Catalunya
Las detenciones y registros de la Guardia Civil contra el 1-O encienden Catalunya

Procesistas y defensores de la libertad de expresión salen a la calle en Barcelona en respuesta a los registros de la Guardia Civil en sedes de la Generalitat y empresas. Al menos 12 detenidos por el referéndum del 1-O el mismo día que Hacienda firma el bloqueo de 1.400 millones del fondo autonómico catalán. 
Barcelona_Refrendum_GuardiaCivil
Miles de personas se han ido acercando a la sede de la consejería catalana de Hacienda en protesta por los registros. Víctor Serri

publicado
2017-09-20 08:33

Desde las 9.30 de la mañana cientos de personas se concentran frente a la sede del departamento de Economía del Gobierno catalán, en protesta por los registros de la Guardia Civil que desde las 8 de esta misma mañana se están produciendo en varias sedes de la Generalitat y de empresas, con el resultado hasta el momento de 12 detenciones, entre ellas el secretario general del Departamento de Vicepresidencia y de Economía y Hacienda, Josep María Jové, y el secretario de Hacienda de la Generalitat, Lluis Salvadó. Según el periodista de La Directa Jesús Rodríguez a las 10.30 de la mañana ya se agolpaban frente a la sede del departamento (en la esquina de Rambla de Catalunya con Gran Vía de Barcelona) unas 5.000 personas. 

Los registros se producen de momento en las sedes de cinco consejerías: Presidencia, Gobernación, Economía y Hacienda, Trabajo y Asuntos Sociales y Exteriores. Entre los detenidos, se encuentran también varios cargos de Hacienda y de la Oficina de asuntos Exteriores. Según informa La Directa, la Fiscalía general del Estado asegura que la orden procede del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que investiga los preparativos del referendum. El diario catalán añade que el operativo no ha sido notificado de forma pertinente. 

Otras sedes institucionales catalanas registradas son el departamento de Asuntos Sociales, la Agencia Tributaria, el Departamento de Gobernación, la Administración Abierta de Cataluña y el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información. Además, la Guardia civil registra las sedes de las empresas Indra y T Systemas. El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha convocado una reunión de urgencia del Ejecutivo catalán en el Palau de la Generalitat.

En respuesta, los diputados de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y del PdCAT (Partido Democrata de Catalunya, la antigua CDC) han abandonado esta mañana la sesión plenaria del Parlamento. El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha instado a Mariano Rajoy a que “saque sus sucias manos de las instituciones catalanas”. La concentración frente Hacienda, donde siguen acercándose decenas de personas, ha sido convocada por las CUP. Según ha declarado Jordi Sánchez, presidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), las entidades por el derecho de autodeterminación preparan más convocatorias descentralizadas por todo Barcelona para el día de hoy.

La operación de la Guardia Civil también ha sido rechazada en declaraciones por políticos no estrictamente procesistas como la alcaldesa de Barcelona Ada Colau, el diputado de En Comú Podem Xavier Domenechs o el secretario general de Podemos en Cataluña, Albano Dante Fachín. Por su parte, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha dado su apoyo a las actuaciones del Gobierno de Rajoy y de la Guardia Civil: "las fuerzas de seguridad del Estado deben impedir la vulneración de derechos". 

El operativo forma parte de la reacción del Gobierno de Mariano Rajoy contra el referendum autodeterminista del 1 de octubre, un despliegue que en las últimas semanas ha incluido el recurso al Constitucional para declarar la ilegalidad de la consulta, la intervención mediante la Guardia Civil de cerca de un millón de carteles y folletos de propaganda, los recursos contra 354 municipios catalanes por respaldar diversas iniciativas de carácter simbólico como el no izado de la bandera española, el registro de medios de comunicación y la intervención de las cuentas de la Generalitat, que será comunicada hoy miércoles mediante la firma de un procedimiento de no disponibilidad de 1.400 millones de euros pertenecientes a las partidas que Hacienda ingresa en los fondos autonómicos. Desde este lunes, y con el apoyo del PSOE, el Gobierno está invocando los artículos 155 y 135 de la Constitución española para hacer todas estas intervenciones. [Repaso completo en este artículo de La Directa traducido al castellano]. 

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