Myanmar
Myanmar: un país bajo los escombros

En las regiones centrales de Mandalay y Sagaing, las más afectadas por el terremoto que sacudió Myanmar el pasado viernes 28 de marzo, el tiempo va a la contra. Los equipos de rescate trabajan contrarreloj en dos direcciones: para encontrar supervivientes y para encontrar cadáveres, que empiezan a descomponerse bajo los edificios derrumbados. Con temperaturas de hasta 40 ºC y con la llegada inminente de los monzones en las próximas semanas, la situación es crítica. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha calificado la emergencia como de alto nivel.

De momento se habla de unas 1.700 personas fallecidas y de unos 4.000 heridos, pero se espera que estas cifras vayan aumentando según vayan pasando los días. Tras un fin de semana con réplicas que han dificultado las labores de rescate y la distribución de ayuda humanitaria entre la población, ahora mismo resulta imposible tener una panorámica de la magnitud total del desastre. Naciones Unidas calcula que el terremoto ha afectado, de diferentes maneras, a unos 20 millones de personas. El medio Democratic Voice of Burma (DVB) habla de casi 3.000 muertos.

En diferentes grupos de Facebook, familiares y amigos postean fotos de personas desaparecidas y piden ayuda para localizarlas. De momento se maneja la cifra de unas 300 personas desaparecidas, pero como ocurre con las personas fallecidas y heridas, esta cifra podría aumentar con el paso de los días.

Esta catástrofe supone un golpe durísimo para la población birmana, que ya vivía antes del temblor en un contexto de conflicto y guerra civil. Según ACNUR, en el país hay tres millones de personas desplazadas internamente. Una de cada tres personas de esa masa de población desplazada es un menor, según datos de UNICEF.

Situación humanitaria crítica

En un escenario de guerra civil que estalló el mismo día que la junta militar se hizo con el poder por la fuerza, el 1 de febrero de 2021, y de empobrecimiento generalizado, la situación se vuelve crítica a cada día que pasa.

Preocupa especialmente la situación en lugares rurales, donde la distribución de ayuda y las labores de rescate resultan más complejas

Además de los cortes de las telecomunicaciones y la electricidad (hay gente en Mandalay que aún no ha podido ser contactada por familiares en el extranjero), la población se enfrenta a un acceso limitado al agua potable, los alimentos, otros bienes de primera necesidad y la atención médica. El principal hospital de Mandalay está colapsado y muchos de los pacientes que llegan tienen que ser atendidos en el exterior; algunos aeropuertos del país se mantienen cerrados; y los daños a infraestructuras como carreteras y puentes es incalculable. La gran mayoría de equipos internacionales que están llegando al país son enviados a Naypyidaw, la capital, y Mandalay. Otras regiones, como Sagaing, también muy afectada por el temblor, están quedando en segundo plano. Preocupa especialmente la situación en lugares rurales, donde la distribución de ayuda y las labores de rescate resultan más complejas.

“La comunicación en estos momentos es muy difícil debido a los apagones que ya eran frecuentes por el conflicto en curso y que ahora se ven agravados por la interrupción de las líneas causada por el seísmo. El acceso a la ayuda es muy complicado porque muchas carreteras y puentes están dañados o cerrados y los daños exactos aún no están claros”, aseguran desde Médicos sin Fronteras (MSF) en un comunicado. “En los próximos días, tememos que la situación sanitaria empeore aún más debido a la destrucción de instalaciones médicas, la escasez de agua potable y también las precarias condiciones higiénicas en muchas ciudades. Esto podría provocar epidemias de enfermedades transmitidas por el agua, como diarrea o cólera, pero también malaria y dengue”.

Desde la organización se mantienen cautos a la hora de dar cifras y calificar el alcance de los daños de esta catástrofe. “Estamos muy preocupados por la escasa información que nos llega de comunidades enteras de las zonas más aisladas y por el hecho de que también sea muy difícil llegar a estas comunidades debido a los problemas de acceso relacionados con el conflicto”, concluyen.

La junta continúa con los bombardeos

Por su parte, la junta militar continúa restringiendo el acceso de periodistas extranjeros en terreno y durante el fin de semana, en el que han continuado las réplicas, ha seguido bombardeando algunas de las regiones del país. 

Pocas horas después del terremoto, Ming Aung Hlaing, jefe militar de las fuerzas armadas, hizo un llamamiento y pidió ayuda humanitaria internacional; pero se teme que esta ayuda sea usada para atentar contra los civiles en las regiones rebeldes. Muchas organizaciones ya han advertido de los peligros de que estos fondos sean gestionados por la junta. “Es imperativo que la comunidad internacional movilice recursos de inmediato y dirija la ayuda de emergencia a los supervivientes y las comunidades afectadas. Esta ayuda debe canalizarse a través de grupos comunitarios locales y personal de primera línea, en colaboración con el Gobierno de Unidad Nacional (NUG), las Organizaciones de Resistencia Étnica y la sociedad civil. Enfatizamos que estas iniciativas de ayuda humanitaria, a través de sus socios implementadores, no deben ser explotadas, manipuladas ni utilizadas como arma por la junta militar para su beneficio político y militar”,  se puede leer en un comunicado remitido a la prensa firmado por 265 organizaciones de la sociedad civil. “En las zonas afectadas, tanto bajo su control como bajo el de la resistencia, la junta intentará utilizar la ayuda como arma para atacar y aprovechar sus ventajas sobre el movimiento de resistencia”.

Muchas organizaciones ya han advertido de los peligros de que los fondos para la ayuda humanitaria sean gestionados por la junta militar

Thomas Andrews, relator de Naciones Unidas para Myanmar, también ha advertido de las posibilidades y el peligro que supone que el Tatmadaw —las fuerzas armadas— use la ayuda humanitaria como arma. Andrews ha pedido que esta ayuda sea gestionada a través del NUG y otras organizaciones de la sociedad civil.

Otra de las cosas que preocupa al  Gobierno de Unidad Nacional en el exilio es que el dictador Min Aung Hlaing, que tiene una orden del Tribunal Penal Internacional (TPI) por crímenes de guerra y de lesa humanidad, use esta crisis como una oportunidad para ganar legitimidad internacional y que Myanmar pierda su estatus de régimen paria.

Tras el terremoto, el NUG declaró un alto el fuego de dos semanas en todo el país para facilitar las labores de rescate, pero la junta ha hecho caso omiso a la propuesta de tregua y el régimen ha continuado bombardeando por tierra y aire en diferentes enclaves del país controlados por los grupos en la oposición. En algunas de estas regiones, como el estado Shan o en Sagain, se había declarado el estado de emergencia tras el terremoto.

La experiencia previa durante el Ciclón Nargis en 2008

Esta no es la primera vez que Myanmar sufre una catástrofe de esta magnitud. En 2008, el ciclón Nargis acabó con la vida de casi 80.000 personas; más de 50.000 continúan desaparecidas. Fue entonces cuando el régimen militar, en aquel momento también en el poder, usó las medidas de socorro para manipular los resultados de un referéndum para votar una nueva Constitución (redactada por ellos mismos). En un primer momento, entonces se impidió la entrada de ayuda internacional en el país, pero cuando el Tatmadaw se dio cuenta de lo crítica que era la situación, autorizó la entrada de efectivos internacionales. La ayuda que llegó fue usada indebidamente para obtener beneficios personales y políticos.

Esta catástrofe se produce en un momento en que el Tatmadaw se encuentra debilitado tras el avance de los diferentes grupos que le combaten. Estos controlan ya la mitad del territorio del país. Tras la pérdida de algunas regiones clave y aislado internacionalmente (solo con el apoyo de China y Rusia), los militares hace meses que trabajan en la flexibilización de visas para promover la entrada de divisa extranjera. Así, el país se está volviendo a promocionar como destino turístico y como posibilidad para inversores internacionales. De ahí que las organizaciones internacionales estén advirtiendo del problema de dejar en manos de los militares los fondos internacionales, ya que existe la posibilidad de que la junta salga beneficiada de esta crisis humanitaria.