Catalunya
La infiltración de los Mossos en la asamblea de docentes se judicializa

Dos agentes de los Mossos d'Esquadra trataron de hacerse pasar por docentes para participar en una asamblea en la que se realizaban preparativos para la cercana huelga en la educación catalana del 12 de mayo. Los docentes participantes pudieron identificarlas, pero su presencia allí, que fue defendida primero por la Consellera de Interior, Nuria Parlon, pese a que después reculó y anunció una investigación interna, sigue generando consecuencias.

La Intersindical ha presentado ante la Sección Contenciosa Administrativa del Tribunal de Instancia de Barcelona un recurso contencioso-administrativo, por el procedimiento especial de protección de los derechos fundamentales, contra el Departamento de Interior de la Generalitat catalana por que considera que esta actuación constituye una vulneración muy grave de derechos fundamentales protegidos por la Constitución, concretamente de la libertad sindical, el derecho de huelga y el derecho de reunión pacífica. La asamblea fue organizada por varios sindicatos, entre los cuales estaban La Intersindical, CGT y USTEC.

La infiltración policial fue reconocida públicamente días después por la consellera de Interior, Nuria Parlon, durante su comparecencia en el Parlament de Cataluny. La misma consellera admitió la presencia de dos agentes de la Comisaría General de Información en aquella asamblea, calificó el operativo de “mal planteado” y terminó pidiendo disculpas públicas por los hechos.

Para La Intersindical, no obstante, el reconocimiento de los hechos no es suficiente. Según Carles Amigó, delegado de la sectorial de educación de La Intersindical: “No estamos ante un simple error operativo. Estamos ante una actuación de la Administración que vulneró derechos fundamentales protegidos constitucionalmente. En una democracia no es admisible que la policía se infiltre en una asamblea sindical que prepara una huelga sin ninguna autorización judicial ni ningún indicio de criminalidad.”

El recurso sostiene que la infiltración generó un evidente efecto intimidatorio sobre las personas asistentes e interfirió directamente en la actividad sindical

El sindicato recuerda que la libertad sindical no se limita al derecho de afiliación, sino que protege también la organización interna de los sindicatos, las asambleas, la preparación de movilizaciones y el ejercicio efectivo del derecho de huelga. El recurso sostiene que la infiltración generó un evidente efecto intimidatorio sobre las personas asistentes e interfirió directamente en la actividad sindical.

La demanda se fundamenta tanto en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional como en la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de los órganos de control de la Organización Internacional del Trabajo, que consideran que la infiltración policial en reuniones sindicales produce un grave efecto disuasivo (”chilling effect”) incompatible con una sociedad democrática.

La Intersindical denuncia que el Departamento de Interior justificó el operativo con la voluntad de recoger información sobre un conflicto laboral, sin que existiera ninguna investigación penal ni autorización judicial

Además, La Intersindical denuncia que el Departamento de Interior justificó el operativo con la voluntad de recoger información sobre un conflicto laboral, sin que existiera ninguna investigación penal ni autorización judicial que legitimara una injerencia tan intensa sobre derechos fundamentales.

En el procedimiento judicial, el sindicato solicita que la Generalitat aporte toda la documentación relativa al operativo, incluyendo la cadena de mando, los protocolos aplicados, los informes elaborados, una eventual autorización judicial —si existiera— y cualquier actuación policial relacionada con La Intersindical, sus representantes y su actividad sindical. Para el sindicato, este procedimiento judicial transciende el caso concreto

“Lo que está en juego es la calidad democrática de nuestro país. Si se acepta que la policía puede infiltrarse en asambleas sindicales para obtener información sobre conflictos laborales, se está abriendo una puerta muy peligrosa que afecta el conjunto del movimiento sindical y todos los derechos colectivos de las personas trabajadoras.” Explica Pau Cruz, abogado de los servicios jurídicos de La Intersindical, y reclama que se asuman “las responsabilidades correspondientes para que unos hechos de esta gravedad no se vuelvan a producir”.