Capitalismo
Un cigarrillo en el Windsor durante el milagro económico español

A las diez y media, Eva se echó el último pitillo. Media hora después, salió de su despacho. Nunca volvería a pisarlo. Unos minutos después, el edificio en el que su empresa, Deloitte, tenía su sede ardió como una falla. La Brigada Provincial de Homicidios de Madrid llamó a declarar a Eva el jueves 17 de febrero de 2005, cuatro días después del incendio del Windsor, emblemático edificio junto a El Corte Inglés de la calle Raimundo Fernández Villaverde, en Madrid. El fuego se había originado en el despacho 2109 de su planta, la 21. La empleada aseguró que había apagado todos y cada uno de los cigarrillos que fumó durante aquella jornada laboral de sábado. Eva sería protagonista de un titular en el que se apuntaba su posible responsabilidad en el siniestro. Meses después, el juzgado la exoneró de toda responsabilidad. La causa del incendio pudo ser un cigarrillo o una chispa en el sistema de aire acondicionado, pero Eva no tenía culpa ninguna.

A las 23.15h, Yago, vigilante de seguridad, recibió un aviso de su compañero desde el cuarto de control del rascacielos. Javier le dijo que una alarma había saltado. Después de revisarlo en el sistema de incendios —y tras ordenar el desalojo del edificio—, el vigilante subió a la planta 21 con las llaves de los despachos de Deloitte. A través de un cristal, vio que había fuego y humo en el interior de un despacho. Pero el pomo de aquella puerta nunca cedió. Yago declaró a la policía que algo bloqueaba la puerta y que estaba convencido de que, de haber podido entrar, habría extinguido el fuego con un extintor. Deloitte y las aseguradoras de los dueños del edificio quisieron probar la negligencia de los vigilantes de Prosegur en la extinción del incendio. Querían percibir 183 millones por daños y perjuicios, pero el juzgado declaró que los vigilantes se adecuaron a “lo exigible a tenor de la situación que se produjo”. La propiedad, la aseguradora y la empresa de vigilancia llegaron a un acuerdo extrajudicial.

Entre las 2h y las 3h de la mañana, A y B —dos personas que nunca fueron identificadas— estuvieron en un despacho de la planta 12 del Windsor. Alguien, fuera del edificio, los grabó con una videocámara. Los peritos confirmaron que no se trataba de sombras ni de reflejos, que eran individuos en un despacho en medio del incendio más importante de un edificio en Madrid desde que se quemó el viejo Palacio de Deportes (hoy Wizink). La policía dijo que A y B no eran personal del operativo de aquella noche. Los bomberos dijeron que A y B no eran bomberos. Mariano Ascandoni, juez del Juzgado de Instrucción número 28, dijo que A y B no eran relevantes para el esclarecimiento del caso porque no había pruebas de que tuviesen incidencia alguna en la causación o propagación del fuego. Y punto.

El milagro FG

Aquellos eran los mejores tiempos para Francisco González. Un ingeniero informático metido a genio de las finanzas que nunca había imaginado convertirse en banquero se había transformado, en apenas una década, en el presidente de la segunda entidad más importante de España. En 2002, Emilio Ybarra, procedente del Banco Bilbao Vizcaya, se había visto obligado a dimitir por el llamado “caso de las cuentas secretas” —dinero desviado a paraísos fiscales—. González, que había puesto la A de Argentaria en la fusión con el clan de Neguri, se había quedado al frente del gigante.

Las cosas iban sobre ruedas. BBVA cerraba 2004 con un resultado superior en un 25% al del año anterior. 2.800 millones más para meterse entre pecho y espalda. Una de las inversiones de la entidad, el italiano BNL, había incrementado sus resultados un 65%. Fondos de pensiones en el Cono Sur, el negocio hipotecario en México... La experiencia española era extrapolable a otras latitudes, y el centro seguía funcionando a todo trapo: en la década de los 90 en España se había construido, ladrillo sobre ladrillo, el equivalente a toda la provincia de Guipúzcoa. El precio de la vivienda crecía al ritmo de un 17% cada trimestre. Y alquilar era tirar el dinero.

A otras buenas noticias —como el aumento de la edificabilidad de los terrenos de la operación Chamartín—, se le contraponían las malas. La victoria del PSOE en las elecciones generales de marzo de 2004, tras los atentados de Atocha, había dejado fuera de combate a Rodrigo Rato, principal valedor de Francisco González. Los problemas de índole interna son siempre los más difíciles de superar. El cambio de Gobierno había dado alas a algunos inversores del banco —y a un sector emergente dentro del Madrid sistémico— que planeaban un asalto a la dirección del BBVA. En los últimos meses de diciembre, la constructora Sacyr se había posicionado para aumentar su participación en la entidad y su número de consejeros. Un asalto de guante blanco que, en principio, no discutía la figura de González, pero asalto al fin y al cabo destinado a cortar la hierba bajo sus pies. El movimiento in crescendo tenía que llegar a su cénit en la junta de accionistas del 25 de febrero de 2005. Había que hacer algo.

El momento Villarejo

A José Manuel Villarejo la vida no le iba nada mal. Seguía instalado en la dirección adjunta operativa de la policía —dependiente de la Secretaría de Estado de Interior— y el cambio de Gobierno tampoco había significado un trastorno —al fin y al cabo, ya había trabajado con los socialistas—. Las empresas puestas en marcha en ese periodo de 1983 a 1993 funcionaban bien y, para un hombre con una afición a los aparatos de todo tipo, la llegada de internet y el desarrollo de la informática prometían un nuevo tiempo fascinante.

No fue una sorpresa que, después de varios encuentros preliminares, el 1 de diciembre de 2004 se produjera la primera reunión de trabajo con el jefe de Seguridad del BBVA. Julio Corrochano, ‘Tomy’ en los tiempos en los que estaba en el cuerpo, exjefe superior de Policía de Madrid, y Villarejo no perdieron mucho el tiempo rememorando los viejos tiempos de la lucha antiterrorista. Para Corrochano se trataba de evitar el asalto al reinado de Francisco González en el BBVA. Para Villarejo se trataba de iniciar una línea de negocio con el segundo banco del país.

De aquel encuentro saldría un informe, llamado Trapa, que posteriormente se transformaría en Trampa. El grupo de trabajo de Villarejo —Gabinete de Investigación y Análisis— debía aclarar el alcance de la operación planteada por un ‘Grupo Hostil’ contra los intereses de Francisco González y, posteriormente, desactivarla completamente.

La primavera de Sebastián

A Miguel Sebastián la vida le sonreía. Estaba a la derecha del presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, solo un año después de haber sido despedido de su trabajo en la dirección del Servicio de Estudios del BBVA. Ministrable —llegaría a serlo, de Industria— y, por el momento, director general de la oficina económica del presidente. Su rival, Rato, fuera de la ecuación, y el presidente dispuesto a seguir sus consejos para cambiar de signo los consejos de las últimas empresas privatizadas: Telefónica, Endesa, Iberia. Sebastián era un hombre en plenitud.

Por eso era sospechoso, el principal de los sospechosos, para el Gabinete de Investigación y Análisis contratado por el banco. Por eso y por su relación con el Grupo Prisa, desde donde se atizaba a Francisco González. El celo periodístico podía ser una razón, pero por dar esa razón no le pagan a nadie. Lo importante eran los vínculos, las reuniones, los recados. Y Sebastián —registró en su investigación el comisario Villarejo— había dejado varios recados en los oídos de los periodistas pertinentes. Prisa era hostil. Por principio y porque entre los miembros del núcleo irradiador del grupo de adversarios estaba Matías Cortés, el abogado de confianza de Jesús Polanco, dueño de Prisa, en anteriores batallas como la de los derechos de retransmisión del fútbol profesional.

Si Sebastián era un rival a tener en cuenta, y los elementos dentro de Prisa enemigos amenazantes, el resto del Grupo Hostil no permitía ningún respiro. Ahí dentro estaban los resentidos por su salida del consejo del banco: el marqués de Marañón —por cierto, también vinculado a Prisa— y Jesús Cainzos. Un millonario en busca de su ascenso a la presidencia de un gran banco —Juan Abelló—, un constructor con intereses evidentes en la operación Chamartín —Luis del Rivero, de Sacyr— y personas vinculadas al principal competidor. El informe inicial salpicaba también a otros pilares del poder: el propio Emilio Botín —Banco Santander—, Pedro Solbes —ministro de Economía—, Felipe González —expresidente metido a los negocios— y SM, siglas fáciles de rastrear y dotadas de la suficiente inmunidad como para que fuesen explicadas en el dosier de Villarejo. No era fácil encontrar juntos a los componentes y satélites del Grupo Hostil pero, si había que empezar a buscar en algún sitio, era buena idea hacerlo en el palco del estadio Bernabéu o en el restaurante Jockey.

Un trabajo bien pagado

El resumen numérico del dispositivo que puso en marcha Villarejo: 302 reuniones, encuentros, contactos con medios de comunicación y analistas, con servicios de inteligencia españoles y extranjeros, y con personas del entorno del Grupo Hostil. 30 éxitos (y 39 fracasos) en la infiltración de mensajes en medios de comunicación. De los cuales, éxitos en incidir sin reservas en la línea editorial de El Confidencial, El Mundo, Abc, Onda Cero. Éxitos en incidir con reservas en la Cope, Telemadrid, Antena 3 y Tele 5. 16.000 horas de vigilancia y contravigilancia. 28 viajes (cuatro al extranjero: Suiza, Portugal, Italia y Chile). 16.487 contactos intervenidos (en su mayoría telefónicos). 282 “acciones de colapso” para el contraataque. 1.790 páginas escritas. El precio no está consignado. Una cifra que puede permitir estimaciones: entre 2012 y 2017, Villarejo cobró cinco millones de euros de BBVA.

El trabajo conseguía sus objetivos de desmoralización. Algunos de ellos se sintieron espiados —el propio Miguel Sebastián— y la paranoia aumentó entre las decenas de personas que participaban de una u otra forma en el complot. Pero había dos flancos por los que FG podía ser atacado. El primero lo apuntó el informe de una conversación entre dos de los miembros del Grupo Hostil. Una de las primeras decisiones de Francisco González como presidente de Argentaria había sido refinanciar con 180 millones una empresa en ruinas, Rebecasa, cuyos trabajadores habían acampado varios meses en el Paseo del Prado para exigir sus derechos laborales. La salvación de Rebecasa por parte de Argentaria podía ser investigada en cualquier momento, máxime con la llegada del PSOE al poder, ya que la empresa pertenecía a la familia Rato. Pudo ser denunciada por el Grupo Prisa. Pero, como consignaba la conversación interceptada, quizá no se hizo “porque Rodrigo Rato es hoy director gerente del FMI, y eso, no nos engañemos, tiene un valor. [Y] Polanco siempre ha tratado bien a Rodrigo Rato”.

Una bala de plata

El segundo punto débil afectaba única y exclusivamente a Francisco González. Había quedado como un rastro de los tiempos en los que era el prodigio de las finanzas. La venta de su empresa, FG Inversiones Bursátiles, por parte de Merrill Lynch estaba bajo sospecha por presuntas irregularidades: un desfase en las cuentas de 800 millones de pesetas de 1996, hoy poco menos de cinco millones de euros. La investigación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) concluyó en tiempo récord que ahí no había nada que ver.

Pero la Fiscalía Anticorrupción había entrado en juego, solicitando los documentos que podían probar que la operación de venta de FG Inversiones a Merrill Lynch estuvo basada en operaciones de compraventa ficticias y una reestructuración patrimonial de FG. Documentos que había guardado la auditora privada de la operación, Arthur Andersen, posteriormente convertida en Deloitte.

Sorprendente carga

El 9 de enero de 2005, un empleado de Deloitte llevó los “soportes documentales” de la venta de FG Inversiones a la planta 23 del edificio Windsor. Estaba previsto que el día 14 de febrero, lunes, un mensajero de la Fiscalía Anticorrupción recogiese los documentos con la firma de la auditoría. En la madrugada del sábado 12, las temperaturas de entre 700 y 1.000 grados centígrados terminaron con las 28 plantas del Windsor. Un catedrático de arquitectura diría después que “lo sorprendente” había sido la enorme carga de fuego registrada en el incendio, provocada por la acumulación de materiales combustibles que alimentaron las llamas.

El 8 de marzo, Deloitte respondió a la Fiscalía “lacónicamente” que ya no disponía de ninguno de los papeles requeridos. El 16 de febrero, dos días después del incendio, Sacyr comunicaba que se retiraba de la puja por el control de BBVA. Según la constructora, el plan se “había politizado” y era el momento de dejarlo.

Pacto entre caballeros

Años después, en los primeros meses de 2019, Francisco González daría una entrevista exclusiva a El País Semanal. Un trabajo de buena factura —manteles blancos como nieve sin hollar, cubiertos de plata, desayunos fastuosos en su equilibrio nutricional— en el que el banquero hace un repaso de los buenos y los malos tiempos. Del asunto Sacyr, que denuncia como el más grave caso de corrupción durante su mandato, explica cómo “una pequeña empresa constructora, en medio de la confusión entre lo político y lo empresarial, quiso quedarse con el banco para desmembrarlo y enriquecer a algunos actores”.

Como hizo hace 15 años con el caso de FG Inversiones, el banquero responsabilizó a sus subalternos de la táctica escogida para salir del trance. Nunca supo de los pagos a Villarejo, porque de eso se ocupaba el departamento de seguridad: JC, Tomy, Julio Corrochano. “Hasta donde sé, se han hecho las cosas como hay que hacerlas”, zanjó González en la entrevista. La despedida por todo lo alto en el Grupo Prisa cerraba una herida, recordaba a un pacto de novela barata entre dos rivales que se batieron y vivieron para contarlo.