín en conversación con El Salto. El activista critica al presidente de la ciudad Vivas, por permanecer en la inacción mientras se centra en reclamar que sea el gobierno nacional el que responda, y en exigir la devolución de todas las personas migrantes a Marruecos. Mohamed considera que al gobierno de la ciudad le corresponde habilitar espacios públicos para acoger a los distintos perfiles que han llegado a la ciudad —colectivos vulnerables como niños, niñas y adolescentes, mujeres solas o con familia, o personas del colectivo LGTBI— con el objetivo de que puedan obtener una atención personalizada. 

El activista considera especialmente urgente que los menores puedan acceder al sistema de protección de infancia, “muchos de ellos siguen estando en situación de calle y en graves condiciones de precariedad”. Comunica asimismo la preocupación por las niñas que se encuentran en la pista deportiva del barrio Príncipe Alfonso, un espacio saturado. “La prioridad del gobierno local, según nos comentan, es sacar a las niñas que están en los colegios para reubicarlas en algún espacio protegido, pero todavía no hay muchas respuestas ni muchas acciones dirigidas a ello”, lamenta. 

Mientras las personas esperan en la playa de el Trampolín, denuncia Mohamed, siguen recibiendo solo una comida al día, al tiempo que enfrentan la caída de temperaturas a la intemperie durante la noche. A la falta de información sobre si serán acogidas en algún espacio, se suma el bloqueo de la posibilidad de solicitar asilo. Por otro lado “seguimos viendo cómo se filia a los menores, pero no se están derivando a ningún recurso. Se supone que se está habilitando alguna nave del Tarajal y algún que otro recurso para darles cobijo, pero sigue siendo una respuesta insuficiente respecto al número de personas que hay en situación de calle”. El activista denuncia que solo en las mencionadas pistas de Príncipe Alfonso se estima que hay cerca de 3.800 menores.

“Partimos de un derecho fundamental: el derecho a la libre circulación, así como el derecho a emigrar y a solicitar asilo”

“En Border Resistance partimos de un derecho fundamental: el derecho a la libre circulación, así como el derecho a emigrar y a solicitar asilo”, explica por su parte Shadi Boukhari, uno de los fundadores de este colectivo, que ha organizado una caravana solidaria para atender a la situación humanitaria en el enclave. Boukhari enfatiza que la situación es consecuencia de la política de externalización de la frontera, que en el caso marroquí —y con el apoyo de Estados Unidos e Israel— permite al estado mantener un pulso político con España con el Sahara Occidental como trasfondo. Boukhari coincide con los análisis que apuntan a que Marruecos estaría castigando a España por su acercamiento a Argelia, de un lado por su histórica rivalidad, de otro porque el acuerdo entre Madrid y Argel respecto al suministro de gas alejaría a España de la dependencia del gas del aliado estadounidense. 

Víctimas de este juego de intereses, la población marroquí “sueña con emigrar en busca de dignidad y de algunos derechos básicos”, en un contexto marcado por la pobreza, la crisis de vivienda, el desempleo, la crisis de la sanidad, o la represión ante las protestas. Para Boukhari, Ceuta “fue una trampa para los hijos e hijas del pueblo marroquí: cuando las autoridades marroquíes retiraron el control de la frontera, las multitudes entraron buscando protección, y la inmensa mayoría regresó posteriormente tras la política de hambre y abandono aplicada por las autoridades españolas”.

La caravana organizada por Border Resistance, une a personas provenientes de ciudades como Sevilla, Barcelona o Madrid —entre otras—  con la intención de “hacer llegar tanto recursos económicos como donaciones particulares”, explica una de las voluntarias que estos días está en Ceuta intentando ayudar: “Somos voluntarias independientes, personas que no pertenecen a organización ninguna o que no vienen en representación de ninguno de sus colectivos”, una pluralidad de gente que tiene en común el antirracismo y el antifascismo, apunta esta voluntaria, que, como otras, ha cogido vacaciones para desplazarse a la Ciudad Autónoma. 

“Hay una falta total de recursos, de alimentos, de higiene, de servicio sanitario y de humanidad”, comparte la integrante de la caravana después de varios días en la ciudad. La organización, explica, ha registrado todo tipo de vulneraciones de derechos, en particular a las niñas y a los niños que, denuncia, están en la calle, y que solo están siendo registrados por las organizaciones. La voluntaria denuncia también situaciones de violencia que “van in crescendo”. “Hay personas migrantes a las que les han roto los dos pies mientras estaban dormidas, otras llegan muy heridas, con muchos golpes. Tenemos informes médicos de migrantes que dicen haber sido golpeados con porras, o que les han echado  spray pimienta”, denuncia.

Abandono y odio

Entre las nacionalidades presentes en el enclave español destaca la presencia de sudaneses,  que suponen una parte importante de quienes resisten en la playa del Trampolín. Una comunidad que está contando con el apoyo de Casa Sudán, organización de la diáspora sudanesa con sede en Madrid. “Una compañera que vive en Granada fue contactada por ACNUR para ejercer de intérprete”, narra el presidente de la organización, Mohamed Amro “cuando ella vio lo que había ahí inmediatamente nos contó que la situación es realmente mucho peor de lo que ella pensaba y lo que nosotros podemos pensar”. A través de esta compañera, desde el colectivo se pusieron en marcha, ellos preguntaban a las personas sudanesas por sus necesidades más inmediatas, y Casa de Sudán se movilizaba para recaudar y hacer llegar la ayuda. Cosas tan básicas como comida, ropa, productos de aseo es lo que les demandan.

La diáspora sudanesa tiene ya costumbre en organizarse para responder a las necesidades de sus compatriotas. Desde la revolución de 2019 y especialmente tras la guerra que atraviesa el país desde abril de 2023, las redes solidarias internacionales de sudaneses han tenido que compensar mediante donaciones directas el abandono de la comunidad internacional de su país, y ahora, el abandono institucional en la Ciudad Autónoma. “Lo más importante para nosotros es que lo que tengamos en nuestras manos lo hagamos de la mejor manera posible”, explica Amro, “nuestra manera de lidiar con la frustración es haciendo lo más que podemos”.

Desde las redes sociales han podido contactar con más sudaneses que se hallan en la ciudad autónoma, lo que les ha facilitado información sobre la situación y por donde también les están llegando peticiones de ayuda, a las que van a seguir respondiendo canalizando donaciones y viajando directamente a la ciudad. Pero en las redes sociales también reciben odio. “Cuando posteamos un vídeo y se nos vienen comentarios negativos, entendemos que esa gente es o ignorante o que simplemente no está tan informada como para saber que Sudán no es un país al que puedan volver estos refugiados”. 

Mohamed también lamenta cómo las personas que continúan en Ceuta no solo están sufriendo la guerra de competencias entre administraciones sino también la pugna ideológica entre partidos. “Se está haciendo una campaña preelectoral en la que algunos partidos ya se están posicionando y no terminan de ver que la prioridad ahora mismo es atender la situación humanitaria y ya se hará política cuando todo esto se solucione de alguna manera”, apunta el activista, quien lamenta que desde las formaciones políticas se emitan discursos que van contra los derechos humanos “cuando solicitan que se devuelva a estas personas sin ningún tipo de procedimiento, obviando la Constitución, obviando los convenios internacionales y vulnerando una serie de de leyes que no solo protegen a las personas migrantes, sino que también nos protegen a nosotros”. 

Para Boukhari, el uso tanto de la violencia como del abandono para intentar controlar a las personas “refleja ante todo una debilidad y una desorientación política por parte del Estado español, que se enfrenta al desafío que supone la trampa fronteriza de un Estado que se está fortaleciendo en la región gracias a sus alianzas con Estados Unidos e Israel”. El activista de Border Resistance se opone al discurso de la excepcionalidad usado como coartada: “Cuando las personas ucranianas se desplazaron a España, observamos cómo se aceleró el proceso de tramitación de sus solicitudes. Ahora, en Ceuta, se está golpeando a menores que huyen de una guerra de clases sociales en Marruecos”, denuncia.

“Un cóctel de incertidumbre”

Para Mohamed la cuestión está clara: “Hay que poner la vida de estas personas en el centro”, y recuerda que esta situación de vulnerabilidad y abandono, con personas enfermas o traumatizadas, menores, supervivientes de violencia, tendría que haber sido abordada desde el principio. “Se hubieran podido evitar muchas situaciones que tememos van a tener consecuencias en muchos de ellos y que van a ser irreversibles, porque los van a dejar marcados para toda la vida”. 

Junto a la intemperie, una de las cuestiones más graves que identifica el integrante de Elín es la incertidumbre: “Esta gente lleva más de dos semanas en una situación en la que para empezar nadie les dice nada, ni les explica absolutamente nada en relación a su situación y a su futuro en la ciudad”. Todo lo que escuchan, lamenta, son discursos políticos que hablan de devoluciones masivas. “Además, recordemos que el episodio del pasado 30 de julio fue muy grave. Hay más de 140 muertos y muchas de esas personas siguen rememorando esa escena, esa imagen de gente muriendo a sus pies mientras estaban pasando”.

“Hay más de 140 muertos y muchas de esas personas  siguen rememorando esa escena, esa imagen de gente muriendo a sus pies mientras estaban pasando”

Por otro lado, la implementación del nuevo PEMA el pasado mes de junio, incrementa esta incertidumbre, “antes las solicitudes se tramitaban con mucha más individualidad, mucho más tiempo y se estudiaban los casos uno a uno de una manera un poco más pausada”. Ahora, lamenta Mohamed, las denegaciones de asilo están llegando de manera mucho más rápida, algo que está afectando especialmente a personas marroquíes que ya estaban en el CETI antes del 30 de julio, y que se están viendo obligadas a volver, de ahí, recuerda, la huelga de hambre iniciada en el CETI.

En cuanto a las personas del resto de nacionalidades “se están autoorganizando para pedir un poco de paciencia a la gente” ante la falta de información absoluta, “intentan hacer todo lo más pacífico posible, no molestar en la medida de lo posible, pues son conscientes de que esta situación no es agradable ni para ellos ni para los vecinos y vecinas de Ceuta, e intentan sobrevivir en los pequeños márgenes que se les posibilita”. Mientras, nadie sabe muy bien qué es lo que va a pasar, admite Mohamed “y esto está empezando a generar tensión”.

“Creo que nadie había visto algo así antes y es desolador y bastante desesperanzador en cuanto al futuro que nos espera”

Amro también habla de incertidumbre: “Esa es la palabra que define todo esto. La incertidumbre de no saber por qué se había abierto la frontera, por qué tanta gente había entrado por ese camino; la incertidumbre de no saber si les van a ayudar o no”. El presidente de Casa Sudán refiere testimonios de compatriotas a los que la policía les ha comunicado que no podrán solicitar asilo y deberán volver, algo que el activista califica de mentira, pero que, reconoce, agrava el desconcierto. “Es básicamente  un cóctel de incertidumbre que con el pasar del tiempo también se está convirtiendo en sufrimiento. Y eso es lo que estamos intentando aliviar un poco”.

La voluntaria de la caravana de Border Resistance refiere una situación angustiosa en ese sentido “escuchamos todo el rato preguntas de qué van a hacer con nosotros, qué se sabe, qué ha dicho España, cuándo nos llevan a la península”. La falta de información, explica, genera mucho miedo, y las entidades o personas especializadas en migraciones tampoco están pudiendo responder en medio de la confusión. Mientras, las voluntarias en terreno hacen lo que pueden para responder a las necesidades básicas apostando por no contribuir a la desinformación: “Intentamos tener mucho cuidado con ese tema, con no darles falsas esperanzas”. Por último, admite su propio desconcierto ante la situación que se vive en la ciudad autónoma: “Creo que nadie había visto algo así antes y es desolador y bastante desesperanzador en cuanto al futuro que nos espera”.