Hasta cuatro años de cárcel para dos sindicalistas de CNT por hacer un piquete en un acto electoral

Dos sindicalistas de CNT en Barcelona serán juzgados el próximo 29 de enero por su participación en un piquete en el Casino de Poble Nou mientras se celebraba un debate electoral para las pasadas elecciones municipales. Se enfrentan a penas de hasta cuatro años de cárcel por de delitos de atentado a la autoridad y alteración de un acto electoral.

Los hechos tuvieron lugar el 8 de mayo de 2015, en las puertas del Casino de Poble Nou. “Fuimos a hacer un piquete a un debate electoral”, recuerda Ricardo T., uno de los dos sindicalistas que serán juzgados a finales de mes. El sindicalista explica que el debate que se celebraba era entre las personas que se presentaban a la alcaldía de Barcelona, que finalmente consiguió Ada Colau. Entre los miembros del debate estaba Xavier Trias, que era uno de los responsables de la cesión ilegal de trabajadores informáticos de la Generalitat a empresas como Informática El Corte Inglés SA (IECISA), que fue condenada en 2013 por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.

“Nosotros fuimos por dos motivos fundamentales: por señalar la responsabilidad de Trías en las irregularidades de las subcontratas de la Generalitat, al ser de CiU, y su mala gestión de lo público en la Generalitat, y por otra parte denunciar la falsa electoral”, relata Ricardo. Desde CNT Barcelona subrayan que la Generalitat de Catalunya incumplió la sentencia del Tribunal Superior de Justicia catalán y los trabajadores seguían siendo apartados de sus puestos de trabajo a pesar de que el juez les había dado la razón y dictaminado que eran ellos los que podían decidir entre ser contratados directamente por la Generalitat o por la filial del Corte Inglés.

Archivadas las causas

Iniciaron la acción y, cuando se acercaron a la puerta del Casino, donde estaba teniendo lugar el debate, varias personas de paisano les cortaron el paso. “Les preguntamos que por qué y comenzaron a agredirnos físicamente”, continúa el sindicalista, quien señala que después se dieron cuenta de que eran agentes de la Guardia Urbana de Barcelona y que estaban “bastante nerviosos” por la presencia en la zona de pensionistas, activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y de las asociaciones de vecinos de la zona que habían acudido también a protestar.

Cuando comenzaron las agresiones por parte de los agentes de la Guardia Urbana, Ricardo recuerda que se armó un pequeño revuelo y él fue detenido y llevado a comisaría. Como respuesta a su detención, otro compañero de CNT, Javier G., detuvo el flujo eléctrico contando la retransmisión de debate electoral y también fue detenido y será juzgado el próximo 29 de enero.

Los cuatro agentes acusan al sindicalista de lesiones leves. “Parece que uno se hizo daño en el codo, otro un corte, y uno más afirma que se rompió un dedo”. Por su parte, durante el enfrentamiento con los agentes, Ricardo explica que recibió un golpe en las costillas que le estuvo doliendo durante medio año y sufrió una luxación en el codo derecho, que tuvo que ser escayolado durante dos semanas. Presentó una denuncia contra los agentes por lesiones, pero esta fue archivada. Otro de las sindicalistas que acudieron a la protesta también acabó con un ojo morado, pero la denuncia fue también archivada.

La Fiscalía pide dos años y cuatro meses de cárcel Ricardo, además del pago de 5.000 euros de responsabilidad civil. Para Javier G. pide seis meses de cárcel. Por su parte, la acusación particular presentada por cuatro agentes de la Guardia Urbana pide hasta cuatro años de cárcel para Ricardo, además de 21.000 euros de multa.

“No solo es un ataque a la libertad sindical, sino también un ataque a la totalidad de la clase trabajadora”, afirman desde CNT Barcelona. “No podemos tolerar la criminalización de la mejor herramienta de lucha que tenemos las trabajadoras”, continúan en relación a la acción directa y al anarcosindicalismo.

El sindicato denuncia que, con esta represión “se pretende criminalizar y acabar con la lucha obrera”, usando penas de encarcelamiento y multas elevadas para generar un ambiente de miedo que acabe con los conflictos en defensa de los derechos.