Brasil
Jair Bolsonaro, en arresto domiciliario

Ante el riesgo de fuga y a la espera de que se lleve a cabo el juicio por intento de golpe de Estado, que se celebrará el próximo mes de septiembre, la Corte Suprema de Justicia de Brasil ha dictaminado que el expresidente del país, Jair Bolsonaro, debe permanecer en arresto domiciliario.

El exmandatario ha incumplido algunas de las medidas cautelares que se le habían impuesto (como por ejemplo, no hacer uso de sus redes sociales o llevar la tobillera electrónica), por eso también se ha ordenado un registro de su vivienda para requisar los teléfonos móviles, y se le ha prohibido recibir visitas en su casa si no son de sus familiares y del equipo de abogados que le defiende.

Derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales brasileñas de 2022, a Bolsonaro se le acusa de intento de golpe de Estado. El 8 de enero de 2023, los bolsonaristas, jaleados por Bolsonaro, asaltaron las sedes de los tres poderes en Brasil (Presidencia, Congreso y Corte Suprema) con la intención de que Lula no asumiera el cargo.

Alexandre de Moraes, el magistrado que lleva el caso, en el punto de mira de Donald Trump

Quien parece estar muy interesado en este proceso judicial es el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien se ha mostrado al lado de su ‘amigo’ Bolsonaro y en contra de su imputación. Como venganza al actual Gobierno brasileño, ha impuesto un arancel del 50% a los productos del país carioca, ha revocado el visado estadounidense de Alexandre de Moraes, el magistrado que lleva el caso, y ha bloqueado sus bienes.

Esta última medida también ha sido aplicada a once miembros más del Tribunal Supremo de Brasil. De Moraes ha asegurado que esta medida no tendrá ningún efecto en su persona, ya que no dispone de activos financieros en Estados Unidos ni tiene cuentas bancarias allí.

Trump, que ha calificado el proceso contra Jair Bolsonaro como una “caza de brujas”

La decisión de Donald Trump se enmarca dentro de la aplicación de la Ley Global Magnitsky sobre Responsabilidad de Derechos Humanos (Global Magnitsky Human Rights Accountability Act), aprobada en Estados Unidos en 2012 bajo el mandato de Barack Obama. Esta normativa tiene como objetivo perseguir a extranjeros que hayan sido acusados de violación de los derechos humanos o de corrupción.

A pesar de la ofensiva del mandatario estadounidense, ni de Moraes, ahora incluido en la lista de Nacionales Especialmente Designados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, ni su equipo parece que se van a doblegar ante Trump, que ha calificado el proceso contra Bolsonaro como “caza de brujas”. En un comunicado, Trump acusa al juez de abuso de autoridad “para amenazar, perseguir e intimidar a miles de sus oponentes políticos, proteger a aliados corruptos y reprimir la disidencia”. El Tribunal Supremo Federal brasileño ha manifestado su apoyo al juez de Moraes.

No es la primera vez que este magistrado, de 56 años, está en el punto de mira: en 2024 obligó a que el magnate Elon Musk, propietario de X (antiguo Twitter) respetase la legislación brasileña. Como Musk no cedía, el juez ordenó la suspensión temporal de la red social en Brasil y también congeló cuentas bancarias relacionadas con Starlink, otra de las empresas del multimillonario. Tras unas semanas de tensión, Musk cedió.

Ya en 2019, de Moraes había puesto en la diana las cuentas populistas de extrema derecha. Aquel año investigó decenas de perfiles extremistas, los suspendió y ordenó algunas detenciones. Esto despertó un gran debate en el país carioca alrededor de la libertad de prensa y las redes sociales.

Ahora, Trump ha encontrado otra manera de hacerle pagar al magistrado por la investigación contra Jair Bolsonaro, y ha sido poniendo a todo el país en el punto de mira. Trump ya ha dicho que las condiciones arancelarias se mantendrán a no ser que se termine lo que él considera la “persecución” de Bolsonaro.

Juicio inminente

Si se cumplen los plazos, está previsto que el juicio contra Bolsonaro se celebre el próximo mes de septiembre. Al exmandatario se le imputan los delitos de “abolición violenta del Estado democrático de Derecho, golpe de Estado y asociación ilícita” y, de ser considerado culpable, podría ser condenado a hasta 40 años de cárcel.

Además de Bolsonaro, otras siete figuras de su entorno están imputadas, entre ellas, la cúpula militar durante su Gobierno. La Fiscalía brasileña acusa a estas personas de formar “una organización criminal que actuó de forma coordinada en la tentativa de mantener al entonces presidente Bolsonaro en el poder”.

Brasil ya se está blindando ante posibles altercados y actos vandálicos protagonizados por los bolsonaristas, que ya han empezado a movilizarse. Sin ir más lejos, el pasado domingo 3 de agosto organizaron una gran movilización para mostrar su apoyo al expresidente.