Catalunya
El Supremo mantiene el pulso con Moncloa: no amnistiará a Puigdemont

Parte de la judicatura ha perseguido con ahínco a políticos y activistas independentistas en el ejercicio de distintas libertades —de expresión y manifestación, fundamentalmente—. El Tribunal Supremo ha jugado un papel clave: condenó a nueve de los doce líderes políticos del Procés, mantiene las órdenes de detención y captura de los otros tres que se exiliaron en 2017 —Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig— y se ha opuesto con vehemencia a la Ley de Amnistía —cuatro fiscales mandaron un mail a sus compañeros oponiéndose con vehemencia a la norma nada más aprobarse—. El TS también se opuso al indulto de 2021. Hoy ha hecho público que, a pesar de lo que marca la ley, se oponen a amnistiar a los tres acusados de malversación que no fueron condenados e indultados en su día. Entre ellos, Carles Puigdemont. 

Esta decisión, que se encuadra dentro de lo cabía esperar de la sala del Alto Tribunal, complica el segundo intento de investidura en el Parlament de Catalunya, prevista para final de agosto, y acerca la posibilidad de repetición electoral. Una repetición que dudosamente arreglaría el rompecabezas de la Generalitat, pero que previsiblemente tiene la capacidad de desgastar al Gobierno de Pedro Sánchez. 

El juez Pablo Llarena coordinó la instrucción contra los líderes del Procés entre 2017 y 2018. El juicio fue presidido por el magistrado Manuel Marchena. Ambos se oponen hoy a la amnistía, a pesar de la claridad de la norma. Fueron sentenciados por el artículo 432 de malversación Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, Meritxell Borrás, Carles Mundó y Santi Vila. El 23 de junio de 2021 salieron de la cárcel, tras publicarse en el BOE el indulto de Pedro Sánchez.

Solo la magistrada Ana Ferrer ha firmado el voto particular discrepante con las decisiones emitidas por el Alto Tribunal sobre el delito de malversación, planteando una prejudicial a Europa

Sin embargo, acusado de los mismos delitos indultados desde hace tres años, Carles Puigdemont se exilió en diferentes países de la Unión Europea —primero Alemania, luego Bélgica— y sobre él aún pesa la acusación de malversación, junto con Toni Comín y Lluís Puig. Ahora la Sala de lo Penal del Supremo, que dirige Llarena, no solo se opone a amnistiarles, sino que tampoco archiva la ejecutoria que inhabilita, hasta los años 2030 y 2031, a Junqueras y los exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa. El pulso entre el Supremo y Moncloa sube de grado.

Solo la magistrada Ana Ferrer ha firmado el voto particular discrepante las decisiones emitidas por el Alto Tribunal. Plantea elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), un movimiento que daría una salida al más alto nivel al entuerto judicial español. El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, ha sido claro al respecto. Solicitó que se aplique la Ley de Amnistía sin “consideraciones políticas” personales.

El juez Joaquín Aguirre se jacta de tumbar la primera votación de la amnistía

La batería de medidas del Tribunal Supremo coincide con la publicación en exclusiva de Diario Red de una grabación del juez Joaquín Aguirre, responsable del juzgado de instrucción nº1 de Barcelona. En el audio, se escucha al magistrado jactarse de que, en enero, la Ley de Amnistía “se tumbó” gracias a él y que el canal televisivo alemán Das Erste publicó una pieza sobre la supuesta ‘trama rusa’ que investiga gracias a una filtración que les hizo. 

Aguirre fue el instructor de la presunta ‘trama rusa’, también conocida como caso Voloh o Volhov. Su investigación arrancó en mayo de 2018 y 30 personas fueron detenidas. La vinculación de un país imperialista como Rusia con un proceso soberanista catalán causó sorpresa e incluso cachondeo. La embajada rusa en España respondió irónicamente en Twitter que Rusia habría ofrecido enviar 10.000 soldados a Catalunya.

El 29 de enero de este año, Joaquín Aguirre volvió a reabrir la pieza otros seis meses, a pesar de estar archivada desde 2022. La instrucción, basada en informes de la Guardia Civil, sugería que Carles Puigdemont iba cambiar el modelo económico de Catalunya a través de criptomonedas. Reabrió la causa un día antes de que el Congreso realizara la primera votación de la Ley de Amnistía, el 30 de enero. La grabación a la que ha accedido Canal Red es del 31 de enero. 

Pau Juvillà se opone a ser amnistiado

Por otra parte, el exdiputado de la CUP Pau Juvillà ha anunciado este mediodía que se opone a ser amnistiado y que ha interpuesto un recurso ante el Tribunal de Estrasburgo contra su condena. “No puede haber desobediencia a una orden injusta”, ha destacado, tras sentirse “orgulloso” de haber respetado la decisión colectiva de no descolgar los lazos amarillos del ayuntamiento donde entonces era concejal, en Lleida, motivo por el cual fue juzgado y condenado en el marco del Procés.

El exdiputado considera que el Estado español carece de separación de poderes y que a su persona se le han vulnerado los derechos a la libertad ideológica y de expresión, siendo él la víctima y no el culpable. Es por ello que se opone a ser amnistiado y lo que desea es que se le reconozca el carácter de víctima, para lo cual ha presentado una demanda en el Tribunal Europeo de Derechos humanos.

La amnistía “ni repara a estas víctimas del agravio sufrido”, sostiene el abogado Carles López

La querella acusa a España de vulnerar los artículos 9 y 10 de la Convención Europea de Derechos Fundamentales. Su abogado, Carles López, ha argumentado que la amnistía no reconoce la condición de víctima a las personas que han sufrido vulneraciones por parte del Estado, como afirma que es el caso de Juvillà, “ni repara a estas víctimas del agravio sufrido”, añade. Por ello solicita a Estrasburgo que condene a España por vulnerar la libertad ideológica y de expresión del militante de la CUP. 

En el escrito de alegaciones, la defensa de Juvillà expresa que la Ley de Amnistía “no es aplicable porque su condena ya ha estado completamente ejecutada, con la multa abonada y la inhabilitación más que cumplida, por lo que la amnistía no le causa ningún efecto legal relevante y hasta puede obstaculizar por parte del Estado el ejercicio de acciones que se están llevando a cabo para denunciar la vulneración de derechos humanos”. 

Juvillà fue condenado el 14 de diciembre de 2021 por el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya por un delito de desobediencia a las penas de multa de tres meses con una cuota diaria de 12 euros y la inhabilitación especial de seis meses de todo cargo electivo y de funciones en el gobierno o administración. Tuvo que abandonar el Parlament de Catalunya, donde era cargo electo, a petición de la Junta Electoral Central.