Balcanes
2025, el año que la UE convirtió los Balcanes en su centro de detención de migrantes

“Cogieron a gente de cada edificio, les dijeron que Siria estaba liberada y les pidieron que firmaran papeles sin saber lo que ponía en ellos”. Era 22 de diciembre de 2024 cuando Khaled, junto con otros muchos sirios con los que se encontraba en el campo de Harmanli, al sur de Bulgaria, intentaron ser forzados para firmar el retorno voluntario a Siria. Unas coacciones que ocurrían, además, tan solo dos semanas antes de la entrada de Bulgaria —y Rumanía— al espacio Schengen. Una entrada que venía condicionada con “resultados sostenidos en la protección de las fronteras exteriores, la lucha contra la migración irregular y la prevención de movimientos secundarios”.

En ese momento, para quien no estuviese sobre el terreno, aún no era posible prever que el año siguiente convertiría a los Balcanes en el laboratorio donde la Unión Europea testaría una ‘versión beta’ de las nuevas prácticas migratorias que aspira a formalizar con el Nuevo Pacto de Migración y Asilo —aprobado en mayo de 2024 y cuya entrada plena en vigor está prevista para 2026—.

Empecemos por el principio, aunque fue durante 2023 y 2024 cuando comenzaron a firmarse acuerdos bilaterales y operativos entre Estados miembro de la Unión y países de los Balcanes, ha sido en 2025 cuando hemos empezado a ver de forma clara sus efectos sobre el terreno. Enumerando: Montenegro firmaba un acuerdos con Frontex para la cooperación en actividades de gestión fronteriza, (mayo 2023); se firmó con Serbia un acuerdo para reforzar la cooperación en gestión fronteriza y migración, otorgando a Frontex la posibilidad de realizar operaciones conjuntas y desplegar su personal más allá de las fronteras UE–Serbia con el fin de impedir la llegada de personas en movimiento a su frontera con Hungría (junio 2024); en 2024 empezó a operar el acuerdo firmado entre Italia y Albania para la construcción de los conocidos “centros de deportación” en Albania (firmado en 2023); y se aprobó un aumento de militarización en la frontera Bosnia-Croata a través de las negociaciones para avanzar en la membresía de Bosnia a la UE (enero 2025).

Así, el 2024 se cerraba con la muerte de tres menores egipcios cerca de la frontera búlgara. Unas muertes que se atribuyeron a las prácticas sistemáticas de devoluciones en caliente, la falta de asistencia y los retrasos deliberados en los rescates por parte de las autoridades fronterizas, en un contexto de endurecimiento acelerado del control migratorio vinculado a la inminente entrada de Bulgaria en el espacio Schengen. Una muestra clara de la realidad de esta “protección de fronteras”.

En febrero entraba en vigor del acuerdo Frontex–Montenegro, por el cual que autoriza a la agencia europea a desplegar agentes armados en territorio montenegrino

El 2025 abría una nueva etapa de la política migratoria en los Balcanes. Para enero de este año, la frontera turco-búlgara ya había sido “armada” con cámaras de vigilancia, fibra óptica, nuevos y modernizados sistemas de software, más de 200 vehículos todoterreno, dispositivos térmicos portátiles, unidades móviles de vigilancia, drones tácticos de larga autonomía y sensores de comunicaciones para patrulla aérea; todo manejado por los 1.200 nuevos agentes contratados por la UE más los alrededor de 600 agentes parte de Frontex —un equipamiento que venía dado con la entrada del país en Schengen—. Médicos Voluntarios Internacional (MVI), ONG presente en Bulgaria, informaba entonces que “menos del 5% de la gente que logra cruzar son llevados, de primeras, a un centro abierto; la mayoría son llevados a los centros de detención”.

En febrero entraba en vigor del acuerdo Frontex–Montenegro, por el cual que autoriza a la agencia europea a desplegar agentes armados en territorio montenegrino, realizar patrullas conjuntas, controles de identidad y apoyar directamente a las autoridades nacionales en la interceptación y devolución de personas en movimiento, ampliando por primera vez el radio operativo de Frontex en este país más allá de las fronteras estrictamente colindantes con la UE.

Todas y cada una de las fronteras de los Balcanes con la UE quedaban militarizadas y equipadas con todo lo que fuese necesario para que esa región sea el “cortafuegos” migratorio de la UE

En abril de este año, entraba en vigor el mismo acuerdo entre Frontex y Serbia —firmado en junio de 2024—, y en junio lo haría el de Bosnia a cambio de “aceleraciones en su camino a la UE”. Así, todas y cada una de las fronteras de los Balcanes con la UE quedaban militarizadas y equipadas con todo lo que fuese necesario para que esa región sea el “cortafuegos” migratorio de la UE en el continente —Macedonia del Norte haba firmado tal acuerdo en 2022 que entró en vigor en abril de 2023—.

El 2024 se cerró con más de 120.000 expulsiones ilegales en las fronteras europeas, de las cuales Bulgaria encabezaba la clasificación, con 52.534 devoluciones hacia Turquía. Pero, y consecuencia de esta militarización fronteriza en la región, 2025 conseguiría aumentar tales número.

En datos, desde principios de año, Serbia ha registrado la llegada de 9.567 migrantes irregulares, lo que supone un descenso del 49% en comparación con el mismo periodo del año pasado. la Dirección General de Policía de Fronteras indicó, por su parte, que entre enero y agosto de 2025, se había registrado una caída aún más marcada [de intentos de cruce] comparada con el mismo periodo de 2023: de 115.000 intentos en 2023 a 9.700 en 2025.

Los Balcanes, una prisión en sí misma

En octubre de 2024, Khalil, un joven kurdo que descansaba en el campo de Sjenica, al sur de Serbia, contaba como “cuando crucé a Bulgaria me cogieron y me llevaron a prisión sin darme ninguna explicación”. Junto a él estaba Abid, un afgano de diecinueve, sostenía un papel donde se le comunicaba que debía abandonar el país o sería metido en prisión.

En los Balcanes, la mayoría de los centros de “recepción” o “tránsito” han sido cerrados o han visto su estatus modificarse a “detención”. Ejemplo claro de esto es Serbia: en 2022, el país contaba con 21 campos; divididos en centros de recepción/tránsito y centros de asilo, ahora solo permanecen abiertos seis centros. De estos, varios operan de facto como centros de detención, con fuertes restricciones a la libertad de movimiento y presencia permanente de fuerzas de seguridad, como son los centros de Krnjača (Belgrado) y Obrenovac.

En el caso de Bosnia, las organizaciones sobre el terreno denuncian que el campo de Lipa, oficialmente catalogado como centro de recepción, funciona en la práctica como un centro de detención encubierta

En el caso de Bulgaria tan solo hay dos centros de recepción y dos de detención (Busmantsi y Lyubimets) en los cuales hay casos de personas detenidas por mas de dos años —el máximo legal de detención administrativa es de 18 meses, según la Directiva de Retorno de la Unión Europea (2008/115/CE)—. En el caso de Bosnia, por poner otro ejemplo, las organizaciones sobre el terreno denuncian que el campo de Lipa, oficialmente catalogado como centro de recepción, funciona en la práctica como un centro de detención encubierta, debido al aislamiento geográfico, la imposibilidad real de salida y la presencia constante de fuerzas de seguridad. Este noviembre, Mukter Hossain, un Bangladeshi que fue llevado a este campo tras haber sufrido una devolución en caliente desde Croacia murió puesto que “las autoridades se negaran a prestar ayuda durante una clara emergencia médica”; según denunció No Name Kitchen (NNK), organización presente en el país.

Este tipo de dispositivos refleja una tendencia regional hacia la normalización de la detención bajo marcos administrativos de acogida, difuminando las fronteras legales entre recepción, tránsito y privación de libertad.

Hacia la normalización de los centros de retorno

La militarización en sus fronteras es ya parte fija de la política migratoria de la UE, por lo que poca oposición o atención recibió este aumento de militarización en la provincia balcánica. Ahora bien, el acuerdo entre el primer ministro albanés, Edi Rama y su homónima italiana, Georgia Meloni, si que parecía, en un principio, despertar todas las alarmas. Incluso la misma Comisión Europea se mostraba escéptica a lo que se empezó a conocer como el “modelo Meloni”: En noviembre de 2023, tras el anuncio del acuerdo Italia-Albania; la entonces comisaria de Interior, Ylva Johansson, subrayó que cualquier iniciativa de este tipo debía ser evaluada con cautela, recordando que “los Estados miembro no pueden eludir sus responsabilidades en materia de asilo trasladando a personas fuera de la UE” y que “todo acuerdo debe respetar plenamente el derecho europeo e internacional”. Desde Bruselas se insistía entonces en que el pacto sería analizado jurídicamente antes de poder considerarse compatible con el marco comunitario.

En marzo, la Comisión Europea presentaba una propuesta para dar encaje legal a la externalización de centros de retorno en terceros países; lo que se describía como “replicar el modelo Meloni”

Sin embargo, el nuevo año trajo consigo un cambio en el tono de la Comisión a este respecto. En octubre de 2024, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, se abría a “explorar soluciones innovadoras, como las que algunos Estados miembros están desarrollando con terceros países, incluido el acuerdo entre Italia y Albania”, añadiendo que este tipo de iniciativas podían “inspirar enfoques europeos en materia de retornos y gestión migratoria”.

Para este momento, los representantes de la UE ya llevaban un tiempo refiriéndose al “modelo Meloni” como el futuro. En este sentido, el 11 de marzo de este año, la Comisión Europea presentaba una propuesta para dar encaje legal a la externalización de centros de retorno en terceros países; lo que se describía como “replicar el modelo Meloni”.

“Este año, obviamente, hemos estado documentando y supervisando el creciente número de acuerdos bilaterales que facilitan la externalización de la gestión de los migrantes y los solicitantes de asilo.”, informan desde Global Detention Project (GDP), organización que se dedica a documentar, analizar y visibilizar las políticas y prácticas de detención migratoria en todo el mundo, “hemos estado atentos al creciente número de acuerdos que se han anunciado en la prensa, que también son opacos y secretos, y muchos de ellos no se pueden encontrar en ningún sitio, ya que son acuerdos formales escritos muy vagos”.

En noviembre de 2025, Kosovo —y semanas después Macedonia del Norte— declaraba que estaba dispuesto a “acoger” a refugiados enviados desde Reino Unido antes de ser repatriados a sus países de origen. GDP tiene claro que preocupaciones tales como la debilidad de las salvaguardias en terceros países como Kosovo y el riesgo de que los solicitantes de asilo sean deportados a países donde sus vidas corren peligro y se les niegue la posibilidad de obtener reparación, así como la limitada capacidad institucional, la falta de transparencia y la preocupación más generalizada de que los Estados estén externalizando la detención y la expulsión en lugar de dar prioridad a sus propios sistemas de asilo.

Khalil, tras ser puerto en libertad después de varias semanas detenido en Bulgaria, consiguió llegar a Francia. Allí pidió asilo, el cual no le fue concedido. “Quiero volver a mi país. Hay una organización de asilo en Francia que te dará algo de dinero si regresas a tu país”, escribía el joven en febrero de 2025.

Como explican desde GDP: “Estos [acuerdos bilaterales] son opacos y performativos, ya sabes, muchos de ellos envían miles de millones de dólares para enviar a cinco migrantes que dicen 'Sí'. Y luego, obviamente, esto conduce a violaciones muy graves de los derechos humanos, porque facilitan el traslado de migrantes y solicitantes de asilo a países con una infraestructura de acogida mínima y protecciones legales muy débiles, y comúnmente vemos que la detención es el centro de estos acuerdos”.

El 2025 se ha cerrado con el anuncio de la “ley de la UE destinada a acelerar y simplificar los procedimientos de retorno”, la cual “permite a los Estados miembros establecer centros de retorno en terceros países”

Durante varios meses continuaron los debates y las menciones sobre la creación de “centros de deportación” en terceros países, y en mayo la CE plantea flexibilizar criterios de “país tercero seguro”.

Ahora, tras un año donde los Balcanes han visto oficializada la violencia fronteriza, consecuencia de lo firmado os años anteriores, el 2025 se ha cerrado con el anuncio de la “ley de la UE destinada a acelerar y simplificar los procedimientos de retorno”, la cual “permite a los Estados miembros establecer centros de retorno en terceros países”. De esta manera, el 2025 ha sido el año donde la UE ha conseguido convertir los Balcanes en una prisión en sí misma.