Bolivia
La jura como presidenta de Jeanine Áñez confirma la deriva ultraderechista de la revuelta contra Morales
Sin el necesario apoyo de la Asamblea Legislativa, con la línea sucesoria dimitida tras amenazas y coacciones, asume la presidencia de Bolivia la vicepresidenta del Senado, Jeanine Áñez, política conservadora y ultrarreligiosa. Mientras, continúan las movilizaciones de sectores sociales que claman contra lo que llaman un “golpe de Estado”.
La hasta ahora vicepresidenta segunda del Senado, Jeanine Añez, salía este martes 12 de noviembre al balcón del Palacio Quemado, en el centro de La Paz, con la banda y la medalla presidencial, exhibiendo la Biblia y la whipala, la bandera indígena que había sido quemada y ultrajada en los días anteriores por la policía amotinada y los manifestantes contrarios a Evo Morales. A su lado, dos de los líderes de la revuelta contra el Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS): el supremacista Luis Fernando Camacho, que inició su militancia en la ultraderechista Unión Juvenil Cruceñista y el líder cívico de Potosí, Marco Pumari.
“Que Dios ilumine a Bolivia, mi compromiso es devolver la democracia y tranquilidad al país, voy a trabajar este corto tiempo porque los bolivianos merecen vivir en democracia y que nunca más se les robe el voto, nuestra fuerza es dios”, dijo Jeanine Áñez con la Biblia en la mano.
La proclamación de Áñez se realizó sin que la Asamblea Legislativa aprobara antes la renuncia del presidente y vicepresidente del país, un paso que exige la Constitución boliviana. El acto se realizó en un hemiciclo semivacío, con la única participación de los partidos opositores, que representan apenas a un tercio de los parlamentarios. La jefa de la bancada del MAS, Betty Yañíquez, comparó la proclamación de Jeanine Áñez con la autojuramentación de Juan Guaidó en Venezuela, y la calificó de “golpe de Estado”.
Los partidos opositores justifican la decisión en el artículo 169 de la Constitución, que detalla la línea de sucesión en caso de “impedimento o ausencia” del jefe de Estado: primero el vicepresidente, luego el presidente del Senado y, a falta de este, el presidente de la Cámara de Diputados. “En este último caso, se convocarán nuevas elecciones en el plazo máximo de noventa días”, reza el artículo.
El presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera habían dimitido el 10 de noviembre al no contar con el apoyo del ejército ni de la policía frente a la violencia creciente de la revuelta opositora. El presidente de la Cámara de Diputados había presentado su dimisión después de que los opositores a Morales secuestraran a su hermano. Y la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, ya había presentado su renuncia poco después de la de la cúpula del MAS. La autoproclamada presidenta de Bolivia habló de la “convocatoria urgente de nuevas elecciones”, sin hacer referencia a la obligación de hacerlo antes de tres meses según el texto constitucional.
Mientras tanto, continuaban las movilizaciones. El secretario general de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, anunciaba poco antes de la proclamación de Áñez que daban “un plazo de 24 horas para restaurar el orden en el país” antes de declararse en huelga general indefinida y comenzar la marcha de todos sus afiliados hacia la capital. Está por ver cuál será la reacción de esta potente organización, que apoyó la dimisión de Evo Morales, tras la jura de la vicepresidenta del Senado.
La Confederación Única Sindical de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), el sindicato campesino más poderoso del país, llamaba el 11 de noviembre al “bloqueo general en todo el país y todas las carreteras, con el fin de resistir al golpe de Estado cívico-político-policial, que ha instaurado en Bolivia un régimen de facto apoyado en la violencia y la represión”.
Por su parte, poco después de que un militar colocara la banda presidencial en los hombros de vicepresidenta segunda, las federaciones cocaleras del Chaparé (Cochabamba) llamaban a una “contundente movilización” hasta que el “hermano Evo retorne a la presidencia” y termine su mandato, que finaliza el 22 de enero de 2020. “Nos declaramos en movilización nacional en contra del golpe de Estado que se ha perpetrado en nuestro país. Rechazamos de manera contundente la autoproclamación de la señora Añez, que como segunda vicepresidenta del Senado se autonombra como presidenta, lo que es totalmente anticonstitucional”, anunciaron desde este movimiento de productores de coca.
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