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Centros sociales
La policía desaloja el centro social en la sede de UGT de la calle Hortaleza
No ha habido daños físicos en el desalojo del edificio recuperado ayer en Madrid. La portavocía de la Ingobernable critica la nula disposición del sindicato UGT, al que acusa de querer especular con su patrimonio para aumentar la oferta hotelera del centro de la capital.
Después de una jornada de máxima tensión provocada por el cordón de la Unidad de Intervención Policial y de una noche con más calma, la Policía ha desalojado en la mañana del 8 de mayo el centro social recuperado ayer en la calle Hortaleza de Madrid. No ha habido detenciones, se ha identificado a las personas que estaban en el inmueble y la comunicación de la Ingobernable, que mediante su canal ha informado de cómo se daban los hechos, refiere que el desalojo se ha producido sin violencia explícita.
El edificio recuperado pertenece a la Unión General de Trabajadores, que tiene planificado alquilarlo para que se levante sobre este inmueble emblemático un hotel de 41 habitaciones. La asamblea que había okupado el espacio ha denunciado “el mercadeo con el patrimonio” que supone la aprobación por parte del Ayuntamiento del plan de UGT, sindicato al que desde las redes sociales se ha interpelado para que facilitase la constitución del centro social como espacio de reunión y organización de la sociedad civil.
El sindicato dirigido por Pepe Álvarez, al contrario, emitió anoche un duro comunicado exigiendo el desalojo de su sede, que está vacía desde 2018. UGT comparó la ocupación por parte de “la ultraizquierda radical” con la que protagonizo “un grupo de la ultraderecha italiana sobre la sede del sindicato italiano CGIL”.
Los intentos por parte de la asamblea del edificio recuperado de entablar un diálogo con la organización sindical han sido infructuosos.
El desalojo se ha producido pasadas las 8h del 8 de mayo, si bien la situación a lo largo del día de ayer ya prefiguraba el desenlace. Durante ocho horas, la policía retuvo en la calle Hortaleza a un grupo de militantes, sin agua, sin comida y sin poder ir al baño. En una serie de comunicaciones, las personas que se apostaban en la calle denunciaron que ni policía ni Delegación de Gobierno habían dado la mínima información sobre cuánto tiempo se iba a prolongar la situación.
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