Biodiversidad
Enroque de las partes en la COP16 con apenas un día para su clausura

Con esta propuesta se inicia una nueva etapa en la que tanto la forma de organización como las prácticas de los tradicionales partidos y coaliciones se ven desafiadas frente a otra propuesta de hacer política, la de “mandar obedeciendo”. Bajo este mandato recorren las 32 entidades federativas que conforman las geografía mexicana, escuchando, asimilando y conociendo las problemáticas de las zonas rurales y urbanas, con la misma metodología con la que se impulsó La Otra Campaña. Se trata de llegar allá adónde nadie llega, adónde las problemáticas están directamente arraigadas a la tierra. Es cuestión de escuchar compartiendo con las personas que sufren directamente en sus vidas y comunidades la oleada de transnacionales que expropian recursos y expolian el territorio para el establecimiento de sus megaproyectos. En definitiva, es otra forma de hacer política, recuperar el verdadero sentido de la política, generar un verdadero proyecto que emane de las voces de los pueblos.

El pasado mes de octubre se inició, con toda esta carga ideológica, la recogida de firmas para la postulación institucional de la candidatura en el estado de Chiapas. El recorrido por los diferentes caracoles zapatistas, así como eventos, reuniones y encuentros en lugares clave con organizaciones de base y comunidades, marcó y marcará estos próximos meses el accionar político. Si la campaña sale bien, podrán presentarse como partido político a las elecciones de 2018.

Colectivizar las voces y visibilizar lo reprimido

Del 14 al 20 de octubre se realizaron actos políticos en los cinco caracoles zapatistas y en los municipios de Palenque y San Cristóbal de las Casas. La dinámica siempre fue la misma: dar voz a quienes están en resistencia y lucha, reconocer los dolores, escuchar atentamente todas sus demandas, invitar a la resistencia y la construcción de otra forma de vida, visibilizar la lucha de las organizaciones que denuncian las desapariciones (con especial atención a las Madres y Padres de Ayotzinapa, que acompañan la gira) y recoger las firmas necesarias para la candidatura del CIG.

No es casual que la gira del CIG se inicie en el estado de Chiapas, ya que la rebelión que desde el 1994 mantiene a las comunidades en resistencia frente al sistema capitalista ha sido y es ejemplo de lucha tanto en América Latina como en el resto del mundo. Trece fueron las demandas que impulsaron el alzamiento del EZLN: tierra, trabajo, salud, educación, vivienda, paz, libertad, justicia, democracia, información, independencia, cultura y alimentación. Siguen siendo las mismas.

En 1996, fruto del trabajo de articulación que venían realizando los pueblos indígenas, se conforma el Congreso Nacional Indígena (CNI) para defender sus propios derechos, defender el territorio y, sobre todo, construir su alternativa. A partir de ese año, las y los zapatistas organizan sus gobiernos autónomos a través de cargos rotativos, sin contar con partidos políticos, y crean un sistema autónomo basado en la producción, la economía, la salud, la educación, la justicia y la seguridad.

Veinte años después se propone, tras consultar a todos los pueblos ya organizados, el CIG como forma independiente de partidos políticos para formar un gobierno propio. En mayo del 2017 se nombran las asambleas de concejalas y concejales de cada lengua en cada región indígena del país y se crea la estructura de funcionamiento del Concejo Indígena de Gobierno. El CIG se rige por los siete principios del CNI: obedecer y no mandar, representar y no suplantar, servir y no servirse, convencer y no vencer, bajar y no subir, proponer y no imponer, construir y no destruir.

El CIG es una forma de gobierno colectiva. Se nombra a una vocera como representante, no como cargo individual sino como colectivización de todas las voces. En esta primera ocasión la vocera es una mujer médica tradicional, una indígena de la comunidad nahua de Tuxpan (Jalisco), pues se ha querido hacer visible lo que el sistema capitalista heteropatriarcal ha invisibilizado, reprimido, sometido, y violentado. La elección de Marichuy como vocera es en sí misma una respuesta al sometimiento y una resistencia digna a la violencia que el sistema quiere imponer, pero, sobre todo, un acto de visibilización.

La figura de vocera no tiene como objetivo principal ganar la presidencia. A través de la candidata se pretende difundir toda la propuesta para otra forma de organización fuera de los malos gobiernos, es un pretexto que permite el encuentro para hablar y organizar a la gente que está siendo explotada en todo México, con la que contar para echar a andar otras formas de organización autónomas no capitalistas ni heteropatriarcales.

El accionar del CIG en Chiapas

Uno de los ejemplos que marcaron el paso del CIG por Chiapas fue el encuentro con el Movimiento de Mujeres en Defensa de la Tierra y el Territorio y por el Derecho a Decidir, así como con varias organizaciones feministas y de mujeres de base y de la sociedad civil. El evento, en el que participaron 17 organizaciones, se realizó el 20 de octubre en las instalaciones del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica (CESMECA), de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH).

La celebración de un altar maya en los jardines de las instalaciones dio inicio al acto. Las participantes quisieron recibir de forma espiritual a Marichuy y al resto de concejalas que ese día la acompañaban. Posteriormente, en el auditorio, una a una las representantes de todas las organizaciones fueron exponiendo al CIG las demandas que colectivamente habían trabajado. Brotaron los ejemplos sobre las violencias cotidianas que viven en sus comunidades, ilustrando las cuestiones que las mujeres chapanecas vienen reivindicando desde hace años: matrimonios tempranos, trabajos forzados de niñas y jóvenes, discriminación laboral hacia mujeres periodistas, persecución a defensoras de Derechos Humanos, aumento de feminicidios, acaparamiento de tierras y contaminación de agua por parte de transnacionales agrícolas y mineras, debilitamiento y división del tejido comunitario, violencias intracomunitarias e intrafamiliares, desigualdades salariales e impedimentos para la tenencia de la tierra, entre las evidencias más repetidas.

Entre las demandas presentadas destaca la entrega de una propuesta de tenencia familiar que permita a las mujeres ser titulares de derechos agrarios, propuesta que desde hace tres años viene elaborando el Movimiento de Mujeres en Defensa de la Tierra y el Territorio y por el Derecho a Decidir. Cinco principios articulan esta demanda: que las mujeres sean reconocidas como integrantes de los colectivos ejidales y comunales en igualdad de derechos; que las asambleas comunitarias reconozcan que las parcelas son de toda la familia; que ejidos y comunidades reconozcan que las mujeres tienen derecho y obligación de participar en todas las decisiones comunitarias; que los pueblos reconozcan que la participación de las mujeres duplicará la fuerza de las luchas en defensa de la tierra y el territorio frente a proyectos extractivistas y de privatización, y que la lucha por el reconocimiento de las mujeres es para fortalecer la vida en colectivo.

Como cierre del evento, y después de haber recibido la sistematización de las demandas y la propuesta de tenencia familiar, intervinieron las concejalas y la vocera Marichuy, quien remarcó la necesidad de fortalecer la organización comunitaria para enfrentar el capitalismo. De los diferentes principios que acompañan la gira de Marichuy por todo el territorio mexicano me gustaría resaltar el de mandar obedeciendo al pueblo. Es así cómo se debería regir la política.

El trabajo de Marichuy y todo el CIG en Chiapas demuestra que de nuevo emergen de un continente otros modos de escuchar al pueblo, de caminar conjuntamente, de atender y visibilizar a las personas que el capitalismo ha querido hacer invisibles, exterminar y someter. Continúan naciendo ejemplos de resistencia y lucha que muestran el amor incondicional a la tierra y a las personas y que reivindican la necesidad de la organización comunitaria y el acompasar internacionalista.

Beatriz Plaza Escrivà es colaboradora de Pueblos - Revista de Información y Debate.

Vandana Shiva (India), Wangari Mattai (Kenia), Kanahus Manuel (Canadá)… Todas ellas han demostrado que existen otras maneras de relacionarnos con la tierra y los recursos naturales, porque entienden que somos un todo y no podemos vivir dando la espalda a la naturaleza. Se niegan a formar parte de un sistema capitalista depredador que como bien explica Yayo Herrero, directora de Fuhem, deja fuera todo a lo que no puede asignar un valor monetario: la crianza, los cuidados, la fotosíntesis, el ciclo del agua... sin los cuales la vida no sería posible. Un extractivismo salvaje (megaminería, explotación petrolera, agronegocio, construcción de represas…) que además de acelerar el cambio climático, deja también una estela de violaciones de derechos humanos.

Las mujeres son las principales afectadas por el cambio climático, pero también las que más iniciativas ponen en marcha para adaptarse a sus consecuencias. Producen más del 50% de los alimentos del mundo y hasta el 80% de los alimentos básicos en el Caribe y en el África Subsahariana, sin embargo no son dueñas de las tierras que trabajan. La titularidad de la tierra continúa en manos de los hombres y por lo tanto la toma de decisiones. En España, tan solo son propietarias del 23% de las tierras agrarias, mientras más de cinco millones de mujeres, según FADEMUR, trabajan en sectores altamente vulnerables al cambio climático como son la ganadería o la agricultura.

Ellas llevan décadas resistiendo ante la crisis climática y desafiando a las grandes corporaciones que atentan no sólo contra sus comunidades sino también contra sus cuerpos, en muchos casos con total impunidad. Están convencidas de su resistencia como un rechazo frontal a las consecuencias del sistema capitalista patriarcal: guerras por la apropiación de recursos naturales, pobreza extrema, aumento de las desigualdades, ocupaciones y expulsiones forzadas de sus tierras…

¿Cómo dejar de ser invisibles en las negociaciones climáticas?

Las mujeres llevan décadas poniendo en práctica estrategias de adaptación al cambio climático de manera continua pero también invisibilizada, tanto en sus hogares como a nivel comunitario. Visibilizarlo es precisamente una parte esencial de la lucha contra el cambio climático. La Cumbre del Clima de Bonn quiere dar a las mujeres el protagonismo que merecen con la aprobación de un plan de acción de género. El objetivo, entre otras cosas, es incorporar a las mujeres en todos los ámbitos de decisión en las negociaciones climáticas. ¡Es urgente acabar con la infrarrepresentación de las mujeres!

En el Corredor Seco centroamericano, una de las regiones más vulnerables al calentamiento global, diferentes grupos de mujeres han puesto en marcha diversas estrategias de adaptación: seleccionando semillas criollas más resistentes al cambio climático (banco de semillas en la comunidad de Naranjo, en Nicaragua), construyendo nuevos pozos para almacenar agua –un bien cada vez más escaso- (iniciativa Ciudad Mujer en El Salvador), organizándose a través de cooperativas agrícolas (iniciativa Combrifol en Honduras)…

Se trata en definitiva de seguir resistiendo y ser capaces de vivir colectivamente organizadas en sus territorios, tejiendo vínculos emocionales fuertes frente a las adversidades climáticas. Permanecer en sus territorios con sus familias es clave para muchas de ellas.

Aunque los titulares se los llevan habitualmente los mamíferos, en el reino animal todos los grupos están amenazados. Los insectos, un grupo especialmente esencial en el equilibrio de la vida, no son una excepción, sino más bien lo contrario: el 41% de ellos están amenazados.

¿Por qué apostar por el AVE cuándo con un kilómetro de alta velocidad se podrían adecuar 13 km de vías convencionales con altas prestaciones, según recoge un estudio de la Universidad de Extremadura elaborado por el especialista Juan Francisco Coloma?

¿Por qué la Junta de Extremadura promueve con dinero público una manifestación por la alta velocidad en Madrid este sábado 18 de noviembre, mientras presupuesta el desmantelamiento de vías de la Ruta de la Plata y quita partidas presupuestarias destinadas a mejorar la red convencional?

Estas son algunas de las cuestiones que se plantean desde el Movimiento Ruta de la Plata, organizaciones ambientalistas como Ecologistas en Acción y Adenex, sindicatos como CGT e integrantes de la Coordinadora Estatal por un Ferrocarril Público y Sostenible, que han programado una semana de movilizaciones en diferentes territorios.

Al visualizar el mapa de infraestructuras ferroviarias queda a la vista el agujero, el gran vacío que se dibuja en el suroeste peninsular, y más en concreto en Extremadura

Al visualizar el mapa de infraestructuras ferroviarias queda a la vista el agujero, el gran vacío que se dibuja en el suroeste peninsular, y más en concreto en Extremadura. Un mapa que muestra un retraso estructural en comunicaciones y la “desigualdad de dotación de infraestructuras ferroviarias respecto a otros territorios”, según indica Juan Eugenio Mena, portavoz del Movimiento Ruta de la Plata.

Sin un solo kilómetro de vía férrea electrificada, ni vía doble. Sin líneas de larga distancia. Con el 70% de la red regional que mantiene los antiguos bloqueos telefónicos y vagones obsoletos, la propia empresa privada responsable de la gestión del ferrocarril extremeño, ADIF, reconoce en la prensa que la Extremadura dispone de un servicio ferroviario impropio de este siglo.

EN DECLIVE DESDE 1985

Con una red diseñada para encajar en las necesidades estatales, el servicio ferroviario extremeño resulta anticuado y está en una situación de declive desde 1985 cuando el Gobierno socialista cerró la línea de la Ruta de la Plata –Plasencia-Salamanca-Astorga–. Entonces se perdieron tramos de una vía importante (Algeciras-Gijón), que unía la región con el sur y norte, y que daba salida tanto a mercancías como a pasajeros, destaca Juan Mena, mientras subraya que el AVE, la “apuesta del Gobierno regional”, no transporta mercancías.

La situación siguió deteriorándose con la clausura de los trenes Talgo y el cierre de la línea de larga distancia de Madrid-Lisboa por Extremadura. En 2012 se dejó de ofrecer el servicio al desviar por Salamanca el Tren Lusitania (Madrid-Lisboa), que conectaba poblaciones extremeñas con Portugal, como lamenta la Asociación Extremeña Amigos del Ferrocarril.

Los trenes están obsoletos y se reponen con los deshechos de otros territorios. En algunos tramos los trenes llegan a viajar a 40 km/h e incluso a 17 km/h

Actualmente, en Extremadura circulan algunos pocos trenes de media distancia que la conectan con Andalucía (Sevilla y Huelva), Castilla-La Mancha (Ciudad Real) y Madrid, Según datos oficiales, el 15% de las traviesas son de madera. Los trenes están obsoletos y se reponen con los deshechos de otros territorios. Circulan a una velocidad media de 80-100km/h, alcanzando solo en algunos puntos los 160 km/h. En algunos tramos los trenes llegan a viajar a 40 km/h e incluso a 17 km/h, como señalan desde organizaciones sindicales.

El déficit crónico que padece el ferrocarril extremeño somete a viajeros y viajeras a continuos retrasos de hasta cuatro horas. Cancelaciones, averías, viajes en autobús, suspensión de líneas y otros inconvenientes. Además, según coinciden en señalar integrantes de la Coordinadora Estatal en la región, frena la movilidad laboral, la captación de inversores, el asentamiento industrial y las posibilidades turísticas. Pero, sobre todo, aísla al mundo rural.

AVE FRENTE A UN TREN CONVENCIONAL DE ALTAS PRESTACIONES

Diversas organizaciones y plataformas, entre las que se encuentran la Ruta de la Plata, la Asociación Extremeña de Amigos del Ferrocarril, el colectivo Milana Bonita o la Plataforma por un Tren Digno, comparten la necesidad de movilizarse y reivindicar un ferrocarril digno. Esta semana, además, se presentaba la Coordinadora Estatal en Defensa del Ferrocarril Público, Social y Sostenible.

Extremadura parece ahora reclamar de modo unánime un tren digno, pero existen matices importantes. Se dan posiciones antagónicas, entre quienes defienden el AVE frente a quienes ven la prioridad en un transporte convencional de altas prestaciones y sostenible.

Este miércoles 15 de noviembre, en Mérida, el Movimiento Ruta Plata solicitó a la Dirección General de Transportes una moratoria en el desmantelamiento de la Vía de la Plata, momentos antes de concentrarse en la Consejería de Fomento. Como alternativa a su levantamiento desde Plasencia hacia el norte, se propuso a la Junta realizar un diagnóstico de utilidad del trazado sobre el estado de la vía. Demanda que se extienda de Zafra a Huelva, y también de Sevilla a Algeciras para conectar de sur a norte, sin pasar por Madrid.

Así lo informó este colectivo, que pide recuperar 347 km de Vía de la Plata “por justicia social, reordenación” y equilibrio territorial. Una vía que podría incorporarse a la Red Básica Europea.

"SI NO HAY VÍA, NO HAY TREN"

“Si no hay vías, no hay tren”, advierte su portavoz, al tiempo que reprocha que la Junta firme un convenio con ADIF por cuatro millones de euros para el levantamiento de vías mientra convoca, con dinero público, un acto protesta. “Defendemos que hay una incompatibilidad manifiesta entre AVE y ferrocarril convencional” y “consideramos que en el trasfondo de la manifestación está el relanzamiento de las obras del AVE”. “Nos llama la atención que se esté organizando con dinero público”, afirma.

Ecologistas en Acción tampoco respalda la convocatoria por considerar que “se prioriza la demanda AVE” en vez de adecuar la red convencional en pro de políticas sostenibles

Ecologistas en Acción tampoco respalda la convocatoria por considerar que “se prioriza la demanda AVE” en vez de adecuar la red convencional en pro de políticas sostenibles y medioambientales, por lo que propone su “moratoria hasta llegar al pleno desarrollo ferroviario en la región”.

Esta organización sostiene que la manifestación del sábado tiene como referencia el Pacto Social y Político por el Ferrocarril en Extremadura, acuerdo firmado en marzo de 2016 por la Junta de Extremadura, la Confederación Empresarial Extremeña (Creex), los sindicatos CC OO y UGT, y los partidos políticos PSOE, PP, Ciudadanos y Podemos, así como las diputaciones y la Federación Extremeña de Municipios y provincias (FEMPEX).

Un acuerdo “elaborado a espaldas del resto de agentes económicos y sociales, que no cuenta con el suficiente consenso social y antepone el desarrollo de la línea de alta velocidad frente al mantenimiento o creación de líneas ferroviarias de tren convencional electrificado, que conecten todas las comarcas de la región y vertebren el oeste peninsular, como la mencionada Ruta de la Plata, que está en proceso de ser desmantelada”, critica Ecologistas en Acción.

La Coordinadora Estatal por un Ferrocarril Público, como alternativa al AVE, solicita al Ministerio de Fomento “frenar los recortes en los servicios ferroviarios y el cierre de líneas previstas a finales de año” así como “proponer la mejora de una red ferroviaria de calidad que proteja y potencie el tren de Cercanías y el tren Regional, un modelo más asequible, mayoritario y socialmente rentable, que puede conectar en una misma red tanto a ciudades grandes como pequeñas, a las comarcas y al mundo rural”, por lo que tampoco asistirá a la convocatoria.

LAVAR RESPONSABILIDADES

Otro de los colectivos que no se siente identificado con las reivindicaciones del 18-N es el sindicato CGT que a través de un comunicado tacha de “oportunista a la Junta”. Este sindicato considera que la manifestación promovida por el Pacto del Ferrocarril “sirve para lavar la responsabilidad de partidos convocantes”, como el PSOE y el PP, “que han estado al frente del Gobierno autonómico”. La “llegada de Obligaciones de Servicio Público puede conllevar el cierre de más lineas” en la región, alerta esta organización sindical.

IU- Extremadura ha decidido, por resolución, no participar en la convocatoria, al considerar que “el tren digno que Extremadura necesita no es el AVE”, informa en nota de prensa.

El coste de solución estimado para la alta velocidad Madrid-Extremadura, prevista para 2015, y cuyo nuevo horizonte se marca para 2019, asciende a 3.448 millones de euros, según ha podido conocer El Salto. Los tramos proyectados a su paso por la comunidad se encuentran en diversas situaciones: con estudios caducados, en trámite de licitación, pocos finalizados, varios en ejecución, mientras otros permanecen en suspenso.

Según estimaciones de la prensa regional, unos 300 autobuses, facilitados por la organización y otras entidades colaboradoras, se desplazarán hasta la capital del Estado desde Extremadura

Según estimaciones de la prensa regional, unos 300 autobuses, facilitados por la organización y otras entidades colaboradoras, se desplazarán hasta la capital del Estado desde Extremadura para respaldar la convocatoria promovida por el Pacto Social y Político por el Ferrocarril en Extremadura, este sábado en Madrid bajo el lema: 'Por un tren digno Ya'.

El colectivo Milana Bonita, que con su performance-protesta en la estación de Atocha de los Santos Inocentes marcó un punto de inflexión y estimuló la demanda social por un tren digno, finalmente sí se sumará a la reivindicación tras haber logrado el compromiso de que los políticos evitarán restar protagonismo a la ciudadanía, según indica a través de un comunicado. 

La propuesta del Gobierno de Colombia en esta COP16 va en la línea de lo defendido en la Cumbre para un Nuevo Pacto Financiero Mundial celebrado en París en 2023. Gustavo Petro dejó bien claro que los mercados no pueden ser la herramienta de los Estados para luchar contra las graves consecuencias de una crisis climática que se ceba con los países del Sur global, incapaces de hacer frente a las inversiones para mitigación al tener gran parte de sus presupuestos comprometidos con los altos costes de la deuda externa, ahogando las posibilidades de realizar acciones climáticas.

Por Jaume Grau López
Biólogo e integrante de Ecologistas en Acción, @jaumegraulopez

Petro tuvo un mensaje muy contundente, de corte anticapitalista, denunciando la avaricia infinita de las corporaciones multinacionales y de las mayores fortunas del planeta, a quienes responsabilizó en gran medida de las crisis de biodiversidad y climática. Pidió más Estado para controlar y regular los mercados, mayor fiscalidad hacia las grandes fortunas y mayor implicación de los bloques con mayor responsabilidad histórica en la crisis ambiental: Estados Unidos, la UE y China. El presidente colombiano defendió además la necesidad de un “plan Marshall” para reorientar la economía hacia la conservación de la naturaleza y atacó a los negacionistas de la crisis ecológica global.

Por su parte, António Guterres abogó por la implicación de los países para implementar el Marco Mundial de Biodiversidad, aunque también defendió un crecimiento verde que Ecologistas en Acción consideramos incompatible con los límites planetarios.

Esta COP16 puede representar un hito en el desarrollo del Convenio de Biodiversidad Biológica (CDB), como atestiguan las más de 15.000 personas acreditadas para participar en la zona azul, el espacio oficial de negociaciones, que se produce en paralelo a la cumbre de la sociedad civil, la zona verde. El gran interés despertado a nivel mundial, y la implicación de Colombia en su organización, auguran una conferencia caliente en un país convulso pero que atesora una inmensa biodiversidad y da pasos hacia la superación de sus conflictos internos mientras revaloriza a sus poblaciones originarias, las personas indígenas.

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Ecologistas en Acción participa en la COP16 con un representante acreditado como observador oficial, Jaume Grau López. Mediante este espacio realizaremos un seguimiento diario del desarrollo de las negociaciones en dicha cumbre, así como una exposición de los grandes temas en debate y los acuerdos que se logren a su finalización.

Los grandes lobbies europeos del sector agro-químico son particularmente activos durante los debates sobre la prohibición del pesticida cancerígeno comercializado por Montsanto, el glifosato. Frente al poder de los lobbies, decenas de jóvenes activistas organizaron acciones para denunciar el peso de los lobbies europeos, disfrazados de animales y con el eslogan “Somos la naturaleza que se defiende”. Se bautizaron con el nombre Ensamblaje Zoológico de Liberación de la Naturaleza, más conocido por su sigla EZLN. Adoptaron también el lenguaje poético de los comunicados zapatistas y su determinación en la lucha en contra de los poderes y para construir desde abajo un mundo donde caben todos los mundos.

El jueves 9 de noviembre, 200 activistas del EZLN manifestaron su oposición a los lobbies y su apoyo a los nueve ciudadanos que comparecieron el jueves en el Palacio de Justicia de Bruselas por haber participado en una acción no violenta. El pasado 9 de mayo, 'alter-activistas' del EZLN se introdujeron durante algunos minutos en los pasillos de la sede del principal lobby de los productores de pesticidas, la Asociación Europea de Protección a los Cultivos. En su breve recorrido por el edificio, los activistas disfrazados de animales, sin romper nada, dejaron un poco de paja, calcomanías y un poco de pintura roja en la sede del poderoso lobby. Nueve de ellos están acusados de degradaciones a un edificio, un citatorio del tribunal que ilustra la criminalización creciente de las protestas artísticas y pacíficas en Bélgica.

Numerosas asociaciones ecologistas y ciudadanas e intelectuales han expresado su apoyo a los inculpados e insisten en el consenso de los científicos independientes en cuanto al peligro sanitario que representa el glifosato. Las acciones del EZLN (en su versión de Bruselas) señalan una amenaza a la salud de los europeos pero también una de las mayores amenazas a la salud de la democracia europea: los lobbies.

Sede de la Comisión Europea, Bruselas se ha convertido en la capital mundial de los lobbies. Alberga actualmente más lobbies que Washington y las reglas europeas que enmarcan estas actividades resultan más permisivas que las normas estadounidenses. Hay tantos lobbies en Bruselas que el Observatorio de la Europa Corporativa publica un guía turística llamada Lobby Planet. El reporte recién publicado por esta organización no gubernamental sobre las negociaciones alrededor del glifosato muestra un protagonismo y una influencia enorme de los lobbies de la agro-industria en una decisión con grave consecuencias sobre la salud de los ciudadanos europeos. A pesar de la magnitud de tal amenaza, las reacciones ciudadanas y políticas habían sido limitadas y discretas, hasta la acción del EZLN.

La inculpación de estos nueve activistas del EZLN por una acción no violenta plantea claramente la siguiente pregunta: ¿Qué significa condenar a quienes han lanzado la alerta para denunciar a los lobbies? ¿Acaso no es deber ciudadano llamar la atención de los políticos sobre la amenaza que constituyen los lobbies para nuestra democracia?

La historia de los movimientos sociales nos enseña que las acciones simbólicas, no violentas y llenas de humor (como la del EZLN en la sede del lobby en Bruselas) son un modo de acción particularmente eficaz para denunciar una situación política y social injusta. El objetivo de tales “actos disruptivos” es romper con la “rutina política”, suscitar debate, sensibilizar a la población sobre un problema mayor pero poco debatido en la sociedad y pedir a los políticos posicionarse oficialmente frente a este problema, para cambiar progresivamente los equilibrios políticos que mantienen las políticas injustas.

Haciendo énfasis en la enorme influencia de los lobbies en la Unión Europea, el EZLN desempeña un papel indispensable en las democracias contemporáneas. Estas acciones forman parte de un “sistema de alerta dotado de antenas altamente sensibles a los problemas de la sociedad”, a los cuales Jürgen Habermas coloca en el corazón del espacio público democrático y de las prácticas de vigilancia de los actores políticos y económicos que según el politólogo John Keanes son la piedra angular de los régimen democráticos contemporáneos.

Estas acciones simbólicas son particularmente eficaces cuando están acompañadas de un trabajo de investigación por parte de periodistas y de ONGs para señalar los conflictos de interés y el peso de los lobbies. En todo los países europeos se han multiplicado los análisis, libros y reportajes que muestran de forma cada vez más clara que, lejos de ser marginal, la acción de los lobbies se encuentra a menudo en el centro del sistema político, como lo expone el betseller alemán Lobbykratie (Lobbycracia). Los periodistas Uwe Ritzer y Markus Balser muestran en ese trabajo cómo la política alemana se construye bajo la presión constante del sector empresarial y cómo la proximidad entre los lobbies industriales y el poder político explican ajustes repentinos de la cancillería del Consejo Europeo.

¿Acaso la Unión Europea se ha vuelto una “lobbycracia”? Como en todos los continentes, la amenaza de los lobbies contra la democracia es exacerbada por la concentración de la riqueza en las manos de unos pocos y en un mundo en donde las empresas transnacionales manejan más recursos que el PIB de países enteros. Sin embargo, la dominación de los lobbies no es una fatalidad. Los legisladores belgas y los europeos poseen la capacidad de retomar el poder que han cedido a los lobbies. Pero no impondrán nuevas regulaciones a los lobbies sin una toma de conciencia y una movilización masivas por parte de los ciudadanos. Las acciones humorísticas del EZLN, versión Bruselas, nos invitan a ser más vigilantes y a no permanecer pasivos ante una de las batallas fundamentales para defender la democracia en el siglo XXI.

Por Jaume Grau López
Biólogo e integrante de Ecologistas en Acción, @jaumegraulopez

La cumbre se inició ayer lunes con los parlamentos protocolarios del país anfitrión. Se destacó que esta es la COP con más periodistas acreditados, más participantes inscritos (más de 15.000 en la zona azul), y más eventos paralelos en la denominada zona verde (más de 1.000) además de miles de participantes adicionales. Ello demuestra el enorme interés que ha generado esta conferencia, pues se percibe como un punto de inflexión potencial. La presidenta de la COP y ministra de Medio Ambiente de Colombia, Susana Muhamad, fue explícita: “No podemos fallar”.

Siguieron las intervenciones iniciales de todos los bloques regionales de negociación: UE, Liga Árabe, países de Europa Central y del Este, Asia-Pacífico, GRULAC (América Latina y Caribe), Grupo Africano, Pequeños Estados Insulares, etc. Destaca la reclamación que manifestaron los países africanos, latinoamericanos, de pequeños Estados insulares y del Asia y Pacífico para que la financiación avance de manera prioritariamente. En la COP15 se asumió el compromiso de los países ricos de aportar 20.000 millones de dólares anuales para 2025 y 200.000 millones anuales para 2030 para financiar el desarrollo compatible con la biodiversidad de los países con menos recursos. La realidad es que estamos aún muy lejos de estas cifras. España contribuye con 10 millones de euros al año, más una parte, aun sin cuantificar, de las políticas de cooperación al desarrollo que se han reorientado a financiar la protección de la biodiversidad.

Varios países destacaron asimismo la importancia de que los convenios contra el cambio climático y por la biodiversidad coordinen adecuadamente sus acciones para evitar que las políticas contra el calentamiento global perjudiquen a la naturaleza, como ha estado sucediendo en el pasado.

Ya en los dos grupos de trabajo paralelos, se analizaron inicialmente algunas de las propuestas de acuerdo más relevantes. En cuanto a la integración de la biodiversidad en todas las políticas, no se pudo avanzar porque la propuesta de acuerdo vino con grandes objeciones cruzadas desde los órganos subsidiarios del Convenio de Biodiversidad Biológica, así que se decidió analizar en detalle el martes en un Grupo de Contacto específico. También el texto sobre biodiversidad y cambio climático está todo entre corchetes (lo que significa que se han formulado objeciones o enmiendas), así como buena parte de los documentos sobre biodiversidad marina y costera y de las islas, de estrategia de conservación de plantas y de biodiversidad y salud, que fueron también redireccionados a un Grupo de Contacto. Por contra, los documentos sobre valores diversos de la biodiversidad y sobre especies exóticas invasoras se tramitaron al plenario final sin dificultades.

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Ecologistas en Acción participa en la COP16 con un representante acreditado como observador oficial, Jaume Grau López. Mediante este espacio realizaremos un seguimiento diario del desarrollo de las negociaciones en dicha cumbre, así como una exposición de los grandes temas en debate y los acuerdos que se logren a su finalización.

“Las empresas que utilizan estos recursos ya no saben de dónde provienen, y no están pagando los beneficios que corresponden”. Las palabras de la ministra de Medio Ambiente de Colombia, y presidenta de la COP16, Susana Muhammad, pronunciadas este 22 de octubre en el pabellón del país anfitrión de la Cumbre de Biodiversidad, se refieren a uno de los temas menos mediáticos de los abordados por la comunidad internacional en materia de biodiversidad: los recursos genéticos.

El segundo día de la Cumbre se centró en esta problemática. El Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal establece entre sus objetivos que “los beneficios monetarios y no monetarios de la utilización de los recursos genéticos y de la información digital sobre secuencias de recursos genético [...] se comparten de manera justa y equitativa, y en particular, cuando corresponda, con los pueblos indígenas y las comunidades locales”.

Para Muhammad, que participó en el panel estratégico sobre el material genético de animales y plantas que se secuencia y se almacena en bases de datos digitales, existe una necesidad de democratizar este conocimiento. Al respecto, Colombia aboga por la creación de un fondo internacional con los datos obtenidos a partir de la información genética para que estos sean compartidos con los países de origen, impulsando la protección de su biodiversidad.

La regulación del acceso a toda esa información es uno de los temas cruciales. Como resaltó Silvia Restrepo, directora del instituto Boyce Thompson en la Universidad de Cornell, “lo que se busca es crear un fondo para la protección de la biodiversidad en los países que son ricos en ella”. La experta remarcó la necesidad de “equilibrar el acceso abierto a estos datos para fomentar la innovación con la justa redistribución de beneficios a los países de origen”.

Además, Restrepo apostó por la creación de un fondo de financiación para asegurar la protección de la biodiversidad en los países ricos en recursos genéticos para garantizar que los beneficios económicos derivados del uso comercial de estos recursos, como el desarrollo de medicamentos o tecnologías basadas en secuencias de ADN, sean compartidos con los países de origen. “Este mecanismo permitiría que actores comerciales contribuyan a la conservación de la biodiversidad, asegurando que las naciones que proveen estos valiosos recursos puedan protegerlos adecuadamente”, indicó.

Entre las preocupaciones de las organizaciones medioambientales se encuentran  las llamadas nuevas técnicas genéticas peligrosas. Para Ecologistas en Acción, “deben adoptarse decisiones en el sentido de aplicar el principio de precaución, para controlar o directamente prohibir algunos nuevos desarrollos tecnológicos de alto riesgo, como la biología sintética, los impulsores genéticos, o el uso incontrolado e injusto para las poblaciones indígenas de la información digital sobre secuencias de recursos genéticos”.

La intervención era una cuestión cantada. El informe de julio de 2017 de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) lo anticipaba. El Ayuntamiento de Madrid ha gastado más que lo que se establece en las normas de Regla de Gasto. Pero eso no significa que las normas sean adecuadas para la estabilidad y modernidad. Decimos que no son adecuadas para la estabilidad y, además, que el Gobierno cambia para mal las condiciones preestablecidas.

La estabilidad económica no está en discusión en este debate. Hay bastante consenso en los economistas en acordar que la evolución de los presupuestos públicos deben ser anti cíclicos, es decir que si la economía está mal, hay un automatismo del presupuesto que alivia esa crisis, disminuyendo los ingresos porque la recaudación impositiva cae y, en cambio, una serie de gastos aumentan, por ejemplo, por desempleo. Pero, esto ocurre en presupuestos consolidados. Aunque seamos conscientes de que, en nuestro país, los gastos por desempleo provienen de la seguridad social, de las cotizaciones laborales y que las rentas salariales han disminuido su peso en la Renta Nacional.

La Unión Europea y los gobiernos nacionales establecieron varias normas que favorecieran la estabilidad económica, que los ingresos fueran semejantes a los gastos, en la dirección anti cíclica: el techo y la regla de gasto.

La regla de gasto, diferente al techo de gasto, se calcula actualizando el gasto computable del ejercicio anterior por un porcentaje del crecimiento económico. Si la economía crece a un tres, y los ingresos en esa proporción o más, el gasto debe crecer menos de esa cifra. El superávit que se pudiera lograr se determina que reducirá la deuda de esa administración, sin que el remanente, aunque sea parcialmente, pueda sumarse a la capacidad presupuestaria del ejercicio siguiente.

En lo que respecta el techo de gasto, éste se calcula como resultado de un algoritmo que establece el máximo de gasto que puede tener una administración pública. Lo hace sumando a los ingresos fiscales previstos, el déficit máximo establecido de acuerdo con Bruselas y que forma parte del pacto de estabilidad y crecimiento económico, independientemente del crecimiento, es el déficit el que marca cual es el máximo de gasto a presupuestar. Lo que ha hecho el gobierno del PP es, desde nuestro punto de vista, una lectura sesgada y contraria a una política de cohesión y redistributiva con respecto al techo y regla de gasto, limitando y reduciendo su crecimiento potencial.

Lo que ha hecho el gobierno del PP es una lectura sesgada y contraria a una política de cohesión y redistributiva

Así, en estos momentos en los que la economía crece, el PP ha reducido tipos de los impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y Sociedades, después de haber subido el IVA. Es decir, deja que el crecimiento económico repercuta en una mejoría de los ingresos impositivos sustrayendo los ingresos que se producirían si se hubiera mantenido la progresividad del sistema fiscal que, incluso, puede provocar la reducción absoluta de ingresos públicos. Y esto en momentos donde la suficiencia del sistema fiscal sigue cuestionada. En todo caso, se reduce la potencialidad de crecimiento del techo de gasto.

Pero hay más, porque si bien, hemos dicho que está generalmente aceptada en la academia económica que es una buena una política económica presupuestaria anti cíclica, es discutible la regla de gasto diseñada por las autoridades económicas, si ésta determina que no se pueda recuperar rápidamente las cifras de gasto cubiertas por ingresos al comienzo de la parte alcista del ciclo. Si las listas de espera han crecido, si no hay plazas de escuelas infantiles, si la ley de dependencia no se implementa, o hay personas sin prestaciones económicas desempleadas y son necesarias inversiones y se agravó esas situaciones por la crisis económica, no tiene sentido que no se pueda recuperar la situación anterior a la crisis y reducir la brecha y sólo después, si así se considera, reducir el ritmo de gasto siempre respaldado por ingresos.

Por tanto el techo de gasto, como la Regla de Gasto tienen un diseño y se han hecho unas políticas fiscales para limitar el crecimiento del gasto, muy por debajo del crecimiento de la economía y de las necesidades de la población. La primera marca el volumen del gasto, pero como hemos dicho se ha querido laminar los ingresos y la progresividad fiscal; la segunda, el ritmo de crecimiento del gasto. No son normas que faciliten una estabilidad económica con cohesión y redistribución.

El techo y la regla de gasto son normas que no facilitan una estabilidad económica con cohesión y redistribución

Hay otros elementos a considerar. A la reducción de la progresividad fiscal, se une la escasa diligencia para atacar el fraude y la elusión fiscal que se observa en la orientación y número de los efectivos de la Agencia Tributaria. Esta reducción de los ingresos potenciales, como hemos dicho, reduce el nivel del techo y regla de gasto.

Otra cuestión clave, desde el punto de vista macroeconómico, es que las entidades locales y esto también lo señala la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal es que “la aplicación [de la regla de gasto] tiende a imponer una evolución del gasto público más restrictiva que la que resultaría compatible con el cumplimiento del objetivo del déficit”.

Este superávit de las entidades locales y el del ayuntamiento de Madrid es relevante, es un colchón para que la Administración del Estado (y de la Seguridad Social) pueda tener más déficit del calculado por el mismo Ministerio sancionador que redacta unos ingresos presupuestados más altos que los reales y promueve contra reformas fiscales que aumentan la desigualdad y así cuadrar globalmente mejor las cuentas con Bruselas. Aunque sea a costa de la cohesión, distribución y de una estabilidad al servicio de todos.

Los acusados serán sentados en el banquillo de la Audiencia Nacional por delitos de falsedad en las cuentas anuales de los ejercicios de 2011 y 2012 y delito de fraude de inversores por incluir datos falsos en el folleto informativo para la salida a bolsa de la fusión de las cajas. Esta acusación llega solo dos días después de que la Asociación de inspectores del Banco de España (BdE) dijera en la Comisión de investigación de la crisis bancaria en el Congreso que el BdE ayudó a ocultar las verdaderas pérdidas y créditos dudosos que tenían las cajas. En concreto, el inspector Pedro Delgado, denunció que Bancaja tenía 20.000 millones de créditos promotor que se deberían haber cargado a pérdidas, pero el BdE les permitió cargarlo a reservas, lo que mostró una falsa imagen de beneficios y solvencia.

El hasta ahora instructor de la causa recoge en su auto todos los escritos de acusación presentados por el Fiscal y las 44 acusaciones particulares y populares. Andreu concluye que no concurre ninguno de los supuestos previstos en la Ley para acordar los sobreseimientos solicitados por algunas de las acusaciones.

La Fiscalía y la Abogacía del Estado, esta última en representación del FROB, solicitan una pena de cinco años de cárcel para Rato, de cuatro años para José Luis Olivas, de tres para José Manuel Fernández Norniella y de dos años y siete meses para Francisco Verdú, todos ellos por un delito del artículo 282 bis del Código Penal. También se les pide que indemnicen de forma conjunta y solidaria a los inversores minoristas personados en el procedimiento en el importe total de su inversión.

La Abogacía del Estado, por su parte, considera que los acusados son responsables civiles directos y como tales deben indemnizar al FROB por las cantidades en que el patrimonio de BFA y Bankia se haya visto mermado como consecuencia de los procedimientos civiles instados por inversores que acudieron a la salida a bolsa de la entidad financiera.

El juez recuerda en su auto que a lo largo de estos cinco años de instrucción se han recabado indicios racionales que demuestran que los administradores de BFA y Bankia aprobaron unas cuentas maquilladas sobre la verdadera situación de las entidades que administraban, que no reflejaban la imagen fiel de las mismas, de manera que no mostraban la verdadera situación económica de la entidad, con el consiguiente perjuicio tanto para los que posteriormente suscribieron acciones de la mercantil cotizada, como para el Estado que tuvo que rescatarla.

En relación con la empresa auditora, Andreu recuerda que se debe considerar su presunta responsabilidad penal tal y como lo acordó la Sección Tercera de la Sala de lo Penal al resolver los recursos presentados contra el auto de transformación y a la vista de los escritos de acusación formulados en su contra, “por cuanto si bien el legislador ha delimitado el ámbito de los autores o sujetos activos a los administradores de hecho o de derecho, no puede olvidarse que no se debe descartar la posibilidad de la participación, por cooperación necesaria, de las entidades auditoras que al realizar la fiscalización externa de la contabilidad, colaboran y se prestan a la formación de unas cuentas anuales o balances falseados, conducta que está expresamente tipificada en distintas legislaciones penales de nuestro entorno, como los son la francesa, la alemana, o la italiana. Y se debe considerar dicha responsabilidad por cuanto y en su función de auditor procedió a analizar, verificar y dictaminar la corrección y veracidad de las cuentas de Bankia, S.A. que se presentaron en el folleto de emisión para su salida a Bolsa, siendo indudable que sin dicha revisión y verificación las autoridades reguladoras y supervisoras no hubieran permitido que la citada entidad bancaria operara en el parquet”.

Por Jaume Grau López
Biólogo e integrante de Ecologistas en Acción, @jaumegraulopez

Las organizaciones sociales vienen denunciando la injerencia de las grandes empresas transnacionales en las reuniones de la Convención de Cambio Climático. Pero es menos conocido el mecanismo por el cual tratan de influir en la Convención de la Diversidad Biológica. Desvelamos aquí algunas de sus estrategias.

Hablamos de las corporaciones que dominan sectores como el bancario, la construcción o las materias primas; las tecnológicas; las energéticas o la industria química, entre otras, y que tienen grandes intereses en mantener el statu quo para que sus cifras de negocio sigan creciendo a cualquier coste.

La primera de las estrategias es la más evidente. Mediante su control de los medios de comunicación privados, y parte de los públicos, promocionan la ideología neoliberal y presentan el “libre mercado” capitalista como el único modo de organización socioeconómico posible. Para asegurarse que funciona, además, usan herramientas de control sociológico y psicológico (a través de la publicidad) para promocionar el individualismo y el consumismo, y atacar al concepto de servicios públicos y bienes colectivos.

En segundo lugar, sus tentáculos llegan al mundo académico. Cada vez más universidades y centros de investigación, también los públicos, tienen acuerdos de colaboración y financiación o “cátedras” financiadas por las fundaciones de estas corporaciones, condicionando en qué se investiga y dónde está el foco ideológico. Es el caso de Repsol, del Santander o de BBVA, entre muchas otras. Incidir en la academia es importante para luego poder sostener sus posiciones ante Gobiernos y ante la opinión pública con “estudios científicos”.

La tercera estrategia es más desconocida. Estas empresas no acuden directamente con su nombre y logotipo a las COP, pero en su lugar han creado unas organizaciones “paraguas”, bajo nombres de apariencia amistosa con la biodiversidad, que luego participan en las COP e interactúan con los países y las organizaciones públicas como Gobiernos o las Naciones Unidas, incluido el Convenio de Biodiversidad Biológica (CDB).

Exactamente esto es el Consejo Mundial de Negocios por el Desarrollo Sostenible (WBCSD, por sus siglas en inglés). Este organismo agrupa a más de 6.500 empresas con un volumen de negocio que supera los 3.000 millones de Euros al año, entre ellas algunas de las más contaminantes del mundo: Bayer, Acciona, Amazon, Apple, BP, Cargill, Chevron, Google, Microsoft, Shell, o Syngenta, entre otras. Son compañías que, mediante el WBCSD y sus aliados, se presentan como una red que impulsa la transformación de la economía para combatir el cambio climático, restaurar la naturaleza y combatir las desigualdades con eficacia. No es broma.

Pues bien, este tipo de plataformas empresariales tienen una amplia presencia mediante carpas y stands, y despliegan un amplio abanico de charlas, presentaciones y eventos para “mostrar” a los asistentes a las COP (sean ciudadanía o Gobiernos) cómo se pueden y deben impulsar cambios favorables a las empresas y a la naturaleza, según ellos. Además, formulan documentos y posicionamientos sobre temas en debate en el CDB e incluso participan como miembros de espacios de las Naciones Unidas, como la Alianza Global para la Edificación y la Construcción.

A menudo, en estas organizaciones “paraguas” adecuadamente revestidas de verde, participan empresas transnacionales de la mano de algunas organizaciones sociales de prestigio, incluidas organizaciones ambientales. De esa forma logran incluso más reconocimiento y mejorar su reputación. Es el caso de la Coalición Business for nature.

La cuarta estrategia consiste en convencer a determinados Gobiernos para que incluyan a personas de esas corporaciones como miembros de las delegaciones oficiales de los países en la COP, en calidad de asesores. Como miembros oficiales de una delegación, esos representantes empresariales tienen acceso a todos los espacios de la COP, incluidos aquellos restringidos para los observadores, y además resulta extraordinariamente difícil rastrear su presencia.

Reunión de ONG con la Secretaria Ejecutiva de la Convención

Las organizaciones sociales y ambientales que siguen la COP vienen denunciando el creciente papel de estas corporaciones en los procesos de Naciones Unidas, incluida la Convención de la Diversidad Biológica. Hoy mismo, la Alianza del CDB se ha podido reunir con la secretaria ejecutiva de la Convención, Astrid Schumaker, y le ha trasladado esta preocupación. Ante ella, Schumaker ha manifestado que comprende la preocupación y que desde su organismo tratan de evitar cualquier tipo de influencia y descompensación, a pesar de reconocer que la escasez de recursos económicos hace que la Convención tenga que estudiar todas las vías posibles de financiación.

En esta reunión, se han trasladado, asimismo, las preocupaciones de las ONG sobre algunos de los puntos clave de las negociaciones. Por un lado, que se está hablando continuamente de mecanismos de mercado mediante los cuales se legalizaría la destrucción de la biodiversidad a cambio de compensaciones u otros esquemas flexibles, cosa que rechazan frontalmente las organizaciones sociales. Por otro, la inquietud de que la negociación sobre el documento de la convención sobre Información Digital de Secuencias Genéticas acabe sin un texto fuerte que evite la biopiratería mediante la cual las empresas del norte global puedan robar el patrimonio genético y el conocimiento tradicional asociado que han sido atesorados por las poblaciones del sur, especialmente los pueblos indígenas. En ambas carpetas, Schumaker ha manifestado que comparte la preocupación pero que la Secretaría no puede intervenir en las negociaciones más que para guiar los debates y ejecutar los acuerdos.

Por último, resulta preocupante que un organismo internacional neutral y enfocado en el desarrollo de la Convención tenga una falta tan acuciante de financiación. La propia Schumaker manifestó que se desconoce dónde será la próxima COP17 de 2026, y si se podrá seguir apoyando la participación de los países con menos recursos del sur global, sobretodo de África y América Latina, que no pueden costear la participación de sus propios trabajadores a estas cumbres.

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Ecologistas en Acción participa en la COP16 con un representante acreditado como observador oficial, Jaume Grau López. Mediante este espacio realizaremos un seguimiento diario del desarrollo de las negociaciones en dicha cumbre, así como una exposición de los grandes temas en debate y los acuerdos que se logren a su finalización

[Nota introductoria de 1492: 

Dado el momento de efervescencia creciente que en los territorios del Estado español comienza a hacerse más y más presente -en espacios muy reducidos de la militancia anti-racista, es cierto- consideramos que este texto de Selim Nadi viene a aportar reflexiones teóricas y políticas imprescindibles para el desarrollo del anti-racismo político. Términos como "racialización" o "racismo", así como batallas superfluas y teledirigidas por los actores sociales tradicionales en torno a tópicos como el de la "identidad", la "lucha política" o el "multiculturalismo" tienden a diluirse cuando los términos importantes de la discusión en torno a la lucha anti-racista hacen su aparición. Por eso y por otras razones creemos esencial la lectura y discusión de este texto.

Selim Nadi es miembro del PIR (Partido de los Indígenas de la República]. El término "indígena", usado por los miembros del PIR en Francia puede, al ser traducido al contexto del Estado español, llevar a equívocos. "Indígena" es la palabra a través de la cual, en tiempos de la colonización francesa -también la española en muchos casos-, las administraciones coloniales denominaban a los sujetos no blancos en la colonia. Con este uso, el PIR no hace mención entonces a los pueblos originarios de Abya Yala sino a los sujetos supervivientes de la colonización moderna que se llaman así mismos de esta manera para exponer una realidad constatable: siguen ocupando el lugar social de los subhumanos y esto responde a la herencia del legado colonial. Pensamos que el uso del término "post-colonial" es más adecuado para el contexto del Estado español y se presta a menos malentendidos. Es por ello que, al menos en este texto, hemos decidido usar dicha palabra.]

Intervención de Selim Nadi durante la mesa redonda “Condiciones negras y política: de la necesidad de la violencia”, organizado en Sciences Po [Instituto de Estudios Políticos] el 13 de abril del 2017.

En primer lugar, deseo agradecer a la asociación Sciences Po para África por haber invitado al Partido de los Indígenas de la República (PIR) a participar en esta mesa redonda. Voy a intentar esbozar aquí algunas hipótesis estratégicas que derivan del pensamiento político del PIR y notablemente del concepto de "luchas de razas sociales", desarrollado por Sadri Khiari en La contre-révolution coloniale en France (La Fabrique, 2009). En efecto, la militancia decolonial implica igualmente tener debates e hipótesis estratégicas- derivados de un análisis más global de las contradicciones raciales. Como escribe, esencialmente, Sadri Khiari en “Malcom X: Estratega de la dignidad negra” (Amsterdam, 2013/Artefakte, 2015 en español), el sistema es una abstracción, y en la lucha no nos oponemos a algo abstracto, sino a la forma concreta que asume inmediatamente el sistema. Es en esta forma concreta en la que nos vamos a interesar, con el fin de no debatir solo de forma abstracta, sobre el sistema racista. Esta comunicación, forzadamente incompleta, se propone iniciar una discusión alrededor del papel del Estado en las contradicciones raciales, con el fin de re-plantear un poco la cuestión de la politización de la lucha indígena en Francia.

I.
En primer lugar, me parece importante volver rápidamente sobre los riesgos políticos que plantea la popularización creciente del término “raza” en ciertas esferas del entorno militante francés estos últimos años (aunque esté muy lejos de ser aceptado a nivel nacional). Mientras que el concepto de “raza” comienza, poco a poco, a imponerse en algunos círculos militantes y/o académicos de izquierda, nos podemos alegrar y pensar que el trabajo de análisis político llevado a cabo por los intelectuales orgánicos del indígenado francés trae (por fin) sus frutos. Lejos de ello. Aún queriendo aceptar la existencia de la raza, de manera bastante abstracta, se resisten a preguntarse sobre los efectos reales, y sobre el interés político para los no-blancos de usar este concepto. Para nosotros, hablar de “la raza” en singular no tiene sentido, ya que esto vuelve a ocultar la existencia de dos polos raciales que se enfrentan. El uno no existe evidentemente sin el otro.

Es por esto, que decimos, en el PIR, que la raza es una relación social y política, y no un objeto sociológico abstracto o una categoría inmutable. En realidad, si el término de “raza” da cada vez menos miedo, es alrededor del término “lucha” que se cristalizan los temores. ¿Qué entendemos nosotros por “lucha de razas”? La “lucha” significa que existen dos polos raciales y que sus intereses se oponen. En el fondo, si la expresión “lucha de razas” da miedo a ciertos militantes y sociólogos de la izquierda radical, es porque plantea la cuestión del poder como cuestión central. Una lucha entre grupos sociales con intereses antagónicos implica necesariamente abordar la cuestión del poder. La lucha de razas sociales se desglosa (principalmente) en dos partes:

1.  Una relación social racial ligada a las estructuras del Estado y a las condiciones objetivas de existencia de colonizados dentro de Francia. Por lo tanto, también de relaciones de clase. Esta relación se hace notable por los antagonismos sociales entre estos dos polos raciales. Aunque esta relación racial sea constante, alcanza algunas veces puntos culminantes, como fue el caso de las revueltas de 2005 en los barrios populares franceses. Es, en parte, a partir del análisis de las condiciones objetivas en las cuales viven los no-blancos, que es posible elaborar una estrategia capaz de llevar al indígena a la segunda fase de la lucha de razas.
2. La organización de polos raciales en fuerzas políticas (y no solamente en fuerzas sociales). Dicho de otro modo, el grado de conciencia política independiente de cada grupo social. La conciencia de pertenecer a una raza social, teniendo intereses convergentes, plantea la cuestión de la organización política. Aquí es donde, por si misma, se impone la lucha en términos de poder. Con este propósito, los años 2004 y 2005 han sido relativamente interesantes desde este punto de vista, con la creación de CCIF [Colectivo Contra la Islamofobia de Francia], de la BAN [Brigada Antinegrofobia], de la Voix des Rroms [La voz de los Rrom] y del MIR (PIR a partir de 2010).

Así, contrariamente a la lucha de clases, que en su forma primaria, trabaja a nivel de lugares de explotación (alrededor de las relaciones obreros/patrón, condiciones de explotación de los trabajadores, etc.), la lucha de razas, bajo su forma elemental, se dirige directamente contra el Estado (por ejemplo: las revueltas indígenas de 2005, las Marchas silenciosas tras crímenes policiales, etc). Conlleva, entonces, desde el inicio, un aspecto político, aunque este no se exprese como tal. Aquí separamos artificialmente las relaciones raciales de las relaciones de clase para simplificar, pero es evidente que estos son co-constitutivos y profundamente imbricados.

Es el hecho que el poder blanco está institucionalizado, lo que lo convierte en el polo dominante de la lucha de razas sociales. Lo que no quiere decir que haya que ocultar las resistencias que el poder blanco siempre se ha encontrado en su camino, a menudo más espontáneas que realmente estructuradas, es cierto.

La pasividad de los sujetos post-coloniales es un mito (el “mito del negro dócil es un mito” escribía CLR James en 1938). Sin embargo, hay que admitir nuestra debilidad principal: la cuasi ausencia de una organización política capaz de luchar en el mismo plano que el polo blanco.

Paradójicamente, el hecho de que los sociólogos y militantes de izquierda ya no rechazan el uso del término “raza” permite, justamente, mantener nuestra lucha en los confines de la política. Vaciada de su contenido político, la lucha de razas es rápidamente asociada al concepto de “dominación” de Bourdieu. Lo que es una relación dinámica que opone dos polos raciales antagonistas es descrito, entonces, como un simple estado de dominación: la simple distribución asimétrica de posiciones sociales ocupadas por los individuos.

La repolitización del concepto de “dominación” constituye, entonces, un reto central para los sujetos post-coloniales. El hecho de que utilicemos el término “racializados” para designar únicamente a los sujetos sujetos post-coloniales demuestra que la raza es a menudo concebida fuera de cualquier relación social. Por lo que, si los sujetos post-coloniales son racializados, los blancos lo son igualmente. Ellos representan una raza social, dotada de privilegios sociales. En consecuencia, no hay racializados, sino más bien un proceso de racialización que constituye a los sujetos post-coloniales y a los blancos.

Así, nuestra condición racial es inseparable de la cuestión del poder, la del Estado que determina políticamente la existencia de privilegios raciales. Dicho esto, para nosotros, el estado no es un bloque homogéneo que sería una “simple” herramienta de la raza social dominante. Él es un campo estratégico, el organizador del polo racial blanco. Es un espacio conflictivo, donde se organizan, se recomponen y se elaboran las estrategias del bloque en el poder. 

II.
El Estado es la instancia opresora principal de los sujetos post-coloniales y, por eso, ocupa un lugar tan importante para nosotros. La estratificación racial es constitutiva del Estado-nación. La historia de la formación de los estados-nación está íntimamente ligada a la aparición y evolución de la lucha de razas sociales. Según David Theo Goldberg “los estados modernos son raciales en su modernidad y modernos en su racialidad” (The racial state, Blackwell Publishing, Oxford, 2002). Con la expansión europea que se inicia en el siglo XV, asistimos a la producción de las razas. No solamente de etnias o de pueblos, sino que de razas sociales.

La transformación de las ciudades-Estado en Estados modernos ha conllevado con ello una estratificación racial. La esclavitud, seguramente, a jugado un rol primordial en el nacimiento de las razas sociales. En The Invention of the White Race, Theodore W. Allen escribe que cuando los primeros africanos pusieron el pie en Virginia, alrededor de 1619, no había “blancos”. La categoría racial “blancos” ha sido inventada en tanto que instrumento de control de la clase dominante en respuesta a la solidaridad entre los “esclavos-contractuales” blancos y los esclavos negros (el debate entre algunos historiadores- notablemente entre Theodor W. Allen y Noel Ignatiev por ejemplo- sobre todo se centró en el grado de consciencia de la instauración de dichos privilegios). La puesta en marcha de esta estratificación racial permitió cortar cualquier voluntad de unión entre los esclavos negros y los blancos, con el fin de conservar el sistema de la esclavitud. Pero, también, permitió a los trabajadores blancos dejar de defender sus intereses de clase. El sistema mundial moderno que se estableció no se limitó a los Estados Unidos solamente, sino que también se extendió a algunas capitales europeas.

Por lo tanto, ya en el siglo XVII, ciudades como Londres y Ámsterdam vieron a su población diversificarse racialmente. En Londres, los primeros negros llegaron en 1555. Eran cinco africanos del este que vinieron a Inglaterra a aprender inglés para facilitar el comercio de esclavos. Algunas ciudades europeas se duplicaron en población. Entre 1600 y 1700, la población de Londres aumentó de 200.000 a 575.000 habitantes. Fue al crear y luego modernizar que los estados europeos participaron en la estratificación racial que ya había comenzado en el otro lado del Atlántico. Finalmente, el racismo científico del siglo XIX consistía sólo en justificar "científicamente" la existencia de razas sociales y de ninguna manera "crear" el racismo. Esta justificación, además, ha contribuido en gran medida a las conquistas coloniales. Fue a través de su empresa colonial que el estado se encontró frente a grandes poblaciones indígenas, que luego desarrollaron mecanismos para el manejo y la represión de las diferencias culturales, los sistemas económicos existentes, y así sucesivamente. El tratamiento excepcional del "neo-Indígena" hoy en día no es simplemente una tradición de la República Francesa. Es constitutivo de los estados europeos modernos (véase a este respecto este excelente texto de Houria Bouteldja: Pouvoir politique et races sociales).

La cuestión del estado es, por lo tanto, esencial y no se puede ignorar cuando hablamos de los antagonismos raciales. Todo sujeto post-colonial entiende el Estado a través de la experiencia de su violencia física organizada: ¡la policía! Los no blancos son las principales víctimas de la violencia y los homicidios policiales. Encerrando a los no blancos, reprimiéndolos cuando se manifiestan, controlándolos constantemente en las calles, el Estado cumple con su papel de coacción e impone a los sujetos post-coloniales una amenaza permanente que pretende su inmovilización política. El papel de la organización política debe ser, por lo tanto, sacar a los sujetos post-coloniales de este inmovilismo político, en parte como resultado de la constante represión estatal; no sólo a través de una mayor implicación política, sino también por medio de alianzas políticas con las fuerzas políticas blancas que encontramos en el campo de la lucha antirracista, que defienden posiciones antiimperialistas. La última gran iniciativa política importante, que realmente ha constituido una especie de premisa para un posible bloque contra-hegemónico decolonial agrupando sujetos post-coloniales y militantes de la izquierda radical blanca, fue sin duda la Marcha por la Justicia y la Dignidad del pasado 19 de marzo en París.

III.
El estado no se limita a su papel represivo. La ideología es otro aspecto que organiza la lucha de las razas sociales. Por "ideología" no nos referimos a meras ideas abstractas, sino a prácticas materiales que, a través de los dispositivos ideológicos del estado, interpelan a los individuos como sujetos. De hecho, para establecer los privilegios raciales que disfrutan los blancos, el Estado no puede contentarse con apelar únicamente a las fuerzas represivas, sino que también debe movilizar una ideología. Esta última, al convertirse en hegemónica, participa plenamente en la exclusión de los sujetos post-coloniales del campo político blanco, del acceso al empleo, la deslegitimación de cualquier discurso indígena contrario a la adoración del Estado-nación francés, etc.

Pero esta ideología también tiene otra función en la lucha de las razas sociales: bloquear cualquier solidaridad no solo entre los blancos pobres y los sujetos post-coloniales, sino también entre las diferentes comunidades racializadas. El ejercicio de una hegemonía sobre un grupo presupone tener en cuenta, e incluso a veces satisfacer, los intereses materiales del grupo subordinado. Así, parafraseando a David Roediger (Labor in White Skin: Race and Working Class History, en David Roediger Towards the Abolition of Whiteness, Verso, London-New-York, 1994), si bien es cierto que el racismo evoluciona en un contexto de relaciones de clase, la clase también se define parcialmente en términos raciales. Esto es esencial para entender el papel del racismo en la lucha de clases. A medida que el Estado se desestabiliza cada vez más, en lugar de ver el racismo de un segmento del proletariado blanco como una mera falta de educación (o una especie de "falsa conciencia"), deberíamos verlo como la defensa de sus supuestos intereses de clase a corto plazo y la defensa real de sus intereses raciales (que a veces van en contra de sus intereses de clase).

Una buena ilustración de esto es lo que se llamó "ataques de odio" en la década de 1940 en los Estados Unidos, donde los trabajadores blancos se negaron a trabajar con trabajadores negros en las fábricas de Detroit y Baltimore, pero también manifestaciones de conductores de tranvías de línea blanca en Filadelfia en el verano de 1944 protestando contra las mejoras de las condiciones de trabajo de sus colegas negros. Es por lo tanto a través de la ideología del estado que se pueden dar las alianzas ocasionales particulares entre la burguesía blanca y el proletariado blanco cuando se trata de defender sus privilegios raciales. También es lo que contribuye a la creación de lo que llamamos "integracionismo" o lo que los activistas afroamericanos llaman "Tío Tom".

Si retomamos el análisis, desarrollado por Sadri Khiari, según el cual "el racismo es solo una modalidad ideológica de existencia de la lucha de las razas sociales”, éste se vuelve hegemónico solo al pasar por el aparato estatal. La lucha contra el estado también pasa por una lucha para construir una contra-hegemonía ideológica y política, que puede implicar el uso de la coacción, pero no sólo; para revertir una famosa fórmula de Gramsci, nuestra lucha contrahegemónica también debe ser capaz de armarse con la coacción.

La ideología y la represión trabajan mano a mano. La lucha de las razas sociales no puede reducirse a una lucha abstracta contra el estado. Éste último organiza los privilegios raciales y es un papel que asume completamente. El estado explica abiertamente que tiene la intención de reprimir a las mujeres con hijab, los agitadores, etc. ganando un gran apoyo de la población blanca. El estado es un creador de poder, un organizador ideológico, no solo a nivel institucional, sino más ampliamente a nivel de la población blanca. Como Sadri Khiari escribe: "La violencia, incluso cuando no tiene el sabor de la porra, también es inherente a las relaciones post-coloniales” (La contre-révolution coloniale en France, La Fabrique, 2009).

Para resumir: el poder se materializa a través del aparato estatal, pero no se reduce a él. Sin embargo, dado que la base de este poder racial parece estar claramente incorporado en las instituciones estatales, parece importante insistir en la toma del poder estatal como un horizonte estratégico necesario, independientemente de su significado concreto, sobre el cual parece prematuro proponer cualquier formulación en el estado actual de las relaciones de poder. Sin embargo, aunque muchos antirracistas hoy reconocen que la lucha por el poder es necesaria, es importante recordar que esta lucha es parte de un marco más amplio, tal y como teorizó ya Sadri Khiari en 2009: la lucha de las razas sociales, cuya relevancia es más actual que nunca.

El primer largometraje como director de Adrián Orr, Niñato, se proyecta en el Festival de Cine Independiente de Barcelona L'Alternativa, después de haber sido galardonado en Sevilla.

La propuesta de Orr es austera: no hay un hilo narrativo férreo que dirija al espectador, sino fragmentos de cotidianidad rodados en forma de planos-secuencia.

Orr afirma que ha perseguido el equilibrio, la atención al detalle, sin buscar una lentitud deliberada. “Me interesa el cine que es libre, que explora el lenguaje, pero quiero llegar a la gente”, destaca.

Después de su paso por Cataluña, Orr seguirá recorriendo certámenes cinematográficos (el filme servirá para inaugurar el próximo Festival Márgenes) a la espera de un posible estreno en salas comerciales.

Has trabajado en el equipo de filmes como La isla mínima o Camino. Aquí estamos ante un tipo de proyecto muy diferente, sin apenas logística y muy apegado a lo real.
En el momento en que decidí hacer mi propia película, decidí que me sentía más libre trabajando solo. He hecho el sonido, el trabajo de cámara... Así vives de una manera distinta lo que estás filmando. Esto también me permitió alargar el proceso de rodaje y tener la oportunidad de equivocarme, aprender, volver a rodar cosas...

En Niñato vuelves a tratar unas vidas que ya habías abordado en el cortometraje en Buenos días resistencia. ¿Cual es la relación entre ambas obras?
Cuando terminé el rodaje, sentí que había esbozado algo pero no lo había completado. En la película hay tres escenas que ya estaban en el corto, y algunas que rodamos entonces pero no incluímos en el montaje final. Nos interesaba usarlas porque Niñato está pensada también como una película que refleje el paso del tiempo: transcurren cuatro años desde las primeras filmaciones hasta el final.

Partes de personas reales que conoces.
El protagonista, David, es uno de mis mejores amigos. Yo era dj de su grupo de hip hop cuando éramos adolescentes. Con el tiempo, fui observando que su forma de estar con los niños de su familia desprendía una pasión muy parecida a su forma de vivir la música. Me interesó ese padre joven en proceso de aprendizaje y que, a la vez, quiere seguir rapeando.

¿Cómo gestionaste tu presencia en la cotidianidad de la familia?
¡La gente me pregunta si me escondía! Esa aproximación la trabajamos mucho. No tener un equipo de filmación facilitó las cosas. Pasé mucho rato con ellos, filmando y sin filmar, compartimos momentos... Rodamos en otoño e invierno, uno o dos días a la semana. Mientras montábamos, íbamos pensando por dónde podía ir la película, nos dábamos cuenta de cómo iban cambiando sus vidas y qué podía ser más interesante mostrar.

¿Crees que Niñato entra en la categoría de cine social?
Todo el cine puede ser social, o puede ser político. A mí me gustan muchas películas del estilo de Ken Loach, pero tampoco he querido hacer cine social, aunque todo el cine sea político, aunque sea político lo que he filmado y cómo lo he filmado. Mi familia es de clase trabajadora, de clase media-baja, por decirlo de alguna manera. Ahora mi situación ha cambiado, pero he intentado mantener ese punto de vista... He tratado la realidad de mi barrio, de mis amigos, de igual a igual. Normalmente los trabajadores han sido representados por personas más burguesas.

Tu apuesta ha discutida, se ha hablado de una posible ausencia de contexto social. En cambio, hay escenas que explicitan mucho el Madrid de la crisis. Por ejemplo, un diálogo entre varios padres que llevan a comer a sus hijos a casa para no pagar el comedor escolar.
Yo creo que sí que hay un trasfondo claro. No es algo que he querido subrayar, pero creo que está ahí. Es una película del presente de Madrid y del presente de mi barrio. Hablo de una familia donde solo trabaja la hermana de David, él está en el paro, hay tres niños...

Y viven todos en una misma casa. Sobrevuela este fenómeno de la España posterior al crack de 2008.
La película plantea varios temas, sin dar muchas respuestas, porque forman parte de la cotidianidad de los personajes. Entre esos temas, está la familia y cómo cambian los roles. David es el hombre y se queda en casa con los niños, la madre trabaja porque ha conseguido un puesto interesante... Y todos están muy arropados por los abuelos de los niños. Las circunstancias hacen que se reorganicen.

Se genera una mezcla compleja de estímulos. Por una parte, tenemos a David como padre en casa, fuera del estereotipo de división sexista del trabajo. A la vez, es la madre quien se encarga de lavar la ropa o cocinar.
Sí, viene de la tradicion familiar. Hay esa dicotomía, esas contradicciones. La madre de David siempre ha estado con sus hijos. Y sigue manteniendo eso, pero a la vez convive con otra generación que ha intercambiado roles. Una de las frases que él dice a los niños es que son un equipo y cada uno tiene sus responsabilidades. No aporta ingresos económicos pero juega un rol importante para que los demás puedan hacer lo que quieran hacer.

En la película, David es el padre de los tres niños; en la realidad es el padre de uno y el tío de dos. Y he visto las responsabilidades que ha asumido sobre ellos, aunque renuncie a un trabajo precario con el que pagar el comedor escolar. Prefiere la libertad de estar en casa con los niños, creando su música y viviendo con poco dinero.

Con tu película, muestras una serie de situaciones sin dirigir demasiado al espectador.
Sí, quería explorar cómo el cine nos puede llevar a prestar atención a algo a lo que quizá no damos importancia en el día a día, pero que cuenta muy bien quienes somos, sin dramaturgias muy elaboradas. Sin necesidad de representar muertes, accidentes y esas cosas.

Este planteamiento abierto tiene consecuencias interesantes. El público piensa y proyecta sus ideas en lo que ve. Tomas decisiones con las imágenes, el montaje, pero no marcas completamente un camino.
Para mí es muy importante dar ese espacio al espectador. Hay películas de Hollywood que te mantienen enganchado y son entretenidísimas, pero no te han dejado nada dentro cuando se terminan. Si hay huecos que tú puedes llenar, si hay un relato que tú vas completando, quizá ese proceso te deja más poso.

Yo creo que Niñato no es una obra complicada ni experimental. No deja de explicarte cosas, pero te permite mantener una distancia sobre lo que ves, y te permite pensarte a tí en relación con lo que estás viendo. Tampoco es una película triste ni amarga. A pesar de las circunstancias que les toca vivir a los personajes, quiero mostrar su optimismo, su proceso de aprendizaje.

Algunas críticas hablan del protagonista como un personaje demasiado peterpanesco, otros como un padre cariñoso y a la vez firme que imparte valores. ¿Cuál es tu Niñato? ¿Lo podrías resumir?
Me resulta difícil. Sobre todo, es una muy buena persona. Vive en casa de sus padres y no tiene trabajo, puede tener esa parte de niño grande. Su nombre musical, Niñato, está ahí. Pero también tiene ese corazón y esa ilusión cuando hace tareas de adulto como la crianza. Eso sí, el filme es una construcción, es mi mirada sobre todos ellos. Aunque creo que el resultado los representa bien, son muchas más cosas de lo que se ve en la pantalla.

Decías que no has hecho una obra complicada. Su metraje es breve, ¿es algo buscado para facilitar el visionado?
En realidad, no. El conjunto fue variando en duración a lo largo del proceso, entre los sesenta y los noventa minutos. Al final, se quedó en setenta y dos. Siempre pienso que lo menos es más, que es mejor dejar algunas cosas solo sugeridas. Y tomé las decisiones de montaje sin buscar una duración predeterminada.

Por Jaume Grau López
Biólogo e integrante de Ecologistas en Acción, @jaumegraulopez

Las partes en la COP16 han entrado en terreno pantanoso en el final de la primera semana en lo relativo a la carpeta de financiación. Se trata del documento Movilización de recursos y el mecanismo financiero, el tema 11 en la agenda.

Las negociaciones venían ya complicadas desde la anterior COP15 de Montreal. Allí se acordó que, en 2025, los países del norte debían haber puesto sobre la mesa 20.000 millones de dólares anuales para financiar las medidas de conservación de la biodiversidad en el sur global, permitiendo su desarrollo económico y salvaguardando la naturaleza. Esa cantidad aumentaría hasta 30.000 millones anuales de 2025 a 2030, con unos flujos financieros totales hacia el Sur global de 200.000 millones en total. Pero todo quedó a expensas de fondos voluntarios, sujetos a las decisiones políticas de cada estado.

El documento de negociación está prácticamente todo entre corchetes, lo que significa que no hay nada acordado y todo está en discusión. En un primer bloque plantea aprobar la Estrategia de movilización de recursos 2026-2030 (Anexo I), que debe servir para conseguir que el dinero comprometido llegue a estar efectivamente disponible, e invita a toda clase de actores —incluidos el sector privado y las fundaciones filantrópicas ligadas a grandes empresas— a que hagan donativos para cumplir con la estrategia. Ésta contiene un marco de trabajo orientado a obtener resultados para apoyar la aplicación del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal (MMBKM), y establece medidas y criterios para hacer operativa esta estrategia: eficacia, eficiencia, trazabilidad, transparencia y accesibilidad. Además, propone medidas para lograr incrementar el flujo financiero (Anexo II) e incorpora el planteamiento de animar a los actores privados, incluyendo empresas, fundaciones y otras, a hacer donaciones. También se plantean, bajo el eufemístico nombre de “mecanismos innovadores”, estrategias de mercantilización de la naturaleza, como los créditos de biodiversidad o las compensaciones. Se trata de un tipo de medidas de mercado priorizadas por los países que apuestan más por una política neoliberal, como Canadá, Australia y la Unión Europea, y que son enfrentadas directamente por Bolivia con la propuesta de estudiar enfoques no de mercado y basados en la Madre Tierra, expresión rechazada frontalmente por algunas Partes.

Un segundo tema clave es la reclamación para que se reduzcan los incentivos y subvenciones públicas perjudiciales para la biodiversidad, y se eliminen gradualmente hasta 500.000 millones de estos subsidios en 2030 (Anexo I). También hacer un seguimiento de la estrategia a través de un grupo de expertos, y que se evalúe la relación entre deuda externa y la aplicación del Convenio de Biodiversidad Biológica. Este último es un apartado que se ha discutido poco, seguramente porque ningún Gobierno quiere afrontar el coste político de recortar subsidios a sectores económicos clave (como la agricultura, la pesca, los combustibles fósiles, o la minería) de los que dependen millones de personas, pese a la evidencia científica que prácticas insostenibles en estos sectores están devastando la vida silvestre.

En un tercer apartado (Anexo III), algunos países del sur global (sobre todo Sudáfrica, República Democrática del Congo, Colombia e Islas Fiji) proponen que se cree un fondo financiero específico al servicio de financiar el Marco Mundial de Biodiversidad. En la actualidad, no existe un fondo así, creado específicamente para vehicular ayudas a la conservación de la biodiversidad pese a que la Convención, en su inicio y mediante su artículo 21, preveía su creación, sino que se decidió usar provisionalmente el Fondo para el medio ambiente mundial (GEF, por sus siglas en inglés), una herramienta que sirve de apoyo para varios convenios y tratados.

Con la aprobación del Marco Mundial de Biodiversidad en 2022, se constituyó dentro del GEF un subfondo dedicado a este Marco, pero bajo la estructura general. Los países críticos con este fondo GEF, y que reclaman un fondo específico y que dependa del Secretariado del CDB, argumentan que el GEF no está al servicio de la biodiversidad, es excesivamente burocrático y deja fuera a países y a poblaciones locales e indígenas. Por contra, un bloque de países del norte global (sobre todo Canadá y Japón, y con menos contundencia la UE), argumentan que es innecesario crear este nuevo fondo y que ello desviaría dinero para estructura y atrasaría las transferencias. Ambas posturas por ahora parecen irreconciliables. Es en este punto donde algunos países plantean textos para aplazar la decisión a futuras COP, afirmando que hace falta analizar mejor el GEF para identificar si funciona o no y por qué, estrategia calificada por Congo como “maniobra de dilación que busca atrasar una decisión”.

Por Jaume Grau López
Biólogo e integrante de Ecologistas en Acción, @jaumegraulopez

Cada mañana, las organizaciones presentes en la COP16 se encuentran para compartir información de las negociaciones del día anterior, exponer las prioridades de las organizaciones y compartir la agenda para el día, en una coordinación que permite fortalecer el trabajo de la red de organizaciones ambientales.

En la jornada de ayer, la joven Red Iberoamericana de Pesca Artesanal se unió al encuentro de ONG para presentarse y exponer sus prioridades. Se trata de una red compuesta por más de 20 millones de pescadores de América Latina, España y Portugal, que tienen en común ser trabajadores locales de pequeña escala y que explotan de manera sostenible y selectiva el recurso pesquero.

En el encuentro plantearon cómo han venido hasta Cali para reclamar que se les escuche. Son quienes llevan siglos viviendo del mar de una manera respetuosa, solo obteniendo lo que necesitan para su alimentación y para ganar su sustento, pero sin comprometer el futuro. Y se lamentan que hasta ahora las decisiones sobre la protección de la biodiversidad costera y marina no les han tenido en cuenta. Por eso, reclaman a las partes del Convenio que no imponga soluciones ni medidas generales, sino que se apliquen a cada territorio de acuerdo también a la población local.

Con 2,2 millones de personas presas, Estados Unidos es el primer país en población carcelaria. Y gran parte de este número es población negra y latina. Desde las calles del país, decenas de organizaciones denuncian la discriminación existente en el sistema legal y penal estadounidense. Hablamos con Juan Cartagena, presidente de Latino Justice y una de las principales voces en la lucha contra el racismo institucional.

Estados Unidos es el país con mayor proporción de población penitenciaria, y de esta, una gran mayoría es latinoamericana y latina. ¿Hasta qué punto el sistema penal estadounidense está dirigido contra la población no blanca? 

Vamos a empezar por el hecho de que este país tiene una actitud de castigar de forma muy severa a personas que han cometido errores que van contra las leyes penales. Es una actitud de castigo que sirve, no solamente para encarcelar personas, sino también para castigar mucho después de que salgan de prisión. Por una parte, a estas personas se les hace casi imposible encontrar trabajo, buscar vivienda pública y, en 48 de los 50 Estados, se les quita un derecho tan básico para la ciudadanía americana como es el derecho al voto. En 11 de estos Estados, se les quita el derecho a voto para siempre. En los otros hay diferentes maneras para restaurar este derecho después de un cierto tiempo.

En los dos Estados que permiten el voto a los presos, este se hace desde sus celdas, igual que en Puerto Rico, Canadá y Sudáfrica. Es solo un ejemplo de cómo este país en su totalidad sigue una actitud bastante severa en cuanto a castigar a personas que hayan cometido cualquier delito, muchas veces delitos no violentos, como posesión de drogas. En muchas ocasiones se castiga, incluso a personas que no tienen antecedentes, con sentencias de 10, 15 o más de 20 años. En Estados Unidos tenemos, no solo la proporción de personas encarceladas más alta del mundo, sino también la cantidad total: 2,2 millones de personas están encarceladas hoy en día.

Estados Unidos es un país referente en cuanto a la privatización de las cárceles. Esta industria penitenciaria influirá en que la población de las cárceles sea tan alta.
Definitivamente, la cárcel es un negocio en diferentes maneras. En primer lugar existen corporaciones que tienen contratos con el Gobierno federal en particular. Esto afecta especialmente a la comunidad latina ya que la tasa de camas que existe en el sistema penitenciario privado es mucho más alta en los centros de detención de migrantes. Desde ese punto de vista, la inversiones del sector privado ha sido bastante alta. Con la administración del presidente Obama hubo un cambio. El gobierno federal estuvo a punto de terminar todos los contratos con el sector privado, pero cuando llegó Trump eso cambió drásticamente.

Me acuerdo, el anuncio se hizo en agosto de 2016. Entonces, ¿no se cumplíó esta promesa? ¿Las cárceles federales siguen siendo privadas?
Sí. Todo empezó por unos estudios que mostraban que la frecuencia de abuso a reos era mucho más alta en prisiones privadas que en las gestionadas por el gobierno. El Gobierno federal tuvo que pagar mucho dinero en indemnizaciones por los litigios que surgieron por violaciones de derechos a presos, por lo tanto, la Administración de Obama decidió terminar con estos contratos, pero con Trump se revocó esta decisión. Por otro lado, volviendo al tema de la industria penitenciaria y la alta población carcelaria, también la economía local de diferentes Estados muchas veces depende del hecho de que contar con una prisión,sea de gestión pública o privada.

La prisión provee trabajo para las personas que trabajan en ellas, pero también para las industrias que se benefician de los las personas que visitan a familiares o amigos presos: restaurantes de comida rápida, hoteles, moteles, cadenas de autobuses… Existen pequeñas economías en sectores locales en los que el único negocio tal vez sea la prisión. Peor aún, el Gobierno federal, a la hora de determinar la población en el censo que vive en los distritos legislativos estatales para balancear la población para cada representante, cuenta también con las personas encarceladas como si fueran residentes del territorio donde está ubicada la cárcel, que suele estar a cinco o seis horas de los centros urbanos.

Volvamos ahora a la discriminación o criminalización de la población afroamericana y latina en el sistema penal. ¿Cuál es su punto de inicio?
Todo empieza precisamente con el perfil racial, es decir, el hecho de que la policía, ya sea estatal, federal o local, determina selectivamente cómo va a aplicar la ley penal, y muchas veces lo hacen basándose en estereotipos. Piensan que la cantidad de criminalidad en un vecindario tiene mucho que ver con la raza de las personas que viven en ese vecindario y tal vez con el hecho de que sean migrantes. Ese estereotipo ha sido probado muchas veces en las Cortes, incluso en litigios que hemos impulsado desde mi oficina. Es un prejuicio que no tiene sentido. Las personas cometen delitos sin importar su raza. El mejor ejemplo es el consumo de drogas. Se ha comprobado un sin número de veces que se da en igual proporción en cada raza y etnia en este país. Personas blancas americanas consumen, venden y compran drogas a sus vecinos blancos en proporciones iguales o incluso mayores que afroamericanos o latinos. Pero la aplicación de las leyes antidrogas se hace de manera totalmente selectiva.

Lo que se ve en las Cortes y en las cárceles es una gran mayoría de personas negras y latinoamericanas, la mayoría de veces por posesión de drogas. Segundo, también el sistema tiene mucho que ver con el poder económico, con tener dinero para pagar la fianza. Muchas personas están encarceladas porque no tienen dinero para pagar su libertad hasta que llegue la fecha de juicio. Las personas que se declaran culpables de delitos menores, que no tienen que ser por los que fueron acusados inicialmente, muchas veces lo hacen solo para salir libres de la cárcel antes, y no tienen  acceso al dinero para pagar la fianza.

También hemos visto que mostrar mano dura contra el crimen es una ventaja en el terreno político. Hay muchos candidatos que prefieren encarcelar sin preocuparse de lo que las acciones que se dan las prisiones para rehabilitar a los presos. Lo hacen a propósito porque la mano dura siempre atrae votos. En las elecciones que tuvimos esta semana [la entrevista se realizó el 10 de noviembre] en New Jersey, Pensilvania y Virginia, los candidatos republicanos hicieron todo lo posible para pintar con una criminalidad excesiva a las comunidades migrantes de latinos: los relacionan con la mara Salvatrucha 13, utilizan imágenes de latinos indocumentados a las que a veces les pasan un filtro para oscurecer su piel diciendo que estas personas van a traer violencia... El campo político está bien controlado por mensajes y propaganda que mueven estos estereotipos de criminalidad latina.

Y esto también ha ido a peor con Trump.
Exacto, especialmente ha ido a peor con Trump. Trump cuando era candidato ya dijo que los latinoamericanos eran violadores y asesinos. Cuando vino a Nueva York [en julio] para expresar su mano dura contra las maras y dijo claramente a la policía que la próxima vez que detuvieran a personas de este perfil no se apuraran si golpeaban sus cabezas contra el techo de la patrulla, que no se preocuparan de tratarlos de manera justa. Lo dijo así, promoviendo el abuso policial.

Justo con el tema de la violencia policial, desde muchos colectivos estadounidenses se lleva mucho tiempo denunciando abusos, especialmente contra población negra y latina. ¿Alguna respuesta?
Si, pero muchas veces la respuesta viene de nosotros, de los abogados de derechos civiles y constitucionales que no estamos afiliados al Gobierno y tenemos la capacidad de impulsar demandas.

Ahora mismo tenemos litigios pendientes en las Cortes federales por perfil racial en contra de la Policía y fiscales. Este perfil racial se puede observar en cada una de las fases: en la decisión de arrestar o no arrestar, de meter en prisión, de acusar y de qué cargos, a la hora de marcar fianza o no, de procesar o no a la persona, hasta la sentencia. En cada una de estas fases el análisis demográfico muestra que la comunidad afroamericana en particular, y también muchas veces la latinoamericana tiene más proporción de personas que son tratan de manera mucho más dura que los blancos, incluso cuando los blancos tengan antecedentes y una acusación inicial más graves. Se ve cómo en las Cortes muchas veces ser blanco en este país tiene muchas ventajas. Y lo hemos visto muchas veces.

Cuando llegamos al segundo mandato de Obama se intentó vigilar las prácticas policiales.La administración de Obama hizo cosas que nunca se habían visto antes: el propio gobierno presentó litigios contra diferentes departamentos de policía –lo hicieron en Puerto Rico, en Nueva Orleans, en Chicago, en Los Ángeles, en New Jersey y en Nueva York – y Obama fue el primer presidente de la historia de Estados Unidos que ha visitado una prisión federal y ha hablado directamente con los presos. Hubo un cambio que no fue tan rápido, pero lo hubo. Y ahora, no solamente tenemos al señor Trump, sino también el fiscal general que él mismo nombró, Jeff Sessions, de Alabama, que es muy conservador. Su actitud es como si estuviera en los años 40 o 50, de mano dura con el crimen, sin dar tregua, cuando todo demuestra que esta necesidad insaciable de castigar está proveyendo menos seguridad pública.

La Administración general no ve un problema en que la tasa de encarcelación de Estados Unidos sea la más alta del mundo. Tenemos menos del 5% de la población mundial pero tenemos el 25% de todas las personas encarceladas del mundo y 42% de todos los que poseen armas a nivel mundial están en este país. No conozco a ninguna persona que no esté directamente afectada. Todo el mundo conoce a gente o tiene algún familiar en prisión. Yo mismo tengo familiares en las prisiones y he sufrido esta persecución por perfil racial caminando por la calle. Hay una presencia policial excesiva que tiene consecuencias. Hay 2,2 millones en las cárceles, pero además hay otros 70 millones que tienen antecedentes criminal, que han pasado por la cárcel, han sido arrestadas en algún momento, han estado bajo vigilancia o han pagado una multa. Esas personas están buscando trabajo y en muchos Estados permiten preguntar en las solicitudes de empleo, no solamente si se ha estado preso por un delito, sino si alguna vez ha sido arrestado. Decir que sí la mayoría de veces resulta en que no consigas el empleo.

En EE UU los jueces tienen bastante poder de interpretación, ¿puede tener también influencia que la judicatura sea mayoritariamente blanca o que en algunos Estados los jueces sean elegidos por la población?
En algunas partes del país los jueces son elegidos por los votantes, como los fiscales, y eso tiene unas consecuencias bastante grandes en el campo del sistema penal. Cada uno compite por ser más severo que el otro. Pero en los últimos 20 o 30 años hasta los jueces se quejan de que no tienen poder para desviarse de las sentencias mandatorias [sentencias mínimas obligatorias] que provee la legislatura. Por ejemplo, en este país hasta recientemente, para personas que consumen cocaína la sentencia fue más severa si es fumada –crack– que si se ingiere por la nariz o boca. Esa diferencia fue establecida por el Congreso durante la ola de consumo de crack. Todos sabían que el crack era más económico y su uso era más habitual en comunidades afroamericanas y latinas que en las comunidades blancas. En este tema, por ejemplo, un juzgado federal no tiene posibilidad de evitar esa condena mínima obligatoria y está obligado a sentenciar con la misma mano dura.

“La COP16 podría lograr avances significativos en la protección de la naturaleza, pero estos se ven retenidos mientras los Gobiernos discuten sobre la creación de un nuevo fondo para el dinero restante que aún no ha llegado”. La frase de la experta en Políticas de Biodiversidad de Greenpeace Internacional, An Lambrechts, resume el principal problema al que se enfrenta la Cumbre sobre Biodiversidad de Cali cuando comienza su segunda semana.

Mientras desde la comunicación oficial de la presidencia colombiana de la COP se señala que la cita “continúa esta semana con la expectativa de que surjan compromisos y anuncios históricos en torno a financiamiento y biodiversidad”, lo cierto es que esos anuncios brillan por su ausencia.

Los compromisos actuales ni siquiera llegan al monto anual acordado en 2022 en la COP15 de Montreal: 20.000 millones de dólares anuales para financiar las medidas de conservación de la biodiversidad en el sur global. Mucho menos cerca de cumplirse están los compromisos posteriores, 30.000 millones anuales de 2025 a 2030, con unos flujos financieros totales hacia el Sur global de 200.000 millones en total.

Desde las organizaciones ecologistas, además, denuncian que “representantes bien pagados de la industria están haciendo lo posible por socavar el progreso para asegurar que puedan seguir lucrando de la naturaleza sin costo alguno”.

Para Estefanía González, directora adjunta de Campañas de Greenpeace Andino: “Cada día que pasa sin cumplir los compromisos acordados es una oportunidad perdida para proteger la biodiversidad. Los países con mayores recursos tienen tanto la capacidad como la responsabilidad de impulsar el cambio, cumpliendo con los objetivos acordados y apoyando a quienes enfrentan los mayores impactos de la pérdida de biodiversidad”.

El presidente francés, Emmanuel Macron, pretende convertirse en el nuevo referente de la lucha contra el cambio climático. Después de que Donald Trump anunciara en junio la retirada de los Estados Unidos del acuerdo de París, el joven dirigente galo ya reaccionó con su famoso “Make our planet great again”. Macron reafirmó este miércoles su candidatura como campeón del clima con su comparecencia conjunta con la canciller alemana Angela Merkel en la XXIII Conferencia sobre el Cambio Climático (COP23), que se ha celebrado en Bonn del 6 al 17 de noviembre. El binomio francoalemán Macron-Merkel defiende su voluntad de hacer de la ecología uno de los pilares de la Europa neoliberal. Un objetivo loable que contrasta con la realidad de sus políticas nacionales. Ni Francia ni Alemania son alumnos ejemplares de la lucha contra el calentamiento global.

“La barrera de lo irreversible ha sido traspasada. Nos encontramos por encima de los tres grados”, alertó Macron durante su comparecencia en Bonn, en la que recordó la necesidad de respetar el acuerdo de París, que estableció la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero para limitar a dos grados centígrados el calentamiento del planeta respecto a la era preindustrial. “Todos los que están aquí saben que el cambio climático cuestiona nuestro futuro. Nadie no debe ni puede ignorar su peligro”, aseguró Merkel, señalando así la postura climato-escéptica del gobierno norteamericano.

Tanto el presidente francés como la canciller alemana se comprometieron a incrementar su apoyo a los científicos del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), amenazados por la voluntad de Trump de dejar de financiar esta institución. Los Estados Unidos aportaron el año pasado cerca de dos de los cinco millones de dólares (4,2 millones de euros) del presupuesto total del IPCC. “Deseo que Europa sustituya a los americanos. Francia estará a la altura de esta tarea”, prometió Macron.

Los ambiciosos planes de Nicolas Hulot

Tras haber dado poca importancia a la ecología durante la campaña electoral, Macron dio un golpe de efecto en mayo con la incorporación del reputado activista Nicolas Hulot como ministro de Ecología. Fundador de una influyente fundación defensora del medioambiente y enviado especial del presidente Hollande para la COP21, Hulot promueve ahora un ambicioso plan de transición energética. Según anunció a principios de julio, aspira a que en 2040 se dejen de vender vehículos de gasoil y gasolina en Francia.

Los diputados de la Asamblea Nacional aprobaron el 10 de octubre la ley Hulot, que prohíbe la concesión de nuevas licencias para explotar los hidrocarburos del suelo francés y las extracciones de gas y petróleo a partir de 2040. Una medida con una gran carga simbólica, pero relativamente fácil de cumplir: la producción nacional francesa de petróleo (800.000 toneladas) y de gas (380 millones de m³) sólo representa el 1% de los hidrocarburos consumidos anualmente por este país. “Además, esta ley incluye una enmienda que evitará el cierre más allá de 2040 de aquellas explotaciones que no hayan permitido rentabilizar las inversiones hechas durante las exploraciones”, explica a El Salto Mireille Chiroleu-Assouline, profesora de la Universidad París 1 Panthéon-Sorbonne y experta en políticas medioambientales.

El avance de las energías renovables en Alemania contrasta con su dependencia del carbón. El 40% de toda la energía eléctrica producida el año pasado vino de este combustible fósil

Según prometió Macron en Bonn, el gobierno francés se compromete a cerrar todas sus centrales térmicas antes de 2022. Francia, Italia y el Reino Unido firmaron este jueves una declaración (que no apoyó España) en la que proponen que los países de la OCDE abandonen antes de 2030 la electricidad producida a través del carbón.

El presidente galo también ha reivindicado la necesidad de tasar en 30 euros el precio de la tonelada de dióxido de carbono que emiten las centrales de combustibles fósiles instaladas en Europa. Con esta tasa, el carbón dejaría de ser rentable. “Debemos incrementar el uso de energías renovables”, recordó Macron, cuyo país no es un alumno ejemplar respecto a esta cuestión, ya que produce el 75% de su electricidad a través de centrales nucleares.

Los claroscuros del modelo alemán

En cambio, el 44% de la electricidad producida en Alemania procedió de fuentes de energías renovables durante el pasado mes de octubre. Gracias a la alabada Energiewende (transición energética), el estado alemán se ha convertido en el mayor productor de energía solar fotovoltaica de Europa y dispone del parque solar eólico más importante del continente. Anunciado en 2011 después de la catástrofe de Fukushima, el apagón nuclear ha resultado un éxito. Estos logros han servido para que se conceda a la conservadora Merkel la etiqueta de defensora del clima.

El carbón es uno de los asuntos más espinosos de las negociaciones de la coalición “Jamaica” que Merkel pretende tejer entre conservadores, liberales y ecologistas

No obstante, el avance de las energías renovables en Alemania contrasta con la dependencia de este país del carbón. Según datos oficiales, el 40% de toda la energía eléctrica producida el año pasado vino de este combustible fósil. Un centenar de centrales térmicas funcionan a pleno rendimiento, entre ellas se encuentran siete de las diez más contaminantes de todo el continente. Por este motivo, el supuesto alumno aventajado de la ecología difícilmente cumplirá en 2020 su objetivo de reducir en un 40% las emisiones de gases de efecto invernadero respecto a 1990. Según los cálculos de los expertos del gobierno federal alemán, si no se adoptan nuevas medidas, la disminución será del 32,5%, en el mejor de los casos.

De hecho, el carbón es uno de los asuntos más espinosos de las negociaciones de la coalición “Jamaica”, la compleja alianza de gobierno que Merkel pretende tejer entre conservadores, liberales y ecologistas. Los Verdes piden el abandono del carbón y que el 100% de la electricidad alemana proceda de fuentes renovables en 2030. En cambio, la CDU —el partido de Merkel — defiende continuar subvencionando la energía eólica y la solar, pero al mismo tiempo escalonar hasta finales de siglo el cierre de las centrales térmicas. Y los liberales pretenden suprimir las subvenciones a las renovables, lo que beneficiaría al carbón, que es más barato.

Las promesas incumplidas de Macron

Mientras la dependencia del carbón contradice la supuesta buena voluntad ecológica de Merkel, el presidente Macron apenas cuestiona el rol central que la energía nuclear tiene en Francia. “Que nadie se equivoque: pretender que deberíamos acelerar el cierre de centrales nucleares sin haber respondido antes a esto —el impulso de las energías renovables— es condenarnos a reabrir centrales de carbón durante los próximos años”, aseguró el dirigente francés en Bonn.

De esta forma, Macron defendía la decisión de su gobierno de incumplir el objetivo, fijado por la ley de transición energética, aprobada en 2015, de reducir la electricidad de origen nuclear al 50% de la producción total en 2025 —actualmente representa el 75%. “Me parece un desacierto que Hulot haya aceptado el incumplimiento de esta promesa”, reconoce Chiroleu-Assouline. Según esta experta en políticas medioambientales, “No parece que a cambio de esta decisión el ministro de Ecología haya conseguido un compromiso de las compañías eléctricas francesas, como EDF, para que impulsen la producción de energías renovables”. Según datos oficiales, estas representan sólo el 17% de la producción total de electricidad en Francia.

Además, el presupuesto para el año que viene, el primero elaborado durante el mandato de Macron, sólo prevé la inversión de 5.500 millones de euros para impulsar las energías renovables. Como denuncian las asociaciones defensoras del medioambiente, esta cifra es prácticamente la misma que invirtieron los anteriores gobiernos. Para las cuentas del 2018, “una de las medidas más positivas es el incremento significativo de la tasa del carbono”, recuerda Chiroleu-Assouline. Este impuesto, que pagan sobre todo las centrales térmicas, aumentará de forma progresiva de los 44,60 euros por tonelada de dióxido de carbono a 88,20 euros en 2022.

Aunque la partida presupuestaria destinada a la transición ecológica se incrementará un 3,9%, el Ministerio de Ecología perderá 1.324 funcionarios durante el año que viene.

Para conmemorar el segundo aniversario de los acuerdos del clima de París de 2015, Macron prepara una cumbre en la capital francesa para el 12 y 13 de diciembre. Una de las cuestiones centrales de este encuentro internacional será el rol de las finanzas y del sector privado en la lucha contra el cambio climático.

“Hulot comparte la ideología dominante de que hay que luchar contra el cambio climático a través de la lógica del capitalismo”, afirma en declaraciones a este diario el sociólogo Jean-Baptiste Comby, autor del libro La Question climatique. Genèse et dépolitisation d’un problème public. Según este profesor de la Universidad París 2 Panthéon-Assas, “la lógica del capitalismo de crecer constantemente resulta incompatible con la preservación del medioambiente”. Una contradicción que cuestiona la viabilidad del proyecto neoliberal ecologista de Macron y Merkel.

Es domingo y está atardeciendo. Una persona camina por las calles de una localidad pequeña y transporta una bolsa llena de restos orgánicos. Cruza el umbral, saluda a vecinas y vecinos y se dispone a volcar la bolsa en los depósitos de compostaje. Lo mezcla todo y aporta el estructurante para que crezca y se desarrolle el valor en su interior, para obtener el compost que nutrirá la tierra, esa misma que alimenta. Antes de salir, es posible que intercambie algunas impresiones o inquietudes con la gente sobre temas sustanciales o triviales. Luego, quién sabe. Quizás de vuelta al hogar.

Ésta podría ser una de las escenas cotidianas que tendrán lugar en varios municipios del País Valencià si se cumplen y desarrollan los proyectos de recogida y tratamiento selectivo de materia orgánica que se están impulsando en más de 120 poblaciones del territorio. Dicha imagen se presenta como una declaración de intenciones con respecto a la reducción y la gestión sostenible de residuos urbanos, pero, más allá de eso, integra un componente de sinergia en el que una comunidad comparte una labor que beneficia a todo el mundo. También al planeta.

Hace dos años y medio, no había ni rastro de este tipo de iniciativas. Pero con el cambio de gobierno en el Consell y en multitud de ayuntamientos valencianos, parece que existe cierta determinación a cambiar las tendencias impulsadas por los ejecutivos anteriores. Fuentes de la Secretaría Autonómica de Medio Ambiente y Cambio Climático confirman que la administración está ayudando y potenciando la implantación de mecanismos para “para profundizar en la separación de los residuos en origen con la disposición de contenedores, vías de financiación, nuevas plantas de compostaje y la puesta en marcha de campañas de concienciación”.

En torno al 40% de los residuos son materia orgánica, por lo que su tratamiento selectivo supondrá un gran paso para minimizar las tasas de vertido

Este viraje ha sido saludado y respaldado por grupos en defensa del medio ambiente. María Vicente, coordinadora de la campaña 'Al suelo lo que es del suelo. Gestión de residuos 2017', de Ecologistas en Acción se alegra de que “las medidas que llevamos defendiendo durante veinte años empiezan a tener cabida en la política nacional y local”. De esta manera, la activista explica las virtudes de un modelo de economía circular que aspire a la extinción de los residuos urbanos: “La primera ventaja de la recogida selectiva de las basuras es que favorece que te pares a pensar sobre el impacto de cada individuo y de la sociedad en el entorno natural. En torno al 40% de los residuos son materia orgánica, por lo que su tratamiento selectivo supondrá un gran paso para minimizar las tasas de vertido”. Además, Vicente cree que se incrementará el reciclaje “ya que los envases contaminados de orgánica son más difíciles de recuperar”.

separación en origen

La separación en origen de la fracción orgánica es un ámbito en el que diversas técnicas ponen a prueba su capacidad para disminuir la cantidad de residuos domésticos y urbanos que acaban en el vertedero. Según Joan Marc Simón, director ejecutivo de la organización Zero Waste Europe, “el sistema de recogida selectiva de materia orgánica que mejor ha funcionado a nivel europeo es el puerta a puerta, así lo comprobó también la Agència de Residus de Catalunya tras un estudio que comparaba diferentes métodos”. La metodología del puerta a puerta implica que cada vivienda gestiona y clasifica su basura en casa y se encarga de sacarla al portal para su recolecta en los días fijados para cada fracción de material.

“Una de las experiencias más destacables de este tipo de recogida es la de Guipúzcoa. Se ha constatado que, cuando se quiere, se pueden alcanzar porcentajes de recuperación del 80% o incluso del 90%. Otras zonas del País Vasco, pero también de Navarra y Cataluña, cuentan con excelentes sistemas de recogida”, reseña Simón.

Hernani es uno de los municipios de esta provincia que han desempeñado un gran papel en el avance acontecido. Tiene 20.000 habitantes y ha desplegado un sistema de compostaje comunitario y doméstico para 1.400 hogares, además de la mencionada recogida puerta a puerta de la fracción orgánica. La iniciativa arrancó en 2012 y estimaciones recientes señalan que cada año se recolectan unas 30 toneladas de materia orgánica con un nivel de impropios inferior al 2%.

"No puede pagar lo mismo una persona que reduce su impacto y los costes de la gestión que otra que contamina y dificulta el proceso", subraya María Vicente

Vicente es una gran admiradora de esta experiencia: “Un porcentaje de impurezas —materiales inorgánicos o no procesables— inferior al 5% proporciona la posibilidad de elaborar un compost de inmensa calidad”. Además, complementa esa eficacia con una subvención que cubre el 40% de la tasa municipal de basuras para aquellas personas que participan de las labores de clasificación y manejo de sus desechos domésticos, un poderoso incentivo para pasar a formar parte del sistema. “No puede pagar lo mismo una persona que reduce su impacto y los costes de la gestión municipal de residuos que otra que contamina y dificulta el proceso”, subraya la técnica ecologista.

modelos de recogida en el País Valencià

En el territorio valenciano, es evidente que la recolección puerta a puerta es el modelo de las pequeñas poblaciones. Ayora, de apenas 5.000 habitantes, ha realizado varios talleres de compostaje doméstico y está embarcada en la implantación de un sistema de recogida domiciliaria de residuos, un punto de compostaje comunitario y una pequeña planta de tratamiento de residuos.

Otras localidades como Orba y Sax han licitado ya sendos proyectos de servicio puerta a puerta. Los municipios de la Vall d’Albaida siguen la misma senda, pero las cotas más punteras se encuentran en el norte de Castellón, donde los diversos sistemas de discriminación en origen han eliminado casi por completo la existencia de vertederos. El valor de la gestión local y descentralizada de la basura se muestra diáfano en la singladura de esta región. Por otra parte, un compost de buena calidad resulta imprescindible para el desarrollo de la agricultura local: según el Ministerio de Agricultura, cada año se pierden más de mil millones de toneladas de suelo fértil en el territorio peninsular.

La alternativa al sistema puerta a puerta más adaptada a las grandes urbes es el contenedor marrón de materia orgánica. Esta es la opción escogida para ciudades como Castellón, Valencia, Alicante, Sagunto o Alzira. El Consistorio de la capital del Turia ha valorado como un éxito el programa piloto de recogida selectiva de la fracción orgánica que se llevó a cabo en los barrios de San Marcelino y Benimaclet. Los contenedores, que están abiertos a toda la población, recogieron más de 800 toneladas de restos orgánicos procedentes de hospitales, colegios y mercados.

Joan Marc Simón, por su parte, desconfía de la efectividad de este modelo: “Los contenedores sin llave, sobre todo en poblaciones no sensibilizadas, no funcionan en la mayoría de los casos, está probado. Barcelona adoptó esta fórmula y la fracción orgánica que obtienen tiene alrededor de una quinta parte de impurezas, con eso no puedes elaborar un compost de calidad”.

El caso de Alicante es distinto. La Concejalía de Medio Ambiente ha impulsado un proceso de renovación de la gestión municipal de basuras basado en la instalación del quinto contenedor con tarjeta de acceso y de varios puntos de compostaje comunitario, once hasta la fecha. Víctor Domínguez, el ex-edil encargado del proyecto, explica que el objetivo es “extender el uso para que, al menos, se equipare al del resto de contenedores contenedores de recogida selectiva, y tener buenos resultados para no provocar el rechazo de la población y el aplazamiento de estos cambios tan necesarios”. Por esa razón, según Domínguez, han optado por la distribución de “tarjetas individualizadas por domicilio” que les permiten contar con una buena predisposición por parte de los usuarios y obtener un bajo nivel de impropios. También es un método que ofrece una serie de datos estadísticos que servirán para reconocer los errores y adecuar el servicio.

Igualmente, existen más consideraciones para optimizar el rendimiento del sistema que no se han tenido en cuenta a la hora de planificar su aplicación. Daniel Kratzer trabajó antes de jubilarse como responsable del proyecto de recogida de residuos recuperables de una región del cantón de Vaud en Suiza, país con una extensa tradición de buenas prácticas, y plantea que la separación en origen de los desechos urbanos requiere una reflexión más profunda. “Por ejemplo, los contenedores no deben ser de gran tamaño, pues aumenta la probabilidad de que se pudran los restos orgánicos por la compactación y la falta de aire”, precisa el ingeniero. Asimismo, señala que los documentos sobre gestión de la basura municipal del norte de Italia llegan a dar recomendaciones sobre la forma de los contenedores para que tengan el fondo curvo, sin ángulos cerrados, y sea más sencilla su limpieza.

LA VANGUARDIA DE EUROPA

La vanguardia de Europa se encuentra en regiones tan distantes como Eslovenia y Bélgica, Hamburgo y la Italia septentrional. Milán es uno de los casos más paradigmáticos: tras aplicar la recolecta puerta a puerta de la fracción orgánica, aumentó en tres años su recogida selectiva del 37% al 54% de la basura urbana. Otros indicadores oficiales también apuntan valores muy positivos: la tasa de recuperación de residuos era del 35% en 2011, con indicadores del 5% en el caso de la materia orgánica; la misma tasa fue del 52% en 2015, con cifras del 19% para la porción orgánica de los desechos milaneses.

Flandes trata el 40% de la materia orgánica a través del compostaje local y recicla casi tres cuartas partes de sus residuos

Simón tampoco es ajeno a la realidad italiana: “La zona de Treviso, con una población de más de medio millón de habitantes, está generando unos 350 kilogramos de residuos por habitante al año, que son unos ciento y pico menos que la media española, y el 85% de los materiales de deshecho”.

Ljubljana (Eslovenia), por su parte, merece una mención especial en este elenco de prácticas pioneras. En 2012, la ciudad implantó la recogida domiciliaria de la fracción orgánica. Dos años después, la tasa de reciclaje de residuos urbanos fue del 61%, gracias a un descenso del 59% en la producción de desechos mezclados y del 15% en la generación total de residuos.

Igualmente, María Vicente destaca el trayecto de Flandes que, en la actualidad, “trata el 40% de la materia orgánica a través del compostaje local y recicla casi tres cuartas partes de los residuos que genera”.

Estos ejemplos se configuran como una orientación para lo que los expertos afirman que podría llegar a ser —si se atiende a las necesidades reales de la población y al entorno natural— la primavera de la gestión de residuos en el País Valencià. Pero eso implica a todos los municipios y a todas las personas; es también el turno de Vila-Real, Burriana, Xilxes, Moncada, Aspe, Canals, Xeraco, Beneixama, Villena, Monóvar, Alcalá de Xivert u Ontinyent.

Por Jaume Grau López
Biólogo e integrante de Ecologistas en Acción, @jaumegraulopez

A medida que avanza la COP16 en Cali, las posiciones se vuelven más encontradas. Se ha conformado un pequeño bloque de países con posiciones ultraliberales alineadas con las grandes corporaciones, integrado por Argentina, Brasil, Canadá y, eventualmente, Japón, Australia y Reino Unido, entre otros.

En una de las carpetas más importantes, la regulación de la Biología sintética y nuevas técnicas de ingeniería genética, este bloque se opone férreamente al control estricto, que se basa en el enfoque del principio de precaución y aboga por limitar este tipo de actividades a experimentos estrictamente en laboratorio, bajo la supervisión de un organismo científico independiente y sin conflictos de intereses, y con un plan de trabajo dentro de la Convención de Diversidad Biológica. En este asunto, también se está reclamando desde las organizaciones sociales la transferencia de conocimientos y la formación para que los países del Sur global puedan evaluar adecuadamente los riesgos sobre la salud y el medio ambiente de este tipo de nuevas técnicas genéticas, cosa que parece no interesar a los países bloqueadores, que defienden a ultranza este tipo de nuevas tecnologías.

Del mismo modo, en el debate sobre Cambio Climático y Biodiversidad, Argentina, Brasil y Canadá propusieron eliminar la referencia a las salvaguardas y alertas que sobre las acciones de geoingeniería (alteración artificial del clima mundial) han aportado los organismos científicos del Convenio de Biodiversidad y el Convenio de Cambio Climático, el IPBES y el IPCC respectivamente. En este asunto, el papel de la UE así como de países como Colombia o Bolivia, es coherente con el conocimiento científico, no aceptando la eliminación de esos párrafos del acuerdo, que sigue por tanto bloqueado.

En cuanto a la financiación, el debate evoluciona claramente hacia tres posiciones diferenciadas. Por un lado, el Grupo Africano reclama la creación de un Fondo específico para la Biodiversidad diferenciado del Fondo Mundial de Medio Ambiente (GEF), que no consideran eficaz ni confiable. Por otro, países que plantean que esto es inapropiado y atrasaría la transferencia de recursos, y por eso bloquean esta decisión. Es la posición de la UE, Reino Unido o Japón, entre otros. Por último, un tercer grupo plantea mantener el GEF pero estudiando qué se puede hacer para mejorar su eficacia, sin cerrar la puerta a crear ese nuevo fondo si el GEF no es reformable. Esta es la propuesta de Colombia, pero, de tomarse seta, atrasaría la decisión a la COP17 en 2026.

El debate sobre la implementación del Marco Mundial de Biodiversidad (MMBKM) también está encallado. Se ha desarrollado un conjunto de indicadores e instrumentos de verificación del cumplimiento del Marco bajo criterios tecnicocientíficos. Pero Brasil y Argentina pretenden que no se incluya el control y supervisión de la implementación del MMBKM dentro de los mecanismos multilaterales como la propia COP, cosa que bloquea el acuerdo en el documento sobre  implementación y reportes de cara a la COP17.

La presidenta de la COP16, la Ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, Susana Muhamad, al cierre del Segmento de Alto Nivel del lunes —que ha contado con la participación de  decenas de ministros y ministras y jefes de delegación—, consciente de estas grandes dificultades para avanzar, ha hecho un llamamiento a todas las partes a trabajar con voluntad de acuerdo y generosidad para lograr acuerdos en los próximos tres días.

Efectivamente, algunos elementos que no están avanzando podrían quedar bloqueados y no llegarse a decisiones operativas en esta COP. Esto significaría aplazar algunos temas esenciales por dos años. Aunque es cierto que la Presidencia de la COP tiene el derecho de presentar las últimas versiones de los documentos de acuerdo al Plenario, forzando las cosas en el último momento. Sería deseable no llegar a ese punto.

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Ecologistas en Acción participa en COP16 con un representante acreditado como observador oficial, Jaume Grau López. Mediante este espacio realizaremos un seguimiento diario del desarrollo de las negociaciones en dicha cumbre, así como una exposición de los grandes temas en debate y los acuerdos que se logren a su finalización

Por Jaume Grau López
Biólogo e integrante de Ecologistas en Acción, @jaumegraulopez

El segmento de alto nivel de la COP16 de Cali fue protagonizado este lunes por Gustavo Petro, presidente de la República de Colombia, quien realizó una intervención de alto voltaje como pocas veces se ve en las cubres internacionales. Petro, un político poco convencional, se caracteriza por combinar contundencia en sus discursos claramente de izquierdas, con unas formas respetuosas y mesuradas, muy alejado de algunos referentes clásicos de la izquierda latinoamericana.

El presidente colombiano, hablando ante 196 delegaciones que incluían seis jefes de Estado y numerosos ministros y ministras, comenzó alertando que la crisis ecológica actual no sitúa en una emergencia equiparable a 1933, cuando el partido nazi alcanzó el poder en Alemania, pero en este caso nos situamos frente a un auténtico apocalipsis global de la vida. “Lo que estamos viviendo es peor que el apocalipsis. Los tiempos de extinción traen tensiones y expresiones políticas distintas. Las crisis climáticas se reflejan en esas expresiones políticas”, señaló.

La emergencia requiere de soluciones que sean protagonizadas no por los líderes sino por los pueblos del mundo, puesto que la extinción de biodiversidad anticipa una extinción de la humanidad.

La cumbre se celebra en Cali, en una ciudad vibrante y alegre, porque es una de las capitales de la biodiversidad en Colombia y, por extensión, del mundo. Y Colombia quiere mostrar con esta COP16 sus ambiciones de mayor democracia, de pacificación de un conflicto armado en proceso de enfriarse, y de reconciliación con su naturaleza. Destacó el presidente que no quisieron organizar una cumbre en un lugar desértico ni aislado, puesto que es con el pueblo con que hay que contar.

“Se necesitan otros modos de producción para proteger la vida planetaria y la de la humanidad”, dijo Petro

La mayor parte del alegato fue para denunciar que la codicia de los poderosos es la principal amenaza a la vida en el planeta. Una codicia que desata las crisis climática y de biodiversidad, y que está por tanto contra la vida y contra la misma humanidad. La única prioridad, de las grandes compañías y las grandes fortunas, es maximizar la ganancia, aunque ello lleve a la destrucción. Por ello, Petro reclamó construir otra manera de producir, que esté en armonía con el planeta y la humanidad, evitando tanto afectar a la biodiversidad como la explotación de las personas. Y para ello hace falta más política. “Se necesitan otros modos de producción para proteger la vida planetaria y la de la humanidad. Debemos buscar un equilibrio entre producción, consumo y sostenibilidad en el planeta”, señalaba el mandatario.

El máximo dirigente del país, reclamó además decir las cosas por su nombre, sin ambigüedades, y por ello denunció la dictadura de petróleo, causa de la crisis climática y buena parte de la de biodiversidad, y sobre el cual apenas se habla en las COP de clima. La urgencia, sin embargo, es tal que no hay ni un momento que perder.

Tampoco perdió la oportunidad de criticar cómo el capital mundial (y los estados del Norte Global, aunque no los mencionó) desprecian la vida lanzando bombas que valen millones de dólares sobre la población civil de Gaza, solo por ser musulmanes y los habitantes originales de aquel territorio. Los mismos países que luego dicen no tener dinero para apoyar al desarrollo de los del sur.

Se está hablando ampliamente sobre financiación en esta COP y en este punto quiso Petro abrir un nuevo melón: el de la deuda externa. Denunció que los países del Sur global están atenazados por el pago de ésta, y que el principal dueño de esa deuda es ahora mismo China. Esta deuda impide el desarrollo de los países del sur, los cuales son “ordeñados y explotados” por un sistema que los penaliza con unas primas de riesgo exageradas, bajo la justificación que son “países de alto riesgo”. Ahí, Petro reclamó que se reoriente esa deuda —no llegó a pedir la condonación— garantizando unas primas mínimas que permitan respirar a las economías de esos países y así impulsar políticas publicas como la protección de la naturaleza.

Más aun, el presidente dijo que los países del Sur en general son quienes más y mejor cuidan la vida, pues son más biodiversos y, por tanto, más fiables porque han sabido vivir respetando la naturaleza, mientras que los países del norte, con la deuda más baja, son los que realmente implican un peligro por sus políticas históricas y actuales.

Acabó la intervención haciendo un alegato por cambiar las cosas de raíz. Dijo Petro que necesitamos una revolución, pero no una revolución contra la vida sino a favor de preservar la vida. “Los pueblos del mundo se tienen que tomar las decisiones para una revolución mundial que es lo que necesitamos en realidad”, señalaba Por eso han organizado la COP16 en Cali, ciudad afamada por el carácter abierto, festivo y alegre de su población. Y es que, sin alegría no hay revolución, djo Petro.

Por Jaume Grau López

Biólogo e integrante de Ecologistas en Acción, @jaumegraulopez

Este miércoles han seguido las negociaciones en la COP16, con múltiples Grupos de Contacto paralelos sobre los temas más espinosos de esta cumbre.

En la carpeta sobre biología sintética y de información sobre secuencias digitales genéticas, se acumulan ya ocho reuniones de trabajo sin que todavía se pueda vislumbrar un acuerdo definitivo. Las partes siguen enrocadas en sus posiciones y los negociadores de los países más favorables a las desregulaciones y la libertad de mercado se enfrentan a los más cautos y que abogan por el principio de precaución. En relación a la financiación, sigue el pulso entre los países más empobrecidos, sobre todo los africanos y algunas economías ricas del norte. Los africanos insisten en más financiación y un mecanismo para vehicular los fondos de desarrollo respetuosos con la biodiversidad que sea específico del Convenio de Diversidad Biológica, pero el resto de partes no parece que vaya a ceder y el documento se acerca a una situación de bloqueo que podría aplazar dos años la decisión final.

António Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, ha tenido una agenda cargada de reuniones con los principales bloques de negociación, con el Secretariado del propio Convenio, además de actos públicos diversos. Entre otros, Guterres se ha reunido con una delegación de la sociedad civil compuesta por representantes de las organizaciones de mujeres, de pueblos indígenas y de ONG que participan en esta COP. Guterres ha mostrado una sintonía casi total con las reivindicaciones sociales, incluyendo la preocupación por la presencia apabullante de las empresas privadas en la cumbre. A última hora del día, El secretario general tuvo tiempo de publicar en la red X, apremiando a las partes a llegar a acuerdos ambiciosos en los últimos dos días.

Las organizaciones de defensa ambiental, organizadas alrededor de la Alianza de la CDB, mantuvieron encuentros con diversos responsables políticos europeos. Así, el jefe de la delegación del Parlamento Europeo en la COP16, César Luena (PSOE), se encontró con una decena de activistas para escuchar sus preocupaciones sobre asuntos ambientales europeos: la reducción de la protección del lobo, el Reglamento contra la Deforestación, la Ley de Restauración de la Naturaleza, la Directiva Hábitats o la necesidad de más fondos europeos para conservación y restauración. Así lo explicó en la red X.

Poco después, la eurodiputada del grupo de la Izquierda Europea, Carola Rackete, se encontró también con representantes de organizaciones europeas para intercambiar opiniones. Rackete planteó su gran preocupación por la ofensiva de las grandes corporaciones en la COP16, apostando por mecanismos de mercantilización de la naturaleza como los créditos y las compensaciones de biodiversidad, así como por los derechos humanos y de las poblaciones indígenas que son vulnerados en paralelo a la destrucción de la naturaleza. La Eurodiputada reconoció que con un Parlamento Europeo escorado a la derecha y la ultraderecha resulta extremadamente difícil defender una agenda verde europea, pero se comprometió a apoyar las reivindicaciones de los grupos ecologistas y de defensa de los derechos humanos.

Por último, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, en su calidad de máximo representante español en la cumbre, atendió la petición de realizar un encuentro que le formuló Ecologistas en Acción. En esta reunión, con todos los presentes consternados por la tragedia derivada de la DANA, Morán reconoció que en España hay un grave desconocimiento de la magnitud de la crisis de biodiversidad. Prueba de ello es la ausencia casi total de medios de comunicación españoles, y el hecho que la cumbre no haya aparecido en ninguna portada de ningún diario o televisión. Se comprometió, en función de sus posibilidades, a trabajar para que el conocimiento científico sobre la crisis tenga más alcance mediático y social. Morán también reflexionó sobre la necesidad de detener los flujos financieros que siguen impulsando la destrucción de la biodiversidad, tanto desde el ámbito público en forma de subsidios como desde las instituciones financieras privadas mundiales.

Por Jaume Grau López

Biólogo e integrante de Ecologistas en Acción @jaumegraulopez

Conforme pasan las horas, las delegaciones en Cali comienzan a notar el desgaste de más de dos semanas de negociaciones infinitas. Y también los observadores. A lo largo de este jueves, en ambos Grupos de Trabajo han seguido bloqueados la mayoría de los temas. La sombra de una cumbre infructuosa se cierne sobre la COP16 a esta hora.

Así, en el Grupo de Trabajo 1, comenzaba a las 21h la que puede ser la última oportunidad de llegar a consensos antes del plenario final, con prácticamente todos los textos con corchetes, indicando discrepancia entre las partes. Algunos de los temas más espinosos apenas tienen un documento más o menos limpio (llamado CRP: Conference Room Paper), aunque se mantienen discrepancias en los párrafos clave. El Grupo de Trabajo 2 se reunió también durante toda la tarde para no cerrar prácticamente ninguna resolución.

Algunos documentos sí que están ya en manos del plenario, en forma de documentos “L”, que es la ultima versión que ha logrado casi consensuar el grupo de trabajo, aunque pueden mantenerse diferencias importantes que impidan cerrar acuerdos incluso en plenario. Así, las decisiones sobre Gestión sostenible de la flora y fauna silvestre, sobre la Conservación de la especies vegetales, sobre Especies exóticas invasoras, sobre Áreas Marinas de importancia biológica y sobre Salud y biodiversidad, están prácticamente listas para ser aprobadas formalmente.

En otros casos, los avances son mínimos. Esto pasa con la resolución sobre el papel de los pueblos indígenas en la Convención de la Diversidad Biológica: siguen enfrentados quienes defienden que se cree un órgano subsidiario, con más atribuciones (básicamente los países latinoamericanos), y quienes prefieren que quede apenas como un grupo de trabajo (los países del norte global). Si bien el Programa de Trabajo sobre los asuntos indígenas está prácticamente cerrado, el debate se encuentra estancado a causa del órgano subsidiario y no se ve una solución clara a la vista.

En cuanto al mecanismo para la Implementación y seguimiento del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, hay un acuerdo casi cerrado sobre la relación de indicadores de seguimiento y sus fuentes de verificación, así como la metodología para desarrollar los informes de evaluación. Destacamos en este aspecto que prácticamente todas las partes rechazaron que estos informes analicen país a país el avance en la implementación y por el contrario pidieron que el análisis fuera mundial, con propuestas de mejora pero no propuestas de obligado cumplimiento. Ambos aspectos son cuestionables pues pueden erosionar la implementación efectiva del Marco Mundial y dejan su cumplimiento expuesto a la voluntad política de cada gobierno.

En el debate sobre Cambio climático y biodiversidad, un conjunto de países (Argentina, Brasil, Perú, Rusia, Arabia Saudita) tuvieron las negociaciones estancadas durante horas por su negativa a incluir la referencia que un aumento de la temperatura global de 2ºC representa amenazas mucho más serias para la biodiversidad mundial que si ese aumento quedase limitado a 1,5ºC. No hay ninguna certeza que el texto se pueda desbloquear para ser aprobado en la última jornada de hoy.

Por último, el otro gran tema de la Cumbre, el de la financiación, sigue gravemente encallado. Ninguno de sus documentos han sido remitidos aun al plenario final. El documento sobre la Estrategia para la movilización de recursos fue discutido extensamente y solo ayer, los copresidentes del grupo de trabajo lanzaron un poco a la desesperada una última versión con la esperanza de lograr el consenso. El otro gran documento de este tema es el mecanismo financiero. Todas las partes están de acuerdo que la financiación de las políticas de conservación de la biodiversidad para los países del sur que necesitan desarrollarse son totalmente insuficientes. Pero ahí acaba el consenso. Prácticamente todo el documento de trabajo sigue entre corchetes, con propuestas muy enfrentadas. Parece que se está abandonando la propuesta de crear un nuevo fondo específico para la aplicación del MMB-KM, y en su lugar algunos países reclaman una reforma integral del Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF) que analice por que muchos países no pueden acceder a él, y que se dote ampliamente de fondos públicos. Otro apuestan por incrementar la financiación privada, mediante “mecanismos innovadores” que ya sabemos que pueden responder a mecanismos de mercantilización de la biodiversidad (créditos y compensaciones). También se ha propuesto que parte del Fondo se gestione a través de las instituciones financieras internacionales (las ultraliberales Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional). También, y mucho más interesante, países como Bolivia siguen reclamando que se adopte el enfoque de “acciones basadas en la Madre Tierra”, un enfoque ecocéntrico, también en el uso de fondos financieros para la biodiversidad. El documento es tan extraordinariamente complejo que planea la sombra de un aplazamiento hasta la próxima COP17. Si fuera el caso, se formularía el encargo para que los órganos subsidiarios del Convenio trabajaran en una nueva propuesta en el período entre sesiones de la COP (2 años) para volver con un documento nuevo, pero ello llevaría a un retraso considerable en la aplicación del MMB.

Por último, resulta destacable que ayer a última hora la plenaria consideró las propuestas de los países para acoger la próxima COP17 en 2026. La propuesta de Azerbaijan recogió 58 votos, mientras que la de Armenia obtuvo 65, quedando esta última designada como sede de la próxima Conferencia de las Partes.

Por Jaume Grau López

Biólogo e integrante de Ecologistas en Acción @jaumegraulopez

Conforme pasan las horas, las delegaciones en Cali comienzan a notar el desgaste de más de dos semanas de negociaciones infinitas. Y también los observadores. A lo largo de este jueves, en ambos Grupos de Trabajo han seguido bloqueados la mayoría de los temas. La sombra de una cumbre infructuosa se cierne sobre la COP16 a esta hora.

Así, en el Grupo de Trabajo 1, comenzaba a las 21h la que puede ser la última oportunidad de llegar a consensos antes del plenario final, con prácticamente todos los textos con corchetes, indicando discrepancia entre las partes. Algunos de los temas más espinosos apenas tienen un documento más o menos limpio (llamado CRP: Conference Room Paper), aunque se mantienen discrepancias en los párrafos clave. El Grupo de Trabajo 2 se reunió también durante toda la tarde para no cerrar prácticamente ninguna resolución.

Algunos documentos sí que están ya en manos del plenario, en forma de documentos “L”, que es la última versión que ha logrado casi consensuar el grupo de trabajo, aunque pueden mantenerse diferencias importantes que impidan cerrar acuerdos incluso en plenario. Así, las decisiones sobre Gestión sostenible de la flora y fauna silvestre, sobre la Conservación de la especies vegetales, sobre Especies exóticas invasoras, sobre Áreas Marinas de importancia biológica y sobre Salud y biodiversidad, están prácticamente listas para ser aprobadas formalmente.

En otros casos, los avances son mínimos. Esto pasa con la resolución sobre el papel de los pueblos indígenas en la Convención de la Diversidad Biológica: siguen enfrentados quienes defienden que se cree un órgano subsidiario, con más atribuciones (básicamente los países latinoamericanos), y quienes prefieren que quede apenas como un grupo de trabajo (los países del norte global). Si bien el Programa de Trabajo sobre los asuntos indígenas está prácticamente cerrado, el debate se encuentra estancado a causa del órgano subsidiario y no se ve una solución clara a la vista.

En cuanto al mecanismo para la Implementación y seguimiento del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, hay un acuerdo casi cerrado sobre la relación de indicadores de seguimiento y sus fuentes de verificación, así como la metodología para desarrollar los informes de evaluación. Destacamos en este aspecto que prácticamente todas las partes rechazaron que estos informes analicen país a país el avance en la implementación y por el contrario pidieron que el análisis fuera mundial, con propuestas de mejora pero no propuestas de obligado cumplimiento. Ambos aspectos son cuestionables pues pueden erosionar la implementación efectiva del Marco Mundial y dejan su cumplimiento expuesto a la voluntad política de cada gobierno.

En el debate sobre Cambio climático y biodiversidad, un conjunto de países (Argentina, Brasil, Perú, Rusia, Arabia Saudita) tuvieron las negociaciones estancadas durante horas por su negativa a incluir la referencia que un aumento de la temperatura global de 2ºC representa amenazas mucho más serias para la biodiversidad mundial que si ese aumento quedase limitado a 1,5ºC. No hay ninguna certeza que el texto se pueda desbloquear para ser aprobado en la última jornada de hoy.

Por último, el otro gran tema de la Cumbre, el de la financiación, sigue gravemente encallado. Ninguno de sus documentos han sido remitidos aun al plenario final. El documento sobre la Estrategia para la movilización de recursos fue discutido extensamente y solo ayer, los copresidentes del grupo de trabajo lanzaron un poco a la desesperada una última versión con la esperanza de lograr el consenso. El otro gran documento de este tema es el mecanismo financiero. Todas las partes están de acuerdo que la financiación de las políticas de conservación de la biodiversidad para los países del sur que necesitan desarrollarse son totalmente insuficientes. Pero ahí acaba el consenso. Prácticamente todo el documento de trabajo sigue entre corchetes, con propuestas muy enfrentadas. Parece que se está abandonando la propuesta de crear un nuevo fondo específico para la aplicación del MMB-KM, y en su lugar algunos países reclaman una reforma integral del Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF) que analice por qué muchos países no pueden acceder a él, y que se dote ampliamente de fondos públicos. Otro apuestan por incrementar la financiación privada, mediante “mecanismos innovadores” que ya sabemos que pueden responder a mecanismos de mercantilización de la biodiversidad (créditos y compensaciones). También se ha propuesto que parte del Fondo se gestione a través de las instituciones financieras internacionales (las ultraliberales Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional). También, y mucho más interesante, países como Bolivia siguen reclamando que se adopte el enfoque de “acciones basadas en la Madre Tierra”, un enfoque ecocéntrico, también en el uso de fondos financieros para la biodiversidad. El documento es tan extraordinariamente complejo que planea la sombra de un aplazamiento hasta la próxima COP17. Si fuera el caso, se formularía el encargo para que los órganos subsidiarios del Convenio trabajaran en una nueva propuesta en el período entre sesiones de la COP (2 años) para volver con un documento nuevo, pero ello llevaría a un retraso considerable en la aplicación del MMB.

Por último, resulta destacable que ayer a última hora la plenaria consideró las propuestas de los países para acoger la próxima COP17 en 2026. La propuesta de Azerbaijan recogió 58 votos, mientras que la de Armenia obtuvo 65, quedando esta última designada como sede de la próxima Conferencia de las Partes.

Hoy comenzamos el programa analizando la situación en Oriente Medio y, especialmente, cómo está repercutiendo en los precios del petróleo los conflictos en Arabia Saudí, Líbano y Siria, por nombras unos cuantos. También hablamos sobre el nuevo impuesto que se ha sacado de la manga el Gobierno y gravará con un cuatro por ciento las ventas de objetos de segunda mano en internet. Por último, hablamos sobre el abandono del proyecto de conche eléctrico de Cepsa, al menos hasta nueva orden, los problemas que atraviesa Tesla y sobre cómo los jóvenes sienten cada vez menor inclinación por la posesión de un vehículo privado. Con Jordi Llatzer y Josean Paunero. Conduce Juan Carlos Barba.