Río de Janeiro y su Apocalypse Now

La intervención militar ordenada por un Parlamento que cuenta con el 60% de rechazo popular y durante un gobierno cuyo presidente tiene un apoyo social de apenas el 7% y un 71% de reprobación.

Favela de Rocinha, Río de Janerio
Favela de Rocinha, Río de Janerio Álvaro Minguito

publicado
2018-03-13 13:20:00

Se trata de la capital de un Estado quebrado, en buena medida por las masivas inversiones públicas para los mega eventos del Mundial de Fútbol de 2014 y de las Olimpíadas de 2016. Río es la segunda mayor concentración urbana del país, con cerca de once millones de habitantes. La mayor parte reside en la Baixada Fluminense y áreas periféricas, espacios de marcada desagregación socioeconómica y urbanística y grandes desconocidas por el turismo e, incluso, por gran parte de las capas medias de la “cidade maravilhosa”. Se trata de áreas –junto con las favelas- en las que el control territorial del narcotráfico es endémico.

Objetivos de la militarización y antecedentes

Nada indica que la intervención militar aprobada por el Parlamento nacional se oriente a proteger a la población carioca. Más bien responde a una estrategia pactada entre el Gobierno local y grandes intereses industriales y comerciales, con el objetivo de acabar con el robo de mercancías, verdadero azote que afecta al tejido empresarial. Especialmente de las esferas textil, electrónica, farmacéutica, de la alimentación, así como a las compañías aseguradoras, garantes finales del perjuicio económico.

La ocupación militar afectará al conjunto de la ciudad. A cada una de las tres fuerzas –ejército, marina y aeronáutica- les ha sido asignada un territorio específico de actuación. Las áreas marginadas de la ciudad ya han conocido ocupaciones militares y/o policiales precedentes. Durante los gobiernos del PT (Lula y Dilma) se establecieron las Unidades de Polícia Pacificadora (UPP), y como fue un período de relativa inclusión social, las poblaciones aceptaron que el Estado –proverbialmente ausente- se hiciera cargo de la seguridad de sus espacios. Acabada la fase “redistributiva” de los gobiernos petistas y llegado el gobierno de Michel Temer, los enfrentamientos violentos entre policía y narcotraficantes se volvieron moneda corriente y redundaron en oleadas de éxodo de los vecinos. El esquema de control y represión se incrementó con la ocupación militar de las áreas carentes, para el Mundial de Fútbol (2014) y las Olimpíadas (2016). A quien estuviera dispuesto a escucharlos, los habitantes de esos enclaves han denunciado diversos tipos de violencia procedentes de las fuerzas armadas.

Los asaltantes y su modus operandi

Los protagonistas son bandas de narcotraficantes que antaño se dedicaban con exclusividad al negocio de la droga y que en la última década han descubierto en el robo de productos una fuente de financiación –hacer caja- de su negocio. Hoy ambas actividades delictivas están fuertemente asociadas.
Hasta avanzados los 90, dos grandes bandos de narcos se repartieron tradicionalmente el territorio nacional: el Comando Vermelho, nacido en Río de Janeiro a finales de los 70 y el Primeiro Comando da Capital (PCC), de São Paulo, surgido en 1993. Durante décadas operaron en el marco de una difícil a inestable convivencia, signada por enfrentamientos y pactos paliativos. A los dos primeros se sumaron posteriormente Amigos dos Amigos (ADA) y otros grupos menores.

La actuación de los narcos se asienta en una lógica de “zonas liberadas”. Asaltan en carreteras y vías de acceso que atraviesan los bolsones de miseria. Las mercancías robadas son transferidas inmediatamente a mayoristas, que las comercializan en las favelas y áreas periféricas. Todos –salvo los productores y distribuidores legales- se benefician. También, por supuesto, los consumidores. En el marco de miseria, paro estructural y carencia de las mínimas condiciones de supervivencia que padecen es fácil entender que esas comunidades se presten a constituir la base operativa del negocio. 

EVOLUCIÓN ESTADÍSTICA DEL ROBO DE mercancías

En 2017, la Federación de Industrias del Estado de Río de Janeiro (FIRJAN), lanzó la campaña “Movimiento Nacional contra el Robo de Cargas”, consiguiendo congregar a más de 100 asociaciones empresariales. Y denunciaban la inseguridad al atravesar áreas metropolitanas y barrios próximos a las comunidades del Complexo da Pedreira y Complexo do Chapadão

El robo de productos fue ascendió a 10.599 asaltos en 2017, un 7,6% más que el año anterior. En 2015 la cifra era de 3.534. Entre 2011 y 2015 se estima que el desvío de mercancías habría superado un valor equivalente a 500 millones de euros. Las sustracciones se centran, por orden de prioridad, en medicamentos, electrodomésticos, ordenadores y teléfonos móviles y finalmente alimentos y vestuario.

Favela de Rocinha, Río de Janerio casas
Favela de Rocinha, Río de Janerio Álvaro Minguito

El tercero en discordia: las milicias

Aparte del Comando Vermelho, del PCC y bandas menores de narcotraficantes, a partir de 2005 irrumpe con fuerza inusitada otra estructura ilegal: las milicias. Entre sus filas se cuentan policías, guardias de seguridad, militares y funcionarios del Estado, expulsados por corrupción, participación en asesinatos u otros crímenes. Por su inserción originaria estos personajes son “alguien” en su comunidad y así han podido convertirse fácilmente en líderes locales. La trama actúa como un “mini Estado” dentro del Estado.

Según diversas investigaciones –incluso del ámbito académico- las milicias operan en varios niveles. El primer nivel son los grupos de exterminio, integrados habitualmente por vecinos de las áreas afectadas, que se congregan para combatir –en la lógica de la justicia por la propia mano- tanto a traficantes como a otros perfiles de criminales (violadores, asaltantes, etc.). Un segundo escalón es el responsable por el cobro de las tasas por prestación de servicios de agua, luz, gas, TV a cabo, a bajo coste, robados de los flujos generales de las compañías y distribuidos en redes paralelas clandestinas; también se ocupan del cobro de “tasas de seguridad” a pequeños comerciantes a quienes ofrecen protección. Esto se realiza habitualmente utilizando los registros de las asociaciones de vecinos que son controladas por el entramado.

Finalmente, el tercer nivel se ocupa de la administración general y control de los servicios que las milicias prestan. Un esquema extorsivo e ilegal a todas luces. Pero, desde la lógica de las poblaciones carentes, ¿no lo es también un Estado que no ofrece empleo, ni los mínimos derechos y coberturas sociales? En los sectores donde las milicias están implantadas, los indicadores delictivos son muy bajos. La estructura también opera como plataforma de lanzamiento de candidatos a cargos electos y, según datos del Tribunal Regional Electoral, cargos públicos que forman parte –según acusaciones- de las milicias, exhiben alta concentración de votos en territorios claramente delimitados. 

EL TERROR DE LAS CAPAS MEDIAS Y SUS PREVISIBLES BENEFICIARIOS

Mientras, la élite carioca y los medios altamente concentrados que alimentan su imaginario están cada vez más obsesionadas con un monotema: la seguridad. Su seguridad. Ahora redoblan la apuesta a favor de la utilización de la máxima fuerza represiva sobre los habitantes de las favelas y de las periferias donde el dominio del narcotráfico es manifiesto. Buena parte de estas capas medias, adscriben explícitamente a la “solución Bolsonaro”, en referencia a Jair Bolsonaro, un ex militar devenido político. Uno de sus lemas estrella es “bandido bueno es el bandido muerto”. 

El escenario está servido para la debacle. Las milicias encajan como anillo al dedo en este marco. Lo que no dicen los defensores de la militarización es que con esta acción de combate a la primera línea de traficantes, las fuerzas armadas estarán dejando el campo despejado a las milicias, un modelo más acabado y perverso de criminalidad.

De este modo, la urbe carioca se convierte en modelo de control, de nuevo cuño, por la vía de la ocupación político-militar de las áreas socialmente más empobrecidas y excluidas. El mantenimiento del orden social pasa a ser facultad de la esfera privada, por vía una desregulación sui géneris, que incluye a delincuentes –ex funcionarios del Estado- que, junto a los políticos y el poder oficial altamente corrompidos constituyen la argamasa de un universo demoníaco. En la vereda opuesta a este horror, la cara amable al turismo y a los dispuestos a no enterarse de la tragedia, gozará de estándar de seguridad civilizados. La zona sur –donde reside la población acomodada- estará protegida de los trombadinhas (niños que, solos o en enjambre, se lanzan a hurtar lo que puedan en las calles y playas) y toda clase de pequeños delincuentes, oriundos del infierno de las periferias y favelas.

2 Comentarios
Óscar 19:23 15/3/2018

¿El artículo está escrito desde Río de Janeiro o desde España? Un saludo. Óscar

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Alvaro 15:48 14/3/2018

El propio estado que se retrae en esos lugares de su capacidad de protección justifica, a posteriori, y dado el resultado de su omisión como órgano defensor de las clases más desprotegidas, la inversión en ultra defensa. Obviamente presionados por aquellos que antes patrocinan sus campañas. Joder, menos balas y más libros...

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