Caza
Indignación en Catalunya por el cambio en la Ley de Protección de los Animales en favor del lobby cinegético

Movilización en Catalunya ante la propuesta de modificación de la Ley de Protección de los Animales autonómica. Con los ánimos aún caldeados tras la aprobación de la Ley de Bienestar Animal estatal con una enmienda del PSOE que ha dejado fuera de la protección de esta a las razas de perros utilizadas por los cazadores, ahora la Generalitat plantea un nuevo guiño al sector cinegético.

Más de 70 organizaciones centradas en la protección animal y de la biodiversidad, junto al Colegio Oficial de Veterinarios de Barcelona, han lanzado una ofensiva mediática para frenar la propuesta de la Conselleria d’Acció Climàtica del Govern de dejar fuera de la obligación de disponer del permiso de núcleo zoológico a aquellas instalaciones que alojen menos de quince perros mayores de tres meses de edad y un número no establecido de crías.

Las entidades demandantes denuncian que instalaciones para el mantenimiento de animales de compañía, como las perreras deportivas, de caza, o los centros de importación, independientemente del número de animales que alojen, están obligadas a inscribirse en el Registro de núcleos zoológicos de Catalunya, lo que permite a la autoridad competente ejercer un control sobre la trazabilidad, cría y bienestar de los animales alojados, así como su control sanitario para evitar potenciales riesgos de zoonosis.

Con la nueva propuesta redactada que se pretende aprobar en en la Ley de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público —que incluye la modificación del  texto refundido de la Ley de protección de los animales catalana— “las perreras deportivas, de caza o centros de importación de animales que alojan un número de menos de quince ejemplares mayores de tres meses de edad no deberán inscribirse en el Registro de núcleos zoológicos y, por tanto, no se les aplicará el artículo 21 del texto refundido sobre requisitos de funcionamiento de núcleos zoológicos”, señalan en un comunicado las organizaciones.

Entre estos requisitos se encuentra el “disponer de un servicio veterinario, encargado de velar por la salud y el bienestar de los animales”, tener “medios necesarios para el aislamiento sanitario” o "disponer de las condiciones higiénico sanitarias y de bienestar adecuadas a las necesidades de los animales, en los términos establecidos por la normativa vigente”. Asimismo, estas instalaciones tampoco tendrían la obligación de llevar un libro de registro que, “además de servir de sistema de trazabilidad de los animales alojados en estas instalaciones, tiene la función de control sanitario”, continúan.

Para los más de 70 colectivos, la modificación supone que consellera d’Acció Climàtica, Teresa Jordà, cede ante el colectivo de la caza, reduciendo el grado de control sobre sus perreras e incumpliendo con su responsabilidad y obligación de velar por la protección de los animales. Además, continúan, “excluye al resto de sectores implicados e incumple los compromisos adquiridos hace pocos días con los profesionales del ámbito jurídico, veterinario y de las entidades de protección de los animales y de la naturaleza”.

Las entidades exigen que no se retroceda en lo que consideran como una ya de por sí débil protección de los animales y alertan de que la medida que se pretende aprobar significaría “un grave retroceso que comportará alcanzar graves riesgos sanitarios y/o medioambientales consentidos por parte de la Generalitat de Catalunya, así como un gran perjuicio hacia el bienestar de los animales”.